STL988-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL988-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 101725 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n instaurada por CARLOS ENRIQUE VERA LAGUADO contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el impugnante contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y LA NACI\u00d3N \u2013 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El convocante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela con el prop\u00f3sito de obtener el amparo de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Como sustento de lo anterior, sostuvo que el 21 de septiembre de 2022 radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el Consejo Superior de la Judicatura y La Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Justicia y Derecho para que le comunicaran las directrices para la entrega de dep\u00f3sitos judiciales ante la dilaci\u00f3n en el desembolso por parte de \u00ablos jugados civiles municipales \u2013 laborales tanto del circuito de C\u00facuta y Pamplona\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que hizo la anterior petici\u00f3n con fundamento en sus \u00abexperiencias profesionales con varios despachos judiciales donde los dep\u00f3sitos eran entregados en lapsos de tiempo superiores a los dos meses\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Ministerio de Justicia, al dar respuesta a lo solicitado, le indic\u00f3 que no ten\u00eda competencia para contestar la petici\u00f3n, pues no era un \u00f3rgano de tipo consultivo y traslad\u00f3 el escrito al Consejo Superior de la Judicatura el 4 de octubre de 2022. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Consejo Superior de la Judicatura le se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda funciones informativas, lo cual, en su sentir, le dej\u00f3 un \u00abvac\u00edo\u00bb en lo solicitado, pues tampoco le indic\u00f3 la entidad competente para responder lo requerido. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene a las accionadas responder de fondo su petici\u00f3n, pues si la entidad recepcionadora no es la competente para resolver la solicitud, \u00abtiene el deber legal y constitucional de remitir a quien le corresponda proporciona la informaci\u00f3n requerida\u00bb. <\/p>\n
i)TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
Por auto de 1.\u00b0 de febrero de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Civil admiti\u00f3 el asunto, orden\u00f3 notificar a las autoridades accionadas, a fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
El Consejo Superior de la Judicatura, al contestar la tutela, manifest\u00f3 que el accionante le present\u00f3 derecho de petici\u00f3n el 21 de septiembre de 2022, el cual fue remitido el mismo d\u00eda al Ministerio de Justicia y Derecho para que resolviera el interrogante del actor; sin embargo, esa autoridad se lo devolvi\u00f3 el 4 de octubre siguiente, mediante oficio No. MJD-OFI22-0038009-GAA-10400, \u00abaduciendo que [esa] Corporaci\u00f3n era la indicada\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 3 de febrero de 2023 le inform\u00f3 al accionante, a trav\u00e9s de oficio PCSJO23-103 enviado al correo electr\u00f3nico doc.carlosenriquevera@hotmail.com, las razones para no absolver su interrogante \u00abteniendo en cuenta que la Corporaci\u00f3n cuenta con un sistema de relator\u00eda con acceso al p\u00fablico en general, en donde puede ser consultado los diferentes actos administrativos expedidos\u00bb. <\/p>\n
La Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Justicia y Derecho sostuvo que el 4 de octubre de 2022 traslad\u00f3 la petici\u00f3n al Consejo Superior de la Judicatura por considerar era el competente para dar respuesta a la solicitud y le inform\u00f3 dicha remisi\u00f3n al petente. <\/p>\n
No se recibi\u00f3 otro escrito de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Por sentencia de 8 de febrero de 2023, la Sala de conocimiento neg\u00f3 el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el 3 de febrero de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura le dio a la petici\u00f3n una respuesta clara y de fondo. <\/p>\n
ii)IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el accionante impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado constitucional, con fundamento en que la respuesta otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura no fue clara ni de fondo, pues los documentos aportados con la contestaci\u00f3n solo se\u00f1alan informaci\u00f3n respecto a la parte administrativa de creaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
iii)CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra como uno de los derechos fundamentales, el de petici\u00f3n, seg\u00fan el cual toda persona tiene la facultad de acudir ante las autoridades competentes para reclamar la resoluci\u00f3n de fondo de una solicitud, dentro de los t\u00e9rminos previstos en la ley. Tal prerrogativa superior permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, como los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, la libertad de expresi\u00f3n y la participaci\u00f3n pol\u00edtica, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia \u00abcomo un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participaci\u00f3n m\u00e1s importantes para la ciudadan\u00eda, pues es el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes\u00bb1. <\/p>\n
