STC4330-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4330-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01675-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Castro Rinc\u00f3n contra el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 y el Consejo Superior de la Judicatura, extensiva a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abpropiedad privada\u00bb, dignidad humana y \u00abprotecci\u00f3n al adulto mayor\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas por la tardanza en la definici\u00f3n del asunto fustigado. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, \u00ab[o]rdenar al Consejo Superior de la Judicatura de Bogot\u00e1\u2026 que reasignen [el] proceso a otro Juzgado de familia\u2026, para que el mismo se adelante sin mayor tardanza\u00bb, o \u00ab[d]e lo contrario, ordenar al Juez 27 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1\u2026 se ingrese de inmediato el proceso al Despacho para decidir lo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de sucesi\u00f3n doble e intestada, acumulada, de los causantes Marco An\u00edbal Castro, Aura Mar\u00eda Murcia de Castro y Alejandrina Rinc\u00f3n de Castro fueron reconocidos como herederos, entre otros, el ac\u00e1 accionante -hijo de la \u00faltima-, quien cuestiona que ese asunto no se haya dirimido de fondo a pesar de que inici\u00f3 hace m\u00e1s de 33 a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. Destac\u00f3 que actualmente tiene 71 a\u00f1os de edad, \u00abcon achaques y quebrantos de salud\u00bb; que su \u00absubsistencia\u2026 podr\u00eda mejorar si recibiera lo que [l]e corresponde por ley, dentro de la sucesi\u00f3n\u00bb; que dicho asunto se ha dilatado \u00abadmiti\u00e9ndose a diferentes personas, como herederos, que no son ni tienen nada que ver con [su] difunta madre\u00bb, entre ellos, \u00abPedro Castro Murcia, quien no tiene nada que ver por cuanto es hijo de [su] padre\u00bb; que esa tardanza ha dado lugar a la instauraci\u00f3n de \u00abdiferentes procesos de pertenec\u00eda (sic), por parte de los tenedores del inmueble relicto\u00bb; que ha \u00absolicitado vigilancia judicial, a la procuradur\u00eda judicial, sin obtener respuesta alguna a [sus] requerimientos\u00bb; que el Juzgado \u00abha ordenado los desalojos de [los] predios, sin obtener hasta ahora, ning\u00fan resultado positivo, respecto a la entrega de los mismos, solo se han llevado a cabo diligencias de entregas simb\u00f3licas, manteniendo a los ocupantes que han querido usurpar [sus] derechos\u2026 y [lo] quieren desalojar del predio en el que viv[e] actualmente\u00bb; que \u00ab[l]os diferentes secuestres que ha nombrado el despacho, no han entregado cuentas claras de los frutos recibidos por los inmuebles objeto de la sucesi\u00f3n de [su] difunta madre\u00bb; que \u00ab[el]l consejo superior de la judicatura, en cumplimiento de sus medidas de descongesti\u00f3n implementadas; por omisi\u00f3n[,] ha sido contemplativo con el devenir del proceso en comento\u00bb y \u00absi el despacho tiene muchos procesos\u2026, pues ha debido ponerlo en conocimiento del Consejo Seccional de Judicatura para que se tomar\u00e1n las medidas del caso y evitar que esta situaci\u00f3n persista\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Los Juzgados 71 y 61 Civiles Municipales de Bogot\u00e1, transitoriamente, en su orden, 53 y 43 de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esas ciudad, indicaron que del ruego tutelar no se desprend\u00eda ninguna reclamaci\u00f3n en contra de ellos. <\/p>\n
3. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura deprec\u00f3 declarar \u00abla improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por falta de subsidiariedad, por no ser el mecanismo id\u00f3neo para solicitar la celeridad en el proceso [fustigado]\u00bb; o subsidiariamente, negar \u00abel amparo constitucional, toda vez que [esa] Corporaci\u00f3n no ha incurrido en ninguna violaci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el accionante, en raz\u00f3n a que ha adoptado las medidas pertinentes con base a las necesidades y recursos presupuestales asignados\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 327 Judicial I para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Bogot\u00e1 indic\u00f3 coadyuvar \u00abla acci\u00f3n de tutela interpuesta, en el sentido que es necesario se proteja el derecho del ciudadano accionante de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el cual no se le garantiza, bajo ning\u00fan punto de vista, con una decisi\u00f3n de fondo tard\u00eda, ineficaz, en la que los herederos pueden fallecer o envejecer sin disfrutar lo que en derecho les correspond\u00eda, en la que el mismo devenir lento e inoperante de la justicia por casi 33 a\u00f1os, genera, como en efecto ha ocurrido en el presente caso, pretensiones posesorias de terceros, de los propios herederos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abtiene abierta una Vigilancia sobre [esa] actuaci\u00f3n, y en dicho marco, ha solicitado al despacho judicial se sirva dar[le] impulso\u2026 y priorizarlo\u00bb; que \u00abha orientado reiteradamente al ciudadano\u00bb; que \u00abcorri\u00f3 traslado, por solicitud del accionante, tanto a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, como a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se adelantaran all\u00ed las investigaciones disciplinarias y penales que resultaren del caso\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que i) el 19 de diciembre de 2022 resolvi\u00f3 \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de los opositores, se\u00f1ores\u2026 Barreto Heredia y\u2026 Garc\u00eda Orozco, en contra del auto proferido el 6 de octubre de 2021 por el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C., transformado transitoriamente en Juzgado Cuarenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, en diligencia de \u201centrega\u201d ordenada por comisi\u00f3n del cognoscente Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, D.C.