ATC451-2023<\/p>\n
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ATC451-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2023-00080-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda tramitar la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 20 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Martha In\u00e9s Dur\u00e1n Diaz formul\u00f3 contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil Municipal de este \u00faltimo municipio, si no fuera por la nulidad cuyo defecto pasa a explicarse a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
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2. Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, estar en desacuerdo con las decisiones proferidas por los convocados dentro de los procesos de liquidaci\u00f3n de Sociedad Patrimonial (Rad. 2012-127) y verbal (Rad. 2022-00091) seguidos contra Jos\u00e9 Edgar C\u00e1rdenas Le\u00f3n, por lo que solicit\u00f3, de un lado, se ordenara el reconocimiento y pago del \u00abvalor de la compensaci\u00f3n conforme a lo aprobado en el Trabajado de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb allegado al primero de los litigios en menci\u00f3n y, del otro, se librara orden de pago en tal sentido, para que este se tramitara ante el juzgado de familia referido. <\/p>\n
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3. El Tribunal a quo neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en que la interesada no present\u00f3 recursos contra las decisiones objeto de su inconformidad, las que, en todo caso, no se observaron desatinadas. <\/p>\n
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4. Inconforme, la promotora de la acci\u00f3n impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Aunque la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que se deben verificar ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa por pasiva. <\/p>\n
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En efecto, aunque en el primero de los anotados asuntos el se\u00f1or C\u00e1rdenas Le\u00f3n actu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial e indic\u00f3 que su lugar de notificaciones era \u00aben las direcciones de la demanda\u00bb, esto es, en la \u00abcarrera 5 NO. 14B-62 de la Ciudad de Duitama\u00bb, y que, en el segundo, se encontraba representado por curador ad litem, pues no pudo ser notificado en la direcci\u00f3n aportada por su ejecutante (aqu\u00ed accionante) (carrera 4 No. 14B-62 de Duitama) lo cierto es que, a ninguno de dichos lugares se le remiti\u00f3 alg\u00fan comunicado, como tampoco se hizo a su \u00ablugar de trabajo empresa Acer\u00edas Paz del Rio- Belencio\u00bb, ni a su abonado celular o WhatsApp \u00ab3204375647\u00bb, ni mucho menos a trav\u00e9s de su actual representante (curador Luis Alberto Aguilar Lozano (luisaguilarlozano@hotmail.com)). <\/p>\n
El citado ciudadano tiene un marcado inter\u00e9s en las resultas de este juicio, por lo tanto, deb\u00eda ser adecuadamente convocado, sin embargo, no fue as\u00ed, eventualidad que era de trascendental importancia para garantizar a las partes involucradas el goce efectivo de su derecho al debido proceso, de conformidad con los lineamientos constitucionales establecidos para el efecto. <\/p>\n
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2. Y es que la informalidad de la tutela no puede implicar el quebrantamiento del citado derecho, al que por expreso mandato constitucional est\u00e1n sometidas todas las actuaciones administrativas y judiciales (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) de manera que, el juez que la conoce, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas- enterar debidamente a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
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3. Bajo esa perspectiva y como ya se anunci\u00f3, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado, para ordenar que, por el Tribunal de primera instancia, se notifique en debida forma al ciudadano en cita, y se profiera el fallo que corresponda, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 20 de abril de 2023, para que notifique en debida forma a Jos\u00e9 Edgar C\u00e1rdenas Le\u00f3n -as\u00ed como a todo aqu\u00e9l que sea necesario- bien sea, a las direcciones existentes en los expedientes o a trav\u00e9s de su curador ad litem, y profiera el fallo que corresponda, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n deber\u00e1 ser renovada con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente al lugar de origen. <\/p>\n
Tercero: Enterar a las partes, la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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