AC766-2023 (2017-00475-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC766-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-044-2017-00475-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Julio Roberto Ruiz Medina dice sustentar el recurso de casaci\u00f3n que formularon contra la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de pertenencia promovido por el recurrente contra Luis Evelio Mayorga Avellaneda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
2.- Causa petendi <\/p>\n
Adujo que adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble mediante contrato de compraventa celebrado con el se\u00f1or Carlos Tocua Simbaqueva, a trav\u00e9s de documento \u00abfirmado entre ellos y adem\u00e1s, en las sentencias de primera y segunda instancia, que fueran proferidas por el Juzgado 22 Penal Municipal de Conocimiento y Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal, respectivamente\u00bb. En ese sentido, declar\u00f3 que ha sido pose\u00eddo el bien de manera p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida. Adem\u00e1s, que lo ha explotado econ\u00f3micamente desde el 22 de febrero del 2004. Indic\u00f3 que ha ejercido su se\u00f1or\u00edo a trav\u00e9s de la siembra \u00abde hortalizas, papa, zanahoria, mora, tomate de \u00e1rbol y pastoreando ganado vacuno, gallinas, conejos, chivos, cabras y un caballo pony\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, inform\u00f3 que el se\u00f1or Carlos Tocua Simbaqueva tuvo posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica y tranquila \u00abdesde finales de los a\u00f1os 90, hasta la fecha en que le vendi\u00f3 la posesi\u00f3n a mi mandante, es decir hasta el a\u00f1o 2004\u00bb. Y, a su turno, indic\u00f3 que quien llev\u00f3 al predio al se\u00f1or Tocua fue \u00abel se\u00f1or HERNANDEZ, desde aproximadamente 1996 o 1997, quien lo convid\u00f3 a sembrar papa, actividad que realizaron hasta inicios del 2000, luego el se\u00f1or TOCUA SIMBAQUEVA, tuvo siembras de papa y pastoreo de ganado vacuno hasta el a\u00f1o 2004, fecha en la que vendi\u00f3 la posesi\u00f3n a mi mandante\u00bb1. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
El demandado, dentro de la oportunidad concedida para tal fin, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso los medios defensivos denominados \u00abCarencia absoluta del derecho para demandar\u00bb; \u00abFalta de presupuestos para que se cumplan las exigencias para la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio\u00bb; \u00abFalta de lapso para usucapir\u00bb; \u00abexcepci\u00f3n de abuso del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb; \u00abinexistencia de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb; \u00abinterrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb; \u00abexcepci\u00f3n de falta de buena fe para pretender la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb y la gen\u00e9rica2. <\/p>\n
Adem\u00e1s, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n en la que pretendi\u00f3 que \u00abse declare la terminaci\u00f3n de la tenencia y posesi\u00f3n de mala fe (viciada) que ostenta el ciudadano demandado JULIO ROBERTO RUIZ MEDINA, tambi\u00e9n mayor de edad, y vecino de BOGOT\u00c1 D.D. sobre inmueble ubicado en la CARRERA 80 no. 137 A37 de Bogot\u00e1\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 que se condene al demandado en reconvenci\u00f3n a restituir el bien y a pagar el valor de los frutos naturales y civiles recibidos3. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con sentencia del 25 de febrero de 2021, por la cual deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n. Por su parte, mediante auto, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso de prescripci\u00f3n extraordinaria por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por el demandado contra el veredicto de primera instancia fue desatado por el Tribunal, con sentencia del 06 de diciembre de 2021. All\u00ed revoc\u00f3 el fallo apelado y, en su lugar, orden\u00f3 al se\u00f1or Ruiz Medina restituir el bien al se\u00f1or Luis Evelio Mayorga y lo conden\u00f3 al pago de frutos civiles en cuant\u00eda de $375.000.000. