AC1439-2023 (2023-02008-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1439-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02008-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Evangelina Ballesteros Rueda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia del fallo proferido el 23 de marzo de 2017, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Ponferrada, Reino de Espa\u00f1a. [Archivo Digital: C0001 Demanda.pdf]. <\/p>\n
2.- En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 la demandante, se declar\u00f3 la disoluci\u00f3n por divorcio del matrimonio civil que ella -de nacionalidad colombiana- contrajo con Jos\u00e9 Luis L\u00f3pez Acebo -de nacionalidad espa\u00f1ola-, el 6 de diciembre de 2006 en Bucaramanga, Santander, Colombia y aprob\u00f3 el convenio regulador celebrado entre las partes. <\/p>\n
En el escrito inaugural tambi\u00e9n se indic\u00f3 que, el v\u00ednculo aludido se finiquit\u00f3 de \u00abcom\u00fan acuerdo\u00bb entre los consortes, adem\u00e1s, que durante el tiempo que perdur\u00f3 ese lazo la pareja no procre\u00f3 ni adopt\u00f3 hijos, que en vigencia de la sociedad conyugal no adquirieron bienes y la \u00abpetici\u00f3n de exequ\u00e1tur\u00bb cumple con las condiciones establecidas en el art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
Asimismo, la convocante asever\u00f3 que en dos oportunidades anteriores (19 abr. 2021 y 8 sep. 2022) radic\u00f3 la mentada solicitud, sin que hubiesen salido avantes, toda vez que, en la primera, esta Corporaci\u00f3n rechaz\u00f3 la demanda por \u00abfalta de constancia o certificaci\u00f3n de firmeza o ejecutoria de la providencia cuyo reconocimiento se persigue, siendo la autoridad competente la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a y prueba de reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o de hecho entre el Estado for\u00e1neo y el colombiano\u00bb (6 oct. 2021 \u2013 rad. 2021-01372-00). <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante el Consulado General de Espa\u00f1a en Bogot\u00e1 y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para tal efecto (7 ene. 2022), obteniendo de este \u00faltimo, copia del \u201cConvenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a\u201d, suscrito el 30 de mayo de 1908 en Madrid aprobado por Colombia mediante la Ley 7\u00aa del 13 de agosto de 1908 (18 mar.). <\/p>\n
Posteriormente, present\u00f3 otra rogativa con el mismo fin, pero dirigida a la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Ponferrada \u2013 Espa\u00f1a (11 ago.) sin recibir alguna contestaci\u00f3n, por lo que opt\u00f3 por promover una nueva \u00abdemanda de exequ\u00e1tur\u00bb. <\/p>\n
En la segunda ocasi\u00f3n enunciada, esta Colegiatura rechaz\u00f3 la demanda, porque no aport\u00f3 \u00abla \u2018copia debidamente legalizada\u2019 de dicho pronunciamiento, como lo exige el art\u00edculo 606 numeral 3 ib\u00eddem (\u2026) y la consecuencia de no cumplirla es clara\u00bb, pues, no se trata de un \u00abrequisito imposible de cumplir por la parte interesada, como deprende, entre otros muchos casos, de lo rese\u00f1ado en SC1794-2022, SC1257-2022 y SC551- 2022, en los cuales aquella aport\u00f3 desde el comienzo de la actuaci\u00f3n la constancia de firmeza expedida por la autoridad for\u00e1nea competente\u00bb (27 sep. 2022 \u2013 rad. 2022-03150-00). <\/p>\n
El 10 de febrero de 2023 la interesada, a trav\u00e9s de su mandatario, dirigi\u00f3 \u00absolicitud de ejecutoria de la sentencia en comento\u00bb ante la Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a de forma presencial a \u00abla direcci\u00f3n Calle Bolsa No. 8 Madrid, Espa\u00f1a, a trav\u00e9s del correo certificado 4-72\u00bb, petitum que reiter\u00f3 el 20 de abril siguiente, frente a lo cual le informaron que \u00abno [le] dar\u00edan respuesta a la petici\u00f3n radicada porque no era un \u00f3rgano judicial y\/o autoridad central\u00bb, por tanto, asegur\u00f3 que \u00abh[a] solicitado por todos los medios la certificaci\u00f3n de la ejecutoria de la sentencia siendo imposible obtenerla\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
Entre los exigidos figura el de que la sentencia extranjera, cuyo exequ\u00e1tur se solicita, \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00ba ib\u00eddem) <\/p>\n
