AC907-2023 (2018-00669-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC907-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-017-2018-00669-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Dec\u00eddase la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb del auto que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n de Julio \u00c1ngel y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, dentro del proceso declarativo de Juliana Pineda L\u00f3pez y Julio Alexander Pineda Villa contra aquellos, Humberto Pineda Giraldo y los herederos indeterminados de Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante AC4811-2022 la Sala inadmiti\u00f3 la referida demanda con que pretendi\u00f3 sustentarse el recurso extraordinario. <\/p>\n
2. Los recurrentes solicitaron aclarar y adicionar esa providencia, as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1alaron que la argumentaci\u00f3n para inadmitir el primer cargo suscita verdaderos motivos de duda porque el requisito de la completitud no justificaba exigir que se demostrara el presupuesto del embate (la oponibilidad de la simulaci\u00f3n era una sanci\u00f3n, castigo o pena), pues la Sala deb\u00eda resolver ese aspecto en la sentencia y no en la providencia que decide sobre la admisibilidad de la demanda; adem\u00e1s, solicitaron adicionar el auto para precisar las falencias del cuestionamiento inicial. <\/p>\n
2.2. Apuntaron que al inadmitir el segundo cargo se estudiaron de fondo las razones que lo sustentaban porque se ech\u00f3 de menos (en un cuestionamiento por la v\u00eda indirecta por errores de hecho) discrepar de la declaraci\u00f3n extraprocesal tenida en cuenta por el Tribunal, a pesar de que ello resultaba improcedente en raz\u00f3n a que no era contraria a los intereses de la parte recurrente, lo que se traduce en imponer exigencias mayores a las de las normas procesales; <\/p>\n
Agregaron que \u00abparece absurdo, que el Auto exija que haga un embate de una prueba que se comparte plenamente\u00bb, solicitaron aclarar \u00abel lindero entre alegato de conclusi\u00f3n y demostraci\u00f3n de los errores del Tribunal al apreciar la prueba\u00bb y pidieron adicionar la providencia para indicar cu\u00e1les fueron las carencias del cargo. <\/p>\n
2.3. Rogaron aclarar el auto en cuanto inadmiti\u00f3 el tercer cargo porque se omiti\u00f3 referir la mencionada declaraci\u00f3n extraprocesal, a pesar de que esa prueba era favorable a la parte recurrente, para lo cual, adem\u00e1s, pidieron indicar las deficiencias del cuestionamiento. <\/p>\n
2.4. Reprocharon que al inadmitir el cuarto cargo \u00abse exi[gi\u00f3] que se pruebe la inconsonancia\u00bb, pues bastaba justificar por qu\u00e9 se incurri\u00f3 en incongruencia, en raz\u00f3n a que no se demuestra exclusivamente con el contraste entre la sentencia y la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n por falta de coincidencia con los hechos, las pretensiones de la demanda o las excepciones; agregaron que se parangonaron las pretensiones de la demanda y lo resuelto por el Tribunal para mostrar que se pidi\u00f3 la posesi\u00f3n de los inmuebles en cabeza de la sucesi\u00f3n, a pesar de que el Tribunal se pronunci\u00f3 sobre lo no pedido y que no pod\u00eda declarar de oficio. <\/p>\n
En adici\u00f3n, solicitaron aclarar el criterio bajo el cual se inadmiti\u00f3 y complementar con las falencias del embate. <\/p>\n
2.5. Recordaron que el cargo quinto sustent\u00f3 las razones por las que aquellas actuaciones contrarias al debido proceso no pueden quedar por fuera de los cometidos de la casaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando -desde su perspectiva-invocaron una nulidad fundada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Por ello, pidieron aclarar la providencia con miras a que no parezca que se ha pasado por alto lo sustentado en la demanda de casaci\u00f3n, sobre todo cuando el Tribunal excedi\u00f3 su competencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las peticiones para aclarar y complementar providencias son distintas de las impugnaciones porque su funci\u00f3n no busca modificar o revocar decisiones equivocadas. De lo contrario, se desconocer\u00eda la prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, de acuerdo con la cual, la sentencia no es revocable ni reformable por quien la expidi\u00f3. <\/p>\n
