AC1128-2023 (2023-01465-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1128-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01465-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 14 de abril de 2022, por intermedio de apoderado judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento del fallo del encabezado, por el cual se decret\u00f3 el divorcio entre el solicitante y Dolores Cort\u00e9s, y mediante el que se aprob\u00f3 el acuerdo transaccional suscrito por aquellos, proferido en Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
2. Se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requerimientos que deben observarse, dentro de los cuales se encuentra que la providencia for\u00e1nea: \u00abno verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano\u2026\u00bb (num. 1\u00b0 art. 606), \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u00bb (num- 3\u00b0 ibidem), y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (\u00eddem), so pena que deba rechazarse el pedimento desde el inicio (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607); adicionalmente el inciso 2 del art\u00edculo 607 ejusdem prev\u00e9 que si la sentencia o cualquier documento adjunto no est\u00e1n en castellano, se aportar\u00e1 con la copia del original la traducci\u00f3n en legal forma (negrilla propia). <\/p>\n
1.1. La primera de las exigencias reside en que el veredicto aportado no defina asuntos referentes a derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, en garant\u00eda del fuero real reconocido en el Derecho Internacional Privado. <\/p>\n
La anterior regla -lex rei sitae-, tiene como fundamento el art\u00edculo 26 del Tratado Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional, incorporado a la legislaci\u00f3n patria a trav\u00e9s de la ley 33 de 1992, a saber: \u00abLos bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesi\u00f3n, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de car\u00e1cter real de que son susceptibles\u00bb. <\/p>\n
Sobre este fuero, la Sala tiene dicho: <\/p>\n
Conviene indicar, igualmente, que el hecho de que el causante sea nacional espa\u00f1ol no excluye la jurisdicci\u00f3n colombiana, pues, como aqu\u00e9l ten\u00eda inmuebles en el pa\u00eds, acorde con la relaci\u00f3n de relictos efectuada, impera la lex rei sitae, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor, los bienes situados en los territorios, y aqu\u00e9llos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga inter\u00e9s o derecho la Naci\u00f3n, est\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo, aun cuando sus due\u00f1os sean extranjeros y residan fuera de Colombia. (AC7803, 16 de noviembre de 2016, rad. 2015-03168-01). <\/p>\n
De igual forma esta Corporaci\u00f3n, en distintos pronunciamientos, ha hecho \u00e9nfasis en que las sentencias extranjeras, cuyo reconocimiento se persigue a trav\u00e9s del exequatur, no pueden contener decisiones sobre bienes ubicados en Colombia, so pena de negarles efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds: <\/p>\n
Las partes poseen la siguiente propiedad que ser\u00e1 dividida de la siguiente forma: Calle\u2026 Bogot\u00e1, Colombia, cuando esta propiedad sea vendida (para el 2020) deber\u00e1n dividir los activos de forma equitativa seg\u00fan la venta de la casa. El costo de mantener la propiedad inmobiliaria (pago de hipotecas, impuestos, seguros, prestamos de capital etc.) ser\u00e1 de la siguiente forma: Las partes deber\u00e1n dividir de forma equitativa los pagos de la hipoteca, impuestos y seguros (\u2026), lo que de suyo recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, no sometidos a una previa imposici\u00f3n extranjera, adem\u00e1s de estar relacionado sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentran en territorio colombiano, contrariando as\u00ed de esa forma los numerales 1 y 4 del art\u00edculo 606 [del C\u00f3digo General del Proceso] (AC2633, 13 oct. 2020, rad. 2020-02504-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
En pronunciamiento an\u00e1logo se indic\u00f3: <\/p>\n
