AC771-2023 (2013-00320-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC771-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-10-004-2013-00320-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual H\u00e9ctor Alfonso Rativa pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 07 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho que instaur\u00f3 la se\u00f1ora Leonilde Puentes Forero contra el recurrente. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Leonilde Puentes Forero pretendi\u00f3 que entre ella y el se\u00f1or H\u00e9ctor Alfonso Rativa existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 6 de julio de 1996 hasta el 13 de noviembre del 2012. En consecuencia, pidi\u00f3 que se declare la existencia de la correspondiente sociedad patrimonial y se le tenga en estado de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1.- Afirm\u00f3 la actora que conoci\u00f3 al demandado en una reuni\u00f3n familiar celebrada en 1986. Asever\u00f3 que, desde ese instante, mantuvieron una amistad continua que, a la postre, culmin\u00f3 en una relaci\u00f3n sentimental. <\/p>\n
2.2.- Tal lazo fue formalizado por la pareja desde el 6 de julio de 1996, y perdur\u00f3 hasta el 13 de noviembre del 2012, \u00abtiempo durante el cual los compa\u00f1eros permanentes hicieron vida en com\u00fan, de forma singular y permanente como marido y mujer sin ser casados entre s\u00ed, radic\u00e1ndose en la Ciudad de Cajamarca (Tolima)\u00bb. Indic\u00f3 que trabajaron juntos en la Estaci\u00f3n de Servicio y Almac\u00e9n de Repuestos \u00abla Colina\u00bb, \u00abdonde desarrollaba labores de Administradora, Vendedora, Celadora y en las que fuera necesario trabajar, aunadas a las de ama de casa (Arreglo de ropa, Alimentos, Aseo, etc.) en la vivienda conyugal\u00bb. Afirm\u00f3 que, durante la convivencia conyugal, viajaron juntos, constituyeron sociedades e incluso contrataron un seguro de vida. <\/p>\n
2.3.- Con el curso de los a\u00f1os, la relaci\u00f3n fue desmejorando \u00abal extremo que el Demandado comenz\u00f3 a agredirla f\u00edsica y sicol\u00f3gicamente\u00bb, situaci\u00f3n que condujo a la terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n el 13 de noviembre del 2012. <\/p>\n
2.4.- Asever\u00f3 que el demandado reconoci\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho en varios instrumentos p\u00fablicos. Y que, adem\u00e1s, en su vigencia adquirieron distintos muebles e inmuebles. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, la pasiva propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abFalta de los requisitos esenciales tales como permanencia, ininterrupci\u00f3n y singularidad para conformar la pretendida uni\u00f3n marital de hecho entre Leonilde Puentes Forero y H\u00e9ctor Alfonso Rativa\u00bb; \u00abconcurrencia o pluralidad de relaciones o existencia de relaciones paralelas\u00bb y \u00abPrescripci\u00f3n de las acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y m\u00e1s exactamente entre Leonilde Puentes Forero y H\u00e9ctor Alfonso Rativa en el incre\u00edble evento en que se llegase a demostrar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho por haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o (exactamente 5 a\u00f1os) desde que H\u00e9ctor Alfonso Rativa conform\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho con persona distinta de la demandante en este caso la se\u00f1ora Elizabeth Mendieta Velasco la cual fue declarada judicialmente entre junio 13 del 2009 y marzo 27 de 2014\u00bb1. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9, el cual dict\u00f3 sentencia del 03 de julio de 2020, en la que declar\u00f3 que entre los se\u00f1ores Leonilde Puentes Forero y H\u00e9ctor Alfonso Rativa existi\u00f3 una uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes durante el lapso comprendido entre el 6 de julio de 1996 y el 13 de noviembre de 2012. A su turno, declar\u00f3 que entre los citados se conform\u00f3 una sociedad patrimonial durante el 23 de septiembre de 2000 y el 13 de noviembre de 2012. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada fue desatado por el Tribunal -con sentencia del 7 de diciembre de 2020-. All\u00ed, confirm\u00f3 el prove\u00eddo impugnado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por explicar que, contrario a lo arg\u00fcido por el recurrente, no es indispensable el registro de la escritura p\u00fablica que conten\u00eda la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada entre la demandante y William Alfonso Su\u00e1rez Forero a efectos de determinar el momento en que se conform\u00f3 la sociedad patrimonial entre los litigantes. Tra\u00eddos de presente varios pronunciamientos de la doctrina, estim\u00f3 que basta probar la efectiva disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior sin la formalidad del registro previsto en los art\u00edculos 106 y 107 del Estatuto del Registro Civil de las Personas, para que de ella se desgajen los efectos jur\u00eddicos correspondientes. Adem\u00e1s, record\u00f3 que \u00abpara desencadenar los efectos patrimoniales a los que hace alusi\u00f3n la ley 54 de 1990, es necesario que los compa\u00f1eros permanentes, o uno de ellos seg\u00fan el caso, haya disuelto su sociedad conyugal y nada m\u00e1s, sin que sea menester el registro de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico\u00bb. <\/p>\n
