AC1406-2023 (2023-01049-00)<\/p>\n
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AC1406-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01049-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la manifestaci\u00f3n de impedimento que elev\u00f3 la magistrada Mar\u00eda Clara Ocampo Correa, quien integra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para continuar tramitando la segunda instancia del proceso de sucesi\u00f3n del causante Rafael Humberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. A la togada Ocampo Correa le correspondi\u00f3 conocer un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en la mortuoria referenciada. All\u00ed funge como parte procesal (heredero) el se\u00f1or V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, quien act\u00faa en causa propia, dada su condici\u00f3n de abogado. <\/p>\n
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2. Mediante prove\u00eddo de 14 de diciembre de 2022, la aludida magistrada se declar\u00f3 impedida para conocer del juicio sucesorio, invocando para ello \u00abla causal 7 del art. 141 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, que operar\u00eda \u00abcon ocasi\u00f3n a las m\u00faltiples denuncias penales y disciplinarias contra la suscrita magistrada, todas con decisi\u00f3n de apertura formal, notificadas personalmente en marzo y junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
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3. El 19 de diciembre siguiente, la magistrada del tribunal superior que le segu\u00eda en turno alfab\u00e9tico, no acept\u00f3 el impedimento presentado por su hom\u00f3loga Ocampo Correa, considerando que \u00absi bien la magistrada acredit\u00f3 la existencia de una queja disciplinaria en su contra, (…) los hechos que dieron origen a [ella] (…) no resultan ser ajenos a los aqu\u00ed discutidos, al tratarse de presuntas irregularidades dentro del marco del (…) mismo expediente objeto de disenso\u00bb. A ello agreg\u00f3 que, a pesar de anunciarse \u00abla existencia de dos investigaciones penales en contra de la ya aludida Magistrada (…) no se aport\u00f3 prueba id\u00f3nea que acreditara dichos hechos, por lo que su mera anunciaci\u00f3n no resulta ser suficiente para considerar configurada una causal de impedimento\u00bb. <\/p>\n
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4. El 17 de enero de 2023 la magistrada Ocampo Correa present\u00f3 una nueva manifestaci\u00f3n de impedimento, esta vez con base en la causal que consagra el art\u00edculo 141-9 del C\u00f3digo General del Proceso. Adujo tener \u00abenemistad grave\u00bb con el se\u00f1or Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, \u00abproducto de los m\u00faltiples improperios, hostilidades e insultos del abogado, que se traducen en pura aversi\u00f3n y malquerencia hacia [\u00e9l], que a la postre impiden que tenga sosiego, objetividad y serenidad para definir el asunto de fondo\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abobran en el dossier m\u00e1s de una veintena de mensajes de datos enviados [por el abogado Rodr\u00edguez C\u00e1ceres] a la direcci\u00f3n de correo personal de esta funcionaria, a la del despacho a mi cargo y a la secretar\u00eda de la sala, en las que, por ejemplo, me acusa de \u2018asesina\u2019, \u2018corrupta\u2019, \u2018destructora de familias\u2019 y por eso \u2018tengo las manos llenas de sangre\u2019\u00bb, calificativos reiterados que hacen imposible \u00abno sentir animadversi\u00f3n por el ciudadano que me califica de esta forma; luego, en todos los asuntos que involucren al referido letrado mi criterio se encuentra obnubilado, y de contera, me es ajeno todo parang\u00f3n de objetividad para resolver el punto en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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5. El segundo impedimento fue negado por auto de 26 de enero del a\u00f1o que avanza. En sustento de esa decisi\u00f3n, se dijo que \u00absi bien existe diferencia, resquemor o antipat\u00eda por parte de Rodr\u00edguez C\u00e1ceres frente a todas las decisiones que le resultan adversas a sus intereses, exterioriz\u00e1ndolo a trav\u00e9s de un comportamiento inoportuno e indecoroso, ello no implica ipso facto, que se genere una enemistad \u201cgrave\u201d que ponga en tela de juicio la independencia e imparcialidad de la Juez colegiada, pues dicha circunstancia (…) emergi\u00f3\u0301 de forma aislada y unilateral, y sin la potencialidad suficiente para ocasionar que la funcionaria judicial pierda la cordura, serenidad e imparcialidad para orientar el juicio oral y decidir el asunto sometido a su estudio\u00bb. <\/p>\n