En tal sentido, en innumerables ocasiones esta Corte ha adoctrinado que de conformidad con dicha preceptiva, el derecho de petici\u00f3n comprende los siguientes elementos: 1\u00ba) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en t\u00e9rminos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que \u00e9stas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; 2\u00ba) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los t\u00e9rminos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico; 3\u00ba) la contestaci\u00f3n material, que supone que la autoridad, sobre la base de su competencia, se refiera de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petici\u00f3n y la respuesta), sin que puedan comprenderse evasivas o elusivas; y 4\u00ba) la pronta comunicaci\u00f3n de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo. <\/p>\n
Previo a resolver el asunto puesto a consideraci\u00f3n de esta Sala, es preciso aclarar que el estudio de la tutela en esta segunda instancia se limitar\u00e1 \u00fanica y exclusivamente al planteamiento propuesto por el accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, esto es, que el Consejo Superior de la Judicatura no le dio una respuesta de fondo a lo solicitado el 21 de septiembre de 2022, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional. <\/p>\n
Pues bien, al analizar el escrito de 21 de septiembre de 2022 se observa que el actor solicit\u00f3 a la accionada que \u00abSe sirva informar mediante respuesta, cu\u00e1les son los t\u00e9rminos en tiempo, condiciones y dem\u00e1s que tiene un despacho judicial, para entregar los dep\u00f3sitos judiciales, a cualquiera de las partes procesales en litigio y para el caso particular, por condena de sentencia judicial en firme y ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, es posible establecer que lo pretendido por el convocante en su petici\u00f3n es que se le informen los t\u00e9rminos y condiciones en las cuales los jueces deben entregar los dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
De las pruebas aportadas por las partes, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura, el mismo d\u00eda de la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n, le envi\u00f3 un oficio en el que respondi\u00f3, <\/p>\n
[\u2026] el Consejo Superior de la Judicatura es el \u00f3rgano del Poder Judicial que se encarga del gobierno y la administraci\u00f3n integral de la Rama Judicial, en aspectos tales como la reglamentaci\u00f3n de la ley, la planeaci\u00f3n, programaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del presupuesto, la administraci\u00f3n del talento humano a trav\u00e9s de la carrera judicial, la elaboraci\u00f3n de listas de candidatos a los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, adelantar programas de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n para los servidores de la Rama Judicial, controlar el rendimiento de los despachos judiciales, fijar la divisi\u00f3n del territorio para efectos judiciales, ubicar, redistribuir y fusionar despachos judiciales, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos, suministrar sedes y elementos a los despachos judiciales, llevar el control de desempe\u00f1o de los funcionarios y empleados para garantizar el ejercicio legal de la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
En ese sentido, las funciones del Consejo Superior de la Judicatura son netamente administrativas y se encuentran sujetas al marco normativo se\u00f1alado principalmente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Ley 270 de 1996 y las dem\u00e1s que regule sobre la materia, por lo que dentro de las mismas no se encuentra la de fungir como \u00f3rgano de consulta. <\/p>\n
Asimismo, el 3 de febrero de 2023 la misma autoridad judicial accionada le envi\u00f3 un nuevo oficio al correo doc.carlosenriquevera@hotmail.com, en el cual le inform\u00f3 que, <\/p>\n
[\u2026] las funciones del Consejo Superior de la Judicatura son netamente administrativas y se encuentran sujetas al marco normativo se\u00f1alado principalmente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Ley 270 de 1996 y las dem\u00e1s que regule sobre la materia. <\/p>\n
Conforme lo anterior, la corporaci\u00f3n no absuelve consultas. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, en relaci\u00f3n a la consulta sobre\u00bb … cu\u00e1les son los t\u00e9rminos en tiempo, condiciones y dem\u00e1s que tiene un despacho judicial, para entregar los dep\u00f3sitos judiciales, a cualquiera de las partes procesales en litigio y para el caso particular, por condena de sentencia judicial en firme y ejecutoriada …\u00bb, le informo que la corporaci\u00f3n dispone en la p\u00e1gina web de la entidad; del sistema de informaci\u00f3n de relator\u00eda, ingresando por inicio-actos administrativos, tipo de consulta. En la secci\u00f3n consulta por tema o asunto (texto o documento completo) y en la casilla \u00abABC\u00bb \u00abconsulta \u00edndice tem\u00e1tico\u00bb registra una de las palabras del asunto requerido, podr\u00e1 encontrar todos los actos administrativos que eventualmente se hayan expedido respecto del tema solicitado. <\/p>\n
