AC1093-2023 (2023-01527-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1093-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01527-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Fernando Jodra Trillo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista pidi\u00f3 \u00abse conceda el Exequator (sic) de providencia extranjera (SENTENCIA), en este caso de la de fecha 28 de abril de 2021, dictada por el JUZGADO S\u00c9PTIMO (7o) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACI\u00d3N, MEDIACI\u00d3N Y EJECUCI\u00d3N DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCI\u00d3N JUDICIAL DEL \u00c1REA METROPOLITANA DE CARACAS\u00bb y que, como consecuencia de ello, se declare que \u00abproduce o surte efectos en Colombia y puede ser ejecutada ante los jueces competentes, es decir, los JUECES LABORALES DEL CIRCUITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.\u00bb. [Fl. 2, Archivo digital: 11001020300020230152700-0004Demanda.pdf]. <\/p>\n
2.- Sostuvo que inco\u00f3 \u00abjuicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales\u00bb contra las Compa\u00f1\u00edas Tecnolog\u00eda Smartmatic de Venezuela C.A., Smartmatic Project Management Corporation, Smartmatic Deployment Corporation, Smartmatic International Corporation, Smartmatic International Holding B.V. y Smartmatic International Group N.V. (rad. n\u00b0 AP21 \u2013 L \u2013 2016 \u2013001930). <\/p>\n
2.1.- Se\u00f1al\u00f3 que \u00absurtidas las instancias de rigor\u00bb, el Juzgado S\u00e9ptimo (7\u00ba) de Primera Instancia de Sustanciaci\u00f3n, Mediaci\u00f3n y Ejecuci\u00f3n del Circuito Judicial del Trabajo del \u00c1rea Metropolitana de Caracas- Venezuela, en providencia de 28 de abril de 2021 declar\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas demandadas adeudaban \u00abal ciudadano FERNANDO JODRA TRILLO, la cantidad de 150.377.769,04 USD$\u00bb, la cual, en su opini\u00f3n \u00abse encuentra debidamente ejecutoriada y se presenta debidamente legalizada [como] se desprende de la certificaci\u00f3n adjunta a la providencia suscrita por el abogado LUIS SEIJAS, en su calidad de SECRETARIO DEL JUZGADO S\u00c9PTIMO (7\u00ba) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACI\u00d3N, MEDIACI\u00d3N Y EJECUCI\u00d3N DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCI\u00d3N JUDICIAL DEL \u00c1REA METROPOLITANA DE CARACAS\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que esa certificaci\u00f3n se legaliz\u00f3 \u00abante la Doctora CARMEN SARIBETH VALLADARES GRATEROL, registradora principal del ESTADO DISTRITO CAPITAL, por parte del se\u00f1or LUIS SEIJAS. A su vez la firma de la Doctora CARMEN SARIBETH VALLADARES GRATEROL fue legalizada ante el Doctor ABEL ERNESTO DUR\u00c1N G\u00d3MEZ, quien ostenta u ostentaba el cargo de DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO AUT\u00d3NOMO DE REGISTRO Y NOTAR\u00cdAS\u00bb y fue apostillada \u00abante la funcionaria YOIMARA AURIMAR MELENDEZ MORO, quien ostenta el cargo de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE RELACIONES CONSULARES, tal como consta en el documento de apostilla identificado como 615P03Q32X15703\u00bb [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
2.2.- Tambi\u00e9n adujo que la integrante de la pasiva Smartmatic International Holding B.V. y\/o N.V., tiene \u00absucursal de sociedad extranjera abierta\u00bb en la ciudad de Cartagena, Colombia; que las \u00abcondenas\u00bb impuestas en el pronunciamiento motivo de convalidaci\u00f3n son \u00abmeramente pecuniarias\u00bb, por lo que no versan sobre \u00abderechos reales\u00bb; que no se opone a los preceptos legales patrios, pues la legislaci\u00f3n colombiana \u00abconsagra la ejecuci\u00f3n de las sentencias judiciales de car\u00e1cter laboral\u00bb; adem\u00e1s, que en torno de los \u00abdiferentes conceptos de car\u00e1cter laboral, se puede verificar que los mismos no se oponen a las normas de orden p\u00fablico de dicha estirpe contenidos en la legislaci\u00f3n colombiana\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, manifest\u00f3 que el v\u00ednculo de trabajo all\u00e1 demandado se perfeccion\u00f3 en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, por tal raz\u00f3n, las autoridades judiciales de ese Estado eran las \u00abcompetentes\u00bb para adelantar la causa origen del referido fallo; que no ha iniciado o tramitado \u00abproceso alguno ante los jueces colombianos por los mismos hechos y pretensiones\u00bb; y que en esa pugna \u00abLa parte demandada dentro del proceso laboral seguido ante los JUECES DE LA REP\u00daBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA fue debidamente notificada\u00bb como consta en los anexos de la demanda [Eiusdem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial for\u00e1nea surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ib\u00eddem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606 eiusdem, entre los cuales se contempla que la providencia extranjera cuya homologaci\u00f3n es reclamada, \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb [numeral 3\u00ba Ib.]. <\/p>\n
