AC765-2023 (2015-01095-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC765-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2015-01095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Marlies Tatiana Vergara Bland\u00f3n, Julio C\u00e9sar Bustamante Fern\u00e1ndez y Jeanney Alejandra Le\u00f3n Burbano -sucesora procesal de Orfilia Bland\u00f3n Correa- pretenden sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal de pertenencia que instauraron los recurrentes contra Claudia Luzney Arias Rodr\u00edguez y Reynaldo Perdomo Zambrano. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1. Afirmaron los actores que Orfilia Bland\u00f3n Correa y su hija Marlies Tatiana Vergara Bland\u00f3n entraron en posesi\u00f3n del predio distinguido en precedencia, de manera quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida, en el mes de junio del 2000, \u00abpor entrega material que les hicieran del mismo inmueble los se\u00f1ores CIRO LOZANO (quien era propietario de dicho inmueble y titular del derecho real de dominio en esa \u00e9poca) y MARTHA CECILIA RAYO MART\u00cdNEZ, esposa de JEAN BELFOR LE\u00d3N BLAND\u00d3N, hijo de la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N CORREA\u00bb. <\/p>\n
2.2. Relataron que la entrega del inmueble por parte del se\u00f1or Lozano obedeci\u00f3 a un contrato de compraventa que celebr\u00f3 aquel con Jean Belfor Le\u00f3n. De manera que, a partir de ese momento, las demandantes comenzaron a ejercer actos posesorios sobre el fundo, tales como el pago de servicios p\u00fablicos, impuestos prediales y la realizaci\u00f3n de mejoras locativas. <\/p>\n
2.3. En marzo del 2003, la se\u00f1ora Vergara Bland\u00f3n inici\u00f3 una \u00abrelaci\u00f3n de pareja permanente\u00bb con el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Bustamante Fern\u00e1ndez. Por lo que se traslad\u00f3 al inmueble objeto de la controversia. <\/p>\n
2.4. Informaron que, en 2008, el se\u00f1or Humberto Zapata Mart\u00ednez inco\u00f3 demanda reivindicatoria en contra de la se\u00f1ora Orfilia. Sin embargo, dicha pretensi\u00f3n fue denegada por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.5. Ante la improsperidad de las s\u00faplicas, el se\u00f1or Zapata impetr\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en contra de Martha Cecilia Rayo Mart\u00ednez. Tal proceso culmin\u00f3 con sentencia del 13 de septiembre del 2013, en la que el Juez Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1 orden\u00f3 la entrega del bien al propietario. Adujeron que en dicho pleito se omiti\u00f3 \u00abla notificaci\u00f3n en el inmueble objeto de restituci\u00f3n, cometiendo un presunto fraude procesal, induciendo en error al Juez Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1 para que se profiriera a su favor sentencia y a espaldas de mis representados\u00bb. Por estas conductas, \u00abest\u00e1n siendo investigados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n desde el mes de abril de 2014\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, interpusieron acci\u00f3n de tutela \u00abque fue objeto de revisi\u00f3n por parte de la Sala Sexta de la Corte Constitucional, quien mediante auto de fecha 12 de febrero de 2015 orden\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2013 por el Juzgado 3 Civil Municipal de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que han ejercido la posesi\u00f3n del bien desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, \u00abdestin\u00e1ndolo exclusivamente para su vivienda y la de su familia, y con dineros de su exclusiva propiedad han realizado un sin n\u00famero de mejoras que han permitido la conservaci\u00f3n del inmueble y sin las cuales el predio habr\u00eda perdido su valor y aspecto estructural, tales como realizar arreglos locativos y estructurales en muros, ductos, rejados, terraza, ventanales, rejas, puertas y portones\u00bb. <\/p>\n
2.8. Aclararon que, actualmente, figuran como \u00faltimos titulares del derecho real de dominio sobre el inmueble los se\u00f1ores Reynaldo Perdomo Zambrano y Claudia Luzney Arias, por compra que le hicieran a la se\u00f1ora Esperanza Guti\u00e9rrez Ruiz. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el se\u00f1or Reinaldo Perdomo Zambrano propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abInexistencia de los presupuestos para la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria\u00bb2. En s\u00edntesis, adujo que los demandantes ingresaron al inmueble \u00abpor cuanto as\u00ed lo permiti\u00f3 quien ostentaba la calidad de simple tenedora del bien, la se\u00f1ora MARTHA CECILIA RAYO\u00bb. A su turno, la curadora ad-litem de Claudia Luzney Arias Rodr\u00edguez dijo atenerse a lo probado3. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual dict\u00f3 sentencia del 19 de julio de 2018, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada fue desatado por el Tribunal -con sentencia del 12 de noviembre de 2019-. All\u00ed revoc\u00f3 el prove\u00eddo impugnado y neg\u00f3 las s\u00faplicas reclamadas en el libelo inicial. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal dirigi\u00f3 la atenci\u00f3n sobre los elementos de la pertenencia. Por ello, de entrada, determin\u00f3 que el inmueble objeto de litigio es prescriptible, de naturaleza privada y que, adem\u00e1s, se halla individualizado de manera acertada en el libelo demandatorio. Sin embargo, evidenci\u00f3 que la parte demandante no cumpli\u00f3 con la carga procesal de acreditar la posesi\u00f3n sobre el bien. Explic\u00f3 que no hall\u00f3 demostrado \u00aben el diligenciamiento elementos convincentes que dieran cuenta de la posesi\u00f3n material, en punto a los extremos temporales de la misma, respecto del bien\u00bb. <\/p>\n
En punto de lo anterior, indic\u00f3 que en la etapa probatoria se recibi\u00f3 la declaraci\u00f3n de Glernis Osorio Jim\u00e9nez, Jes\u00fas Antonio Osorio, Jorge Alberto Vergara y Carlos Arturo Bustamante, quienes manifestaron que les constaban los actos posesorios de los demandantes desde el 2000. No obstante, a juicio del Tribunal, tales medios de prueba no se acompasan con el interrogatorio de parte rendido por Orfilia Bland\u00f3n Correa el 29 de julio del 2010 en el proceso de radicado 200800433-01 ni con lo aseverado por ella misma en la demanda. <\/p>\n
Contrastados estos dos \u00faltimos elementos suasorios, para el ad quem no es posible determinar c\u00f3mo inici\u00f3 la posesi\u00f3n de Bland\u00f3n Correa; \u00abes decir, si se trat\u00f3 de un negocio de compraventa realizado entre el hijo de ella, Jean Belfo Le\u00f3n, con el se\u00f1or Ciro Lozano, cuesti\u00f3n que no aparece acreditada en el interior de este diligenciamiento; o si, por el contrario, la se\u00f1ora Martha Rayo le entreg\u00f3 la vivienda, o permiti\u00f3 el ingreso a esta como subarrendataria\u00bb. Conclusi\u00f3n que es relevante, comoquiera que \u00abpara que prospere la prescripci\u00f3n adquisitiva pretendida en la demanda, es necesario que se acredite, fuera de toda duda, la calidad de poseedores de los demandantes y la fecha a partir de la cual ejercen la misma, presupuesto que, como qued\u00f3 visto, no pudo ser determinado por el antagonismo en las afirmaciones de los testigos, y una de las demandantes\u00bb. De manera que, a su juicio, la propia declaraci\u00f3n de la demandante demostr\u00f3 su falta de convicci\u00f3n sobre su condici\u00f3n de poseedora y \u00abla imposibilidad individualizar el hito temporal en que inici\u00f3 el hecho generador del derecho implorado\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, con relaci\u00f3n al se\u00f1or Julio C\u00e9sar Bustamante no puede sostenerse que es poseedor desde el 2000, \u00aben tanto que en la misma demanda se afirma el inicio de este hito temporal en el 2003, fecha en que presuntamente ingres\u00f3 al inmueble\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, para el Tribunal no existe certeza sobre el momento en que los actores iniciaron los actos posesorios, lo que conlleva a la revocatoria de la decisi\u00f3n de primer grado. Por \u00faltimo, en cuanto a las hojas de matr\u00edcula del Centro Panamericano de Capacitaci\u00f3n, \u00ab[fecha pret\u00e9rita a la que dice la rivera pasiva afirma ingres\u00f3 la familia al inmueble, 2002], la se\u00f1ora Marlies Tatiana Vergara ya reportaba como su direcci\u00f3n de residencia la Diagonal 4 No. 71D-45, no es suficiente para colegir que las demandantes adquirieron por prescripci\u00f3n, toda vez que, como ya se dijo, el animus no se encuentra demostrado, por lo menos hasta antes de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
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II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda se formularon tres cargos, los cuales ser\u00e1n inadmitidos por no cumplir con los requisitos de forma exigidos por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso para su estudio de fondo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, los impugnantes censuraron la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil y el numeral primero del canon 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de ciertos medios de prueba. <\/p>\n
