AC1326-2023 (2023-01671-00)<\/p>\n
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AC1326-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01671-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Lorica en el departamento de C\u00f3rdoba, y Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal de expropiaci\u00f3n promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en contra de Medardo Arteaga Ramos y los herederos determinados e indeterminados de Gloria Ester Ramos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demanda se present\u00f3 ante los jueces civiles del circuito de Lorica, entre otras pretensiones se solicit\u00f3 que, se decrete la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social de un \u00e1rea de terreno del inmueble de matr\u00edcula n\u00famero 146-28083 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Lorica. <\/p>\n
Se sostuvo que, dichos funcionarios eran competentes porque deb\u00eda prevalecer la ubicaci\u00f3n del inmueble sobre el lugar del domicilio de la demandante, atendiendo que, \u00aben consideraci\u00f3n a la naturaleza especial que tiene el proceso de expropiaci\u00f3n (\u2026) se justifica la necesidad de ser el juez del lugar donde se encuentra el inmueble quien conozca de la controversia, para de esta manera generar garant\u00edas procesales a la parte demandada, respetando as\u00ed el derecho del particular a la leg\u00edtima defensa y al debido proceso y as\u00ed mismo con el fin de darle celeridad al tr\u00e1mite procesal, por cuanto se consigue investigar y acreditar la verdad de los valores de las indemnizaciones controvertidas con el menor costo procesal, es decir, por econom\u00eda procesal\u00bb. <\/p>\n
2.- La demanda fue asignada al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en donde mediante auto de 19 de julio de 2021, se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 seguir el tr\u00e1mite contemplado en el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con posterioridad, en providencia de 11 de agosto de 2022, declar\u00f3 su falta de competencia con fundamento en que esta correspond\u00eda de forma privativa a los jueces del lugar de domicilio de la entidad demandante, motivo por el que dispuso la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados civiles del circuito de esta ciudad. <\/p>\n
3.- Recibida la actuaci\u00f3n por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante providencia del pasado 7 de febrero, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento y, promovi\u00f3 conflicto negativo de competencia porque a pesar de existir prelaci\u00f3n del fuero subjetivo, la demandante renunci\u00f3 a esa facultad, y en virtud de lo expuesto en AC1723-2020 y AC2649-2020 debe acogerse su petici\u00f3n. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se pasa a resolver lo que en derecho corresponde previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Atendiendo que el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de diversos factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
Con respecto al factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n al denominado fuero personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante), y de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
El factor subjetivo por su parte responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otros, un fuero preferente para las entidades del Estado (n\u00fam. 10\u00ba art.28 del C. G. P.). <\/p>\n
3.- En los procesos de expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra una \u00abcompetencia privativa\u00bb, que atiende el fuero real, dado que prev\u00e9 que, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) expropiaci\u00f3n (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 10\u00ba del mencionado art\u00edculo contempla una \u00abcompetencia privativa\u00bb en atenci\u00f3n al fuero personal porque dispone que, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, cuando se pretende la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado, puede entenderse que es competente de manera privativa, tanto el juez del domicilio de la entidad como el del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble. Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros, la Sala resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 ejusdem reconoce al fuero personal. <\/p>\n
En dicha providencia, reiterada entre otras en AC527-2022, y AC4063-2022, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4.- De conformidad con las anteriores premisas, el juez competente para tramitar el asunto en referencia, atendiendo la prevalencia del factor subjetivo sobre el fuero real, es el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dado que corresponde al domicilio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). <\/p>\n
Para el efecto, se tiene en cuenta que, de la informaci\u00f3n allegada y la publicada en internet1, la demandante corresponde a \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, con domicilio o asiento principal en este Distrito Capital. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico la integran, entre otros, el sector descentralizado por servicios del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta d\u00e9cima del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 29 ejusdem. <\/p>\n
De esa manera, no asiste raz\u00f3n al juzgado de esta ciudad al rehusar el conocimiento del asunto, si bien existe una competencia privativa descrita en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que la fija en el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble, lo cierto es que esta Sala ha indicado que el criterio que debe prevalecer es el subjetivo, esto es el domicilio de la parte demandante por tratarse de una entidad p\u00fablica, y entender algo diferente, implicar\u00eda contrariar reglas de car\u00e1cter p\u00fablico (AC3409-2021, AC1045-2022, AC2732-2021, AC1756-2021, AC1228-2021, AC1153-2021 y AC894-2021). <\/p>\n
5.- Cabe precisar que, la prevalencia que se otorga al fuero subjetivo de las entidades p\u00fablicas sobre el real en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, no es una prerrogativa de la cual pueda a voluntad hacerse ejercicio o renunciarse, atendiendo que, su observancia es insoslayable por tratarse de una disposici\u00f3n de orden p\u00fablico. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la renuncia al fuero subjetivo, en AC140-2020, reiterado entre otras en AC527-2022 y AC4063-2022, se explic\u00f3 que, <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que (\u2026) No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d\u00bb (CSJ AC3545-2020, 14 dic. 2020, rad 2020-02912)2. <\/p>\n
6.- Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer del plenario. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es el competente para continuar conociendo del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n instaurado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en contra de Medardo Arteaga Ramos y los herederos determinados e indeterminados de la se\u00f1ora Gloria Ester Ramos. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta providencia al Juzgado Civil del Circuito de Lorica en el departamento de C\u00f3rdoba, as\u00ed como a las partes e intervinientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n