ATC458-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC458-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 21 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Pe\u00f1a contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, al trabajo en condiciones dignas y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al no garantizarle el \u00abderecho al descanso o en su defecto [a] su correspondiente indemnizaci\u00f3n o remuneraci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Sutamarch\u00e1n, \u00abmediante Acuerdo N. CSJBOYA21-52, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, fij\u00f3 los turnos en los distritos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal para la prestaci\u00f3n de la funci\u00f3n de control de garant\u00edas en el sistema penal acusatorio durante la vacancia judicial de fin de a\u00f1o comprendida entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022\u00bb, y en cumplimiento a ello, con \u00aboficio N. 302 del 2 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja me comunic\u00f3 que mediante resoluci\u00f3n de sala plena ordinaria N. 033, dispuso la suspensi\u00f3n del disfrute de mis vacaciones colectivas\u00bb, puesto que su despacho estaba dentro de los que \u00abdeb\u00edan atender la funci\u00f3n [encomendada]\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare refiriera que no era de su competencia expedir el \u00abcertificado de disponibilidad presupuestal para anexarlo a la solicitud de concesi\u00f3n del tiempo de vacaciones\u00bb, y de que el \u00ab6 de mayo [de 2022]\u00bb el Tribunal Superior de Tunja negara su solicitud \u00abde disfrute de vacaciones\u00bb, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela (rad. 2022-02707), la cual concedi\u00f3 la Secci\u00f3n 3\u00aa Subsecci\u00f3n B del Consejo de Estado \u2013 Sala de lo Contencioso Administrativo el 15 de junio de 2022, pero que fue revocada el 21 de octubre de 2022 por la Secci\u00f3n 3\u00aa Subsecci\u00f3n A de misma Corporaci\u00f3n \u00abcreando incertidumbre sobre los derechos constitucionales fundamentales que me asisten (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que como la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial manifest\u00f3 que \u00abactualmente la entidad cuenta con la apropiaci\u00f3n presupuestal necesaria para cancelar la liquidaci\u00f3n que por vacaciones [me] corresponde\u00bb, conforme a \u00ablas directrices\u00bb referidas en el fallo, \u00abel primero de noviembre del 2022 elev\u00e9 derecho de petici\u00f3n ante la Directora Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial para que \u201cdisponga lo pertinente para que me efectu\u00e9 el pago de compensaci\u00f3n de las vacaciones a que tengo derecho, al haber prestado turno de disponibilidad para el control de garant\u00edas en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022 (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 19 de diciembre del 2022, no la directora de administraci\u00f3n judicial seccional a quien se dirigi\u00f3 mi petici\u00f3n sino la Coordinadora \u00c1rea Talento Humano, [le inform\u00f3] \u201cque no es procedente acceder a su solicitud, comoquiera que la competencia para autorizar la compensaci\u00f3n en dinero de vacaciones es el nominador, [es decir] el Tribunal Superior de distrito judicial de Tunja, por tal raz\u00f3n hasta tanto no sean autorizadas por dicha corporaci\u00f3n mediante acto administrativo comunicado a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional no es posible proceder al pago solicitado\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 18 de enero de 2023 ped\u00ed al honorable Tribunal del Distrito judicial de Tunja en su calidad de nominador, expedir acto administrativo autorizando la compensaci\u00f3n en dinero por las vacaciones adeudadas\u00bb, obteniendo respuesta en el sentido de que su petici\u00f3n se revis\u00f3 \u00ab\u201cen sesi\u00f3n de sala plena de fecha 02 de febrero de 2023, [donde se] determin\u00f3 remitirla a la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial, al considerar que dicha entidad es la autoridad que puede dar respuesta a su solicitud de compensaci\u00f3n de vacaciones, ya que esta escapa a [su] \u00f3rbita funcional\u201d\u00bb, por lo que \u00ablas autoridades anteriores dejan nuevamente en el limbo mi situaci\u00f3n particular, no asumen su responsabilidad administrativa, oblig\u00e1ndome a recurrir nuevamente a este medio, por los nuevos hechos producto de su negligencia y capricho\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abse ordene a la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial Seccional de Boyac\u00e1 y Casanare y al honorable Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, que (\u2026) den respuesta de fondo, clara, precisa y de manera coherente y coordinada entre las dos instituciones [en relaci\u00f3n] con lo solicitado en los derechos de petici\u00f3n\u00bb, para que se \u00abhaga el desembolso efectivo y realicen las gestiones necesarias encaminadas a hacerme el pago por compensaci\u00f3n de mis vacaciones pendientes\u00bb. <\/p>\n