En primer lugar, aseveraron que el ad quem valor\u00f3 indebidamente la declaraci\u00f3n de parte rendida por la se\u00f1ora Orfilia Bland\u00f3n dentro del proceso 2008-00433, que se surti\u00f3 ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1. Ello pues \u00abde un examen simple y desprevenido de la prueba valorada en la sentencia acusada, puede concluirse que la se\u00f1ora Orfilia Bland\u00f3n, S\u00cd se consideraba propietaria, due\u00f1a del inmueble, sin reconocer a nadie de mejor derecho, con un evidente \u00e1nimo de dominio, y NO, como manifiesta el H. Tribunal, reconociendo dominio ajeno\u00bb. Insistieron en que la se\u00f1ora Bland\u00f3n desconoce espont\u00e1neamente al propietario inscrito, manifestando reiteradamente su \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a de manera clara. <\/p>\n
En tal sentido, considerar \u00abque de la mencionada declaraci\u00f3n se asoma siquiera alguna duda respecto a la consciencia de dominio por parte de la se\u00f1ora le dispensa al medio de convicci\u00f3n un alcance manifiestamente contrario a su contenido real, insuficiente a todas luces para revocar la sentencia de primera instancia, la que, por oposici\u00f3n, hizo un estudio completo de los medios de prueba obrantes, su concordancia y contradicci\u00f3n para llegar a una conclusi\u00f3n ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, estimaron que el juez de segundo grado desconoci\u00f3 la hoja de matr\u00edcula en el Centro Panamericano de Capacitaci\u00f3n de Marlies Tatiana Vergara, \u00abquien para esa \u00e9poca era una ni\u00f1a menor de edad que estudiaba en dicha instituci\u00f3n educativa, dejando de valorar las m\u00e1ximas de la experiencia que se deber\u00eda de tener en el sentido com\u00fan del tiempo, pues il\u00f3gico resulta que exista un certificado con una direcci\u00f3n a la que no se ha llegado, desconociendo la prueba documental poni\u00e9ndola en un valor menor frente a otras pruebas\u00bb. Y es que, a su juicio, \u00abla omisi\u00f3n de observaci\u00f3n natural bajo un razonamiento l\u00f3gico tuvo como consecuencia la no valoraci\u00f3n de la prueba, pues el documento indicaba una fecha exacta con una direcci\u00f3n establecida en el documento, direcci\u00f3n que para la fecha de ese documento de no ser cierto que habitaban las se\u00f1oras ORFELIA BLAND\u00d3N y MARLIES TATIANA VERGARA, como tendr\u00edan un dato de algo que suceder\u00eda en un futuro incierto\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adieron que lo anterior \u00abcolinda\u00bb con una agresi\u00f3n al r\u00e9gimen de pruebas prescrito en el estatuto adjetivo, comoquiera que no valor\u00f3 las pruebas bajo las m\u00e1ximas de la experiencia. De manera que arrib\u00f3 a una conclusi\u00f3n que desconoce lo acreditado en el expediente, yendo \u00aben contrav\u00eda con el art\u00edculo 176 del CGP, el cual impone la obligaci\u00f3n de apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, exponiendo siempre el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. Adem\u00e1s, destacaron la labor interpretativa del juez de primera instancia \u00abquien en un ejercicio natural y l\u00f3gico, (que podr\u00eda realizar cualquier observador de la totalidad de las pruebas practicadas, sin necesidad de ser letrado en derecho), al encontrar que, si bien, existen declaraciones que van en contrav\u00eda de lo afirmado por los demandantes, \u00e9stos no resultan coherentes con las dem\u00e1s pruebas aportadas en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, apuntalaron que lo dicho en la demanda respecto del se\u00f1or Julio C\u00e9sar Bustamante \u00abresult\u00f3 arm\u00f3nica con la totalidad de las declaraciones, con las documentales aportadas e incluso con la contestaci\u00f3n de la demanda y su oposici\u00f3n\u00bb. Afirmaron que la calidad de poseedor de aquel desde el 2003 \u00abfue incluso expresado por \u00e9l desde su propia declaraci\u00f3n, la cual aparece registrada desde la audiencia inicial, y las razones por las cuales ingres\u00f3 al inmueble, esto es, por la relaci\u00f3n sentimental con su hoy esposa, y tambi\u00e9n demandante, hecho \u00e9ste que descarta claramente la inexistente condici\u00f3n de tenedor que requiere el H. Tribunal, quien, pese al diamantino hecho, considera que el demandante ingresa en calidad de tenedor, para exigirle (en la misma consideraci\u00f3n 6.3.2) un prueba que, de conformidad con lo anotado, resultaba completamente inaplicable\u00bb. <\/p>\n
