AC1161-2023 (2022-00131-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1161-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00131-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n presentada por Lucinio Fonseca Espitia frente al proceso verbal de pertenencia de radicado 2018-00001-00, que cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 en contra de Didier Guti\u00e9rrez Correa, Luis Eduardo M\u00e1rquez y personas indeterminadas. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante depreca el cambio de radicaci\u00f3n del expediente del distrito judicial de Chocont\u00e1 al de Bogot\u00e1, debido al incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, por cuanto la autoridad judicial desde que inici\u00f3 el proceso \u00abha transcurrido un t\u00e9rmino superior a 4 a\u00f1os y no tiene fallo ni siquiera de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Narra que inici\u00f3 proceso de pertenencia contra Didier Guti\u00e9rrez Correa, Luis Eduardo M\u00e1rquez y dem\u00e1s personas indeterminadas. Asunto que fue admitido por el Despacho Civil del Circuito de Chocont\u00e1 el 22 de enero de 2018 con radicado 2018-00001-00. <\/p>\n
Refiere que \u00abpor denuncia penal\u00bb se estableci\u00f3 que los \u00abdemandados hab\u00edan incurrido en una falsedad y el Juzgado los excluy\u00f3 [\u2026] mediante auto de fecha 23 de julio de 2021\u00bb. Manifiesta que, en consecuencia, el juez \u00abintegr\u00f3 la litis con el Patrimonio Aut\u00f3nomo Construcciones Plus, cuya vocera es la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., seg\u00fan el auto de fecha de 23 de julio de 2021\u00bb. Al respecto, menciona que con \u00abauto de fecha 27 de noviembre de 2019, el Juzgado orden\u00f3 oficiar a la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1, para que informara que persona figuraba como titular de derecho real de dominio al folio de matr\u00edcula inmobiliaria #176-65712, contestando dicho funcionario que quien aparece como titular del derecho real de dominio [\u2026] es la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., Fiduagraria S.A.\u00bb <\/p>\n
Anota que el Despacho debi\u00f3 tener como extremo pasivo a la \u00abSociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 375 numeral 5 del C.G.P. Ley 1564 de 2012, [y] no [se] ha cumplido con ese mandato legal\u00bb. Asevera que se nombr\u00f3 \u00abun perito para determinar los linderos del inmueble objeto de la pertenencia y no tiene en cuenta que los mismos se hallan en la escritura p\u00fablica que hace parte de este proceso, haciendo gravosa econ\u00f3micamente dicha prueba del demandante\u00bb. <\/p>\n
3. El suscrito Magistrado -con auto AC5485 del 29 de noviembre de 2022- orden\u00f3 oficiar al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de obtener concepto frente a los planteamientos propuestos por el accionante. Dicha autoridad remiti\u00f3 las diligencias al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 14 de diciembre de 2022 para dicho cumplimiento -con sustento en el Acuerdo PSAA16-10561 del 17 de agosto de 2016-. Sin embargo, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el precepto 35 ibidem, le compete a la Corte definir el presente asunto por cuanto refiere a una petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n \u00abde un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El cambio de radicaci\u00f3n consagrado en la legislaci\u00f3n vigente, es una herramienta procesal apta para preservar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y garantizar la resoluci\u00f3n normal y pac\u00edfica de los conflictos jur\u00eddicos. A\u00fan en los casos en los que se presenten circunstancias excepcionales relacionadas con alteraciones del orden p\u00fablico, afectaci\u00f3n a la imparcialidad o independencia de la administraci\u00f3n de justicia, desatenci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, amenazas a la integridad o seguridad de los intervinientes, o deficiencias en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. La norma en cita se\u00f1ala expresamente las causales de procedencia de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, que en l\u00edneas generales pueden ser incorporadas en dos grupos. El primero, concierne a la afectaci\u00f3n del \u00aborden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb, en el lugar donde se est\u00e1 adelantando el juicio. Y el segundo, atiende a deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Pero las arremetidas contra el orden p\u00fablico que pueden propiciar la alteraci\u00f3n al principio del juez natural, a vista de la jurisprudencia, han de ser \u00absituaciones extremas\u00bb, que pueden ejemplificarse en \u00abla presencia de grupos armados al margen de la ley (que) logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso\u00bb. O, en \u00abepisodios de esa misma \u00edndole (que) tengan la magnitud de incidir en la pr\u00e1ctica de las pruebas\u00bb2. El deterioro del orden p\u00fablico, propicio para impulsar un cambio de radicaci\u00f3n, puede consistir igualmente en la existencia de circunstancias concretas que evidencian riesgo, amenaza o incluso da\u00f1o cumplido a la integridad de los intervinientes o funcionarios que intervienen como parte o terceros con inter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