3.- Ahora bien, tanto el Estado de Colombia como el de Venezuela hacen parte de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, cuyo objeto es \u00abasegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en [las] respectivas jurisdicciones territoriales\u00bb de las naciones firmantes. <\/p>\n
Es as\u00ed que el art\u00edculo 2 de dicha normatividad internacional dispone: <\/p>\n
Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el art\u00edculo 1, tendr\u00e1n eficacia extraterritorial en los Estados Partes si re\u00fanen las condiciones siguientes: <\/p>\n
a. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados aut\u00e9nticos en el Estado de donde proceden; <\/p>\n
b. Que la sentencia, laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios seg\u00fan la presente Convenci\u00f3n, est\u00e9n debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
c. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto; <\/p>\n
d. Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional deban surtir efecto; <\/p>\n
f. Que se haya asegurado la defensa de las partes; <\/p>\n
g. Que tengan el car\u00e1cter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados; <\/p>\n
h. Que no contrar\u00eden manifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n (resalta la Corte). <\/p>\n
A su turno, el canon 3 ibidem establece que, <\/p>\n
Los documentos de comprobaci\u00f3n indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes: <\/p>\n
a. Copia aut\u00e9ntica de la sentencia o del laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional; <\/p>\n
b. Copia aut\u00e9ntica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del art\u00edculo anterior; <\/p>\n
c. Copia aut\u00e9ntica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el car\u00e1cter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada. <\/p>\n
5.- Descendiendo al sub lite, se tiene que el petitum de homologaci\u00f3n tiene como objeto la sentencia \u00abde fecha 28 de abril de 2021, dictada por el JUZGADO S\u00c9PTIMO (7\u00ba) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACI\u00d3N, MEDIACI\u00d3N Y EJECUCI\u00d3N DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCI\u00d3N JUDICIAL DEL \u00c1REA METROPOLITANA DE CARACAS\u00bb, que defini\u00f3 en primera instancia \u00abla incidencia con ocasi\u00f3n a la impugnaci\u00f3n realizada por la parte demandada (\u2026) contra la Experticia Complementaria del Fallo consignado en fecha 15 de marzo de 2021 por la Licenciada Migdaly Isturiz, en su car\u00e1cter de experto contable\u00bb [p\u00e1g. 47, documento digital: 0004Demanda.pdf], dentro del juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que Fernando Jodra Trillo inco\u00f3 contra las compa\u00f1\u00edas demandadas. <\/p>\n
Sin embargo, cotejadas las piezas aportadas con las premisas que se indicaron, se advierte que el libelo bajo examen, no colma los presupuestos para ser admitido, como pasa a verse: <\/p>\n
5.1.- En primer lugar, porque el despacho conoci\u00f3 la solicitud de exequatur aqu\u00ed referida, en anterior ocasi\u00f3n, disponi\u00e9ndose su rechazo a trav\u00e9s de la providencia CSJ AC4817-2022, 25 oct., rad. 2022-03230-00, en cuyo pliego inaugural, m\u00e1s precisamente en el apartado de supuestos f\u00e1cticos (hechos quinto y sexto), el peticionario manifest\u00f3 que contra la decisi\u00f3n que deb\u00eda homologarse (28 de abril de 2021) se interpuso recurso de alzada, el cual finaliz\u00f3 con la confirmaci\u00f3n de lo resuelto en primer grado. Sobre el particular se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab5.- Mediante decisi\u00f3n judicial de fecha 22 de junio de 2021 dictada por el JUZGADO SEXTO (6\u00ba) SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCI\u00d3N JUDICIAL DEL \u00c1REA METROPOLITANA DE CARACAS, el mencionado despacho resolvi\u00f3, luego de las consideraciones de rigor, CONFIRMAR la SENTENCIA de fecha 28 de abril de 2021 descrita en el hecho n\u00famero tres (3) de la presente demanda. <\/p>\n