\u00bb; y ii) \u00abse encuentra en tr\u00e1mite y al despacho desde el 12 de abril de 2023 el \u201crecurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la apoderada judicial de la opositora, se\u00f1ora\u2026 Velandia Olivares[,] [en] contra del auto proferido el 6 de octubre de 2021 por el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, D.C., transformado transitoriamente en Juzgado Cuarenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, en diligencia de \u201centrega\u201d del bien inmueble con folio de matr\u00edcula No. 50C-284887, ordenada por comisi\u00f3n del cognoscente Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, D.C.\u201d\u00bb <\/p>\n
6. El abogado Edilson M\u00e9ndez Bedoya, quien dijo actuar \u00abcomo apoderado del demandado Carlos Eduardo Castro Rinc\u00f3n\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el poder especial para intervenir en representaci\u00f3n de \u00e9ste en el presente tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n medular que motiv\u00f3 la formulaci\u00f3n de este ruego constitucional fue la falta de veredicto final en el juicio sucesorio recriminado. <\/p>\n
Ahora, de los registros del sistema de gesti\u00f3n judicial y de lo informado por el Juzgado convocado, se desprende que esa autoridad, el 3 de mayo \u00faltimo, dict\u00f3 sentencia aprobando el trabajo de partici\u00f3n en el juicio fustigado, siendo evidente que cualquier cuestionamiento frente a esa determinaci\u00f3n corresponder\u00eda agotarla al quejoso frente al fallador natural, a trav\u00e9s del mecanismo com\u00fan procedente. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente tr\u00e1mite supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como quebrantadora de derechos fundamentales, al emitirse la decisi\u00f3n echada de menos, raz\u00f3n por la cual se colige que la supuesta vulneraci\u00f3n ha cesado, por lo que, al respecto, el resguardo no puede prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01; y STC 18211-2016). <\/p>\n
N\u00f3tese que sobre la excepcional viabilidad de este resguardo por la demora de las autoridades judiciales en la definici\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento, esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada, entre muchas otras, en STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01; y STC13394-2017, 30 ago., rad. 2017-00721-02). <\/p>\n
De all\u00ed que se tenga por sentado que las situaciones en las cuales es procedente la salvaguarda constitucional por la tardanza en la resoluci\u00f3n de los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n, son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01); siendo evidente que ninguna de las primeras hip\u00f3tesis se demostr\u00f3 en este tr\u00e1mite en punto al recurso de apelaci\u00f3n pendiente de definici\u00f3n por parte del Tribunal convocado. <\/p>\n
4. Finalmente, en punto a las cuentas deficientes de los secuestres de cara a su labor, es una discusi\u00f3n que el quejoso ha debido agotar ante el fallador natural, sin que pueda pretender que, a trav\u00e9s del resguardo tutelar, irregularmente el juzgador constitucional se pronuncie al respecto sin haberse agotado la discusi\u00f3n respectiva ante aqu\u00e9l, hall\u00e1ndose insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, lo que tambi\u00e9n impone el despacho adverso del ruego tutelar. <\/p>\n
Lo anterior, porque el juez de tutela est\u00e1 imposibilitado de ocuparse, de primera mano, de la problem\u00e1tica propuesta, en la medida en que el gestor no acredit\u00f3 haberla agotado al interior del juicio cuestionado, exponiendo los reparos tra\u00eddos en la demanda de amparo, lo que le corresponde hacer antes de acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, aduciendo y demostrando all\u00ed los motivos que justifican sus solicitudes, sin que resulte viable que, como lo pretende, se itera, el fallador de tutela emita los pronunciamientos que por ley le compete dictar a los juzgadores naturales, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, cuando en el juicio se rechazan las cuentas rendidas por el secuestre, la autoridad judicial ha de dar por terminada la actuaci\u00f3n al respecto para que aqu\u00e9llas \u00abse rindan en proceso separado\u00bb (numeral 4\u00ba del art\u00edculo 500 del C\u00f3digo General del Proceso), el cual corresponder\u00eda impulsar a quien se muestre inconforme con las mismas. <\/p>\n
En ese orden de ideas, en cuanto a dicho aspecto, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al verificarse la inviabilidad del amparo reclamado de cara al punto ahora auscultado, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador ordinario las inconformidades planteadas en sede de tutela, as\u00ed habr\u00e1 de declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Lo sucintamente consignado impone el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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