A ello se agreg\u00f3 que \u00abla supuesta enemistad catalogada por la Magistrada (…) no pasa de ser una manifestaci\u00f3n subjetiva, la cual no logra estructurar una raz\u00f3n suficiente para poner en tela de juicio el criterio serio, ponderado y objetivo que se presume de ella como Funcionaria que integra la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, a quien adem\u00e1s le fue encomendada la misi\u00f3n de administrar justicia, exigi\u00e9ndose de aquella una elevada condici\u00f3n humana que le permita mantener su imparcialidad, rectitud y \u00e1nimo sosegado frente a estas desafortunadas situaciones, que aunque no deseables, no pueden afectar su ecuanimidad como funcionaria judicial\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, se resalt\u00f3 que \u00abel actual estatuto procesal otorga al Juez m\u00faltiples medidas correccionales, entre las cuales se encuentra la de sancionar a quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por raz\u00f3n de ellas. Igualmente, si a bien se tiene, existe la posibilidad de denunciar o compulsar las respectivas copias disciplinarias ante las autoridades correspondientes, si se considera que con tales actuaciones y\/o comportamientos indecorosos, como los que aqu\u00ed se advierten, se ha incurrido en falta disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
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6. Intentando dar cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo General del Proceso, la magistrada sustanciadora remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n, para resolver sobre la manifestaci\u00f3n de impedimento que le hab\u00eda sido denegada. <\/p>\n
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7. Posteriormente, el se\u00f1or Rodr\u00edguez C\u00e1ceres elev\u00f3 varias solicitudes de recusaci\u00f3n contra la magistrada Ocampo Correa, con base en las causales segunda, sexta, s\u00e9ptima y novena del art\u00edculo 141 ejusdem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La garant\u00eda de imparcialidad e independencia de los jueces <\/p>\n
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1. El debido proceso, en virtud del cual los postulados y valores esenciales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deben ser puestos en vigencia en cada caso concreto, comprende una serie de exigencias, cuya observancia plena justifica y legitima el ejercicio del poder estatal de juzgar los conflictos de la comunidad. Por su relevancia para definir la controversia actual, resulta necesario destacar dos de esas exigencias: la independencia del juez y su imparcialidad. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia tiene decantado que <\/p>\n
\u00ab(…) \u201c[la] independencia (…) hace alusi\u00f3n a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros \u00f3rganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio leg\u00edtimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales\u201d. Sobre la imparcialidad, ha se\u00f1alado que esta \u201cse predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garant\u00eda de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no s\u00f3lo de \u00edndole moral y \u00e9tica, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino tambi\u00e9n de responsabilidad judicial\u201d. <\/p>\n
Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noci\u00f3n de imparcialidad, una doble dimensi\u00f3n: (i) subjetiva, esto es, relacionada con \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d; y (ii) una dimensi\u00f3n objetiva, \u201cesto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, \u201cde modo que se ofrezcan las garant\u00edas suficientes, desde un punto de vista funcional y org\u00e1nico, para excluir cualquier duda razonable al respecto\u201d. No se pone con ella en duda la \u201crectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucci\u00f3n\u201d sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucci\u00f3n del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectaci\u00f3n de \u00e1nimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea \u00e9ste mismo quien lo juzgue\u201d\u00bb (CC, sentencia C-496 de 2016). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a tono con lo dispuesto en el art\u00edculo 8.1. de la CADH1, ha precisado: <\/p>\n
\u00ab[U]no de los objetivos principales que tiene la separaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos es la garant\u00eda de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio aut\u00f3nomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relaci\u00f3n con el Poder Judicial como sistema, as\u00ed como tambi\u00e9n en conexi\u00f3n con su vertiente individual, es decir, con relaci\u00f3n a la persona del juez espec\u00edfico. El objetivo de la protecci\u00f3n radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su funci\u00f3n por parte de \u00f3rganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisi\u00f3n o apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garant\u00edas suficientes de \u00edndole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brind\u00f3 elementos convincentes que permitan eliminar temores leg\u00edtimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presi\u00f3n, amenaza o intromisi\u00f3n, directa o indirecta, sino \u00fanica y exclusivamente conforme a \u2013y movido por\u2013 el Derecho\u00bb (caso Apitz Barbera y otros \u2013\u201cCorte Primera de lo Contencioso Administrativo\u201d\u2013 vs. Venezuela, fallo de 5 de agosto de 2008). <\/p>\n