Concluyeron que es inaceptable la exigencia de la determinaci\u00f3n del d\u00eda en que ocurri\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de mero tenedor a poseedor, \u00abteniendo en cuenta que de las pruebas aportadas, y el an\u00e1lisis realizado de la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Orfilia Bland\u00f3n ya analizada, es claro que las pruebas evidencian que los demandantes, en ning\u00fan momento se consideraron a s\u00ed mismos Meros tenedores, y en consecuencia, exigir, como lo hace el H. Tribunal para revocar, la prueba de la rebeli\u00f3n, resulta una verdadera tergiversaci\u00f3n de la prueba que lejos de descartar, acredita el \u00e1nimo de dominio de la demandante\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Bajo la causal primera de casaci\u00f3n, increparon la sentencia por haber interpretado err\u00f3neamente los art\u00edculos 2513 y 2531 del C\u00f3digo Civil. Aseveraron que \u00abla interpretaci\u00f3n de la norma deriva desde la psicolog\u00eda jur\u00eddica y cognitiva del ser, quiere decir, la creencia del individuo, el cual no fue analizado por medio de la norma para tomar la decisi\u00f3n correcta decayendo en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas\u00bb. Tras transcribir las mentadas disposiciones, indicaron que \u00abla voluntad de la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N se dio en el momento de la entrada a lugar, una voluntad psicol\u00f3gicamente prevista como due\u00f1a del bien, pues qued\u00f3 acreditado que la entrega del bien la hizo el se\u00f1or CIRO LOZANO\u00bb. <\/p>\n
Explicaron que las citadas normas dan cuenta de las caracter\u00edsticas m\u00e1s importantes para que la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio prospere en una demanda. Destacaron que la interpretaci\u00f3n de aquellas \u00abes clara en que la persona desea ser due\u00f1a de un bien por medio de la prescripci\u00f3n adquisitiva de domino en este caso, por lo que el ser, se presume due\u00f1o, quiere decir existe un derecho de poseer, por lo que la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N ten\u00eda plena convicci\u00f3n de su estado, conociendo que no contaba con documentos o t\u00edtulos, pero s\u00ed con el pleno convencimiento de su ser respecto a la posesi\u00f3n del bien, por lo que la demanda fue presentada con las normas de la prescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb. En tal sentido, sostuvieron que el juez desconoci\u00f3 la presunci\u00f3n \u00abdominante por parte de la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N CORREA, pues desde que se posesion\u00f3 en la casa, su estado cognitivo promovi\u00f3 creerse due\u00f1a del bien, desconociendo que alguna persona tuviera un mejor derecho y, por el contrario, sinti\u00e9ndose con el derecho de actuar como se\u00f1or y due\u00f1o del referido bien\u00bb. <\/p>\n
Alegaron que, de haberse interpretado en debida forma los referidos art\u00edculos, \u00abel tribunal hubiese desarrollado con bases jur\u00eddicas concretas las figuras de la prescripci\u00f3n adquisitiva de domino, pues todas las caracter\u00edsticas expuestas estuvieron dentro de la Litis\u00bb. De manera que, a juicio de los censores, \u00abel Tribunal se limit\u00f3 de una manera llana y simple a explicar por qu\u00e9 no hab\u00eda corpus, animus ni extremos temporales, teniendo un ex\u00e9gesis no vista desde la persona sino \u00fanicamente desde la descripci\u00f3n normativa desconociendo que es lo justo\u00bb. Consideraron que el poseedor adquiere el derecho real desde que empez\u00f3 a poseer y no desde el d\u00eda en que consolid\u00f3 la prescripci\u00f3n. Bajo ese entendido, \u00abel sentenciador interpret\u00f3 err\u00f3neamente las figuras teniendo que ir m\u00e1s all\u00e1 dentro de su estudio proponiendo de forma clara la normatividad sustancial vigente. Ya que los extremos planteados ten\u00edan que verse desde la presentaci\u00f3n de la demanda 10 a\u00f1os hacia atr\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, criticaron el \u00abfacilismo con el que se aplica una norma sin ir m\u00e1s all\u00e1 en la interpretaci\u00f3n hermen\u00e9utica, evitando un an\u00e1lisis propio de cada una de las normas descritas en el c\u00f3digo civil para la prescripci\u00f3n extraordinaria o, por lo menos, las m\u00e1s importantes\u00bb. Tras explicar c\u00f3mo el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil contempla dos presunciones, expusieron que la se\u00f1ora Bland\u00f3n \u00abentr\u00f3 al inmueble de forma pac\u00edfica, no hubo clandestinidad, ni tampoco se interrumpi\u00f3 de alguna forma su habitaci\u00f3n, psicol\u00f3gicamente ten\u00eda la convicci\u00f3n de poseer algo, en este caso un inmueble en el cual viv\u00eda desde el a\u00f1o 2000 hasta la fecha de su muerte 2017\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Bajo la segunda causal de casaci\u00f3n, censuraron la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2513 del C\u00f3digo Civil y el numeral primero del canon 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por error de derecho derivado del desconocimiento de los art\u00edculos 164 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aseveraron que \u00abel Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1 DC.