AC1331-2023 (2023-01853-00)<\/p>\n
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AC1331-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01853-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil Municipal de Santa Marta y Quinto Civil Municipal de Piedecuesta, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda verbal de rendici\u00f3n provocada de cuentas instaurada por Omar Valencia Alzamora contra Calt Seguridad Ltda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante el escrito genitor, dirigido al \u00abJuez Civil Municipal de Santa Marta\u00bb, el demandante convoc\u00f3 a la sociedad Calt Seguridad Ltda., para que rindiera cuentas respecto de las utilidades percibidas con ocasi\u00f3n del acuerdo comercial suscrito entre las partes para el desarrollo de seguridad privada. Sobre la competencia, la promotora se\u00f1al\u00f3 que ven\u00eda dada \u00abpor la naturaleza del proceso teniendo en cuenta lo estipulado en el art. 23 numeral 12 [del C\u00f3digo de Procedimiento Civil] (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, a quien inicialmente le correspondi\u00f3 la causa, rehus\u00f3 su competencia, aduciendo que en la demanda \u00abse denunci[\u00f3] como lugar para surtir las notificaciones de la pasiva [la de Piedecuesta – Santander], misma que aparece en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, (\u2026) para efectos de notificaciones\u00bb, siendo aplicable la primera regla del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Acot\u00f3 que, si \u00abse escogi\u00f3 esta ciudad por funcionar ac\u00e1 una agencia, vemos que antes de presentar la demanda se corri\u00f3 traslado de ella [a la direcci\u00f3n de Piedecuesta], es decir, que el actor opt\u00f3 demandar en aquella localidad\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Quinto Civil Municipal de Piedecuesta, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto, pretextando que seg\u00fan el numeral 5\u00b0 del canon 28 ibidem, \u00aben los procesos contra una persona jur\u00eddica, adem\u00e1s del juez del domicilio principal, tambi\u00e9n es competente el de la sede de sus agencias o sucursales, a prevenci\u00f3n, cuando se trate de un asunto vinculado a ellas\u00bb, tal circunstancia tiene lugar en el asunto revisado \u00abcomo se ve en la cl\u00e1usula primera del contrato de acuerdo comercial que sirve de b\u00e1culo para la acci\u00f3n\u00bb, por lo que esta, \u00abel demandante radic\u00f3 a prevenci\u00f3n, en el juez e Santa Marta (\u2026), opci\u00f3n legalmente v\u00e1lida que debe ser respetada\u00bb, y que ello no var\u00eda por el hecho de \u00abhaber enviado el traslado previo de la demanda al domicilio principal en Piedecuesta\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones antes descritas, propuso el conflicto negativo de competencia, remitiendo las diligencias a esta Corporaci\u00f3n para ser dirimido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30-6 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el art\u00edculo 28-10 ibidem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del estatuto procedimental, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En asuntos como este, convergen dos fueros de competencia: \u00abdomicilio del demandado\u00bb y \u00ablugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, los cuales operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abEn los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado…\u00bb), y (ii) el que establece el numeral 3\u00b0 del mismo precepto (\u00abEn los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb). <\/p>\n
En trat\u00e1ndose del primero, debe tenerse en cuenta que cuando la demandada es una persona jur\u00eddica de car\u00e1cter particular, tiene incidencia la regla contenida en el numeral 5\u00b0, seg\u00fan la cual, \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
En el caso sub j\u00fadice, el demandante manifest\u00f3 que fijaba la competencia en el juez de Santa Marta, con sustento en el \u00ablugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, como se infiere al referir en varios apartes de la demanda, que la pretensi\u00f3n est\u00e1 ligada a la administraci\u00f3n ejercida en virtud del \u00abcontrato de acuerdo comercial de voluntades para el desarrollo de servicio de seguridad privada\u00bb, celebrado \u00abel d\u00eda 1\u00b0 de julio de 2014\u00bb y cuyo desarrollo tendr\u00eda lugar \u00aben Santa Marta y la regi\u00f3n caribe colombiana\u00bb. <\/p>\n
Para ratificar la elecci\u00f3n en comento, obs\u00e9rvese que en el respectivo ac\u00e1pite de la demanda, el demandante enunci\u00f3 que la competencia ven\u00eda dada de acuerdo a \u00ablo estipulado en el art. 23 numeral 12\u00bb, disposici\u00f3n en la que se consagraba que en los procesos de rendici\u00f3n de cuentas tambi\u00e9n conoc\u00eda \u00abel juez que corresponda al centro principal de la administraci\u00f3n\u00bb, lo que, referido a la normativa vigente, equivale al lugar de cumplimiento de las obligaciones dimanadas del contrato. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, dentro de los fundamentos f\u00e1cticos, el actor aludi\u00f3 a que en raz\u00f3n al acuerdo comercial del que derivan las cuentas que ahora reclama, se determin\u00f3 \u00abla ciudad de Santa Marta, como oficina de la empresa demandada, siendo uno de sus domicilios\u00bb, por lo que reiter\u00f3 que es el juez de esa ciudad el llamado a conocer del juicio con observancia en el fuero personal reglado en el precitado art\u00edculo 28-5 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, el precedente de esta Sala sostiene que, \u00ab(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u00bb (CSJ AC 11 mar. 2013, rad. 2012-02877). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no era dable que el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta se desprendiera del conocimiento de la causa, y menos que para ello se apoyara en deducir su domicilio con base en el lugar donde recibe notificaciones. Sobre el punto es oportuno recordar que para efectos de determinar la competencia, \u00ab(\u2026) no pueden confundirse el domicilio y la direcci\u00f3n indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato \u201csatisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusi\u00f3n al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificaci\u00f3n personal\u201d (Auto de 25 de junio de 2005, exp. No. 2005-00216)\u00bb (CSJ AC 1 dic. 2005, exp. 01262-00). <\/p>\n
En este orden, sin desconocer que el domicilio principal de la sociedad demandada corresponde a Piedecuesta, la conducta del promotor indica claramente que se inclin\u00f3 por el foro contractual, imponi\u00e9ndose, por consiguiente, la competencia para conocer del conocimiento del presente asunto al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, es la primera de las autoridades en conflicto la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho, e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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