STC4057-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4057-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00058-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 31 de enero1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Antonio Arag\u00f3n Sierra contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la secretar\u00eda especializada de la aludida corporaci\u00f3n, el Juzgado Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n y las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal 2016-00116. <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el gestor acude a este instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales \u00aba la salud en conexidad con\u2026 la vida, integridad personal\u00bb, debido proceso, igualdad y \u00abperjuicio irremediable transitorio [SIC]\u00bb. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados en la primera instancia se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Contra Pedro Antonio Arag\u00f3n Sierra, quien se encuentra privado de la libertad en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Mediana Seguridad La Esperanza de Guaduas, se adelanta proceso penal por el presunto delito de actos sexuales abusivos agravados con menor de 14 a\u00f1os, dentro del cual, el Juzgado Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n, en sentencia de 3 de julio de 2019, lo conden\u00f3 a purgar trece a\u00f1os de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndole los mecanismos sustitutivos de la sanci\u00f3n corporal. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por el defensor del condenado y remitida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 12 de julio de aquel a\u00f1o, encontr\u00e1ndose actualmente a la espera del pronunciamiento que defina el asunto. <\/p>\n
3. La queja del accionante gira en torno a la mora en que, a su juicio, ha incurrido la colegiatura convocada por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) han transcurrido 3 a\u00f1os y medio que el tribunal no me ha resuelto mi situaci\u00f3n jur\u00eddica de esta forma violando el debido proceso por las dilaciones injustificadas, cometiendo un perjuicio irremediable transitorio con un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que, de ocurrir, no es posible reparar el da\u00f1o causado [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, \u00abordenar a la accionada que debido a la prolongaci\u00f3n injustificada de la privaci\u00f3n de mi libertad se ha producido vencimiento de t\u00e9rminos por lo tanto s\u00edrvase ordenar la liberad inmediata [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada que tiene a su cargo la ponencia de la impugnaci\u00f3n indicada, asegur\u00f3 que la demora en resolver el asunto obedece a la carga laboral que soporta, representada en el elevado n\u00famero de asuntos que tiene asignados, entre acciones constitucionales y procesos penales los cuales va evacuando \u00aben orden de fecha de ingreso por reparto; no obstante, en ocasiones debe darse prelaci\u00f3n a otros asuntos urgentes, como procesos pr\u00f3ximos a prescribir, autos interlocutorios, allanamientos, preacuerdos, procesos rituados por la ley 1098 de infancia y adolescencia y ley 1826 procedimiento abreviado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que a la anterior circunstancia debe sumarse el hecho de que \u00abasiste de manera constante a audiencias virtuales de lectura de decisi\u00f3n, a reuni[ones] de sala plena y de las especialidades penal y del SRPA, suministrar informes, adicionales a las estad\u00edsticas del periodo trimestral solicitados por el Consejo Seccional de la Judicatura\u00bb al tiempo que le corresponde \u00abrevisar de forma diaria los proyectos de los otros dos magistrados con que integr[a] Sala, con carga laboral semejante a la\u00bb suya, adem\u00e1s de que el personal asignado a ese despacho resulta insuficiente para atender el c\u00famulo de tareas, pese a que destinan un tiempo superior a la jornada laboral para tratar de evacuarlas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, desestimar el resguardo \u00abal no haber\u2026 vulnerado ni amenazado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb en tanto que \u00abla mora en el tr\u00e1mite es justificada\u00bb. <\/p>\n
2. La secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se limit\u00f3 a informar que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el quejoso contra la sentencia condenatoria \u00abfue repartido el 18 de julio de 2019\u2026 a la magistrada Mar\u00eda Cristina Y\u00e9pez Aviv\u00ed\u2026 sin que a la fecha se hubiera tomado determinaci\u00f3n alguna\u2026 para que de parte de esta secretar\u00eda se realizaran diligencias pertinentes [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Purificaci\u00f3n inform\u00f3 que desde que la actuaci\u00f3n fue remitida a su superior funcional el 12 de julio de 2019, \u00abno tiene conocimiento del asunto\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior afirm\u00f3 que el actor debi\u00f3 presentar sus peticiones de libertad o las relativas a su estado de salud, ante el juez de conocimiento o el director del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido y no a trav\u00e9s de esta herramienta, de all\u00ed que considere que, en torno a esos aspectos, la tutela resulta improcedente. <\/p>\n
4. La defensora de familia del ICBF, adscrita al Centro Zonal de Purificaci\u00f3n, pidi\u00f3 ser \u00abdesvinculada\u00bb del presente tr\u00e1mite pues \u00abno tiene ninguna injerencia frente a las pretensiones invocadas por el accionante\u00bb comoquiera que la presunta lesi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales es atribuida a una autoridad diferente. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo implorado toda vez que, si bien se ha presentado una inobservancia por parte del tribunal querellado de los t\u00e9rminos para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, \u00abno es posible afirmar que la demora denunciada derive del incumplimiento de sus deberes funcionales o de negligencia o descuido en su ejercicio, sino\u2026 de la elevada carga laboral existente, no atribuible a la judicatura demandada\u00bb. <\/p>\n