La columna de la izquierda de cada acto administrativo hallado, le indicar\u00e1 si el acto est\u00e1 vigente, modificado o derogado. <\/p>\n
El siguiente es el link de enlace para ingresar a la relator\u00eda de la corporaci\u00f3n: https:llactosadministrativos.ramajudicial.gov.col <\/p>\n
Revisado el sistema de informaci\u00f3n de relator\u00eda, se observa que la corporaci\u00f3n expidi\u00f3 el Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021 y la Circular PCSJC21-15 de 2021, actos administrativos en los que, entre otras disposiciones, se estableci\u00f3 el reglamento para la entrega y pago de dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
Lo anterior, en concordancia con los ordenamientos previstos en el C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a deberes del juez para proferir las decisiones, ejecutoriedad de las providencias y las diferentes circunstancias procesales que se generen en la actuaci\u00f3n procesal (art. 42, 381, 384-4-4, 398, 447, 455, 461, 468 del CGP). Se adjunta a la presente respuesta, copia de los correos y actos administrativos mencionados (negrillas fuera de texto). <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, es posible advertir que con la respuesta que el Consejo Superior de la Judicatura dio al accionante el 3 de febrero de 2023, es decir, durante el tr\u00e1mite de la tutela, ces\u00f3 la eventual vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del proponente, tal como lo advirti\u00f3 el juez constitucional de primera instancia, situaci\u00f3n que la jurisprudencia y la doctrina han denominado \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, pues, si bien la entidad accionada le inform\u00f3 no ser la autoridad competente para resolver su inquietud, lo cierto es que tambi\u00e9n le adjunt\u00f3 el Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021 y la Circular PCSJC21-15 de 2021, que establecen el reglamento para la entrega y pago de dep\u00f3sitos y le inform\u00f3 que los mismos deb\u00edan interpretarse en consonancia con los art\u00edculos 42, 381, 384, 398, 447, 455, 461 y 468 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionados con los deberes del juez para dictar las decisiones, la ejecutoriedad de las providencias y las circunstancias procesales que giran en torno al procedimiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo aducido por el actor en el escrito de impugnaci\u00f3n, la entidad accionada resolvi\u00f3 de fondo el derecho de petici\u00f3n radicado el 21 de septiembre de 2022, pues adjunt\u00f3 el acuerdo que regula las condiciones generales para la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales y le inform\u00f3 que ello deb\u00eda analizarse conjuntamente con lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Debe recordarse que el ejercicio del derecho de petici\u00f3n no conlleva la posibilidad de exigir que la respuesta que se otorgue sea satisfecha en determinado sentido ni que se acceda necesariamente a lo pretendido por el interesado, pues esta garant\u00eda fundamental se satisface cuando se contesta de manera congruente y de fondo a la totalidad de las pretensiones o solicitudes elevadas por el petente y tal respuesta se le da a conocer en debida forma, tal y como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
En ese sentido, se itera la evidente carencia actual de objeto por hecho superado del derecho de petici\u00f3n invocado por el accionante. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la figura jur\u00eddica del hecho superado, la Corte Constitucional en sentencia CC T-038 de 2019 adoctrin\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n, resultando inocuo cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (Negrilla fuera de texto) [\u2026]. <\/p>\n
De igual forma, esta Sala, entre otras, en sentencia CSJ STL11627-2016) se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela comporta un car\u00e1cter inmediato y su principal objeto es la protecci\u00f3n de los derechos que puedan verse en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n o amenaza, por lo que \u00e9sta carecer\u00eda de sentido cuando en el transcurso del proceso que define la concesi\u00f3n del amparo desaparecen las circunstancias violatorias que le dieron origen; tal situaci\u00f3n ha sido denominada como \u201checho superado\u201d y supone la ausencia del inter\u00e9s actual de la acci\u00f3n ante la inexistencia del hecho transgresor por la rectificaci\u00f3n del comportamiento del agente a quien le era imputable el hecho, cuesti\u00f3n que implica finalizar el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Por tales motivos, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
iv)DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la decisi\u00f3n impugnada por las razones expuesta en esta instancia. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
MARJORIE Z\u00da\u00d1IGA ROMERO <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional T-206 de 2018. <\/p>\n
SCLAJPT-12 V.00 <\/p>\n
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