Frente al segundo reparo, seg\u00fan el cual \u00abal no haberse registrado la escritura 2314 del 23 de septiembre de 2000 de la Notar\u00eda 2 de Soacha\u00bb, no hay prueba del efecto de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal que exist\u00eda en el matrimonio Puentes \u2013 Su\u00e1rez, asever\u00f3 que tal acto no est\u00e1 prescrito como de aquellos que deben ser registrados. Por tanto, \u00abno podr\u00eda exig\u00edrsele a la demandante el cumplimiento de una carga que no est\u00e1 prevista en la ley, m\u00e1s a\u00fan, si en la cuenta se tiene (\u2026) que tal acto tuvo sus efectos a partir del momento en que se elev\u00f3 por los c\u00f3nyuges la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto al alegado falso juicio de identidad en torno a los requisitos de voluntad para conformar la uni\u00f3n marital de hecho -en tanto el inter\u00e9s de las partes era \u00fanicamente comercial- y el de singularidad en la relaci\u00f3n -pues durante la \u00e9poca alegada tuvo una relaci\u00f3n de noviazgo con Elizabeth Mendieta-, dijo lo que sigue: <\/p>\n
Respecto del primero de los se\u00f1alados, estim\u00f3 que de las pruebas logra desprenderse sin asomo de duda que el requisito se encuentra materializado. De tal situaci\u00f3n dan cuenta las escrituras p\u00fablicas 1428 del 30 de agosto de 2004 de la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9 y 64 del 22 de marzo de 2013 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Cajamarca \u00abpara vislumbrar como tanto demandante como demandado exteriorizan su voluntad de conformar un v\u00ednculo familiar, al manifestarse por H\u00e9ctor Rativa en el primero de los instrumentos p\u00fablicos bajo la gravedad de juramento \u201cser de estado civil soltero con uni\u00f3n libre, con la se\u00f1ora Leonilde Puentes Forero\u201d y la demandante en la segunda de las escrituras p\u00fablicas indicar que ser \u201cde estado civil soltera con uni\u00f3n marital de hecho (\u2026) en su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del otorgante\u201d, es decir, de H\u00e9ctor Alfonso Rativa, quien en dicho instrumento manifest\u00f3 tambi\u00e9n ser \u201cde estado civil soltero con uni\u00f3n marital de hecho superior a dos a\u00f1os\u201d\u00bb. Asever\u00f3 que tales manifestaciones no pueden ser desdibujadas por ning\u00fan testimonio en tanto que \u00ablo consignado en los instrumentos p\u00fablicos obrantes en el expediente dan fe de la convicci\u00f3n que en su momento ten\u00edan tanto Leonilde Puentes Forero como H\u00e9ctor Alfonso Rativa de conformar un v\u00ednculo familiar\u00bb. <\/p>\n
Sobre el segundo presupuesto, la singularidad, evidenci\u00f3 que la prueba del noviazgo Rativa-Mendieta proviene del dicho de Elcy Janeth Rativa Villada, hija del demandado. Se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, la testigo no hizo ninguna precisi\u00f3n sobre el momento en que la relaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n, \u00abindic\u00e1ndose adem\u00e1s por la testigo que a pesar de tal circunstancia la relaci\u00f3n sigui\u00f3 en firme al considerar la demandante en ese momento que tal situaci\u00f3n no revest\u00eda importancia, continuando con la relaci\u00f3n de convivencia que ten\u00eda con el demandado\u00bb. Tal circunstancia, a juicio de la Sala, no desmedra el requisito de singularidad de la uni\u00f3n marital de hecho. As\u00ed lo consider\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil en SC3466-2020. A su turno, frente a las declaraciones de Jos\u00e9 Ferney G\u00f3ngora Piedrahita, Juli\u00e1n Uribe V\u00e9lez, Jos\u00e9 Evelio Palma P\u00e9rez y Mar\u00eda Su\u00e1rez Puentes, record\u00f3 que las pruebas deben valorarse en conjunto. De all\u00ed que \u00abno se pueda realizar una valoraci\u00f3n aislada de aquellos testimonios que soportan su tesis, sino que debe, como lo exige la norma, descenderse en la totalidad de las pruebas recaudadas por el Juzgado de Primera instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, trajo de presente los interrogatorios de parte rendidos por la se\u00f1ora Puentes Forero y por el se\u00f1or Rativa; las declaraciones de Roberto Ocampo Vanegas, Jos\u00e9 Noel Echeverry, Gerson Luis Villalba Ram\u00edrez, Elcy Janeth Rativa Villada, Juli\u00e1n Uribe V\u00e9lez, Jos\u00e9 Evelio Palma P\u00e9rez, Jos\u00e9 Ferney G\u00f3ngora Piedrahita, Myriam Uribe Sierra, Ana Rosa Alonso Pe\u00f1a, Jorge Emilio Parra Arias, Sandra Mar\u00eda Puentes; y, las documentales -fotograf\u00edas y escrituras p\u00fablicas-. De la apreciaci\u00f3n conjunta de tales medios suasorios, determin\u00f3 que \u00ablo afirmado por Juli\u00e1n Uribe V\u00e9lez y Jos\u00e9 Evelio Palma P\u00e9rez no puede ser de total recibo por la Corporaci\u00f3n por carecer sus relatos de circunstancias que hubieren permitido conocer el entorno en que se desenvolv\u00eda H\u00e9ctor Alfonso Rativa, pues v\u00e9ase que a diferencia de los restantes testimonios para soportar su dicho atendieron a relaciones de amistad, a vinculaci\u00f3n de naturaleza laboral, comercial e inclusive familiar para comenzar a desarrollar su relato, siendo un\u00edvocos al referir que no conoc\u00edan a Elizabeth Mendieta o en el evento de aquellos que s\u00ed lo hac\u00edan, como fue se\u00f1alado por Elcy Janeth Rativa Villada, Mar\u00eda Su\u00e1rez Puentes e inclusive, Jos\u00e9 Ferney G\u00f3ngora Piedrahita; a quien refiere el recurrente en su escrito para soportar su tesis, la distingu\u00edan como la persona que hac\u00eda el aseo en la bodega de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