La aclaraci\u00f3n procede siempre que la providencia \u00abcuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella\u00bb; la adici\u00f3n resulta viable en los casos que el prove\u00eddo \u00abomita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb (arts. 285 y 287 C.G.P.). <\/p>\n
En palabras sencillas, la aclaraci\u00f3n est\u00e1 condicionada a que la decisi\u00f3n sea incomprensible al punto que dificulte su ejecuci\u00f3n o cumplimiento, mientras que la complementaci\u00f3n requiere que la resoluci\u00f3n peque por defecto, o sea, que haya omitido decidir sobre aspectos que estaban sujetos a la decisi\u00f3n y sobre los que no hubo pronunciamiento. <\/p>\n
Vale la pena precisar que cuando se emplee la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de decisiones judiciales para discrepar de estas, la solicitud est\u00e1 destinada al fracaso porque, como se dijo desde el comienzo, se trata de mecanismos que no son equiparables a los recursos. <\/p>\n
2. La providencia objeto de las solicitudes que ahora se resuelven inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
2.1. Sobre el primer cargo: <\/p>\n
\u2026Tal forma de combatir la sentencia de segundo grado incumple el requisito previsto en el # 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso por incompleta e inadmisible. <\/p>\n
Para que resultara viable admitir el primer cargo era necesario que -adem\u00e1s de ser claro y preciso- tambi\u00e9n resultara completo, es decir, integrado por todos los razonamientos jur\u00eddicos indispensables para derribar por completo las consideraciones de la sentencia impugnada. No obstante, esa exigencia est\u00e1 ausente porque los recurrentes partieron de la base que la oponibilidad de la simulaci\u00f3n del negocio de 1994 era un castigo, sin demostrar que, en realidad, esa decisi\u00f3n era una pena. <\/p>\n
[E]l embate \u2026 est\u00e1 hu\u00e9rfano de al menos una consideraci\u00f3n orientada a mostrar que la decisi\u00f3n del Tribunal en punto a la oponibilidad fue una sanci\u00f3n, lo cual era necesario para que el cargo pudiera admitirse. <\/p>\n
De la decisi\u00f3n de segundo grado tampoco se deriva que la oponibilidad de la declaratoria de fingimiento de la venta celebrada en 1996 frente a Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo fuera una sanci\u00f3n, sino una consecuencia de la decisi\u00f3n judicial que la reconoci\u00f3. El Tribunal argument\u00f3 desde la p\u00e1gina 30 de su sentencia que la oponibilidad de los actos jur\u00eddicos se deriva del principio de relatividad de los contratos y que s\u00f3lo \u00abaprovechan o afectan a quienes hicieron parte\u00bb de \u00e9l, as\u00ed como a los \u00abterceros que\u2026 dejan de ser extra\u00f1os, porque pueden ver afectados sus intereses\u00bb, para lo cual trajo a colaci\u00f3n el precepto 1766 del C\u00f3digo Civil y decisiones de esta Sala como las sentencias CSJ SC3644, rad. 2015-00638, 25 ag. 2021, as\u00ed como CSJ SC 16669, rad. 2005-00668, 18 nov. 2016 con el objetivo de concluir que \u00aben principio la simulaci\u00f3n declarada respecto de un negocio jur\u00eddico no le es oponible a los terceros que con posterioridad al acto simulado adquirieron el bien del fingido propietario\u00bb, a menos que hubieran sabido del \u00abpacto privado de los anteriores contratantes, no necesariamente para el momento del negocio fingido, sino que tal conocimiento exist\u00eda para cuando celebr\u00f3 su propio contrato\u00bb caso en que \u00ablos efectos de la simulaci\u00f3n le son oponibles, y no puede valerse de la apariencia del primer acto\u00bb. <\/p>\n