- Sala Civil viol\u00f3 de forma indirecta la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, por la no apreciaci\u00f3n de una determinada prueba (Documentales)\u00bb. Adujeron que el \u00abyerro \u201cin judicando\u201d se encuentra en la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas documentales (prediales, factura de arreglos y transferencia de dinero), pues las mismas no fueron tenidas en cuenta por parte del H Tribunal, ya que dentro de sus consideraciones para revocar el fallo de primera instancia no pronunci\u00f3 nada al respecto, dejando de tener una valoraci\u00f3n en conjunto para tomar una decisi\u00f3n\u00bb. De manera que no evidenciaron una valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas, lo que result\u00f3 en la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo general del Proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan los casacionistas, el principio de necesidad de la prueba tampoco fue tenido en cuenta \u00abpara unir todas las pruebas y tomar la decisi\u00f3n, es pertinente destacar que las partes intervinientes en el proceso hicieron lo propio con los diferentes medios de prueba aportados, la parte demandante con las que cre\u00eda id\u00f3neas y la parte demandada hizo lo mismo, pruebas que son consideradas dentro del proceso importantes para la toma de decisiones por parte del juez de primera instancia y las cuales el tribunal excluy\u00f3 de tajo, pues no hizo m\u00ednimas referencias a esas pruebas documentales como los pagos prediales, pagos de arreglos, respuesta al derecho de petici\u00f3n y documento de la empresa Moneygram\u00bb. En ese orden de ideas, criticaron la ausencia de un estudio de dichos medios suasorios, \u00abque demostrar\u00edan cuando fue la entrada en la vivienda de la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N y su hija MARLIES TATIANA VERGARA, pues no es posible pensar que lograron de alguna manera, que la direcci\u00f3n apareciera en distintos documentos aportados como son las documentales de predial, pagos de arreglos, respuesta derecho de petici\u00f3n y giro recibido por medio de la empresa Moneygram\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El primer cargo no cumple con los requisitos de forma exigidos por el C\u00f3digo General del Proceso para su admisibilidad. Tal como pasa a verse. <\/p>\n
1.1. Examinado el motivo de casaci\u00f3n, se advierte que los censores incurrieron en entremezclamiento de los tipos de errores que se pueden presentar cuando se alega la causal segunda. Ciertamente, si bien aseveraron que el yerro en que incurri\u00f3 el ad quem se trat\u00f3 de uno de hecho, lo cierto es que comenz\u00f3 a trasegar por la v\u00eda del error de derecho cuando censur\u00f3 que el Tribunal no hubiera valorado la prueba documental \u00abbajo un estudio de las m\u00e1ximas de la experiencia, una err\u00f3nea valoraci\u00f3n, para concluir un animus demostrado\u00bb, lo que result\u00f3 a la postre en una violaci\u00f3n del \u00abart\u00edculo 176 del CGP, el cual impone la obligaci\u00f3n de apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, exponiendo siempre el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, en varios apartes criticaron que el juez Colegiado no hubiera apreciado la declaraci\u00f3n de parte trasladada de la se\u00f1ora Orfelia Bland\u00f3n de conformidad con los dem\u00e1s medios de prueba. En tal sentido, recalcaron que las manifestaciones de la demandante resultan arm\u00f3nicas \u00abcon la totalidad de las declaraciones y pruebas obrantes en el expediente, en las cuales, se acredito qu\u00e9, pese a los requerimientos del Juez Treinta y uno Civil del Circuito, no se acredit\u00f3 que la se\u00f1ora Orfilia Bland\u00f3n tuviese un contrato o derivara su tenencia de un tercero, ni un pago, una comunicaci\u00f3n, un registro telef\u00f3nico, una consignaci\u00f3n, un giro, un correo electr\u00f3nico, un mensaje de whatsapp, una carta, un mensaje de texto, ning\u00fan rastro del inexistente subarrendamiento, pese al cual, de \u00e9sta misma declaraci\u00f3n que estamos leyendo, el H. Tribunal incomprensiblemente deriva que la se\u00f1ora Orfilia Bland\u00f3n reconoce mejor derecho en la se\u00f1ora Martha Rayo\u00bb. En tal sentido, y en un an\u00e1lisis conjunto de los elementos suasorios, indicaron que lo dicho por la se\u00f1ora Bland\u00f3n \u00abes corroborada por la propia Martha Rayo, quien, efectivamente, manifiesta su ausencia del pa\u00eds en el periodo mencionado por Orfilia Bland\u00f3n, ausencia que como la verdad, resulta arm\u00f3nica con la verdadera posesi\u00f3n ejercida por la demandante, en franca contradicci\u00f3n con las manifestaciones realizadas por Martha