A su turno, de aquellas pruebas tambi\u00e9n desprendi\u00f3 la acreditaci\u00f3n de la existencia de la uni\u00f3n entre el a\u00f1o 2009 y 2012; en especial por el testimonio de Elcy Janeth Rativa Villada, Mar\u00eda Su\u00e1rez Puentes, el mismo dicho del demandado y la escritura p\u00fablica 064 del 22 de marzo del 2013. Por otra parte, asever\u00f3 que las inconsistencias entre lo manifestado en el referido instrumento notarial y la demanda \u00abno impide tener como prueba los mencionados documentos, ya que el estatuto adjetivo civil ha fijado el alcance probatorio de esta clase de pruebas se\u00f1alando puntualmente en su art\u00edculo 257 que los documentos p\u00fablicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, estableciendo adem\u00e1s que, las declaraciones que hagan los interesados en escritura p\u00fablica tendr\u00e1n entre otros y sus causahabientes el alcance probatorio se\u00f1alado en la ley\u00bb. Ello, sin perjuicio de que su contenido pueda ser contrastado con las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente, como lo son los citados testimonios. <\/p>\n
Respecto de la presunta inconsonancia en la que supuestamente incurri\u00f3 el a quo (por fijar una fecha de inicio de la relaci\u00f3n distinta a la aducida en la demanda), el Tribunal apuntal\u00f3 que \u00abno existe incongruencia alguna (\u2026) toda vez que la determinaci\u00f3n de declarar la existencia de la sociedad patrimonial a partir del 23 de septiembre de 2000, y no desde el momento en que solicit\u00f3 la demandante en su escrito inicial, obedeci\u00f3 a que Leonilde Puentes Forero con anterioridad ten\u00eda vigente sociedad conyugal con William Alfonso Su\u00e1rez Forero la cual fue disuelta de com\u00fan acuerdo mediante instrumento p\u00fablico 2314 del 23 de septiembre de 2000, como pudo constatarse por esta Colegiatura en virtud a la prueba de oficio decretada mediante auto del 19 de octubre de esta anualidad, circunstancia que permiti\u00f3 constituir una nueva sociedad universal de bienes desde aquel momento\u00bb. De manera que la providencia de primera instancia se encuentra en armon\u00eda con lo demostrado en el proceso. <\/p>\n
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II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda se formularon cuatro cargos, de los cuales ser\u00e1 inadmitido el primero por no cumplir con los requisitos de forma exigidos por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso para su estudio de fondo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia proferida por el juez de segunda instancia por haber violado indirectamente el inciso primero del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por falta de aplicaci\u00f3n y el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990 por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el ad quem mutil\u00f3 o cercen\u00f3 los testimonios de Juli\u00e1n Uribe V\u00e9lez y Jos\u00e9 Evelio Palma P\u00e9rez, as\u00ed como tergivers\u00f3 lo manifestado por H\u00e9ctor Alfonso Rativa en la escritura p\u00fablica 064 del 22 de marzo del 2013 de la Notar\u00eda \u00danica de Cajamarca. Indic\u00f3 que los testigos s\u00ed fueron responsivos. Fuera de narrar en forma circunstanciada los hechos de la uni\u00f3n marital sostenida con Elizabeth Mendieta Velasco, \u00abtuvieron conocimiento de los mismos, precisamente, por cuanto vivieron y compartieron, cada uno en lo suyo, el diario existir de sus protagonistas\u00bb. Por ende, acusa al Tribunal de haberles restado m\u00e9rito demostrativo por el solo hecho de que adujeron una \u00abconvivencia diferente a la del demandado con LEONILDE PUENTES, considerando que carec\u00edan sus relatos de circunstancias que hubieran permitido conocer el entorno en que se desenvolv\u00eda H\u00e9ctor Alfonso Rativa, siendo que tal apreciaci\u00f3n no es cierta\u00bb. Respecto de la ubicaci\u00f3n espacial de los testigos -quienes se encontraban en Picale\u00f1a (Ibagu\u00e9) mientras que los compa\u00f1eros resid\u00edan en Cajamarca-, precis\u00f3 que \u00abson dos perspectivas diferentes que no pueden llevarse al punto de desechar una y fundamentar la sentencia en la otra, sino en analizarlas conjuntamente para determinar si la una excluye a la otra o si pueden subsistir simult\u00e1neamente al punto de considerarse convivencias paralelas\u00bb. <\/p>\n
Adujo, adem\u00e1s, que se tergiversaron las declaraciones del se\u00f1or Rativa, vertidas en la escritura p\u00fablica 064 del 22 de marzo del 2013. A su juicio, no dice \u00abpor parte alguna que su uni\u00f3n marital de hecho contin\u00fae vigente. Por el contrario, el se\u00f1or HECTOR ALFONSO RATIVA, est\u00e1 dando cuenta ese 22 de Marzo de 2013, fecha de otorgamiento de la escritura, que ahora tiene una nueva uni\u00f3n marital de hecho superior a dos a\u00f1os. \u00bfCon qui\u00e9n? No lo dice, pero el resto del acervo probatorio se\u00f1ala a ELIZABETH MENDIETA VELASCO\u00bb. <\/p>\n