La sentencia del 17 de julio de 2009 da cuenta que los contrayentes, en vigencia de su comunidad de vida, adquirieron derechos reales sobre dos (2) inmuebles ubicados en Colombia [\u2026] los cuales se adjudicaron al se\u00f1or [\u2026] con la advertencia que las partes deb\u00edan suscribir los documentos requeridos para el efecto y, en todo caso, \u2018\u2026una copia certificada de esta sentencia y decreto o una copia certificada de la sentencia sumaria de Disposici\u00f3n de Inmuebles y la Sentencia servir\u00e1n para transferir la propiedad\u2026\u2019. Estas determinaciones ponen en evidencia que el pronunciamiento judicial afectar\u00e1 derechos reales de los c\u00f3nyuges sobre predios localizados en el territorio nacional, estableciendo deberes para su transferencia o renuncia, as\u00ed como el t\u00edtulo que servir\u00eda de base a cualquiera de estas actuaciones. Se trata, entonces, de un fallo que versa sobre derechos de bienes ubicados en Colombia, lo que impone su rechazo (AC4909, 2\u00b0 ag. 2016, rad. 2016-01537-00, reiterado en SC19856, 11 nov. 2017, rad. 2014-01295-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
1.2. El segundo requisito propende porque \u00fanicamente se reconozcan sentencias sobre las que se tenga certeza sobre su car\u00e1cter definitivo, con el fin de garantizar que la misma sea inmutable y no se vea afectada por decisiones posteriores que la revoquen, aclaren, modifiquen o adicionen. <\/p>\n
No en vano se ha se\u00f1alado que el rechazo del exequatur es procedente cuando \u00abla reproducci\u00f3n… de la providencia objeto de… tr\u00e1mite… no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC4360, 8 oct. 2019, rad. 2019-03175-00). <\/p>\n
1.3. Y la tercera exigencia se enmarca tambi\u00e9n dentro del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual exige que la providencia, cuando provenga en un idioma distinto al castellano, \u00abse present[e] con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u2026\u00bb. Exigencia que debe ser estudiada conforme al precepto 251 \u00eddem. <\/p>\n
2. Visto lo anterior procede anticipar que, en el sub lite, la solicitud deber\u00e1 rechazarse, en tanto: (I) la sentencia versa sobre el derecho real de propiedad de un inmueble ubicado en Colombia, (II) no se aport\u00f3 la constancia de ejecutoria y (III) no se aport\u00f3 copia de la sentencia original con la traducci\u00f3n legal, as\u00ed como tampoco fueron debidamente traducidos los anexos que la acompa\u00f1an. <\/p>\n
2. La sentencia versa sobre derechos reales de bienes inmuebles ubicados en Colombia. <\/p>\n
2.1. Para explicar conviene se\u00f1alar que, junto a la solicitud, se arrim\u00f3 en idioma original y con una traducci\u00f3n al castellano la decisi\u00f3n del 2 de diciembre de 2019 emitida por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Queens, Estados Unidos de Am\u00e9rica, fruto de la acci\u00f3n civil identificada con el radicado n.\u00b0 \u00ab8134-2018\u00bb. <\/p>\n
En la parte resolutiva de la sentencia se incluy\u00f3 la siguiente determinaci\u00f3n: \u00abORDEN\u00d3 Y JUZG\u00d3 que el Acuerdo de transacci\u00f3n celebrado entre los partes el d\u00eda 22 de agosto de 2019, cuyo original est\u00e1 en los archivos de este tribunal y (sic) incorporadas en el presente por referencia, sobrevivir\u00e1n y no se fusionar\u00e1n con esta sentencia, y la (sic) por la presente, se ordena a las partes que cumplan con todos los t\u00e9rminos y condiciones legalmente exigibles de dicho acuerdo como si dichos t\u00e9rminos y condiciones estuvieran establecidos en su totalidad en este documento;.\u00bb (sic) (Folio 25 del archivo digital 01. Demanda y anexos). <\/p>\n
El precitado aparte se refiere a la \u00abEstipulaci\u00f3n de acuerdo\u00bb suscrito por las partes en la fecha rese\u00f1ada, el cual, en su art\u00edculo sexto, denominado \u00abDistribuci\u00f3n equitativa\u00bb, dispuso: \u00abel esposo y la esposa representan cada uno que el esposo es la (sic) propietario actual del t\u00edtulo de un inter\u00e9s en bienes inmuebles conocido como \u201cCasa n\u00famero 2, Manzana 12 y Parqueadero 2, Ciudadela Villa de Leyva Conjunto Segunda Etapa 4PH, ubicado en la Calle 86, n\u00famero 56105420 (Porter\u00eda), Villa de Leyva, Pereira, Risaralda, Colombia\u201d y es para considerarse propiedad conyugal ya que fue adquirida por ambos esposa y esposo\u00bb. All\u00ed, se indic\u00f3 que la se\u00f1ora Cort\u00e9s renunciaba \u00aba todos y cada uno de los derechos sobre el inter\u00e9s en bienes inmuebles\u00bb sobre el mencionado bien ubicado en Pereira (folios 12 y 13 del archivo digital 01. Demanda y anexos). <\/p>\n
Es decir, en la providencia se incorpor\u00f3 y aprob\u00f3 el acuerdo previo donde las partes incluyeron determinaciones sobre bienes ra\u00edces situados en territorio colombiano, lo que ri\u00f1e con el fuero real, por lo que un fallo for\u00e1neo que pretenda regular esta materia, est\u00e1 llamado a no producir efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
