ATC487-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC487-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00186-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Juli\u00e1n Andr\u00e9s Molina Loaiza formul\u00f3 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, la Universidad Nacional de Colombia y el \u00c1rea Jur\u00eddica Proyecto UNCSJ, si no fuera porque se advierte una irregularidad que configura la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, a acceder a cargos p\u00fablicos y al principio de meritocracia, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Inform\u00f3, que el 24 de julio de 2022, d\u00eda en el que presentar\u00eda la prueba psicot\u00e9cnica, de conocimiento, competencia y aptitud de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial, para la que se inscribi\u00f3 en el cargo de juez promiscuo municipal, falleci\u00f3 su padre, motivo por el que no cont\u00f3 con toda su capacidad de concentraci\u00f3n para resolver el respectivo cuestionario y lo llev\u00f3 a perder el examen. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que no obstante haber puesto en conocimiento de las accionadas su situaci\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos existentes, no accedieron a realizarle una prueba supletoria, pese de encontrarse en un escenario diferente a la de los dem\u00e1s participantes, lo que afect\u00f3 sus derechos constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la subsidiariedad, as\u00ed como de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas necesarias para activar el mecanismo de manera excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme, el accionante insisti\u00f3 en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal carec\u00eda de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta por un empleado que pertenece a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en el cargo de \u00abSecretario\u00bb del Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Manizales, como se pudo constatar del escrito de tutela y los anexos allegados con este. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En tal virtud, la especialidad de lo contencioso administrativo es la competente para dirimir la controversia suscitada, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00abLas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2 .2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.\u00bb. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, resulta necesario dejar sin valor y efecto lo actuado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, y ordenar la remisi\u00f3n inmediata del expediente digital a la autoridad competente, la que, para el presente caso, por haberse dirigido -adem\u00e1s- contra el Consejo Superior de la Judicatura (la de mayor jerarqu\u00eda de las accionadas1) es el Consejo de Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Debe tenerse presente, que esta Sala, desde el auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01) retomado, entre otros, en ATC1486-2022, ATC138-2023 y ATC338-2023, ha venido reiterando que, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de marzo de 2023, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto ante el Consejo de Estado, para que asuma el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Numeral 11\u00b0 Art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
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ATC487-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC487-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00186-01 Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de marzo de 2023, en la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72902\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}