AC1171-2023 (2023-01547-00)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1171-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01547-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Paipa y Primero Civil Municipal de Tunja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, Juan Pablo Guatibonza Morales promovi\u00f3 un proceso declarativo de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio respecto del veh\u00edculo automotor de placas KER-718 contra Juan Ad\u00e1n Guatibonza y personas indeterminadas; asign\u00f3 el conocimiento por \u00abla ubicaci\u00f3n (Paipa – Boyac\u00e1) del bien mueble\u00bb. <\/p>\n
2. Admitida la demanda (29 oct. 2020), notificado el l\u00edbelo y convocadas las partes a la audiencia prevista en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, ese despacho orden\u00f3 la remisi\u00f3n del diligenciamiento a sus pares de Tunja, en atenci\u00f3n a que el accionante inform\u00f3 que el rodante \u00abse encuentra inmovilizado por orden judicial y debido a ello (\u2026) est\u00e1 ubicado en el dep\u00f3sito vehicular (\u2026) que se localiza en la vereda Pirgua, finca \u201cEl Retamo\u201d\u00bb de la mentada ciudad, luego entonces, se\u00f1al\u00f3 que \u00abderiva una alteraci\u00f3n de la competencia por factor territorial\u00bb, habida cuenta que el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece que en los asuntos como el referido \u00abser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb (29 sep. 2022). <\/p>\n
3. El destinatario repeli\u00f3 el caso, pues destac\u00f3 que no se cumpl\u00edan ninguno de los presupuestos del canon 27 \u00eddem en relaci\u00f3n con la mutaci\u00f3n de la competencia \u00abya que [en este] se habla del fuero subjetivo y objetivo por cuant\u00eda, pero no respecto del factor territorial\u00bb; adem\u00e1s que de conformidad con lo que estableci\u00f3 el legislador en el art\u00edculo 16 Cit., \u00abcuando se presente la falta de competencia por factores diferentes al subjetivo y funcional, que no se hayan reclamado en tiempo, el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso\u00bb como acontec\u00eda en el asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se plantea entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverla como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El sistema adjetivo establece pautas de competencia territorial para el reparto de los procesos a las distintas autoridades judiciales, entre las que se halla la contemplada en el numeral primero del art\u00edculo 28, seg\u00fan la cual \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u00bb; de forma excepcional, en lo que respecta a muebles e inmuebles aparece en el numeral 7\u00ba que se\u00f1ala, en lo pertinente a esta controversia, que \u00ab[e]n los procesos [de] declaraci\u00f3n de pertenencia (\u2026), ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, en AC4577-2017, reiterado en AC3952-2018, expres\u00f3: <\/p>\n
Es claro, entonces, en los asuntos donde se pretenda la declaraci\u00f3n de haberse adquirido, por el modo de la prescripci\u00f3n, el dominio sobre un determinado bien, es decir, en los procesos de pertenencia, el competente, de modo privativo, es el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el sitio donde la cosa respectiva est\u00e9 ubicada, por tanto, en casos como el especificado, y en los dem\u00e1s enlistados en la norma, la determinaci\u00f3n del servidor judicial con atribuciones para tramitarlos no queda a la consideraci\u00f3n de \u00e9ste ni de las partes, pues es el propio legislador quien expl\u00edcitamente la atribuye al juez del lugar donde est\u00e9 el respectivo elemento. <\/p>\n
En estas condiciones, al actor le incumbe radicar el pliego con base en las reglas fijadas en la ley y al receptor examinarlas al calificar su viabilidad, tanto as\u00ed que si en esa fase este observa que carece de jurisdicci\u00f3n o competencia deber\u00e1 enviarlo ante quien corresponda (art. 90 C.G.P.). <\/p>\n
No obstante, si el demandante acude ante el juez que no corresponde y este inadvierte tal situaci\u00f3n y decide impulsarlo, ser\u00e1 el demandado el \u00fanico habilitado para discutir tal punto por v\u00eda de reposici\u00f3n, ora mediante la excepci\u00f3n previa pertinente, pero si no lo hace la competencia quedar\u00e1 prorrogada en el funcionario que la asumi\u00f3 por virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb que le impedir\u00e1 desprenderse de \u00e9l, so pena de burlar los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y preclusi\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
Tal visi\u00f3n armoniza con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo inciso primero prev\u00e9 que la \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables\u00bb, de lo cual fluye que solo esos dos aspectos determinantes de la \u00abcompetencia\u00bb admiten revisi\u00f3n en cualquier ciclo del debate; pues el \u00abobjetivo, territorial y de conexidad\u00bb se sujetan a la pauta general de prorrogabilidad, lo que coincide con el inciso segundo ejusdem, seg\u00fan el cual, la \u00abfalta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el Juez seguir\u00e1 conociendo del proceso\u00bb. <\/p>\n
En este punto cabe destacar que dicho principio es aplicable incluso en presencia de fueros \u00abprivativos\u00bb, pues seg\u00fan se acot\u00f3 en CSJ AC3860-2022 reiterado en AC579-2023: <\/p>\n