1.2. Tambi\u00e9n existen varios instrumentos de soft law que incluyen las referidas exigencias dentro del listado de valores \u00e9ticos esenciales del ejercicio de la actividad judicial; de entre ellos destacan los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, elaborados por el Consejo Econ\u00f3mico y Social (ECOSOC) de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, y el C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial, que prepar\u00f3 la Cumbre Judicial Iberoamericana. <\/p>\n
La primera de esas preceptivas se refiri\u00f3 a la independencia e imparcialidad como est\u00e1ndares de comportamiento, que imponen \u00abdefender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales\u00bb (valor 1), y proceder ecu\u00e1nimemente no solo en cuanto a \u00abla decisi\u00f3n en s\u00ed misma, sino tambi\u00e9n al proceso mediante el cual se toma\u00bb (valor 2). Consecuentemente, su aplicaci\u00f3n estricta conlleva que: <\/p>\n
\u00ab1.1. Un juez deber\u00e1 ejercer su funci\u00f3n judicial de forma independiente, partiendo de su valoraci\u00f3n de los hechos y en virtud de una comprensi\u00f3n consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier raz\u00f3n. <\/p>\n
1.2. Un juez deber\u00e1 ser independiente en relaci\u00f3n con la sociedad en general y en relaci\u00f3n con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez. <\/p>\n
1.3. Un juez no s\u00f3lo estar\u00e1 libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que tambi\u00e9n deber\u00e1 tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable. <\/p>\n
1.4. Al cumplir sus obligaciones judiciales, un juez ser\u00e1 independiente de sus compa\u00f1eros de oficio con respecto a decisiones que est\u00e9 obligado a tomar de forma independiente. <\/p>\n
1.6. Un juez exhibir\u00e1 y promover\u00e1 altos est\u00e1ndares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del p\u00fablico en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial (…). <\/p>\n
2.1. Un juez deber\u00e1 desempe\u00f1ar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposici\u00f3n o prejuicio. <\/p>\n
2.2. Un juez garantizar\u00e1 que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza del p\u00fablico, de la abogac\u00eda y de los litigantes en la imparcialidad del juez y de la judicatura. <\/p>\n
2.3. Un juez deber\u00e1, dentro de lo razonable, comportarse de forma que minimice las ocasiones en las cuales pueda ser necesario que el juez sea descalificado para conocer de, o decidir sobre asuntos. <\/p>\n
2.4. Cuando un proceso est\u00e1 sometido o pueda estar sometido a un juez, el juez no realizar\u00e1 intencionadamente ning\u00fan comentario que pueda esperarse razonablemente que afecte al resultado de tal proceso y que deteriore la imparcialidad manifiesta del proceso. El juez tampoco har\u00e1 ning\u00fan comentario en p\u00fablico o de cualquier otra forma, que pueda afectar al juicio justo de una persona o asunto. <\/p>\n
2.5. Un juez se descalificar\u00e1 de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuesti\u00f3n de forma imparcial o en el que pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente. Los citados procesos incluir\u00e1n, sin \u00e1nimo de exhaustividad, situaciones en las que: <\/p>\n
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a. El juez tenga realmente predisposici\u00f3n o prejuicios para con una parte o posea conocimientos personales sobre los hechos probatorios controvertidos relativos al proceso;<\/p>\n
b. El juez haya actuado previamente como abogado o como testigo material en el asunto controvertido; o<\/p>\n
c. El juez, o alg\u00fan miembro de su familia, tenga un inter\u00e9s econ\u00f3mico en el resultado del asunto sujeto a controversia; lo anterior teniendo en cuenta que no ser\u00e1 necesaria la descalificaci\u00f3n de un juez si no puede constituirse otro tribunal para conocer del caso o cuando, por circunstancias urgentes, la no-participaci\u00f3n del juez puede producir una denegaci\u00f3n de justicia grave\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en desarrollo de la labor de construir un proyecto \u00e9tico com\u00fan entre las autoridades judiciales de los distintos pa\u00edses de la regi\u00f3n, el C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial dedic\u00f3 varios de sus preceptos a la descripci\u00f3n de los requerimientos propios de la independencia e imparcialidad en el ejercicio del referido poder del Estado, debi\u00e9ndose destacar lo consagrado en los art\u00edculos 9 y 11 de la normativa, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abArt. 9\u00ba. La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la funci\u00f3n jurisdiccional. (…) Art. 11. El juez est\u00e1 obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones. <\/p>\n