Apuntal\u00f3 que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, \u00absin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, debiendo el Juez exponer siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. En tal sentido, indic\u00f3 que no se tuvieron en cuenta las referidas pruebas testimoniales. De all\u00ed que \u00abel error del Tribunal que desvirt\u00faa la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de su sentencia, pues debieron contemplarse todas las pruebas en conjunto y sobre todas las situaciones que en el proceso se planteaban. Si ese examen conjunto de las pruebas arrojaba varias hip\u00f3tesis plausibles debieron confrontarse, atendiendo las reglas de la sana cr\u00edtica, pues el error se proyectaba sobre la parte resolutiva de la sentencia, convirti\u00e9ndole en adem\u00e1s de MANIFIESTO, TRASCENDENTE\u00bb. <\/p>\n
Tras traer de presente varios medios de prueba -testimonios e, incluso, la demanda-, not\u00f3 \u00abque la aparici\u00f3n en el escenario de ELIZABETH MENDIETA VELASCO, no puede ser concebida como un simple acto de infidelidad o relaci\u00f3n pasajera, sino como una convivencia descrita en la demanda como de LECHO Y TECHO desde antes del 13 de Noviembre de 2012, fecha se\u00f1alada por la demandante como de disoluci\u00f3n de su uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. Asever\u00f3 que las relaciones de H\u00e9ctor Rativa con Elizabeth Mendieta y Leonilde Puentes aparecen paralelas desde una fecha indeterminada del 2009. Hizo hincapi\u00e9 en que \u00abninguno de los testigos puede dar cuenta de una relaci\u00f3n permanente con una u otra compa\u00f1era, porque no estaban pendientes de la relaci\u00f3n las veinticuatro horas de un d\u00eda para saber exactamente lo que acaec\u00eda. Bien pod\u00eda el Se\u00f1or RATIVA, mantener una convivencia de techo y lecho con LEONILDE PUENTES FORERO mientras estaba en Cajamarca, pero igualmente mantenerla con ELIZABETH MENDIETA VELASCO, en Picale\u00f1a, Ibagu\u00e9, sin que la una se percatara de la otra, porque el demandado ten\u00eda la oportunidad de hacerlo por sus constantes traslados entre CAJAMARCA, IBAGU\u00c9, BOGOT\u00c1, mencionados por su hija ELCY JANETH RATIVA\u00bb. A su turno, estim\u00f3 que ni las fotograf\u00edas ni los viajes de las partes desvirtuaban la relaci\u00f3n paralela. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
El censor acus\u00f3 la providencia de segunda instancia bajo la causal primera de casaci\u00f3n, por haber violado directamente los art\u00edculos 5o, 72 y 107 del Decreto 1260 de 1970 e inciso tercero del numeral 5 del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. Asegur\u00f3 que el ad quem \u00abobvi[\u00f3] tener en cuenta la inescindible interconexi\u00f3n que existe entre la disoluci\u00f3n de una sociedad conyugal por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges capaces, elevado a escritura p\u00fablica y su registro\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la separaci\u00f3n de bienes se encuentra regulada en el Decreto 1260 de 1970 como un acto al que se le impone la carga de su registro, \u00abcomo requisitos de publicidad, posterior a la separaci\u00f3n, exigidos por ley con el fin de que produzca efectos frente a terceros\u00bb; separaci\u00f3n que se puede formalizar por el mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges elevado a escritura p\u00fablica. En ese orden de ideas, \u00abal se\u00f1alar el Tribunal que el legislador no ha previsto entre los actos que necesitan ser registrados para que surtan efectos ante terceros, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, incurre en el error de no incluir en la premisa mayor de su razonamiento los art\u00edculos 5\u00ba y 72 del Decreto 1260 de 1970, porque dentro de los actos objeto de registro que contemplan dichas normas se encuentran en forma expresa los actos de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal como la separaci\u00f3n de bienes, independientemente que proviniese de una declaraci\u00f3n judicial o de mutuo acuerdo de las partes, s\u00f3lo que para el a\u00f1o en que se expidi\u00f3 el Decreto 1260 de 1970 todav\u00eda el legislador no contemplaba la separaci\u00f3n de bienes por tr\u00e1mite notarial que vino a aparecer con la ley 1\u00aa de 1976\u00bb. As\u00ed las cosas, al omitir el requisito de publicidad exigido por el legislador para que produzca efectos el acto de disoluci\u00f3n frente a terceros, \u00abcarece de fundamento la rebeld\u00eda del Tribunal al no aplicar las normas que consideramos en este cargo dej\u00f3 de aplicar, apoyando su proceder en un argumento de existencia y no de eficacia del acto, sobre todo atendiendo el hecho de ser la inoponibilidad una figura que opera por ministerio de la ley\u00bb. <\/p>\n
Considera que al sostener el Tribunal que \u00abal disolverse la primera sociedad conyugal derivada del matrimonio nace inmediatamente la que se presume en una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, vulner\u00f3 lo preceptuado en el inciso tercero del numeral 5 del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, para ser oponible a terceros, la escritura de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal deber\u00e1 registrarse conforme a la ley. Y es que, a su juicio, \u00abla disoluci\u00f3n de una sociedad conyugal debe cumplir con una serie de requisitos de existencia, validez, oponibilidad y efectividad como todo acto jur\u00eddico como fuente de obligaciones\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explor\u00f3 la pregunta de qui\u00e9n debe considerarse