(\u2026) la radicalidad del adjetivo no debe llamar a confusi\u00f3n sobre sus l\u00edmites, como de manera equivocada sucede cuando se le atribuye el alcance de generar en cualquier caso una \u00abimprorrogabilidad\u00bb, pasando por alto que se enmarca en la reglamentaci\u00f3n de la competencia territorial, pero que los \u00fanicos eventos en que la ley fija esta consecuencia es cuando el fallador carece de esta facultad por los factores subjetivo y funcional (art. 16 \u00eddem). <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que en los dem\u00e1s eventos opera pleno el principio de la perpetuatio jurisdictionis, conforme al cual, una vez asumido el conocimiento del proceso, tema que el sentenciador debe definir de manera previa a cualquier otra actuaci\u00f3n procesal, no puede desprenderse de ella motu proprio, sino como resultado de la oportuna formulaci\u00f3n por el extremo pasivo de una defensa debidamente fundamentada y orientada a ese fin. <\/p>\n
3. En el caso concreto, se advierte que el Juzgado de Paipa admiti\u00f3 la demanda, vincul\u00f3 al accionado e impuls\u00f3 el proceso hasta el inicio de la audiencia se\u00f1alada en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, oportunidad en la declin\u00f3 la competencia tras advertir sobre la informaci\u00f3n del demandante en punto a que el rodante se encontraba en otra ciudad, sin embargo, omiti\u00f3 que ya no ten\u00eda la oportunidad de volver v\u00e1lidamente sobre el tema, toda vez que la parte demandada no formul\u00f3 excepciones ni recurso alguno contra el auto admisorio en tal sentido, siendo la \u00fanica facultada para discutir la competencia fijada; sumado a que tampoco estaba en ninguno de los escenarios contemplados en el art\u00edculo 27 ibidem que var\u00edan la competencia por cuestiones sobrevinientes. <\/p>\n
En tal medida, aquel se sali\u00f3 de los criterios que traza el ordenamiento procesal, habida cuenta que la situaci\u00f3n en que se fund\u00f3 para desprenderse del juicio de usucapi\u00f3n no est\u00e1 relacionada con los factores funcional o subjetivo; por ende, es claro que estaba llamado a proseguir su tr\u00e1mite en virtud del principio de \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, en AC1322-2022, reiterando lo dicho en AC5051-2018, se acot\u00f3 <\/p>\n
[e]n esa medida, entonces, existen dos factores [subjetivo y funcional] que fijan la competencia de manera absoluta y, por tanto, pueden alterarla en el curso del litigio. En cambio, los otros, incluyendo el aspecto territorial, lo hacen en forma relativa, lo que significa que despu\u00e9s de la integraci\u00f3n del contradictorio es inatendible volver sobre ese t\u00f3pico. Es que, en rigor, la asignaci\u00f3n en virtud de la funci\u00f3n del \u00f3rgano de justicia y de la calidad de las partes comporta un inter\u00e9s general o p\u00fablico, que descarta alguna incidencia de la voluntad de los intervinientes y del juzgador a la hora de prolongar la competencia con apego al a\u00f1ejo aforismo de que aqu\u00e9l prevalece frente al \u00abinter\u00e9s particular\u00bb. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, el tratamiento especial que la ley instrumental otorga a los \u00abfactores subjetivo y funcional\u00bb deviene de un insoslayable fundamento constitucional. El primero, porque a la luz del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 235 Superior, entre las atribuciones de esta Corte se encuentra la de \u00ab[c]onocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la naci\u00f3n, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, lo que se regula id\u00e9nticamente en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30 del estatuto adjetivo civil, seg\u00fan el cual, [l[a Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci\u00f3n Civil (\u2026) De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb. El segundo, esto es el funcional, obedece a la composici\u00f3n jer\u00e1rquica de los distintos \u00f3rganos que integran la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 11 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
Lo anterior coincide con el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso, donde se contemplan solo tres eventos en que se altera la competencia de un asunto en curso, esto es, por la intervenci\u00f3n sobreviniente de un Estado extranjero o un agente diplom\u00e1tico; el cambio de la cuant\u00eda en virtud de la reforma de la demanda, reconvenci\u00f3n o acumulaci\u00f3n de procesos o demandas; y por disposici\u00f3n de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en torno a la ejecuci\u00f3n de sentencias declarativas o ejecutivas. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juzgado de Paipa para que, sin tardanza, contin\u00fae con el tr\u00e1mite que legalmente corresponde. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Paipa es el competente para conocer el proceso en referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1171-2023 (2023-01547-00) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1171-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01547-00 Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Paipa y Primero Civil Municipal de Tunja. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}