2.- Adem\u00e1s, en el caso de que la providencia a homologar provenga de una autoridad judicial del Reino de Espa\u00f1a, deben reunirse los requisitos establecidos en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 6\u00aa de 13 de agosto de 1908, que ratific\u00f3 el Convenio 108 de 30 de mayo del mismo a\u00f1o, suscrito entre Colombia y dicha naci\u00f3n, el que establece que las pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que \u00absean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 2\u00ba del precitado instrumento de derecho internacional estatuye la forma como ha de comprobarse el anterior requisito, a saber: \u00abpor un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- En el sub examine, es evidente la falta del certificado al que se aludi\u00f3, seg\u00fan lo establecido por los dos Estados a efectos de reconocer la efectividad de las decisiones jurisdiccionales definitivas que se profieran en sus territorios. <\/p>\n
Como se explic\u00f3 en forma precedente, el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia…\u00bb, actualmente Ministerio de Justicia, Subdirecci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, acorde con la exigencia especial contenida en el convenio bilateral suscrito por los gobiernos de Espa\u00f1a y Colombia, es el \u00fanico instrumento con el que se debe acreditar la ejecutoria de las sentencias, cuya efectividad se pretenda fuera del territorio en que se dictaron. <\/p>\n
Sin embargo, la reproducci\u00f3n que se alleg\u00f3 de la decisi\u00f3n objeto de este asunto, no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n antes mencionada, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme. <\/p>\n
4.- Y, aunque la solicitante arrim\u00f3 al paginario copia de los derechos de petici\u00f3n referidos, dirigidos ante el Consulado General de Espa\u00f1a en Bogot\u00e1, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Ponferrada \u2013 Espa\u00f1a, con el fin de lograr la \u00abcertificaci\u00f3n de ejecutoria de la providencia\u00bb que se pretende homologar, sin tener los resultados anhelados [Folios 11 a 27, Archivo Digital: C0002 AnexosDemanda.pdf], lo cierto es que, como le fue advertido en providencia anterior expedida por esta Corporaci\u00f3n, no se trata de un \u00abrequisito imposible de cumplir por la parte interesada, como deprende, entre otros muchos casos, de lo rese\u00f1ado en SC1794-2022, SC1257-2022 y SC551- 2022, en los cuales aquella aport\u00f3 desde el comienzo de la actuaci\u00f3n la constancia de firmeza expedida por la autoridad for\u00e1nea competente\u00bb (27 sep. 2022 \u2013 rad. 2022-03150-00). <\/p>\n
5.- Aunado a lo discurrido, t\u00e9ngase en cuenta que \u00abpara que en el pa\u00eds se conceda el exequatur de un veredicto proveniente de Espa\u00f1a, es menester que el interesado acredite: (I) que se profiri\u00f3 una sentencia civil; (II) el veredicto es definitivo seg\u00fan constancia de ejecutoria emanada del ministerio de justicia; (III) no se desconozcan las normas de orden p\u00fablico nacionales; y (IV) se cumpla con los requisitos para la legalizaci\u00f3n de los documentos\u00bb (SC1257-2022). <\/p>\n
Habida cuenta que, \u00ab[s]e trata de un caso de tarifa legal, por imponer una \u00fanica probanza para acreditar el car\u00e1cter definitivo de un prove\u00eddo emitido por un sentenciador espa\u00f1ol, de all\u00ed que su omisi\u00f3n no puede ser suplida de ninguna forma. La obligatoriedad de esta exigencia ha sido puesta de presente por la Corporaci\u00f3n en multiplicidad de casos\u00bb (AC1556-2022). <\/p>\n
6.- Pero si lo anterior no fuera suficiente, la reproducci\u00f3n que se alleg\u00f3 del pronunciamiento objeto de estas diligencias no se aport\u00f3 debidamente apostillado o autenticado por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en el Reino de Espa\u00f1a, como lo establece el art\u00edculo 251 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
7.- En las condiciones rese\u00f1adas, en atenci\u00f3n a que no se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del ordenamiento adjetivo civil de acreditar en debida forma que el pronunciamiento cuya convalidaci\u00f3n se reclama, se encuentra ejecutoriado de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, ni fue adosado en \u00abcopia debidamente legalizada\u00bb, se rechazar\u00e1 el libelo, como as\u00ed lo precept\u00faa el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devolver los anexos del libelo, por cuanto fueron allegados en formato digital. Arch\u00edvese la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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