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por explicar la acci\u00f3n dominical a la luz del C\u00f3digo Civil. Dicho esto, y tras se\u00f1alar los hechos probados dentro del proceso, indic\u00f3 que est\u00e1 acreditado que el se\u00f1or Ru\u00edz es el poseedor material del predio. Ello se concluye de la confesi\u00f3n de aquel en el libelo inicial y en su subsanaci\u00f3n. Tambi\u00e9n de la presunci\u00f3n de veracidad de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda de reconvenci\u00f3n ante su contestaci\u00f3n extempor\u00e1nea. Y, de la ausencia del convocado en reconvenci\u00f3n sin justa causa a la audiencia inicial. De manera que, a juicio del ad quem \u00absi el demandante reconvenido acept\u00f3 ser el poseedor material del predio objeto de la acci\u00f3n dominical, es necesario colegir que se configur\u00f3 la prueba de la posesi\u00f3n, junto con los elementos de la reivindicaci\u00f3n referidos a la identidad entre la cosa pose\u00edda y la que se persigue en reivindicaci\u00f3n, al igual que su singularidad, tambi\u00e9n probada con el dictamen pericial rendido por John Jairo Ardila (archivo 1, cdno. 1, pp. 557a 573)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, consider\u00f3 que las apreciaciones del juez de primera instancia sobre los hechos alegados en la contestaci\u00f3n de la demanda principal fueron insulares, \u00abpues si bien es cierto que en ella se afirm\u00f3 que \u201cnunca el demandante [el se\u00f1or Ru\u00edz] ha tenido la posesi\u00f3n del inmueble objeto de la pertenencia sino una mera tenencia producto de la conducta punible de invasi\u00f3n de tierras\u201d, o que \u201cno ha ejercido una posesi\u00f3n de manera p\u00fablica, pac\u00edfica y tranquila\u201d, no lo es menos que, en forma repetida, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que se trataba de una \u201cposesi\u00f3n viciada\u201d, que el se\u00f1or Ruiz era \u201cinvasor y poseedor de mala fe\u201d y que ejerc\u00eda una \u201cposesi\u00f3n violenta e il\u00edcita\u00bb. De manera que el se\u00f1or Mayorga, a trav\u00e9s de su apoderado, s\u00ed reconoci\u00f3 que su demandante reconvenido era poseedor material. As\u00ed las cosas, hall\u00f3 cumplidos los presupuestos exigidos en los art\u00edculos 940, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En lo tocante a las restituciones mutuas, advirti\u00f3 que, en el caso en concreto, \u00abfue probado, mediante confesi\u00f3n presunta y por efecto establecido en los art\u00edculos 97, 205 y 372, num. 4, del CGP, que el se\u00f1or Ru\u00edz ingres\u00f3 al predio \u201cen forma irregular, violenta y arbitraria\u201d(p. 138), lo que dio lugar, incluso, a un proceso penal por el presunto delito de invasi\u00f3n de tierras que, pese a culminar con sentencia absolutoria \u2013dictada por este Tribunal Superior, en Sala Penal, el 3 de marzo de 2017, que revoc\u00f3 la condenatoria del juzgado 22 penal municipal de Bogot\u00e1 (radicaci\u00f3n No. 2009-00060-01;cdnos. 4 y 5)-, s\u00ed da cuenta de los hechos en cuesti\u00f3n, al margen de su tipicidad\u00bb. La presunci\u00f3n de veracidad de los hechos contenidos en la demanda de reconvenci\u00f3n le autoriz\u00f3 para afirmar al ad quem que el reconvenido es poseedor de mala fe. Por ende, \u00absi debe tenerse por cierto que el se\u00f1or Ruiz ingres\u00f3 al predio con violencia y en forma arbitraria, y si, adem\u00e1s, no lo recibi\u00f3 de su leg\u00edtimo due\u00f1o, las prestaciones mutuas deben gobernarse consider\u00e1ndolo poseedorde mala fe. Luego no tiene derecho a que se le abonen las mejoras \u00fatiles, como tampoco las suntuarias; podr\u00e1, desde luego, llevarse los materiales, siempre que no cause detrimento al bien (CC, art. 966, inc. 4). En cuanto a expensas necesarias, no fueron alegadas \u2013pues la contestaci\u00f3n fue extempor\u00e1nea- ni demostradas\u00bb. Y respecto de los frutos, indic\u00f3 que debe pagarlos todos y no solamente los percibidos, sino los que el due\u00f1o hubiera percibido con mediana diligencia y actividad. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon tres cargos contra la sentencia del Tribunal, que la Corte resumir\u00e1. Y a continuaci\u00f3n, se determinar\u00e1n las razones t\u00e9cnicas que impiden su estudio de fondo y conducen a su inadmisibilidad. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria de lo \u00abnormado en la ley sustancial respecto de reivindicaci\u00f3n del dominio de un bien inmueble, la que es una acci\u00f3n real que confronta al propietario con el poseedor material de la cosa (arts. 946, 948, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil), en virtud de la cual uno y otro se disputan qui\u00e9n tiene mejor derecho a poseerla: si la persona que enarbola el derecho real principal (arts. 740 y 745, C. Civil) o la que se reputa due\u00f1a por los hechos (art. 762, inc. 2\u00b0, ibidem)\u00bb, al revocar el fallo de primera instancia para, en su lugar, ordenar la restituci\u00f3n del inmueble objeto de litigio junto con los frutos civiles. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, asever\u00f3 que en \u00abcontrav\u00eda de lo previsto en los art\u00edculos 97, 205 y 372, n\u00fam. 4\u00b0 -inc. 3\u00ba, de C\u00f3digo General del Proceso, la H. Sala consider\u00f3 que el se\u00f1or LUIS EVELIO MAYORGA AVELLANEDA era el propietario del inmueble cuya reivindicaci\u00f3n solicit\u00f3, como lo evidencian las escrituras p\u00fablicas Nos. 1934 de 12 de abril de 1989 y 6171 de 25 de noviembre de 1983 registradas en el folio de matr\u00edcula No. 50N-215384 y de otro lado, encontr\u00f3 probado que el se\u00f1or JULIO ROBERTO RUIZ MEDINA es el poseedor material de dicho predio pues lo confes\u00f3 – por medio de su entonces apoderado en la demanda de pertenencia (CGP, arts. 77, inc. 3. y 193)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Colegiado apreci\u00f3 en forma insular los hechos de la demanda principal, al pasar por alto que el se\u00f1or Mayorga \u00abno reconoci\u00f3 que JULIO ROBERTO RUIZ MEDINA era poseedor material, sino que manifest\u00f3 que era un mero tenedor o invasor por considerar que ingres\u00f3 al predio de forma violenta, afirmaciones que nunca fueron probadas dentro del proceso\u00bb. Por ende, a su juicio, no se cumplen con los presupuestos exigidos en los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil. Por tanto, no pod\u00eda disponerse la reivindicaci\u00f3n del fundo, pues \u00abel se\u00f1or MAYORGA por medio de su apoderado siempre se sostuvo en la teor\u00eda que mi defendido gozaba simplemente de la tenencia del bien inmueble y nunca lo reconoci\u00f3 como poseedor, es m\u00e1s, nunca se hall\u00f3 prueba fehaciente de la calidad de poseedor de mi defendido\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente a las restituciones mutuas, estim\u00f3 que no proced\u00eda su tasaci\u00f3n en el juicio sub examine, en tanto que estaba plenamente demostrado que el se\u00f1or Julio era poseedor de buena fe. Adem\u00e1s, \u00abno fue probado que el se\u00f1or Ruiz ingres\u00f3 al predio \u00aben forma irregular, violenta y arbitraria\u00bb. En suma, no se dio aplicaci\u00f3n al canon 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que en ning\u00fan momento se prob\u00f3 en debida forma que el se\u00f1or Julio Roberto Ruiz era un ocupante del predio o poseedor, as\u00ed como tampoco se dio cuenta de que lo fuera de mala fe. Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00absiempre se aleg\u00f3 que se configuraron indicios graves en contra de mi defendido y se solicitan se tengan como medios probatorios aun cuando el operador judicial no puede fallar basado \u00fanicamente en indicios\u00bb. De igual forma, asever\u00f3 que \u00abno es prueba suficiente que mi cliente haya manifestado ser el poseedor del bien inmueble, cuando el mismo demandante en reconvenci\u00f3n LUIS EVELIO MAYORGA AVELLANEDA, en interrogatorio de parte manifest\u00f3 no conocer a mi cliente y no reconocerlo como poseedor bajo ninguna circunstancia. Manifest\u00f3 expresamente que mi cliente tiene la mera tenencia, que asimismo no tiene conocimiento de ning\u00fan poseedor y que est\u00e1 en imposibilidad de determinar el poseedor pues solo sabe que llegaron unas personas a ocupar el bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal quinta de casaci\u00f3n, adujo que en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso de pertenencia, \u00abse profiri\u00f3 una providencia con fecha siete (07) de octubre de 2021 con la que se inadmiti\u00f3 el recurso de alzada pero que NO fue notificada en debida forma, conforme al par\u00e1grafo \u00fanico del art. 295 del C.G.P. en concordancia con el art. 9\u00b0 del decreto 806\/2020, cercen\u00e1ndose el derecho de contradicci\u00f3n de mi representado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que al revisar el enlace \u00abde consulta de procesos en la p\u00e1gina de la Rama Judicial en el m\u00f3dulo de JUSTICIA SIGLO XXI no aparece la publicaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n por estado de dicha providencia, impidiendo conocer la salida de la decisi\u00f3n para haber podido impugnarla por los medios establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso. Contrario a ello, en desigualdad de derechos, el auto que admiti\u00f3 el recurso de alzada interpuesto por la contraparte, que data del 06 de octubre de 2021 si aparece notificado en ese m\u00f3dulo y p\u00e1gina virtual, al punto que tuvieron la oportunidad de sustentarlo\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, asever\u00f3 que se transgredieron los derechos fundamentales del demandante, pues desde que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito hasta despu\u00e9s de haber sido inadmitido el recurso, el se\u00f1or Ruiz Medina no cont\u00f3 con defensa t\u00e9cnica o jur\u00eddica. Aleg\u00f3 que tal hecho no fue tenido en cuenta al momento de decretar la terminaci\u00f3n anormal del proceso. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cuando se esgrime la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, contemplada como causal de casaci\u00f3n en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018 de 27 de agosto de 2018, rad. 2015-00704). Ello significa que el censor estar\u00e1 llamado a ajustar sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su juicio, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones que impliquen disentimiento con las apreciaciones f\u00e1cticas del juzgador, pues estas se deber\u00e1n realizar mediante la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
2.- La causal segunda del art\u00edculo 336 del C.G.P. contempla la hip\u00f3tesis de violaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas sustanciales de manera indirecta, como consecuencia de \u00aberror de derecho\u00bb derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por \u00aberror de hecho\u00bb manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba. <\/p>\n
Cuando se aduce \u00aberror de hecho\u00bb, implica inconformidad con la labor investigativa del juzgador en el campo probatorio, y ocurre por una equivocada aplicaci\u00f3n del derecho sustancial o su no aplicaci\u00f3n, por deficiencias en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de la prueba, que a voces de la Corte tiene lugar en los eventos que \u00abel fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa\u00bb (CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017). <\/p>\n
El \u00aberror de derecho\u00bb supone la conformidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida valoraci\u00f3n, por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de esta, error que conduce a la infracci\u00f3n indirecta de normas sustanciales. \u00ab[E]n esta clase de error, diversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeci\u00f3n a la preceptiva legal\u00bb (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, exp.3986). <\/p>\n
