AC1354-2023 (2023-01915-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1354-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2023-01915-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Octavo Civil Municipal de Armenia (Quind\u00edo), para conocer la demanda verbal de cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria que promovi\u00f3 Luz Marcela M\u00e9ndez Garay contra la Caja Financiera Cooperativa Ltda. – Credisocial. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La convocante radic\u00f3 la demanda verbal de cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria, para que se decretara \u00abla cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria por pago total, contra\u00edda por Mar\u00eda Gilma Garay de M\u00e9ndez\u00bb, quien en vida fue su progenitora. Dicha acreencia se garantiz\u00f3 con \u00abhipoteca mediante Escritura P\u00fablica No. 799 del 28 de marzo de 1996 otorgada en la Notar\u00eda 11 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb, la cual recae sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba \u00ab50C-153380\u00bb ubicado en esta urbe. <\/p>\n
2.- Luz Marcela dirigi\u00f3 el libelo ante el \u00abJuzgado Civil Municipal de Bogot\u00e1 (Reparto)\u00bb, por ser \u00abel lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, por ser el asunto de \u00abm\u00ednima cuant\u00eda\u00bb la cual, estim\u00f3 en \u00ab$10.545.742,oo mcte\u00bb1, correspondi\u00e9ndole su conocimiento, inicialmente, al Juzgado Primero de esa especialidad de esta capital, quien se rehus\u00f3 a conocer del pleito, en raz\u00f3n a la estimaci\u00f3n del quantum que por su monto corresponde conocer el asunto a los jueces de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple, disponiendo su remisi\u00f3n a dichas autoridades (12 ene. 2023). <\/p>\n
3.- El Juzgado Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 al recibir en tal virtud el negocio, el 3 de marzo siguiente, tambi\u00e9n se neg\u00f3 a asumirlo, con sustento en que \u00abel domicilio de la parte demandada indicado en el certificado de c\u00e1mara de comercio aportado corresponde al municipio de Armenia \u2013 Quind\u00edo\u00bb, por lo que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C. G. del P., \u00abno es el competente para conocer del presente asunto\u00bb. Aunado a que, \u00aben aplicaci\u00f3n a lo reglado en el numeral 5\u00b0 del mismo art\u00edculo citado, el domicilio principal de la persona jur\u00eddica demandada corresponde a Armenia, luego el competente para conocer de las diligencias es el Juez de esa municipalidad\u00bb, y orden\u00f3 el env\u00edo de las diligencias a ese estrado [Archivo digital: 008RechazaCompetencia.pdf]. <\/p>\n
4.- El 24 de abril \u00faltimo, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia, tambi\u00e9n repeli\u00f3 la competencia para conocer del asunto, puesto que: <\/p>\n
(i) \u00ab[P]or tratarse de un proceso que se adelanta en contra de una persona jur\u00eddica, Caja Financiera Cooperativa Ltda.- Credisocial, la cual, de conformidad con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., y que tiene una sucursal en la ciudad de Armenia, Quind\u00edo\u00bb; <\/p>\n
(ii) \u00ab[E]l inmueble gravado con la hipoteca se encuentra en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. y que en cl\u00e1usula octava de la escritura por medio de la cual se constituye la hipoteca, se establece como sitio de cumplimiento de la obligaci\u00f3n la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb; <\/p>\n
(iii) \u00ab[L]a parte demandante en desarrollo de dicha facultad, eligi\u00f3 presentar la demanda en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., generando con esta elecci\u00f3n, una competencia privativa en cabeza del operador judicial de la ciudad de la aludida ciudad\u00bb. <\/p>\n
Lo antelado, con respaldo en los numerales 1\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por consiguiente, trab\u00f3 la presente colisi\u00f3n, enviando el plenario a esta Corporaci\u00f3n [Archivo digital: 013 Auto Propone Conflicto Negativo De Competencia.pdf]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- De acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 3\u00ba del mismo canon precept\u00faa, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el numeral 5\u00ba de la memorada disposici\u00f3n legal establece, que \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que, en materia de litigios derivados de un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos valores el legislador estableci\u00f3 una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias, circunstancia que, en principio, permite al actor elegir entre las varias opciones prestablecidas en la ley. <\/p>\n