[E]l ad quem examin\u00f3 las declaraciones de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, su t\u00edo Humberto Pineda Giraldo, el testigo Pedro Posada Mar\u00edn, los certificados de libertad y tradici\u00f3n de los inmuebles involucrados, el registro civil de nacimiento del primero y sus declaraciones de renta para concluir que Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo \u00abera consciente y sabedor de que el real propietario de los inmuebles en disputa, era su padre Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo\u00bb, lo cual lo convierte \u00aben tercero adquirente de mala fe, frente al cual surte efectos [-l\u00e9ase, le es oponible-] la declaratoria de simulaci\u00f3n de\u00bb la compraventa contenida en la escritura 267 de 5 de diciembre de 1994. <\/p>\n
Tal forma de razonar del Tribunal no equivale a justificar una sanci\u00f3n, con lo que se mantiene inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que protege los fallos de \u00faltima instancia. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, los argumentos relacionados con la sorpresa que, seg\u00fan los demandados, les caus\u00f3 la oponibilidad de la simulaci\u00f3n declarada por el Tribunal, resultan inadecuados para erigir el desconocimiento directo de normas sustanciales porque, de haberse presentado alguna falencia al respecto, ser\u00edan propios de un error procedimental, en vez de desconocimiento de normas sustanciales que fue la v\u00eda escogida en el primer cargo\u2026 <\/p>\n
2.2. Sobre el segundo cargo: <\/p>\n
[E]l cuestionamiento result\u00f3 incompleto porque no sustent\u00f3 la existencia de yerros f\u00e1cticos respecto de todas las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para decidir la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
[P]as\u00f3 por alto completamente la declaraci\u00f3n extraprocesal de Ernst Friederich Bell Langguth (referido tambi\u00e9n en la sentencia como Ernesto Bell), que fue tenida en cuenta para probar hechos relevantes de la controversia como, por ejemplo, la existencia del mutuo garantizado con hipoteca celebrado por Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, el juicio ejecutivo contra su hermano Humberto, las medidas cautelares decretadas a su favor, la autorizaci\u00f3n de registrar la escritura de venta n.\u00ba 137 de 2006, la asunci\u00f3n de deuda por Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, entre otros, sobre los que guardaron silencio los recurrentes extraordinarios. Sabido y pac\u00edfico resulta que el error de hecho solamente es admisible cuando denote supresi\u00f3n o adici\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, para lo cual resulta indispensable contrastar la valoraci\u00f3n de todas las pruebas realizada en la sentencia con aquello que se desprende de ellas, ejercicio necesario que, sin embargo, fue omitido en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
[I]ncumpli\u00f3 el requisito previsto en la parte final del literal a del # 2\u00ba del precepto 344 ibidem, consistente en demostrar el error atribuido al Tribunal, pues, como si se tratara de un alegato de conclusi\u00f3n, los recurrentes transcribieron apartes de algunos medios de convicci\u00f3n con el fin de sostener que de ellos no se derivaban las conclusiones extra\u00eddas por el Tribunal, sino otras, sin demostrar que, en realidad, los medios de convicci\u00f3n fueron suprimidos o adicionados en su contenido objetivo que es, en \u00faltimas, en lo que consiste el yerro f\u00e1ctico. <\/p>\n
Sirva de ejemplo de la falta de demostraci\u00f3n del yerro de hecho la alusi\u00f3n a que Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo \u00abten\u00eda un a\u00f1o de edad cuando ocurri\u00f3 la \u2026 escritura p\u00fablica 267 de 1994\u00bb lo que, a juicio de los recurrentes, descarta mala fe y conocimiento de la simulaci\u00f3n. Ese planteamiento, adem\u00e1s de no demostrar cercenamiento o adici\u00f3n probatoria, deja de demostrar el error por resultar desenfocado, en raz\u00f3n a que el Tribunal no estableci\u00f3 la conciencia del fingimiento de la venta de 1994 al momento de su celebraci\u00f3n, sino en un instante posterior, como se refiri\u00f3 al sustentar la inadmisi\u00f3n del embate inicial <\/p>\n