3.- Estas causales tienen como caracter\u00edstica principal el quebrantamiento de una \u00abnorma sustancial\u00bb, circunstancia que impone al recurrente indicar con claridad y precisi\u00f3n la disposici\u00f3n de ese linaje que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del gestor, haya sido infringida. <\/p>\n
4.- Se advierte que los cargos formulados no tienen vocaci\u00f3n de admisibilidad, puesto que no satisfacen las exigencias que legal y jurisprudencialmente se imponen para abrirles paso, como seguidamente se expone: <\/p>\n
4.1. El primer embate fue soportado por el censor con sustento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, que refiere a la violaci\u00f3n directa de una norma sustancial. No obstante, el cargo no pas\u00f3 de una enunciaci\u00f3n de las disposiciones -la mayor parte sin el car\u00e1cter de sustanciales-, que supuestamente fueron vulneradas con la sentencia del Tribunal. De manera que el censor se qued\u00f3 a la mitad en la formulaci\u00f3n del reparo. <\/p>\n
En efecto, en ninguna parte del escrito se especific\u00f3 de qu\u00e9 manera fueron violadas las disposiciones enunciadas, as\u00ed como tampoco indic\u00f3 si la vulneraci\u00f3n se dio por indebida o falta de aplicaci\u00f3n o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. De manera que el censor omiti\u00f3 elaborar la labor demostrativa que exige este cargo pues no explic\u00f3 en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desacierto en la labor de subsunci\u00f3n del fallador de segundo grado y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final. Sobre este requisito, ha dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u00ab\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u00bb (subrayas ajenas al texto, CSJ, AC2869-2016, reiterado en AC5035-2017, citada en AC2501-2021). <\/p>\n
Y, en un pronunciamiento posterior, trat\u00e1ndose de los dos primeros motivos de casaci\u00f3n, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) en esa fundamentaci\u00f3n se debe incluir la presentaci\u00f3n de argumentos que se dirijan a demostrar, si de las causales primera y segunda se trata, que el tribunal infringi\u00f3 las normas que el casacionista considera que, siendo sustanciales, fueron o debieron ser las esenciales de la contienda o del agravio que lo mueve a impugnar. (Art\u00edculo 344, par. 1\u00ba, CGP). No puede pues limitarse el censor a indicarlas sin desarrollar una argumentaci\u00f3n hilvanada que exponga la raz\u00f3n de la infracci\u00f3n que alega. (\u2026).\u201d (Resalto intencional, CSJ, AC4671-2019). <\/p>\n
4.2. En cuanto al segundo cargo, se observa la falta de claridad y precisi\u00f3n en la elaboraci\u00f3n del motivo de casaci\u00f3n. Ciertamente, el casacionista omiti\u00f3 especificar bajo cu\u00e1l modalidad invocaba la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial, es decir, si en atenci\u00f3n a un error de hecho o uno de derecho. <\/p>\n
No obstante, de la redacci\u00f3n inicial del reproche, se podr\u00eda advertir que lo cuestionado es la transgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de un error de derecho por desconocimiento de lo previsto en los c\u00e1nones art\u00edculos 97, 205, 206 y 372, n\u00fam. 4\u00b0 -inc. 3\u00ba, de C\u00f3digo General del Proceso. Y es que, en s\u00edntesis, lo que asevera es que el Tribunal valor\u00f3 de \u00abmanera insular\u00bb los hechos alegados en la demanda principal, cuando \u00abel se\u00f1or MAYORGA – a trav\u00e9s de su apoderado \u2013 no reconoci\u00f3 que JULIO ROBERTO RUIZ MEDINA era poseedor material, sino que manifest\u00f3 que era un mero tenedor o invasor por considerar que ingres\u00f3 al predio de forma violenta, afirmaciones que nunca fueron probadas dentro del proceso\u00bb. Adem\u00e1s, critic\u00f3 que se hubiese tenido