6.- Esta decisi\u00f3n judicial (la indicada en el hecho anterior) se encuentra debidamente en firme y ejecutoriada tal como consta en constancia de fecha nueve (9) de julio de 2021 suscrita por los abogados H\u00c9CTOR MUJICA RAMOS (JUEZ) y JUAN CARLOS CIPRIANI (SECRETARIO), del JUZGADO SEXTO (6\u00ba) SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCI\u00d3N JUDICIAL DEL \u00c1REA METROPOLITANA DE CARACAS\u00bb [Archivo Digital: 11001020300020220323000-0003Demanda.pdf, expediente: 1001-02-03-000-2022-03230-00]. <\/p>\n
En el prove\u00eddo AC4817-2022 se adver\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa pretensi\u00f3n de exequatur se dirige respecto de la sentencia \u00abde fecha 28 de abril de 2021, dictada por el JUZGADO S\u00c9PTIMO (7\u00ba) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACI\u00d3N, MEDIACI\u00d3N Y EJECUCI\u00d3N DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCI\u00d3N JUDICIAL DEL \u00c1REA METROPOLITANA DE CARACAS\u201d, que defini\u00f3 en primera instancia los reclamos laborales del solicitante. Empero se indic\u00f3 que, tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, fue confirmada el 22 de junio de 2021 por el Juzgado Sexto (6\u00ba) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripci\u00f3n Judicial del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, de suerte que ser\u00eda esta \u00faltima determinaci\u00f3n la que resolvi\u00f3 con car\u00e1cter definitivo el asunto puesto a consideraci\u00f3n de las autoridades judiciales de Venezuela\u00bb -Negrilla y Subrayado fuera del texto original- [P\u00e1gs. 3 y 4, AC4817-2022, 25 oct., rad. n\u00b0 2022-03230-00]. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el actor, de una parte, deliberadamente en esta nueva oportunidad, omiti\u00f3 enunciar, en los hechos de su escrito incoatorio, la sentencia de 22 de junio de 2021 que, v\u00eda apelaci\u00f3n zanj\u00f3 definitivamente la incidencia en ese proceso de cobro, y de otra, tampoco la aport\u00f3, ni su constancia de ejecutoria, mucho menos la comprobaci\u00f3n de apostillado de la misma [numeral 3\u00ba, art. 606 C.G.P.]. <\/p>\n
5.2.- Corolario de lo anterior, tambi\u00e9n se incumple la exigencia del numeral 3\u00b0 del art. 606 eiusdem, esto es, que la decisi\u00f3n a homologar \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb, en tanto, la certificaci\u00f3n de ejecutoria allegada por el interesado respecto del fallo de 28 de abril de 2021 [P\u00e1g. 116, derivado: 0004Demanda.pdf], no fue aportada en copia aut\u00e9ntica, por cuanto, carece del requisito de apostilla en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 251 de la Ley 1564 de 2012, en concordancia con los c\u00e1nones 2 y 5 de la Ley 455 de 1998. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque de la detenida lectura del \u00abapostille\u00bb que glosa a folio 119 del escrito genitor, \u00e9ste s\u00f3lo certifica la autenticidad del documento de legalizaci\u00f3n visto a folio 118 rubricado por Abel Ernesto Dur\u00e1n G\u00f3mez, en calidad de Director General del Servicio Aut\u00f3nomo de Registro de Notar\u00edas, m\u00e1s no comprueba la autenticidad del certificado que milita a folio 116 signado por el abogado Luis Seijas. <\/p>\n
Entonces, ese \u00abapostille\u00bb no tiene la fuerza suficiente de \u00abcertificar la autenticidad\u00bb de la constancia aludida (p\u00e1g. 116 ib.), menos a\u00fan, de los dem\u00e1s elementos suasorios allegados con la demanda, como lo es de manera indispensable, la sentencia de 28 de abril de 2021, la cual, con independencia de lo aqu\u00ed esbozado, en el sentido de no tratarse de la \u00faltima providencia que dirimi\u00f3 con car\u00e1cter definitivo el asunto puesto a consideraci\u00f3n de las autoridades judiciales de Venezuela en ese litigio (22 jun. 2021) , en definitiva, s\u00ed debe acompa\u00f1arse debidamente apostillada por ser la que es objeto de este mecanismo judicial, seg\u00fan los hechos y petitum de la demanda. <\/p>\n
5.3.- Finalmente, los documentos aportados a folios 29 a 46 del paginario, con los cuales se procura acreditar la citaci\u00f3n de la contraparte y el pleno ejercicio del derecho de defensa de las sociedades convocadas, no guardan relaci\u00f3n con el proceso de \u00abcobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales\u00bb -juicio coercitivo-, sino que se hallan vinculados con una \u00abdemanda por da\u00f1os y perjuicios\u00bb instaurada por Fernando Jodra Trillo contra la Empresa Tecnolog\u00eda Smartmatic de Venezuela CA, representada legalmente por el ciudadano Olegario Guildr\u2019s Vi\u00f1a -proceso declarativo-. <\/p>\n
