AC1301-2023 (2023-01822-00)<\/p>\n
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AC1301-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01822-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Piedecuesta y Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real, presentado por el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo en contra de Mar\u00eda Isvelia Castro Gelves. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El Fondo Nacional del Ahorro instaur\u00f3 la acci\u00f3n de la referencia ante los juzgados de Piedecuesta, con el fin de que se librara mandamiento ejecutivo respecto del pagar\u00e9 allegado como base de recaudo. <\/p>\n
Como medida cautelar solicit\u00f3 decretar el embargo y secuestro del inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria, cuyo folio de matr\u00edcula se encuentra adscrito a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Piedecuesta. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite titulado \u00abCOMPETENCIA, CUANTIA Y PROCEDIMIENTO\u00bb, atribuy\u00f3 la competencia territorial a los despachos de ese municipio \u00abpor la ubicaci\u00f3n de la garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil Municipal de Piedecuesta mediante auto de 27 de febrero de 2023 rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso; por lo tanto, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados de Bogot\u00e1 D.C., al ser el lugar de domicilio de la entidad p\u00fablica demandante. <\/p>\n
3.- Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, en providencia del pasado 10 de abril, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., se abstuvo de conocer el asunto. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si bien es cierto, el Fondo Nacional del Ahorro tiene su domicilio principal en Bogot\u00e1 D.C., no lo es menos que al tenor de lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem, en los asuntos relacionados con sucursales o agencias, tambi\u00e9n es competente el juez de dichas localidades. <\/p>\n
En ese orden, como dicha entidad cuenta con una sede en el municipio de Piedecuesta, all\u00ed debe ventilarse el litigio. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se pasa a resolver lo que corresponda previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte le ata\u00f1e dirimirlo como superior funcional com\u00fan, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de distintos factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
3.- De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1\u00b0 constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
A su turno, el numeral 3\u00b0 ib., se\u00f1ala que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Luego, el numeral 5\u00b0 indica que en los procesos contra una persona jur\u00eddica ser\u00e1 competente el juez del domicilio principal; sin embargo, \u00abcuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competente, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, en lo que respecta a los procesos donde se ejerciten derechos reales, el numeral 7\u00b0 ejusdem contempla una \u00abcompetencia privativa\u00bb, a trav\u00e9s de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentren ubicados los bienes, al se\u00f1alar: \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de la norma procesal en cita refiere que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, regla que se impone ante la general y contractual (numerales 1\u00b0 y 3\u00b0), as\u00ed como la indicada en el numeral 5\u00b0 que es a \u00abprevenci\u00f3n\u00bb, figura distinta a la \u00abprivativa\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, cuando se pretenda la ejecuci\u00f3n de un derecho real por parte de una entidad del Estado ser\u00edan competentes, en principio, tanto el juez del domicilio de dicha entidad, como el del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Frente a esta concurrencia de foros privativos, la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018) (resaltado intencional). <\/p>\n
4.- Conforme a lo expuesto, dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de una empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 1132 de 1999), el asunto se adec\u00faa a la regla prevista en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, en concordancia con el art\u00edculo 29 \u00eddem, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, toda vez que, se reitera, en este caso prevalece el foro subjetivo al imponerse sobre los dem\u00e1s, lo que evidentemente incluye al fuero general, al contractual y al real. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien es cierto, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con m\u00faltiples puntos de atenci\u00f3n dentro del territorio nacional, entre ellos Piedecuesta, no lo es menos que el desarrollo de su objeto social en dichos lugares no hace que estos adquieran per se la categor\u00eda de sucursales o agencias, motivo por el cual tampoco es factible aplicar lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.- En ese orden, debe advertirse que el Fondo Nacional del Ahorro tiene su domicilio en Bogot\u00e1, tal como se desprende de la informaci\u00f3n suministrada en la demanda, por lo que la actuaci\u00f3n corresponde tramitarla al primer juzgado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta providencia al Juzgado Tercero Civil Municipal de Piedecuesta, as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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