en cuenta un medio de prueba que fue desechado dentro del proceso, tal como lo fue la contestaci\u00f3n extempor\u00e1nea de la demanda de reconvenci\u00f3n. Al respecto, indic\u00f3 que \u00absi bien el apoderado mencionado, alude que en el l\u00edbelo contestatario existi\u00f3 una supuesta confesi\u00f3n que el se\u00f1or JULIO ROBERTO RUIZ es poseedor, misma que no puede tomarse en cuenta ya que el mismo juzgado de primera instancia la consider\u00f3 extempor\u00e1nea. Situaci\u00f3n que tampoco consider\u00f3 el Honorable Tribunal y tuvo como v\u00e1lidas estas situaciones jur\u00eddicas para fundar su decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, lo cierto es que tambi\u00e9n eleva reparos que se deben esbozar bajo el yerro in iudicando. Ciertamente, en varios apartes critica la suposici\u00f3n de los medios de prueba, pues reiteradamente adujo que \u00abnunca se hall\u00f3 prueba fehaciente de la calidad de poseedor de mi defendido\u00bb, as\u00ed como \u00abno se prob\u00f3 en debida forma, si el se\u00f1or JULIO ROBERTO RUIZ era un ocupante del predio o un poseedor, mucho menos existi\u00f3 prueba valorativa de la calidad espec\u00edfica de poseedor de mala fe\u00bb. Y es que, a su juicio, el demandante \u00abno prob\u00f3 los hechos sobre los cuales fundamento sus pretensiones\u00bb. De manera que la cr\u00edtica se enfila, en \u00faltimas, a que el ad quem dio por probado, no est\u00e1ndolo, que el se\u00f1or Ruiz Medina era poseedor de mala fe. Configurando as\u00ed una suposici\u00f3n de la prueba en torno a la aludida calidad. <\/p>\n
En cuanto a este entremezclamiento de v\u00edas, la Sala ha considerado que tal proceder resulta en la inminente inadmisi\u00f3n del cargo, ante la falta de claridad y precisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. Aunado a ello, es evidente que el reparo del censor no pasa de ser un alegato de instancia, comoquiera que \u00fanicamente manifiesta estar en desacuerdo con la forma en que el Tribunal valor\u00f3 los medios suasorios. <\/p>\n
4.3. Finalmente, en el tercer ataque, el censor asevera que se dict\u00f3 la sentencia en un juicio viciado de nulidad, comoquiera que \u00abse profiri\u00f3 una providencia con fecha siete (07) de octubre de 2021 con la que se inadmiti\u00f3 el recurso de alzada pero que NO fue notificada en debida forma, conforme al par\u00e1grafo \u00fanico del art. 295 del C.G.P. en concordancia con el art. 9\u00b0 del decreto 806\/2020, cercen\u00e1ndose el derecho de contradicci\u00f3n de mi representado\u00bb. Adem\u00e1s de que se present\u00f3 una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del casacionista, habida cuenta de que \u00abJULIO ROBERTO RUIZ MEDINA no contaba con defensa t\u00e9cnica y jur\u00eddica, am\u00e9n de la renuncia falaz de su apoderado, aceptada por el despacho de primera instancia, sin reunir los requisitos del art. 76 del C..G.P, pues mi cliente no fue informado de la renuncia. Hecho que no tuvo en cuenta incluso el A Quo para decretar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Cuando se invoca la causal quinta de casaci\u00f3n es imperativo que el casacionista demuestre que los hechos se subsumen dentro de una de las causales de nulidad taxativamente consagradas por la ley, que tenga el inter\u00e9s para alegar el vicio denunciado y que este no haya sido convalidado. Esto en tanto que \u00fanicamente logran romper la providencia denunciada las inconsistencias determinadas e insuperables que deban ser regularizadas en sede extraordinaria de casaci\u00f3n. Al respecto, se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
Se observa que la argumentaci\u00f3n del censor se dirige a criticar la presunta falta de notificaci\u00f3n de una providencia diferente al auto admisorio de la demanda. Pese a que la irregularidad podr\u00eda enmarcarse en la descrita en el inciso segundo del numeral octavo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que, en el caso en concreto, aquella se sane\u00f3. Esto pues el demandante actu\u00f3 con posterioridad a la presunta incursi\u00f3n de la nulidad sin proponerla. De la revisi\u00f3n de las piezas procesales se observa la siguiente: <\/p>\n