4. La hom\u00f3loga Penal otorg\u00f3 parcialmente el amparo al considerar que, \u00abcontrario a la respuesta emitida por la Direcci\u00f3n Ejecutiva [Seccional] de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, que atendi\u00f3 la petici\u00f3n del actor, el Tribunal Superior de esa ciudad (\u2026), no resolvi\u00f3 el interrogante expuesto por el interesado, quien le manifest\u00f3 claramente que la Direcci\u00f3n Ejecutiva hab\u00eda dado respuesta a su petici\u00f3n, por lo que era necesario que esa Corporaci\u00f3n expidiera un acto administrativo a fin de obtener la compensaci\u00f3n en dinero de las vacaciones adeudadas; sin embargo, nada de fondo dijo sobre la pretensi\u00f3n del actor, lo que propici\u00f3 un escenario de vulneraci\u00f3n constitucional al derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb, acotando que \u00aben caso [de] que el Tribunal no sea competente para emitir el acto administrativo (\u2026), deber\u00e1 enviar la solicitud a quien estime s\u00ed tiene competencia y comunicar esa determinaci\u00f3n al interesado\u00bb, por lo que le orden\u00f3 \u00abque dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n [del] fallo, emita una respuesta clara y de fondo respecto de la solicitud de informaci\u00f3n del actor\u00bb. <\/p>\n
5. El Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja impugn\u00f3 la sentencia, aduciendo que el fallador a-quo, \u00abparti\u00f3 de una premisa equivocada, al estimar que esta colegiatura estaba realizando una especie de devoluci\u00f3n de la solicitud del actor, a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, cuando lo cierto es que, de conformidad con lo decidido en la Sala Plena, se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la petici\u00f3n del actor a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, pero del orden nacional que es diferente a la direcci\u00f3n ejecutiva seccional\u00bb. Afirm\u00f3 tambi\u00e9n que \u00abse incurri\u00f3 en causal de nulidad, por la omisi\u00f3n de vinculaci\u00f3n [de la citada entidad], \u00abquien es la que tiene a su cargo el deber de respuesta\u00bb, y porque se \u00abdesatendi\u00f3 las disposiciones del Decreto 333 de 2021, [porque] no tuvo en cuenta que quien se encuentra accionando, es un servidor judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, lo que impon\u00eda el conocimiento de la acci\u00f3n en cabeza de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales allegadas al expediente, se establece que el objetivo de esta acci\u00f3n, se encamina a obtener el \u00abpago por compensaci\u00f3n\u00bb de las vacaciones causadas a favor del funcionario judicial reclamante \u00abpara el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y 10 de enero del 2022\u00bb, situaci\u00f3n para cuya resoluci\u00f3n no s\u00f3lo se involucra al Tribunal Superior del Distrito Judicial y a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, sino tambi\u00e9n a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, habida cuenta las funciones asignadas legalmente sobre esa tem\u00e1tica. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, particularmente la calidad del sujeto activo de la acci\u00f3n, para la definici\u00f3n del funcionario competente del presente asunto, se hace necesario hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En ese orden, al observarse que la salvaguarda se dirige contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, pero en el curso de actuaciones administrativas, inicialmente la competencia se regular\u00eda bajo el numeral 1\u00b0 del referido precepto, seg\u00fan el cual: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
Ahora, como tambi\u00e9n fungen como demandadas la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare, y se avizora la necesidad de vincular a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, es menester el estudio del numeral 2\u00b0, el cual prev\u00e9: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
No obstante, como el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de dicha normativa, dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar tales disposiciones para, de esta manera, concluir que, como el demandante funge como Juez Promiscuo Municipal de Sutamarch\u00e1n, debe ser el Juez Administrativo de Tunja quien dirima el auxilio. Se resalta y subraya. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se establece la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Juzgados Administrativos de Tunja. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1934-2021, 15 dic., rad. 00363-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC1301-2022, 1\u00b0 sep., rad. 2021-01938-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 21 de marzo de 2023, dentro del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n del presente asunto a los Juzgados Administrativos de Tunja, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto al a-quo y a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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