tercero. Tras traer consideraciones de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, explic\u00f3 que, en el presente asunto, el se\u00f1or Rativa es un absoluto extra\u00f1o frente a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal existente entre Leonilde Puentes y William Su\u00e1rez. Bajo tales presupuestos, \u00abal no aparecer registrado el acto de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal de los esposos PUENTES- SUAREZ, en el registro civil competente y correspondiente; siendo el se\u00f1or HECTOR ALFONSO RATIVA un tercero a dicho acto, debi\u00f3 aplicarse lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba, 107 del Decreto 1260 de 1970 y el inciso tercero del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, considerando que el acto de disoluci\u00f3n no tiene efecto alguno frente a personas como el Se\u00f1or demandado HECTOR ALFONSO RATIVA, si no se encuentra registrado. Le es inoponible\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que debe escudri\u00f1arse por el momento exacto en que tuvo conocimiento del mencionado acto jur\u00eddico, \u00abpues solo desde ah\u00ed nace su inter\u00e9s jur\u00eddico y por ende su legitimaci\u00f3n para oponerse a que sea considerado como acto trascendente al momento de considerar el nacimiento de una sociedad patrimonial con la se\u00f1ora LEONILDE PUENTES FORERO\u00bb. No obstante, las pruebas obrantes en el plenario \u00abno arrojan un punto de referencia diferente al de la notificaci\u00f3n de la demanda de declaratoria, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, promovida por LEONILDE PUENTES FORERO, como el neur\u00e1lgico del conocimiento de la mentada disoluci\u00f3n\u00bb. Por ende, el se\u00f1or Rativa no se enter\u00f3 de tal acuerdo de voluntades sino hasta el momento en que contest\u00f3 la demanda en el proceso de marras. Un conocimiento que, adem\u00e1s, \u00abes precario, porque con la demanda no se aporta dicha escritura\u00bb. En ese orden, si la escritura 2314 del 23 de septiembre del 2000 de la Notar\u00eda Segunda de Soacha no se registr\u00f3 y solo fue incorporada al plenario hasta el 23 de octubre de 2020, \u00abno puede considerarse que la presunta disoluci\u00f3n de sociedad conyugal contenida en esa escritura pueda enrostrarse al Se\u00f1or HECTOR ALFONSO RATIVA, dentro del proceso que nos ocupa; lo cual, reiteramos, no conlleva la inexistencia del acto, sino su inoponibilidad del demandado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, si se hubieran aplicado las normas sustanciales inobservadas, \u00abla premisa mayor de su razonamiento partir\u00eda de la imposibilidad de sustentar la sentencia en la escritura p\u00fablica 2314 del 23 de septiembre de 2000 de la Notar\u00eda Segunda de Soacha \u2013 Cundinamarca, debiendo considerar como \u00fanico acto oponible al se\u00f1or demandado H\u00c9CTOR ALFONSO RATIVA, la escritura 416 del 27 de Febrero de 2009 de la Notar\u00eda 19 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, incorporada por el mismo demandado al expediente y mediante la cual los esposos PUENTES-SU\u00c1REZ, disuelven su v\u00ednculo matrimonial; cesando los efectos civiles de su matrimonio cat\u00f3lico. Esta si oponible a mi poderdante porque fue registrada en el 2009\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, sostuvo que se viol\u00f3 indirectamente el art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990 al tener por demostrada la sociedad patrimonial, con el desconocimiento \u00abde aquellas normas adjetivas que permiten evidenciar el hecho antecedente de la presunci\u00f3n, como lo son el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, el art\u00edculo 106 del Decreto 1260 de 1970 y los art\u00edculos 167, 168, 169, 170 y 171 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, acorde con el literal b) del art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990, existen ciertos hechos que sirven de antecedentes a la presunci\u00f3n de la existencia de la sociedad patrimonial, a saber: a) Que entre los compa\u00f1eros exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os; b) Que exista un impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes; c) Que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas; d) Que esa disoluci\u00f3n se haya producido antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. Pese a lo anterior, el ad quem omiti\u00f3 este \u00faltimo hecho, \u00abpues a una uni\u00f3n marital de hecho que considera en la Sentencia objeto de casaci\u00f3n haberse iniciado el 6 de Julio de 1996, con lo que aparecer\u00eda en su razonamiento el primer hecho, sumado al incontrovertible hecho de existir impedimento legal de LEONILDE PUENTES FORERO, por encontrarse casada con WILLIAM ALFONSO SU\u00c1REZ FORERO, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal de \u00e9stos aparece despu\u00e9s y no antes del inicio de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que el Tribunal tambi\u00e9n desconoci\u00f3 normas probatorias respecto de la prueba de la existencia de la presunta disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal Puentes-Su\u00e1rez, al otorgar valor a la escritura p\u00fablica n\u00fam. 2314 del 23 de septiembre del 2000, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Soacha. Y es que, con tal proceder, se hizo \u00abcaso omiso a las normas sobre