4.3.1. El 25 de febrero del 2021, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 auto, que orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso de pertenencia incoado por Julio Roberto Ruiz -por desistimiento t\u00e1cito4-. <\/p>\n
4.3.2. Inconforme, el apoderado del demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, concedido en el efecto suspensivo. La alzada fue \u00absustentada\u00bb por escrito el 2 de marzo del 20215, en documento presentado por la abogada Mar\u00eda Patricia Gil Corredor6. <\/p>\n
4.3.3. El expediente digital fue remitido el 19 de abril siguiente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para que resolviera el recurso vertical propuesto contra el aludido auto7. <\/p>\n
4.3.4. El 7 de octubre del 2021, el superior funcional dict\u00f3 providencia con la cual \u00abinadmite el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 25 de febrero del 2021\u00bb. <\/p>\n
4.3.5. Sin embargo, se advierte que la aludida nulidad no se configur\u00f3. Ello en tanto que la providencia s\u00ed fue notificada por estado E-178 del 08 de octubre del 2021, tal como se observa en el archivo \u00abE-178 OCTUBRE 8 DE 2021\u00bb. Notificaci\u00f3n efectuada por la Secretar\u00eda del Cuerpo Colegiado, de acuerdo con los art\u00edculos 295 del vigente estatuto procesal civil y 9\u00b0 del Decreto Legislativo 806 del rese\u00f1ado a\u00f1o8. <\/p>\n
En todo caso, la presunta irregularidad no fue puesta en conocimiento del Despacho, a trav\u00e9s de la solicitud de nulidad, tal como se advierte en la p\u00e1gina de \u00abconsulta de procesos\u00bb. Por el contrario, la siguiente actuaci\u00f3n fue una petici\u00f3n de copias del apoderado del demandado y, ante la falta de pronunciamiento de las partes, el 11 de noviembre siguiente se efectu\u00f3 la devoluci\u00f3n al juzgado de origen mediante oficio 31519. Por su parte, la siguiente actuaci\u00f3n del interesado correspondi\u00f3 al \u00abmemorial descorre traslado del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante en reconvenci\u00f3n (\u2026)\u00bb, presentado el 28 de octubre del 2021. De manera que no se cumple con los requisitos del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, para la admisi\u00f3n del cargo, comoquiera que \u00abno podr\u00e1 alegar la nulidad\u2026quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb. En otras palabras, la supuesta falencia -en caso de haberse presentado- se sane\u00f3. <\/p>\n
Frente a la presunta nulidad por falta de defensa t\u00e9cnica, se advierte que tal reproche no se circunscribe a ninguna de las anormalidades procesales que ameritan la anulaci\u00f3n de lo actuado. As\u00ed mismo, la queja tampoco se ci\u00f1e a la causal de nulidad consagrada en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que de manera concreta dispone que ser\u00e1 \u00abnula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, no es posible derivar de la argumentaci\u00f3n esgrimida el cumplimiento de los requisitos que impone la invocaci\u00f3n de la causal quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. INADMITIR la demanda presentada tendiente a sustentar la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 186\u2014190 del PDF \u201c01DemandaAnexo\u201d. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 426\u2014446 del PDF \u201c01DemandaAnexo\u201d. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 137\u2014146 del PDF \u201cDemandaReconvencion\u201d. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00ab09ActaAudiencia\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 PDF \u00ab17ContanciaRecibido2\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 PDF \u00ab16PoderSustentacionRecurso\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 PDF \u00ab23ConstanciaEnvioTribunal\u00bb. <\/p>\n