Rayo en su oscura y turbia declaraci\u00f3n, con las incongruencias que llevaron incluso a la curadora representante de indeterminados, a llegar a la convicci\u00f3n de la poca veracidad que corresponde darle a dicha declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, m\u00e1s adelante criticaron que el Tribunal hubiera desconocido la certificaci\u00f3n de Marlies Tatiana Vergara, con lo cual dej\u00f3 \u00abde valorar las m\u00e1ximas de la experiencia que se deber\u00eda de tener en el sentido com\u00fan del tiempo, pues il\u00f3gico resulta que exista un certificado con una direcci\u00f3n a la que no se ha llegado, desconociendo la prueba documental poni\u00e9ndola en un valor menor frente a otras pruebas\u00bb. Y, al referirse al hito temporal de la posesi\u00f3n respecto del se\u00f1or Julio C\u00e9sar Bustamante, destacaron que \u00abdicha consideraci\u00f3n fue expuesta desde el momento mismo de la demanda, result\u00f3 arm\u00f3nica con la totalidad de las declaraciones, con las documentales aportadas e incluso con la contestaci\u00f3n de la demanda y su oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.2. Para esta Sala, es patente que las anteriores consideraciones van dirigidas a cuestionar la falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto -de conformidad con las reglas de la sana cr\u00edtica-. <\/p>\n
1.3. En ese orden de ideas, es palmaria la ausencia de claridad y precisi\u00f3n en que incurrieron los impugnantes, comoquiera que entremezclaron en un mismo cargo los dos tipos de errores. Esta Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar la inviabilidad de confundir dichos tipos de faltas al interior de un mismo cargo por cuanto \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898). <\/p>\n
2.- El segundo cargo no cumple con los requisitos de forma exigidos para ser admitido. Al respecto, se ofrece lo que sigue. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, se advierte que los censores omitieron mencionar al menos una norma de car\u00e1cter material que hubiera sido transgredida directamente por el ad quem. Si bien se construy\u00f3 el reparo bajo la supuesta indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 2513 y 2531 del C\u00f3digo Civil, lo cierto es que tales disposiciones no son de estirpe sustancial4. <\/p>\n
2.1.1. El canon 2513 del estatuto civil prescribe la necesidad de alegar la prescripci\u00f3n en cabeza de quien pretenda aprovecharse de ella. En ese orden de ideas, se trata de una norma de car\u00e1cter procedimental, pues impone una carga procesal a la parte que quiera aprovecharse de la aludida figura jur\u00eddica. En el mismo sentido, el inciso segundo describe las formas en que podr\u00e1 ser ejercida la prescripci\u00f3n. De manera que no es m\u00e1s que la descripci\u00f3n de su tramitaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) adem\u00e1s que, algunas de las normas sustanciales citadas no cumplen las caracter\u00edsticas para considerarlas como tales. <\/p>\n
En efecto, y en desarrollo de este \u00faltimo fundamento, vale recalcar que las normas citadas como sustanciales fueron los art\u00edculos 282 del C\u00f3digo General del Proceso y 10, 27 y 2513 del C\u00f3digo Civil. De aqu\u00e9llas no constituyen normas sustanciales las contenidas en los art\u00edculos 10, 27 y 2513 del C\u00f3digo Civil pues claramente se limitan a definir diversos fen\u00f3menos jur\u00eddicos. Rezan las citadas normas: (\u2026) <\/p>\n
Luego, de su transcripci\u00f3n se advierte al rompe su car\u00e1cter insustancial, de cara a lo que la Corte ha entendido por tal, para efectos casacionales. En efecto, ninguna de las normas citadas atribuye alg\u00fan derecho subjetivo, en tanto se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos\u00bb (AC1483-2019 y, en el mismo sentido, AC2411-2022, AC4032-2022, entre otras). <\/p>\n
2.1.2. A su turno, el art\u00edculo 2531 ejusdem contiene normas de car\u00e1cter probatorio en torno a la prescripci\u00f3n extraordinaria. Ciertamente, tal disposici\u00f3n no crea, modifica ni extingue ninguna relaci\u00f3n jur\u00eddica particular, sino que consagra ciertas reglas en torno a la usucapi\u00f3n; al turno que enuncia los requisitos para su estructuraci\u00f3n. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n