petici\u00f3n y carga de la prueba, oportunidad para incorporar la prueba y valor probatorio de la misma, consagrado este \u00faltimo en forma expresa por el legislador\u00bb. Pese a que la carga de la prueba sobre estos hechos estaba en cabeza de la demandante, \u00abel Tribunal decreta la prueba de manera oficiosa, generando una desigualdad de las partes a nivel procesal y hasta afectando la imparcialidad del funcionario judicial, porque se ayuda a cubrir a la parte demandante sus errores procesales allegando pruebas que el mismo debi\u00f3 solicitar y aportar en la oportunidad procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, argument\u00f3 que el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso permite que en la sentencia se tengan en cuenta hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial siempre que estos hubieran ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezcan probados y que hayan sido alegados por la parte interesada. Sin embargo, \u00aben este asunto, la escritura p\u00fablica 2314 del 23 de septiembre de 2000 de la Notar\u00eda Segunda de Soacha \u2013 Cundinamarca, no contiene un acto ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, la parte demandante ni tan siquiera aleg\u00f3 su existencia en los alegatos de conclusi\u00f3n, pues su oposici\u00f3n a existir el impedimento legal para contraer matrimonio siempre se limit\u00f3 a los efectos disolutivos de una separaci\u00f3n de cuerpos de hecho prolongada entre PUENTES- SU\u00c1REZ y nunca adujo ni aport\u00f3 la citada escritura como fundamento de su pretensi\u00f3n de declararse la existencia de la SOCIEDAD PATRIMONIAL PUENTES- RATIVA\u00bb. A su turno, la posibilidad de que los jueces de familia fallen extra petita \u00abes un asunto que no contemplaba el art\u00edculo 305 del C. de P. C., norma vigente cuando se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia. En la normatividad procesal de entonces, tan solo se contemplaba el fallar m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido en los procesos de alimentos. Adicionalmente, esa facultad otorgada al Juez en el C\u00f3digo General del Proceso, no es \u00f3bice para que el funcionario judicial desconozca los l\u00edmites de las pruebas de oficio y resulte generando una desigualdad en el seno del proceso al corregir las actuaciones de una de las partes procesales\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en cualquier caso, la mentada escritura p\u00fablica no hace fe de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal dentro del proceso por cuanto no fue registrada. A su juicio y conforme lo indica el art\u00edculo 5 del Decreto 1260 de 1970, \u00absolo con el registro del acto se crea la presunci\u00f3n de verdad y certeza de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal de tal manera que mientras no aparezca a nivel procesal la prueba de ese registro el respectivo documento no estar\u00e1 cobijado por dicha presunci\u00f3n de verdad y certeza\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Bajo la causal tercera de casaci\u00f3n, adujo que la providencia de segunda instancia no estaba en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda. Adujo que en la demanda no se solicit\u00f3 la declaratoria de la sociedad patrimonial bajo los supuestos del literal b) del art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990 sino de los establecidos en el literal a) de la referida norma. Insisti\u00f3 que en ninguna parte \u00abde la demanda se hace menci\u00f3n al hecho que la Se\u00f1ora LEONILDE PUENTES FORERO, estuviese casada con el se\u00f1or WILLIAM ALFONSO SU\u00c1REZ FORERO, lo que conllevaba la existencia de un impedimento legal entre PUENTES- RATIVA, para contraer matrimonio, que solo permit\u00eda la declaratoria de la sociedad patrimonial a partir de las previsiones del literal b) y la de las del a) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Hizo hincapi\u00e9 en que en el registro civil de los esposos Puentes-Forero, expedido por la Notar\u00eda 25 de Bogot\u00e1 y aportado por la contraparte, \u00abno aparece inscrita ninguna disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. A su turno, en la escritura p\u00fablica n\u00fam. 416 del 27 de febrero del 2009 de la Notar\u00eda 19 de Bogot\u00e1, \u00ablos otorgantes del instrumento p\u00fablico declaran que la sociedad conyugal derivada de su matrimonio se disolvi\u00f3 mediante escritura p\u00fablica dos mil trescientos catorce (2314) de septiembre veintitr\u00e9s (23) de dos mil (2000) otorgada en la Notar\u00eda Segunda (2\u00aa) de Soacha (Cundinamarca)\u00bb. Tambi\u00e9n hizo alusi\u00f3n a la contestaci\u00f3n de excepciones, en el que \u00abreconoce la existencia del matrimonio y hace referencia a lo dispuesto en el literal b) del art\u00edculo 54 de 1990 anunci\u00e1ndonos la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, PERO POR UN HECHO DIFERENTE AL DE LA ESCRITURA 2314 DE 2000\u00bb. En ese orden de ideas, critic\u00f3 que el juez a quo desconociera \u00abque lo que aparece estipulado en una escritura no son m\u00e1s que DECLARACIONES DE LAS PARTES OTORGANTES, que pueden ser ciertas o no\u00bb. Irregularidad que fue puesta en conocimiento del juez de segunda instancia. No obstante, el colegiado decret\u00f3 de forma oficiosa, incorporar la escritura (n\u00fam. 2314 del 23 de septiembre del 2000). <\/p>\n