Ciertamente, para tales fines, est\u00e1 el fuero general correspondiente al domicilio del demandado, que siendo varios accionados el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante; trat\u00e1ndose de una persona jur\u00eddica ser\u00e1 el asiento principal de sus negocios, pero si la contienda est\u00e1 vinculada a alguna de sus sucursales o agencias tambi\u00e9n lo podr\u00eda ser el del lugar donde se halle \u00e9sta y si la lid se origina en un negocio jur\u00eddico converge, adicionalmente, el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. As\u00ed lo ha adoctrinado esta Corte se\u00f1alando que: <\/p>\n
(\u2026) para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019 (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00)\u00bb (AC1439-2020, criterio reiterado en AC3999-2021, AC091-2023 y AC269-2023). <\/p>\n
3.- A lo expuesto se debe a\u00f1adir que en controversias donde se ejerzan las prerrogativas derivadas de derechos reales, entre ellos el de hipoteca, el juzgador competente es el del lugar donde se encuentre situado el respectivo predio, as\u00ed lo estipula el numeral 7\u00b0 ib\u00eddem, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, como lo ha sostenido invariablemente esta Corporaci\u00f3n, cuando el prop\u00f3sito del pleito sea lograr la cancelaci\u00f3n de dicho gravamen, mal puede enmarcarse el asunto en la regla de competencia acabada de describir, pues la extinci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria no equivale a invocar su efectividad o a ejercitar los derechos reales que de ella dimanan. As\u00ed lo ha clarificado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte, al dirimir similares colisiones de esta especie: <\/p>\n
(\u2026) [S]i bien la demanda en referencia guarda relaci\u00f3n con un gravamen hipotecario, aqu\u00ed no es factible asumir que se est\u00e9 \u2018ejerciendo\u2019 ese derecho real accesorio, en la medida en que las pretensiones formuladas por el sujeto pasivo de la obligaci\u00f3n garantizada est\u00e1n orientadas justamente a la cancelaci\u00f3n de la hipoteca. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, la Corte ha sentado que las demandas dirigidas a la \u2018cancelaci\u00f3n\u2019 de una garant\u00eda real no suponen el ejercicio de un derecho real, porque su legitimaci\u00f3n estar\u00eda en cabeza, en este caso, por ejemplo, del acreedor con garant\u00eda real. (AC4469-2021, reiterado en AC5567-2021 y AC187-2023). <\/p>\n
En el mismo sentido, frente a un caso de an\u00e1logos contornos al que ahora nos ocupa, esta Sala recalc\u00f3: <\/p>\n
En el caso que motiva el conflicto que se dirime, sin embargo, no se aprecia la existencia del fuero concurrente invocado por el Juzgador de Bogot\u00e1, comoquiera que la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho real que haga viable la aplicaci\u00f3n del criterio previsto en el citado numeral 9\u00ba del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, b\u00e1sicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto s\u00f3lo podr\u00eda serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n del gravamen no es en s\u00ed el ejercicio de las prerrogativas que tal derecho real confiere, sino, por el contrario, el derecho de quien particularmente lo soporta \u2013el propietario-, para que el juez formalice la extinci\u00f3n de la citada garant\u00eda inmobiliaria (\u2026) <\/p>\n
Siendo, por tanto, pac\u00edfico que la demanda presentada no plantea discusi\u00f3n alguna en el terreno del ejercicio de un derecho real, ni principal, ni accesorio, es inviable sostener que del se\u00f1alado tr\u00e1mite pueda conocer el Juez del lugar donde est\u00e1n ubicados los bienes respecto de los cuales se pretende obtener la anotada cancelaci\u00f3n del gravamen otrora constituido, por considerar que as\u00ed lo impone el citado art\u00edculo 23 del estatuto procesal civil, en la regla 9, puesto que ya la Corte advirti\u00f3 que en \u2018tal hip\u00f3tesis normativa no es posible hacer encajar una solicitud de cancelaci\u00f3n de hipoteca como la que implica la demanda cuyo conocimiento se discute\u2019 (auto 018 de 3 de febrero de 1998). (AC 20 jun. 2013, rad. 2013-00131-01, citado en el AC2026-2021, y AC120-2022). <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, y teniendo en cuenta lo esgrimido en precedencia, fuerza concluir que la competencia para tramitar el juicio promovido ha de establecerse \u00fanicamente con fundamento en los fueros territoriales previstos en los numerales 1\u00ba, 3\u00ba y 5\u00ba del ya citado art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