2.3. Sobre el tercer embate: <\/p>\n
[R]esulta inadmisible porque no se demostr\u00f3 el yerro, pues los casacionistas se limitaron a transcribir y referir de manera individual el contenido de algunas pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para se\u00f1alar que, de haberse valorado de manera aunada y seg\u00fan su perspectiva, la decisi\u00f3n hubiera sido favorable. Sin embargo, para demostrar ese defecto jur\u00eddico probatorio era indispensable sustentar qu\u00e9 se derivaba de la mirada conjunta de los medios de convicci\u00f3n, en oposici\u00f3n a su examen aislado o individual, ejercicio que no fue realizado al sustentar el cargo, lo cual impone repelerla. <\/p>\n
[L]a sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario refiri\u00f3 las declaraciones de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, Pedro Posada Mar\u00edn, Humberto Pineda Giraldo y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo, enfatizando en el contenido individual de cada una de ellas para sustentar que, desde la perspectiva de los impugnantes, deb\u00edan valorarse de manera diversa a como fueron sopesadas por el Tribunal. Tal forma de discrepar est\u00e1 lejos de mostrar que las probanzas no fueron apreciadas en conjunto, lo que se traduce en que el cuestionamiento resulta inadmisible por haberse dejado de probar el error de derecho. <\/p>\n
[D]e todas maneras el cuestionamiento resulta incompleto y, por tanto, inadmisible por una raz\u00f3n adicional, pues omiti\u00f3 referir la declaraci\u00f3n de Ernst Friederich Bell Langguth (referido tambi\u00e9n en la sentencia como Ernesto Bell), que sirvi\u00f3 como base suasoria expresa para fallar. <\/p>\n
2.4. Sobre el cuarto cargo: <\/p>\n
[E]ste cargo resulta inadmisible porque omiti\u00f3 demostrar la inconsonancia del fallo haciendo el debido contraste entre los pedimentos o la sustentaci\u00f3n de la alzada (seg\u00fan corresponda) y la parte resolutiva de la decisi\u00f3n, metodolog\u00eda necesaria para sustentar ese yerro in procedendo. <\/p>\n
[S]i se hiciera a un lado ese defecto en la sustentaci\u00f3n del cargo, el mismo resulta inadmisible porque del contenido del fallo se observa congruencia. [L]a sentencia \u2026 se\u00f1ala expresamente -al pronunciarse sobre la oponibilidad y los efectos de la simulaci\u00f3n declarada frente a la venta de 1994- que se estaban resolviendo \u00ab\u2026los reparos contenidos en los puntos \u201cA\u201d, \u201cB\u201d, \u201cC\u201d, \u201cD\u201d y \u201cG\u201d de la impugnaci\u00f3n\u00bb (p\u00e1g. 37), conclusi\u00f3n que reiter\u00f3 m\u00e1s adelante al \u00abdespacha[r] desfavorablemente el reparo anunciado como \u201cH\u201d\u00bb (p\u00e1g. 44). [L]a sentencia impugnada fue presentando, uno a uno, el reparo sobre el que se iba pronunciando, lo que descarta la inconsonancia de la decisi\u00f3n de la alzada por acompasarse con la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
[A]l justificar que la posesi\u00f3n y los bienes quedaban en cabeza de la sucesi\u00f3n de Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, se trataba de una precisi\u00f3n \u00ab\u00edntimamente relacionad[a] con la soluci\u00f3n del conflicto ciudadano en estudio de la jurisdicci\u00f3n\u00bb (p\u00e1g. 48), el Tribunal emple\u00f3 una consideraci\u00f3n que no fue censurada ni combatida en la demanda de casaci\u00f3n, aspecto insoslayable que permite mantener intacta la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que resguarda la sentencia de \u00faltima instancia. <\/p>\n
[L]a sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n no se esforz\u00f3 en demostrar desconocimiento de los l\u00edmites de la competencia del Tribunal al resolver la apelaci\u00f3n ni incongruencia, pues no apunt\u00f3 argumento alguno orientado a comparar la sentencia de segundo grado con los argumentos de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Sobre el cargo quinto: <\/p>\n
[E]l embate es inadmisible por haberse omitido indicar y demostrar la causal de nulidad que se estructur\u00f3. <\/p>\n