\u00abAunque el tercero alega infracci\u00f3n frontal de los art\u00edculos 1524 y 2531 del C\u00f3digo Civil, 2\u00ba y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ninguno tiene car\u00e1cter sustancial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 2531 ejusdem es enunciativo de los requisitos para que proceda la prescripci\u00f3n, seg\u00fan se reiter\u00f3 en CSJ AC2194-2016 al decir que \u00ab[l]os art\u00edculos 2518 y 2531 ejusdem son enunciativos de las cosas susceptibles de adquirir por prescripci\u00f3n y los requisitos para que se estructure dicho fen\u00f3meno, sin que alcancen el car\u00e1cter invocado\u00bb\u00bb (AC3725-2021). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, en reciente jurisprudencia se asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abTodos los cargos invocan como normas sustanciales transgredidas del C\u00f3digo Civil los art\u00edculos 762 (definici\u00f3n de la posesi\u00f3n), 2512 (definici\u00f3n de la prescripci\u00f3n), 2518 (prescripci\u00f3n adquisitiva), 2527 (clases de prescripci\u00f3n adquisitiva), 2531 (prescripci\u00f3n extraordinaria de cosas comerciables) y 2532 (tiempo para la prescripci\u00f3n extraordinaria). Sin embargo, los cinco primeros preceptos no tienen car\u00e1cter sustantivo, sino definitorio y de establecimiento de requisitos que no pueden estructurar la protesta por la causal segunda de casaci\u00f3n (Exp. 200400222-01 el 28 jun. 2012, AC3243-2017, AC1985-2018, AC4260-2018, AC2133-2020, AC3765-2021, AC5862-2021)\u00bb (AC1793-2022). <\/p>\n
2.1.3. Es pertinente recordar que, en trat\u00e1ndose de las causales de casaci\u00f3n primera y segunda, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. Tal exigencia es esencial, porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte. De manera que la ausencia de imputaci\u00f3n de una disposici\u00f3n de dicha estirpe implica la necesaria inadmisi\u00f3n del cargo planteado. <\/p>\n
2.2. Con todo, a\u00fan si se pasara por alto la anterior falencia, los impugnantes tambi\u00e9n incurrieron en hibridismo de causales. En efecto, pese a haber construido el cargo bajo la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, lo cierto es que elevaron consideraciones de hecho, inadmisibles en el cargo esbozado -aquellas son propias del motivo segundo de casaci\u00f3n-. <\/p>\n
2.2.1. Ciertamente, la cr\u00edtica se encuentra dirigida contra la pretermisi\u00f3n que hiciere el ad quem respecto de un medio de prueba, a saber, la presunci\u00f3n del animus de la se\u00f1ora Orfilia Bland\u00f3n al habitar el inmueble objeto de la controversia. En particular, aleg\u00f3 el casacionista que: <\/p>\n
\u00ab\u201cEl solo hecho de habitar un inmueble es signo de posesi\u00f3n material\u201d <\/p>\n
Lo anterior quiere decir que existe una presunci\u00f3n, la misma que fue declarada por el juez de primera instancia, pero interpretada de manera err\u00f3nea por el Ad Quem. La legislaci\u00f3n Colombiana, a diferencia de otros pa\u00edses, reconoce dos instituciones como son el corpus y el animus, figuras que, a pesar de ser citadas en el fallo de segunda instancia diciendo las consideraciones de cada una, lo cierto es que, bajo su interpretaci\u00f3n no se compadece con el asunto de la litis, ya que interpret\u00f3 err\u00f3neamente la presunci\u00f3n dominante por parte de la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N CORREA, pues desde que se posesion\u00f3 en la casa, su estado cognitivo promovi\u00f3 creerse due\u00f1a del bien, desconociendo que alguna persona tuviera un mejor derecho y, por el contrario, sinti\u00e9ndose con el derecho de actuar como se\u00f1or y due\u00f1o del referido bien\u00bb. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante hizo hincapi\u00e9 en c\u00f3mo est\u00e1n demostrados dentro del plenario los elementos de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva, consagrados en el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil. Al respecto, apuntal\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab1. Se aleg\u00f3 la acci\u00f3n por parte de los demandantes con la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2. Presentaci\u00f3n de la demanda a\u00f1o 2015. <\/p>\n
3. Tiempo transcurrido desde que habitan la casa, m\u00e1s de 10 a\u00f1os. <\/p>\n
4. A\u00f1o establecido por los demandantes desde que entraron a la casa a\u00f1o 2000. <\/p>\n
5. A\u00f1o establecido por el juez de primera instancia a\u00f1o 2000. <\/p>\n
6. A\u00f1o establecido por el Tribunal frente a la se\u00f1ora ORFILIA BLAND\u00d3N, no lo estableci\u00f3. <\/p>\n
7. A\u00f1o establecido por el demandante Julio Cesar Bustamante 2003. <\/p>\n
8. A\u00f1o establecido por el Tribunal frente al se\u00f1or Bustamante 2003. <\/p>\n
9. No existe t\u00edtulo. <\/p>\n
10. Presunci\u00f3n de buena fe. <\/p>\n
11. Entraron de manera pac\u00edfica. <\/p>\n
12. No existe clandestinidad\u00bb. <\/p>\n