3.2. En cuanto a las deficiencias en la gesti\u00f3n y a la ausencia de celeridad en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los procesos, la Sala ha predicado que no se trata en este escenario de analizar o revisar el contenido de las providencias que se dictan, sino de verificar que el impulso del litigio no est\u00e1 interrumpido por \u00abproblemas coyunturales o estructurales de congesti\u00f3n de un despacho, o de los juzgados de toda un \u00e1rea, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad\u00bb3. <\/p>\n
Esos problemas de gesti\u00f3n o eficiencia en la gesti\u00f3n de un juzgado, que influyen en la pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia y que a su vez autorizan el cambio de radicaci\u00f3n, deben ser constatados por el Consejo Superior de la Judicatura, que con las herramientas que le da la ley y los reportes estad\u00edsticos que le entregan los operarios judiciales, emite un concepto, insoslayable para decidir el cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Por supuesto, en cualquiera de las dos situaciones que permiten el cambio de radicaci\u00f3n, corresponde al solicitante la acreditaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis que se llegue a invocar, sin que, salvo el aludido concepto que se rinde en procura de verificar fallas de gesti\u00f3n o celeridad, exista una tarifa especial de prueba, y sin que se requiera tampoco el agotamiento de una fase de contradicci\u00f3n de los elementos de prueba que se adjunten o relacionen. Ello \u00abdado que la decisi\u00f3n que al respecto se adopte no tiene relaci\u00f3n con el inter\u00e9s particular que las partes poseen en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial que constituye el objeto de la disputa, pues dentro de los argumentos que se aducen para decretar la medida no se toma en consideraci\u00f3n ninguna raz\u00f3n sobre el fondo del asunto\u00bb4. <\/p>\n
4. A la luz de los anteriores presupuestos, se advierte que no es posible acceder a la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n elevada por Lucinio Fonseca Espitia respecto del proceso de pertenencia en el que es demandante. Ello pues, los fundamentos en los que se sustent\u00f3 no corresponden a ninguna de las dos hip\u00f3tesis tra\u00eddas por el legislador para propiciar el traslado de un expediente. Esto es, circunstancias de orden p\u00fablico o fallas en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
4.1. En efecto, todo el soporte de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n radica en el \u00abincumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, consagrados en la ley 1564 de 2012\u00bb, pues desde que se interpuso la demanda \u00aba la fecha [ha] transcurrido un t\u00e9rmino superior a 4 a\u00f1os y no tiene un fallo ni siquiera de primera instancia\u00bb. Tales aspectos escapan de la instituci\u00f3n que aqu\u00ed se analiza, prevista para evaluar \u00abproblemas coyunturales o estructurales de congesti\u00f3n de un despacho, o de los juzgados de toda un \u00e1rea, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad\u00bb. Ciertamente, analizado el expediente de la causa, se avizora que en el juicio reprochado no se han proferido decisiones en t\u00e9rminos irrazonables por parte del Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1. Precisamente, se observa como \u00faltima actuaci\u00f3n la del 16 de noviembre de 2022, en la que el Despacho corri\u00f3 traslado del dictamen pericial y neg\u00f3 la solicitud de dictar sentencia anticipada5. Al respecto, en un asunto de similar temperamento, la Sala sostuvo que: <\/p>\n
Prontamente se advierte la improcedencia de la aspiraci\u00f3n por cuanto es evidente la insuficiencia de la carga argumentativa y probatoria que permita considerar la viabilidad de esta medida extrema y subsidiaria a otros mecanismos previstos para sanear las posibles deficiencias procesales sin sacrificio de la aptitud legal territorial debidamente establecida. En efecto, la denuncia de morosidad judicial, adem\u00e1s de cimentarse en pronunciamientos adoptados en plazos que no pueden predicarse autom\u00e1tica y necesariamente irrazonables, no se acompa\u00f1\u00f3 del respaldo probatorio exigido por la norma habilitante de la figura en los supuestos de \u00abdeficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos\u00bb (CSJ AC4065-2018). <\/p>\n
4.2. En suma, debe repararse que si bien la norma -art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso- exige al interesado aportar las pruebas que apoyan su petici\u00f3n, lo cierto es que, en el caso en concreto, el actor dej\u00f3 de arrimarlas. Por lo tanto, la solicitud tambi\u00e9n carece de elementos de convicci\u00f3n que avalen o justifiquen el traslado del mencionado proceso de pertenencia a otro Distrito Judicial. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Negar la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n del proceso referido en esta providencia. <\/p>\n
Segundo: Advertir que contra esta determinaci\u00f3n no procede recurso alguno. Notificar esta decisi\u00f3n a los interesados por el medio m\u00e1s expedito e id\u00f3neo. <\/p>\n
Tercero: Archivar el expediente de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, sentencia del 6 de julio de 2007, Rad. 17253. <\/p>\n
2\u0002 CSJ AC2991-2015. Reiterado en AC043-2019. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC 3819-2017. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC de 15 de junio de 2017, Rad. 2017-01295-00. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab0102AutoCorreTraslado20221116\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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