Y si bien la pretensi\u00f3n homologatoria podr\u00eda ir encaminada solo a reconocer los efectos personales del fallo, en cuanto al divorcio declarado, el convocante, de manera expresa, formul\u00f3 pretensiones enfiladas a que esta Corporaci\u00f3n ordenara \u00abdesafectar la vivienda familiar, que aparece como anotaci\u00f3n No 6 al folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 290-215145, en el inmueble ubicado en el Conjunto 2 Etapa 4 manzana 12 casa 2 Villa de Leyva, sector Paraje Ca\u00f1averal Calle 86 No 54-10\/54-20 V\u00eda Altagracia Conjunto cerrado Cuba Pereira\u00bb y la mayor\u00eda de los hechos de la solicitud describen la situaci\u00f3n legal de ese bien inmueble (folios 2 y 3 del archivo digital 01. Demanda y anexos). <\/p>\n
2.2. Se agrega a lo dicho que el fallo proveniente de Estados Unidos de Am\u00e9rica no fue acompa\u00f1ado por la constancia de ejecutoria, en concreto, no se especific\u00f3 si proced\u00edan recursos frente al mismo y si \u00e9stos se agotaron, o si el prove\u00eddo no era susceptible de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.1. La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ, AC2970, 22 de julio de 2021, rad. 2021-01510-00). <\/p>\n
2.2.2. En el presente caso, el veredicto del sentenciador del Estado de Nueva York se aport\u00f3 sin su constancia de ejecutoria, o cualquier otro documento que permitiera a esta magistratura verificar si este era definitivo. Se echa de menos cualquier manifestaci\u00f3n orientada a dilucidar este requisito esencial del exequatur, tanto en la demanda como en sus anexos. <\/p>\n
En consecuencia, ante la ausencia de perspicuidad sobre la firmeza del veredicto, no puede abrirse paso el tr\u00e1mite judicial, como expresamente lo previene el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n para proceder a su rechazo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese los precedentes de la Corte sobre este punto: <\/p>\n
No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3\u2026 la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u2026 Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del tr\u00e1mite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ AC1956, 7 abr. 2016, rad. 2016-00644-00. En el mismo sentido AC-237, 25 ene. 2016, rad. 2016-00067-00, AC, 20 feb. 2015, rad. 2015-00254-00). <\/p>\n
2.3.1. El mencionado art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga trasluce la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimento judicial, como lo ha dicho esta Corte: <\/p>\n
[S]e observa que la interesada no aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea materia de homologaci\u00f3n con la traducci\u00f3n id\u00f3nea, esto es, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 251 ibidem, la efectuada por \u2018el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u2019 [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducci\u00f3n realizada por\u2026, respecto de esta no se demostr\u00f3 su condici\u00f3n de \u2018int\u00e9rprete oficial\u2019. <\/p>\n
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho resuelve\u2026 rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n\u00b0 2016-00111-00) (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. 2018-02230-00). <\/p>\n
2.3.2. En el sub examine, la convocante aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea y sus anexos en idioma castellano sin que la traducci\u00f3n fuera efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un int\u00e9rprete oficial o traductor judicialmente designado. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en el escrito inaugural ni siquiera se indica qui\u00e9n realiz\u00f3 la traslaci\u00f3n, pues lo \u00fanico que se trajo fue una cadena de documentos donde la notaria \u00abYurany Sof\u00eda Esguerra\u00bb acredita que la traducci\u00f3n del documento es exacta y aut\u00e9ntica. Es decir, no se aclara qui\u00e9n efectu\u00f3 la traducci\u00f3n. De igual forma, en gracia de discusi\u00f3n, si se aclarara qui\u00e9n la efectu\u00f3, no aparece evidencia de que el int\u00e9rprete est\u00e9 habilitado en Colombia como traductor oficial, conforme a los requisitos del art\u00edculo 251 ya mencionado. <\/p>\n
2.3.3. Tampoco se alleg\u00f3 traducci\u00f3n al castellano de (I) las certificaciones n.\u00ba 604204 y 604205 que acreditan la calidad de notaria de \u00abYurany Sof\u00eda Esguerra\u00bb y de (II) la apostilla que certifica la firma de \u00abAudrey I. Pheffer\u00bb como \u00abCounty Clerk\u00bb del condado de Queens. <\/p>\n