2.2.2. La violaci\u00f3n directa aparece cuando se transgreden normas sustanciales a consecuencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados. Consecuente con esto, compete al recriminador \u00abcentrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb5. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando se censure una sentencia por la causal primera, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deber\u00e1 el recurrente demostrar qu\u00e9 textos legales sustanciales resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados. Por ende, y en tanto que se trajeron de presente consideraciones f\u00e1cticas en torno a la existencia o no de la presunci\u00f3n de poseedora, as\u00ed como a la prueba del animus en cabeza de la se\u00f1ora Bland\u00f3n Correa, se observa la mixtura de causales. Yerro que no amerita su admisi\u00f3n a tr\u00e1mite para la ulterior decisi\u00f3n de fondo por la Corte. <\/p>\n
3.- El tercero cargo tambi\u00e9n adolece de vicios de forma, comoquiera que se incurri\u00f3 en entremezclamiento de errores. Ciertamente, se advierte que pese a haber alegado la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial por errores de derecho, lo cierto es que en la demostraci\u00f3n del cargo se reprochan errores de hecho. Y es que, de entrada, los casacionistas aseveran que el ad quem pretermiti\u00f3 ciertos medios de prueba documentales, tales como los impuestos prediales, las facturas de arreglos, el giro \u00abrecibido por Orfilia Blandon (empresa Moneygram) con fecha del 21 de diciembre de 2000, donde aparece la direcci\u00f3n diagonal 4 No 71D-45 tel\u00e9fono 2908705\u00bb y la respuesta \u00abde registradur\u00eda a derecho de petici\u00f3n donde corrobora que al momento de solicitar la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda (Diciembre 11 de 2001) Tatiana Vergara registr\u00f3 en la tarjeta de preparaci\u00f3n de dicho documento la direcci\u00f3n de residencia diagonal 4No 71D-45 con tel\u00e9fono 2909705\u00bb. <\/p>\n
Y contin\u00faan incurriendo en la mentada falencia cuando sostienen que el \u00abyerro \u201cin judicando\u201d se encuentra en la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas documentales (prediales, factura de arreglos y transferencia de dinero), pues las mismas no fueron tenidas en cuenta por parte del H Tribunal, ya que dentro de sus consideraciones para revocar el fallo de primera instancia no pronunci\u00f3 nada al respecto, dejando de tener una valoraci\u00f3n en conjunto para tomar una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y si bien m\u00e1s adelante s\u00ed elevan cr\u00edticas relativas a verdaderos errores iure in iudicando, al sostener que los medios suasorios no fueron apreciados en conjunto, la realidad es que los reproches por pretermisi\u00f3n de la prueba resultan verdaderos yerros f\u00e1cticos. A voces de la Corte, el error de hecho tiene lugar en los eventos que \u00abel fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa\u00bb (CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017). De manera que la argumentaci\u00f3n de los censores refleja una mixtura que va en contrav\u00eda de los principios de independencia y autonom\u00eda que se imponen respecto de las dos clases de yerros establecidos en la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, el cargo habr\u00e1 de ser inadmitido. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, INADMITE la demanda presentada por el se\u00f1or Marlies Tatiana Vergara Bland\u00f3n, Julio C\u00e9sar Bustamante Fern\u00e1ndez y Jeanney Alejandra Le\u00f3n Burbano -sucesora procesal de Orfilia Bland\u00f3n Correa- contra la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de pertenencia que instauraron los recurrentes contra Claudia Luzney Arias Rodr\u00edguez y Reynaldo Perdomo Zambrano. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Impedida) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 155 del PDF \u00abCUADERNO NO. 1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 289 del PDF \u00abCUADERNO NO. 1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 403 del PDF \u00abCUADERNO NO. 1\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Las normas sustanciales son aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2019, sin que, por ende, ostenten tal car\u00e1cter las disposiciones materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o enumerativas, o los interpretativas, o las procesales\u00bb (CSJ, AC280-2021). <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. n\u00b0 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. n\u00b0 2000-00896-01. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC765-2023 (2015-01095-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC765-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2015-01095-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72872","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72872\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}