Sin embargo, destaca que \u00abla congruencia es un asunto que nada que ver con las manifestaciones de las partes al descorrer el traslado de las excepciones o en los alegatos de conclusi\u00f3n, como lo dispon\u00eda el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en su inciso primero\u00bb, sino \u00fanicamente con la demanda. Pues, aunque las pretensiones y las excepciones \u00abconstituyen los extremos del litigio que debe desatar el Juez, lo que aqu\u00ed se alega es una discordancia entre lo pretendido por la parte demandante Y SU RESPALDO F\u00c1CTICO y lo otorgado por la Juez de Primera instancia y el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El primer cargo no cumple con los requisitos de forma exigidos por el C\u00f3digo General del Proceso para su admisibilidad. Tal como pasa a verse: <\/p>\n
2.- En efecto, en el aludido motivo de casaci\u00f3n, esbozado bajo la causal segunda, se omiti\u00f3 invocar al menos una norma de estirpe sustancial que presuntamente hubiese sido vulnerada con la providencia de segunda instancia. Si bien es cierto que aleg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta del inciso primero del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por falta de aplicaci\u00f3n y el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990 por aplicaci\u00f3n indebida, lo cierto es que ninguna de tales normas ostenta el requerido car\u00e1cter material. <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990 es una disposici\u00f3n definitoria y no sustancial, comoquiera que se limita a identificar los elementos de la uni\u00f3n marital de hecho. Tal como lo ha sostenido en precedencia esta Sala, \u00abde la simple lectura de la norma, se desprende que ella \u00fanicamente define una instituci\u00f3n jur\u00eddica y las partes que la componen. Al respecto, en no pocas ocasiones, esta Corte ha determinado que tal canon no tiene la susodicha naturaleza especial pues \u00ab[e]se precepto, como la Corte ha tenido la oportunidad de precisar, no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, pues es \u201cmeramente definitorio del fen\u00f3meno jur\u00eddico all\u00ed previsto y de los sujetos que lo estructuran\u201d\u00bb (CSJ\uff0eAC\uff0e28 Feb 2005\uff0crad 2001 <\/p>\n
670\uff0c reiterado en AC 22\uff0eSep\uff0e2014\uff0eRad\uff0e2010 <\/p>\n
00551 <\/p>\n
01 y AC 2534-2017, Rad. 2013-0481-01)\u00bb (CSJ AC5377-2021). <\/p>\n
A su turno, el inciso primero del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica define la instituci\u00f3n jur\u00eddica de \u00abfamilia\u00bb y menciona los elementos que la componen. En ese sentido, es claro que no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. Sin embargo, esta Corte tiene sentado que a dicha norma superior se le pude adjudicar el car\u00e1cter de sustancial cuando se asocia con preceptos de la Ley 54 de 1990 que puedan contener tal car\u00e1cter2. Sin embargo, como se dijo en precedencia, el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990 -\u00fanico citado-, tampoco tiene la mentada connotaci\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, esta Corte ha sostenido lo que sigue sobre la falta de car\u00e1cter sustancial del referido art\u00edculo constitucional: <\/p>\n
\u00abLo mismo ocurre con los art\u00edculos 5, 13 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que tampoco tienen connotaci\u00f3n material, ya que est\u00e1n referidos, en su orden, a la primac\u00eda de derechos inalienables de la persona y protecci\u00f3n a la familia, la libertad e igualdad de las personas y la familia como n\u00facleo de la sociedad, seg\u00fan se destac\u00f3 en CSJ AC5613-2016 y AC2832-2018, tanto as\u00ed que en este \u00faltimo se enfatiz\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que se cita en el segundo embate, a pesar de desarrollar dentro de los derechos sociales, culturales y econ\u00f3micos de orden superior lo que corresponde a la familia y precisar que es objeto de protecci\u00f3n integral por el Estado, comprende un principio general insuficiente para estructurar un cuestionamiento en casaci\u00f3n, ya que lo que ameritar\u00eda el examen por esta senda son los preceptos expedidos para reglamentar las situaciones concretas que de all\u00ed se derivan. <\/p>\n
En CSJ AC 11 feb. 2013, rad. 1993-05281-01, donde se relacion\u00f3 dicho canon en compa\u00f1\u00eda de otros del mismo nivel, se memor\u00f3 como <\/p>\n
(\u2026) acerca de la invocaci\u00f3n de normas constitucionales en apoyo de la impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n por la v\u00eda de la causal primera, esta corporaci\u00f3n ha expuesto que \u201ces indiscutible que los preceptos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que consagran derechos, como es el caso de aqu\u00e9llos que establecen las prerrogativas fundamentales inherentes a las personas, ostentan, ciertamente, naturaleza sustancial, en tanto que de su aplicaci\u00f3n y eficacia pueden surgir, modificarse o terminar situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas. \u201cEmpero ello no significa que el car\u00e1cter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando act\u00faan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocaci\u00f3n en un cargo en casaci\u00f3n sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u201d (cas. civ. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01)\u00bb (CSJ AC1585-2022). <\/p>\n