Conforme se sigue de las fuentes trasuntadas, es imperativo que los jueces se separen de aquellos juicios en los que encuentren estructuradas las circunstancias que defini\u00f3 el legislador como causales de recusaci\u00f3n o impedimento, evitando que pueda ponerse en duda su independencia e imparcialidad; as\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando existen intereses directos del fallador en el litigo, o preferencias personales suyas por alguno de los contendientes. En l\u00ednea con lo expuesto, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) [c]on el designio de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, en cuanto son condiciones consustanciales al ejercicio de sus funciones (art\u00edculo 228 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y evitar que la rectitud en la administraci\u00f3n de justicia resulte alterada por factores incompatibles con ella, como son el afecto, los sentimientos de animadversi\u00f3n, el inter\u00e9s personal, la predeterminaci\u00f3n del criterio o el amor propio de los funcionarios, as\u00ed como tambi\u00e9n asegurar un debido proceso (art\u00edculo 29 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), el legislador ha consagrado en los c\u00f3digos de procedimiento unas causales de separaci\u00f3n de los funcionarios judiciales del conocimiento de los procesos, por voluntad de los mismos o por petici\u00f3n de las partes, en desarrollo de las instituciones de los impedimentos y las recusaciones (…). [L]a jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso, y por ende, el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garant\u00eda\u00bb (CSJ AC, 24 may. 2012, rad. 2011-00408-00). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) la imparcialidad de los administradores de justicia demanda la existencia de claras fronteras con respecto al asunto litigado, las partes en conflicto y los apoderados que las representan, adem\u00e1s que, la toma de decisiones encaminada a solucionar los conflictos sometidos a composici\u00f3n de los jueces debe estar inspirada en los principios de imparcialidad y transparencia que le son propios, sin que haya lugar a sombra o duda sobre los m\u00f3viles que inciden en su producci\u00f3n (…). [L]os jueces (…) deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador, destacando que, \u201cseg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica\u201d (CSJ AC, 8 abr. 2005, rad. 2005-00142-00)\u00bb (CSJ AC4511-2019, 17 oct.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Es pertinente recordar que, en una primera oportunidad, la magistrada Ocampo Correa manifest\u00f3 su impedimento con apoyo en la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u00abhaber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez (…), siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecuci\u00f3n de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones el impedimento deb\u00eda negarse (tal como ocurri\u00f3), siendo del caso remitir a continuaci\u00f3n el expediente a esta Corporaci\u00f3n, para que pusiera fin a la discrepancia, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abEl juez impedido pasar\u00e1 el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumir\u00e1 su conocimiento. En caso contrario, remitir\u00e1 el expediente al superior para que resuelva\u00bb). Pero no ocurri\u00f3 as\u00ed, sino que la foliatura regres\u00f3 al despacho de la magistrada que se hab\u00eda declarado impedida, y esta reiter\u00f3 ese impedimento, pero ahora con base en una causal distinta (la causal novena). <\/p>\n
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2. Esta renovada determinaci\u00f3n no era procedente, al ser incompatible con el debido proceso, que es garant\u00eda de legitimidad de todas las actuaciones judiciales. La ley procesal impone al funcionario que niega un impedimento remitir la actuaci\u00f3n a su superior funcional, no como una simple instrucci\u00f3n te\u00f3rica, sino con el prop\u00f3sito de materializar el orden l\u00f3gico procesal, y los principios procesales de eficiencia, celeridad, preclusi\u00f3n y lealtad. <\/p>\n