5.- De este modo, se advierte que el escrito genitor fue presentado ante los jueces con asiento en Bogot\u00e1, en raz\u00f3n del \u00ablugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb2. Y, en efecto, revisada la escritura p\u00fablica n\u00b0 0799 del 28 de marzo de 1996 de la Notar\u00eda 11 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en la que Mar\u00eda Gilma Garay de M\u00e9ndez constituy\u00f3 hipoteca \u00absin l\u00edmite de cuant\u00eda\u00bb3 sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula n\u00b0 50C-153380 a favor de la Caja Financiera Cooperativa Ltda. \u2013 Credisocial, para \u00abgarantizarle a [\u00e9ste] todas las obligaciones que por cualquier concepto tenga actualmente o llegare a tener la parte hipotecante y\/o Francisco Mar\u00edn Valenzuela, por capital, intereses, costos y gastos de cobranza si fuere el caso\u00bb4, se observa que la cl\u00e1usula octava de ese documento determina que el \u00ab[l]ugar de cumplimiento: Todas las condiciones emanadas de este contrato ser\u00e1n cumplidas en la ciudad de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb5, ello en atenci\u00f3n, a la aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito de Credisocial a favor de aquella por valor de $20.000.000,oo. <\/p>\n
5.1.- Adem\u00e1s, cabe precisar que, en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada se evidencia que el \u00abdomicilio\u00bb de la \u00abcasa principal\u00bb de Credisocial es la \u00abCarrera 16 No. 20-42 de Bogot\u00e1\u00bb6; como tambi\u00e9n se vislumbra que en la capital del Quind\u00edo existi\u00f3 una sucursal de dicha entidad financiera. De manera que, a voces del numeral 5\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, trat\u00e1ndose de una persona jur\u00eddica, ser\u00e1 competente el juez del \u00abasiento principal de sus negocios, pero si la contienda est\u00e1 vinculada a alguna de sus sucursales o agencias tambi\u00e9n lo podr\u00eda ser el del lugar donde se halle \u00e9sta\u00bb, lo cual, este \u00faltimo evento no ocurri\u00f3. <\/p>\n
6.- Bajo ese entendido, no existe duda de la asignaci\u00f3n que del caso debe hac\u00e9rsele al Juzgado Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, por corresponder al domicilio de la convocada, ser el lugar de cumplimiento de las obligaciones involucradas en el negocio jur\u00eddico que celebr\u00f3 Mar\u00eda Gilma Gray de M\u00e9ndez con la Caja Financiera Cooperativa Ltda. \u2013 Credisocial y en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, ya que las pretensiones no superan los 40 SMLMV; lo cual, le sirvi\u00f3 a Luz Marcela M\u00e9ndez Garay para determinar la competencia desde un comienzo, como as\u00ed lo especific\u00f3 en el pliego introductor. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 es el competente para asumir el conocimiento del proceso declarativo referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia (Quind\u00edo) y a la interesada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 [Folios 1-3 Archivo digital: 001Demanda.pdf]. <\/p>\n
2\u0002 [Folios 1-3 Archivo digital: 001Demanda.pdf]. <\/p>\n
3\u0002 [Folio 11 Archivo digital: 002Anexos.pdf]. <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 [Folio 12 ib\u00eddem]. <\/p>\n
6\u0002 [Folio 25 ib\u00eddem]. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1354-2023 (2023-01915-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1354-2023 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2023-01915-00 Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Octavo Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72823","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72823"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72823\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}