2.2.- En ese orden de ideas, la eventual vulneraci\u00f3n de las normas a que hace alusi\u00f3n el recurrente para fundamental la censura carecen de la condici\u00f3n necesaria para soportar la causal segunda de casaci\u00f3n. Tal defecto impide el estudio del cargo, pues, tal y como se dijo en CSJ AC3878-2019, <\/p>\n
\u00ab(…) tanto cuando se invoca la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales a que se refiere la causal primera de casaci\u00f3n, como la indirecta de que trata la segunda, es imprescindible enunciar al menos un precepto material infringido y a partir del mismo desarrollar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n dentro de las exigencias de cada una de esas especialidades, lo que ni siquiera fue tenido en cuenta por el censor ya que ninguna cita normativa existe en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se precis\u00f3 en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal donde esas dos variantes hac\u00edan parte del primer motivo de casaci\u00f3n pero que tiene relevancia en la actualidad por cuanto la exigencia de citar preceptos materiales se conserva para ambas en el C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el impugnante desatendi\u00f3 el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisi\u00f3n mediante simples elucubraciones la equivocaci\u00f3n \u00abin iudicando\u00bb, que depende precisamente de la \u00abviolaci\u00f3n de norma de derecho sustancial\u00bb de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta. (\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacci\u00f3n con el desempe\u00f1o del juzgador en su ejercicio de selecci\u00f3n del marco normativo y los alcances dados al mismo, as\u00ed como una adecuada estructuraci\u00f3n de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al r\u00e9gimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta\u00bb. <\/p>\n
Y es que en lo que concierne con las causales de casaci\u00f3n relacionadas con la violaci\u00f3n de normas sustanciales -primera y segunda-, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. Tal exigencia es esencial porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte. <\/p>\n
2.3.- Aunado a lo expuesto, lo cierto es que incurre el censor en entremezclamiento de los tipos de yerros que se pueden presentar cuando se alega la causal segunda de casaci\u00f3n. Ciertamente, si bien asever\u00f3 que el error que cometi\u00f3 el ad quem se trat\u00f3 de uno de hecho, lo cierto es que comenz\u00f3 a trasegar por la v\u00eda del error de derecho cuando censur\u00f3 que el Tribunal no hubiera tenido \u00aben cuenta los testimonios que conoc\u00edan a ELIZABETH MENDIETA VELASCO y H\u00c9CTOR ALFONSO RATIVA, en Picale\u00f1a, Ibagu\u00e9\u00bb; circunstancia que, a su juicio, desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de la sentencia \u00abpues debieron contemplarse todas las pruebas en conjunto y sobre todas las situaciones que en el proceso se planteaban. Si ese examen conjunto de las pruebas arrojaba varias hip\u00f3tesis plausibles debieron confrontarse, atendiendo las reglas de la sana cr\u00edtica, pues el error se proyectaba sobre la parte resolutiva de la sentencia, convirti\u00e9ndole en adem\u00e1s de MANIFIESTO, TRASCENDENTE\u00bb. <\/p>\n
\u00abDada esa desemejanza que tienen los diversos motivos autorizados por el legislador para denunciar una sentencia en casaci\u00f3n, no le ser\u00e1 dable al opugnante deambular entre las distintas causales o mixturar su contenido, dada la autonom\u00eda y caracter\u00edsticas disimiles de cada uno, incluso, cuando se acude a la causal segunda no podr\u00e1 entremezclar errores de hecho y de derecho, dado que \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC 10 ag. 2001, rad. 6898, reiterada en CSJ AC4205-2021, 7 oct., rad. 2015-00671-01, CSJ AC4218-2021, 7 oct., rad. 2017-00132-01, AC999-2022, 31 mar., rad. 2017-00409-01). <\/p>\n
3. En conclusi\u00f3n, por las razones expuestas se inadmitir\u00e1 el primer cargo formulado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, INADMITE el cargo primero de la demanda presentada por el se\u00f1or H\u00e9ctor Alfonso Rativa contra la sentencia del 07 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en el proceso verbal de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho que instaur\u00f3 la se\u00f1ora Leonilde Puentes Forero en su contra. <\/p>\n
Los cargos segundo, tercero y cuarto ser\u00e1n admitidos en una providencia del ponente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 10 del PDF \u00ab05 Folios 226 al 341\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En AC2864-2022 se sostuvo que: \u00abEn punto de la t\u00e9cnica propia de casaci\u00f3n se tiene que el art. 42 de la C.P., se edifica como una norma sustancial, cuando se asocia con los preceptos de la Ley 54 de 1990 que puedan contener tal car\u00e1cter, como ocurren en este caso con los arts. 2 literal a), 3 y 6 de la Ley 54 de 1990, cuya naturaleza es sustantiva (AC758-2022, AC1567-2022, AC1585-2022 y AC5864-2021, entre otros)\u00bb <\/p>\n
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AC771-2023 (2013-00320-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC771-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-10-004-2013-00320-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}