En consecuencia, la ausencia de una traducci\u00f3n ajustada a la ley, como se dijo, impide tener los anexos por aportados y otorgarles m\u00e9rito demostrativo. <\/p>\n
2.4. Las falencias mencionadas en precedencia llevan a repeler de plano el tr\u00e1mite, por fuerza del citado art\u00edculo 607 de la codificaci\u00f3n adjetiva en vigor. <\/p>\n
3. Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
3.1. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra radicada en cabeza del interesado1, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Para estos fines, conforme al orden jur\u00eddico, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan los numerales 10 del art\u00edculo 78 y 2\u00b0 del canon 173 ibidem, no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, no se allegaron pruebas que el prove\u00eddo extranjero guarda armon\u00eda con las \u00ableyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico\u00bb, como lo exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. En concreto: <\/p>\n
(I) Respecto a la causal de divorcio que sirvi\u00f3 para la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial en el extranjero, en tanto en el juicio for\u00e1neo se identific\u00f3 como motivo del divorcio que este se hab\u00eda \u00abroto irremediablemente\u00bb, circunstancia que no encuentra equivalente en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil y; <\/p>\n
(II) La adecuada vinculaci\u00f3n de Dolores Cort\u00e9s al juicio de divorcio, por cuanto se extrae que se trat\u00f3 de uno de tipo contencioso, y esta fungi\u00f3 como demandada, para que aquella pudiera ejercer sus derechos a la defensa y contradicci\u00f3n, y pese a que la demanda registra que la solicitud de divorcio fue de mutuo acuerdo, lo cierto es que del contenido de la sentencia ello no se puede colegir, por el contrario, informa que el matrimonio estaba \u00abroto irremediablemente\u00bb porque llevaban seis meses separados. <\/p>\n
3.3. No se alleg\u00f3 la traducci\u00f3n al castellano de los documentos obrantes a folios 9, 20, 22, 26 y 45 del archivo digital \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb. <\/p>\n
3.4. No se arribaron los registros civiles de matrimonio y nacimiento de Luis Alberto Cort\u00e9s Parra y Dolores Cort\u00e9s. <\/p>\n
3.5. No se formul\u00f3 pretensi\u00f3n alguna encaminada a inscribir la sentencia que resultara de esta solicitud de exequatur en los registros civiles de nacimiento de los interesados. <\/p>\n
3.6. No se trae la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, ni f\u00edsica, de notificaciones de la convocada Dolores Cort\u00e9s. <\/p>\n
3.7. No se alleg\u00f3 prueba de la remisi\u00f3n de la demanda y sus anexos al correo de Dolores Cort\u00e9s, por ende, no se cumple con lo reglado en el precepto 6\u00ba de la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
4. Finalmente, no se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a William Giraldo Aguirre, profesional en derecho con tarjeta vigente seg\u00fan el Registro Nacional de Abogados, pues el asunto para el cual se confiri\u00f3 la representaci\u00f3n no se encuentra determinado como lo exige el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aben los poderes especiales los asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente identificados\u00bb. Pues en el acto de apoderamiento se indica que se busca el reconocimiento del fallo \u00abde divorcio y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal proferida en Nueva York EE.UU.\u00bb, sin que la providencia mencione el prove\u00eddo en concreto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Luis Alberto Cort\u00e9s Parra, en el caso identificado en el encabezado. <\/p>\n
Segundo: No reconocer personer\u00eda al abogado Luis Alberto Cort\u00e9s Parra, como apoderado judicial del solicitante, por lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
Tercero: Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC1801-2020, 10 ago, 2020 rad. n.\u00b0 2020-01493-00. <\/p>\n
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AC1128-2023 (2023-01465-00) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC1128-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01465-00 Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El 14 de abril de 2022, por intermedio de apoderado judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento del fallo del encabezado, por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72719","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72719\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}