Sobre la solicitud de \u00ablibertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb resalt\u00f3 que la misma se tornaba improcedente pues, por un lado, la misma debe ser formulada al interior de la actuaci\u00f3n y, por otro, \u00abes la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus el mecanismo id\u00f3neo, preferente y de rango equiparable a la acci\u00f3n de tutela, instituido para su protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En el acto de notificaci\u00f3n, el quejoso manifest\u00f3 su disenso frente a la anterior determinaci\u00f3n y posteriormente alleg\u00f3 un escrito en el que b\u00e1sicamente insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por el accionante, dentro del proceso penal distinguido con la radicaci\u00f3n 2016-00116, al no resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de 3 de julio de 2019 a trav\u00e9s de la cual fue condenado a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n como autor del delito de actos sexuales abusivos agravados con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
La acci\u00f3n supralegal, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En punto de lo anterior, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
Entonces, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del requisito que se viene analizando y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En este asunto se configura la segunda modalidad comoquiera que el actor cuenta con herramientas al interior del proceso penal para obtener la protecci\u00f3n de las prerrogativas que son objeto de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
Como se dijo, Arag\u00f3n Sierra cuestiona la dilaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 para emitir pronunciamiento respecto al recurso de apelaci\u00f3n formulado frente al fallo condenatorio proferido en su contra pues, en sus palabras, \u00abhan transcurrido 3 a\u00f1os y medio que el tribunal no me ha resuelto mi situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
El tercer inciso del art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece un t\u00e9rmino de veinticinco d\u00edas para resolver la alzada interpuesta contra sentencias y dar por culminada la segunda instancia, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abSi la competencia fuere del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con diez d\u00edas para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisi\u00f3n. El fallo ser\u00e1 le\u00eddo en audiencia en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Si bien en el caso bajo estudio dicho plazo se encuentra superado, no es posible para la Sala desconocer que, al margen del an\u00e1lisis que eventualmente pudiera efectuarse en torno a la presunta mora judicial acusada y si la misma se halla justificada o no, lo cierto es que, como en otras oportunidades se ha dicho (vb.gr. CSJ STC6464-2022, 25 de may., rad 01511-00), los reclamos de esta estirpe deben formularse a trav\u00e9s de la v\u00eda de la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
En punto de dicha alternativa, es preciso indicar que se trata de un instrumento legal previsto en el art\u00edculo 60 de la Ley 906 de 2004, el cual permite a la parte interesada, solicitar al funcionario que se aparte del conocimiento del asunto, al amparo de la causal impeditiva consagrada en el numeral 7 del canon 56 del mismo compendio normativo que indica \u00abel funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, erigi\u00e9ndose dicha herramienta en la v\u00eda adecuada para buscar el pronunciamiento oportuno en los asuntos bajo el direccionamiento de operadores judiciales. <\/p>\n
Sobre reclamos del mismo tenor, en material penal, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por la presunta mora (\u2026) concluye la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada porque \u00e9l [accionante] tiene a su alcance otro mecanismo de defensa\u2026Ciertamente el ordenamiento procesal penal prev\u00e9 dentro de las causales de impedimento, con base en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 y en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, la situaci\u00f3n en la cual \u2018(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, as\u00ed como en los art\u00edculos 60 y 105 respectivamente. Las normas se\u00f1aladas disponen que si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declara \u2018(\u2026) cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, y en ese sentido, dichos instrumentos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario ser\u00edan invadidas injustificadamente las privativas funciones y la competencia de otras autoridades\u00bb (CSJ STC, 22 ag. 2014, exp. 00633-00, citado en STC5047-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00481-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, se resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u201d\u00bb (CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01, reiterada el 8 de octubre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02360-00). <\/p>\n
Entonces, si el ordenamiento jur\u00eddico contiene mecanismos judiciales donde el afectado puede ventilar su inconformidad para remediar la tardanza que reprocha en la resoluci\u00f3n de su caso, mal har\u00eda el juez de tutela entrometi\u00e9ndose en cuestiones que, en principio, cuentan con un tr\u00e1mite espec\u00edfico para su alegaci\u00f3n, lo cual, en definitiva, deviene en la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final. <\/p>\n
Frente a la insistente s\u00faplica de Arag\u00f3n Sierra relativa a que se conceda la libertad \u00abpor vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb, es preciso indicar que resulta inviable abordar el estudio de tal circunstancia en este tr\u00e1mite constitucional, comoquiera que, para ello, el legislador ha dise\u00f1ado diferentes mecanismos que deben ser agotados al interior de la actuaci\u00f3n y definidos por el juez ordinario en las instancias oportunas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n tuitiva no se ha concebido como un instrumento sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte improcedente mientras existan herramientas procesales para obtener la satisfacci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se refrendar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, pero porque desatiende el car\u00e1cter subsidiario que lo gobierna ya que, al tutelante, respecto de la presunta mora judicial que denuncia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, antes de acudir a la salvaguarda, debe agotar todos los instrumentos jur\u00eddicos que tenga a disposici\u00f3n, id\u00f3neos para formular ese tipo inconformidades. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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