Naturalmente que, tras ser noticiado de la decisi\u00f3n de su superior funcional, el juez o magistrado que se declar\u00f3 impedido \u2013sin \u00e9xito\u2013 no podr\u00eda intentar lo que se intent\u00f3 en este caso, es decir, presentar una manifestaci\u00f3n sustituta de impedimento, fundada en hechos objetivamente semejantes, pero subsumidos en una causa legal distinta. Sobra decir que esa actuaci\u00f3n perpet\u00faa la opacidad en torno a un punto que tendr\u00eda que estar definido con prontitud\u2013la imparcialidad del juez\u2013, y sin olvido de las formas del juicio que impone el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase que la exigencia de tal conducta judicial est\u00e1 impuesta por el principio de buena fe, que impone hacer expl\u00edcitas todas las causales o motivos de impedimento que concurran en los jueces, tan pronto adviertan su existencia. Por ende, no es viable invocar razones adicionales para separarse de una causa, fundadas en hechos acaecidos antes de presentar otra solicitud anterior, que hubiera sido negada. <\/p>\n
As\u00ed como es deber de las partes denunciar la totalidad de las razones de recusaci\u00f3n que conozcan, so pena de perder el derecho a hacerlo (art. 142, par. 2), el juez tiene una carga correlativa frente a los litigantes, sus pares y la administraci\u00f3n de justicia en general, que le impone revelar en un mismo momento, y con la prolijidad y evidencia de respaldo esperables, todas y cada una de las razones legales que podr\u00edan afectar su imparcialidad, y que impondr\u00edan su separaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo expuesto permite inferir que, desde el punto de vista formal, en el caso sub examine exist\u00eda una especie de \u201cdoble prohibici\u00f3n\u201d para blandir nuevos motivos de impedimento respecto de los se\u00f1alados en el auto de 14 de diciembre de 2022: (i) las reglas procesales aplicables (de orden p\u00fablico y obligatorio cumplimiento) no contemplan una etapa semejante; y (ii) no es viable modificar la negativa de un impedimento a trav\u00e9s de la sucesiva y gradual revelaci\u00f3n de otras de las causas que consagra el art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, fundadas en hechos objetivamente anteriores a la declaraci\u00f3n inicial. <\/p>\n
Por lo anterior, es pertinente mantener la negativa del impedimento que se estudia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, la Sala no es ajena a las afirmaciones de la magistrada Ocampo Correa, relativas al sentimiento de enemistad y \u00abanimadversi\u00f3n grave\u00bb que profesar\u00eda por el abogado Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, ni al efecto que estas pudieran tener de cara a la confianza de las partes del litigio en la imparcialidad de su juez. Sin embargo, la cuesti\u00f3n puede aun ventilarse en el curso de la recusaci\u00f3n que plante\u00f3 el referido litigante, justamente con ocasi\u00f3n de las expresiones realizadas por la funcionaria que tramitaba su causa. <\/p>\n
Tampoco puede pasarse por alto el lenguaje beligerante y descort\u00e9s del abogado Rodr\u00edguez C\u00e1ceres, que desdice del decoro con el que debe ejercerse la profesi\u00f3n de litigar, incluso cuando se hace en causa propia. Por tanto, la Corte exhorta al referido profesional para que, en adelante, modere su lenguaje y elimine de sus escritos los adjetivos que emplea para calificar la conducta de quienes administran justicia. <\/p>\n
A este respecto, cabe recordar que el tribunal est\u00e1 dotado de los poderes correccionales y disciplinarios previstos en los art\u00edculos 42 a 45 del C\u00f3digo General del Proceso y 67 de la Ley 1123 de 2007, a los que debe acudir cuando lo estime pertinente para el adecuado adelantamiento del tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO ACEPTAR, por los motivos expuestos, el impedimento manifestado por la magistrada Mar\u00eda Clara Ocampo Correa para conocer el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n previamente referenciado (rad. n.\u00ba 68001-31-10-007-2021-00207-01). Rem\u00edtase el expediente a la citada funcionaria, para que resuelva la recusaci\u00f3n que present\u00f3 en su contra el abogado V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres. <\/p>\n
SEGUNDO. EXHORTAR al abogado V\u00edctor Rafael Rodr\u00edguez C\u00e1ceres para que, en adelante, se abstenga de realizar manifestaciones injuriosas en el curso del proceso, so pena de las medidas correctivas y sancionatorias que establece el ordenamiento colombiano. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9), art\u00edculo 8.1.: \u00abToda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb. <\/p>\n
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AC1406-2023 (2023-01049-00) AC1406-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01049-00 Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la manifestaci\u00f3n de impedimento que elev\u00f3 la magistrada Mar\u00eda Clara Ocampo Correa, quien integra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para continuar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}