Entonces, no se encuentra comprobado que el reclamante hubiese arrimado a las presentes diligencias las piezas relativas al debido enteramiento de la causa laboral de \u00abcobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales\u00bb a la parte adversaria y aquellas que demostraran el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa dentro de esa pugna, en cumplimiento de lo dispuesto en los ordinales e) y f) del canon 2, en armon\u00eda con el literal b) del art\u00edculo 3 del Tratado multilateral mencionado. <\/p>\n
Sobre este requisito, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que, <\/p>\n
\u00abla homologaci\u00f3n de fallos emitidos por los Estados parte de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u201d exige dar cumplimiento a ciertos requisitos formales especiales, puntualmente la exhibici\u00f3n de los elementos probatorios que acrediten que la parte demandada (i) fue notificada de la actuaci\u00f3n en el extranjero, \u201cde modo sustancialmente equivalente\u201d a las pautas del derecho nacional, y (ii) tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa. <\/p>\n
Debe precisarse que el pacto multilateral no impone que las comentadas variables se demuestren de una forma predeterminada, sino que alude, en forma gen\u00e9rica, al deber de aportaci\u00f3n de \u201ccopia autentica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento\u201d a las condiciones antedichas. Sin embargo, las evidencias deben mostrar que el acto de enteramiento efectuado en el extranjero permiti\u00f3 el ejercicio de las prerrogativas propias del debido proceso, en condiciones sim\u00e9tricas \u2013aunque no id\u00e9nticas\u2013 que las previstas en la ley procesal interna\u00bb (CSJ AC3628-2020, 18 dic., rad. 2020-00834-00, reiterada en CSJ AC3001-2022, 13 jul., rad. 2022-02101-00). <\/p>\n
Exigencia que constituye \u00abun caso de tarifa legal que no admite otros medios demostrativos, por lo que su ausencia deber\u00e1 conducir al rechazo de la petici\u00f3n, como lo ha reconocido esta Corte en anteriores decisiones, conforme a las cuales no es posible tener por acreditado el presupuesto del literal e), del art\u00edculo 2 del instrumento multilateral\u00bb (CSJ AC1718-2020, 3 ag., rad. 2020-00834-00, reiterada en CSJ AC3001-2022, 13 jul., rad. 2022-02101-00). <\/p>\n
6.- As\u00ed las cosas, como el solicitante omiti\u00f3 adjuntar en copia debidamente legalizada, la decisi\u00f3n judicial sobre la cual pretende el exequatur y su constancia de ejecutoria de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen [apostille en los t\u00e9rminos de los c\u00e1nones 251 C.G.P. y 2 – 5 de la Ley 455 de 1998], atendiendo a los par\u00e1metros dispuestos en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, no queda camino distinto al del rechazo de plano de la demanda, por inadvertencia de la exigencia consagrada en el numeral 3\u00ba del canon 606 de esa misma obra y el literal a) del art\u00edculo 3\u00ba de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979. <\/p>\n
Lo mismo se predica, ante la ausencia de las dem\u00e1s piezas procesales rese\u00f1adas en este interlocutorio, tales como: (i) la sentencia de 22 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Sexto (6\u00ba) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripci\u00f3n Judicial del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, Venezuela que dirimi\u00f3 en alzada y con car\u00e1cter definitivo el asunto puesto a consideraci\u00f3n de esa autoridad judicial y, (ii) las relativas al debido enteramiento de la \u00abdemanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales\u00bb a la parte adversaria y aquellas que demostraran el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa dentro de ese juicio, en cumplimiento de lo dispuesto en los ordinales e) y f) del canon 2\u00b0, en armon\u00eda con el literal b) del art\u00edculo 3\u00b0 del Tratado multilateral mencionado; todas ellas, con el lleno de las exigencias antes expuestas. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Por haberse allegado la demanda y sus anexos en medio digital, no es necesario su desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1093-2023 (2023-01527-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1093-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01527-00 Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Fernando Jodra Trillo. I. ANTECEDENTES 1.- El libelista pidi\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72696","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72696\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}