[S]eg\u00fan el principio de taxatividad, s\u00f3lo invalidan el tr\u00e1mite aquellos vicios tildados expresamente por el legislador como nulidades. Por esa raz\u00f3n, el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso exige a la parte \u00abexpresar la causal invocada\u00bb y, adem\u00e1s, impone a los falladores rechazar \u00abla solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas\u00bb en ley. <\/p>\n
Los recurrentes extraordinarios \u2026 se limitaron a referir que en el asunto de la radicaci\u00f3n se configuraron \u00abnulidades constitucionales, con fundamento en el art\u00edculo 29 de la Carta\u2026 y en el art\u00edculo 4\u00bb por \u00abusurpaci\u00f3n de competencia\u00bb para resolver la alzada, sin encuadrar el defecto en alguno de los motivos de invalidaci\u00f3n previstos de manera expresa por la ley, ni mucho menos desarrollar esa alegaci\u00f3n inacabada. <\/p>\n
[E]l cargo de nulidad no se dirigi\u00f3 a mostrar cu\u00e1l fe la causal que en el caso concreto se present\u00f3, ni en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto espec\u00edfico invocado, resulta imperativo inadmitirlo. <\/p>\n
Si\u2026 llegara a pensarse que el yerro referido someramente por los recurrentes da pie a \u00abnulidades constitucionales\u00bb (aspecto que no se presenta en el sub-lite ni mucho menos fue desarrollado), \u2026 debe inadmitirse \u2026 porque los impugnantes s\u00f3lo mencionaron que el Tribunal sobrepas\u00f3 los l\u00edmites de su competencia fijados en la sustentaci\u00f3n de la alzada, sin demostrar que ello sucedi\u00f3, como era indispensable. [P]ara probar que ese defecto de procedimiento\u2026 se present\u00f3, resultaba necesario demostrar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n imped\u00eda que los \u00e1rbitros se pronunciaron sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n, ejercicio argumentativo que no se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n
[N]inguna referencia se hizo sobre la consideraci\u00f3n del fallo en punto a que se decid\u00edan \u00absobre los reparos contenidos en los puntos \u201cA\u201d, \u201cB\u201d, \u201cC\u201d, \u201cD\u201d y \u201cG\u201d de la impugnaci\u00f3n\u00bb (p\u00e1g. 37), y se \u00abdespacha[ba] desfavorablemente el reparo anunciado como \u201cH\u201d\u00bb (p\u00e1g. 44), lo cual era necesario, sobre todo cuando la decisi\u00f3n impugnada se presume acertada y legal, deducci\u00f3n que debe ser desvirtuada por los recurrentes, lo cual no se realiz\u00f3. <\/p>\n
3. La transcripci\u00f3n de las motivaciones evidencia que la providencia se pronunci\u00f3 de manera di\u00e1fana sobre cada uno de los cargos y sustent\u00f3 las razones que justificaba inadmitir cada uno de ellos. Esto se traduce en que las peticiones de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n resultan improcedentes porque -vale la pena reiterarlo- las motivaciones son comprensibles y la decisi\u00f3n no omiti\u00f3 ning\u00fan aspecto sobre el que debiera resolver. <\/p>\n
Cosa distinta es que los recurrentes discrepen del criterio empleado para inadmitir los cargos, pues la providencia que as\u00ed decide no es susceptible de impugnaciones (art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, ante la falta de decisiones que generen verdaderos motivos de duda, dado que el auto con que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n expuso claramente las razones para repeler los cargos, y ante la falta de decisiones adicionales que debieran tomarse en ese prove\u00eddo, resultan improcedentes las solicitudes de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n dirigidas en su contra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, niega las solicitudes de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n de AC4811-2022, mediante el cual se declar\u00f3 inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada por Julio \u00c1ngel y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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