ATC517-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC517-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la consulta del auto del d\u00eda 9 del mes y a\u00f1o en curso, por virtud del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, dirimi\u00f3 el incidente de desacato impulsado por Alba Yaneth Palacios Fl\u00f3rez, como agente oficiosa de su padre Luis Eduardo Palacios Casta\u00f1eda, contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional (Seccional Valle del Cauca) y, concretamente tramitado frente al Jefe Regional de Aseguramiento en Salud n.\u00b0 4, mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano, as\u00ed como respecto a la Directora de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, coronel Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Mediante fallo proferido el 4 de noviembre de 2016 el Tribunal a-quo ampar\u00f3 los derechos fundamentales a la salud y \u00abvida en condiciones dignas\u00bb del agenciado Palacios Casta\u00f1eda, por lo que orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional – Seccional Valle del Cauca, que, <\/p>\n
\u2026en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, adelante todas gestiones administrativas encaminadas a obtener la materializaci\u00f3n de los servicios autorizados al se\u00f1or Luis Eduardo Palacios Casta\u00f1eda, de capsulotom\u00eda con l\u00e1ser y resonancia nuclear magn\u00e9tica de cerebro. <\/p>\n
(\u2026) [Igualmente, deber\u00e1] prove[er] al se\u00f1or Luis Eduardo Palacios Casta\u00f1eda el tratamiento integral respecto a las enfermedades que lo aquejan dentro del marco de esta acci\u00f3n constitucional, sin que se vea abocado a presentar nuevamente una acci\u00f3n constitucional, independientemente de que los procedimientos, medicamentos, insumos y dem\u00e1s se encuentren por fuera del Plan Obligatorio de Salud\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, la agente oficiosa alleg\u00f3 ante el Tribunal un escrito con solicitud de dar apertura a un incidente de desacato, m\u00e1s otro memorial en el interregno del plenario, bajo el argumento medular de que la Direcci\u00f3n encartada ha omitido prestar los siguientes servicios, en favor de su padre, inherentes al \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la orden tutelar arriba descrita: I) hospitalizaci\u00f3n previa a la realizaci\u00f3n de operaci\u00f3n de \u00abRESECCI[\u00d3]N O ENUCLEACI[\u00d3]N TRANSURETRAL DE ADENOMA DE PR[\u00d3]STATA\u2026\u00bb; II) \u00ab[r]eserva de una cama en la Unidad de cuidados especiales por dos (2) d\u00edas\u00bb luego del mentado procedimiento quir\u00fargico; III) \u00abCITA DE CONTROL POR NEUROLOG\u00cdA\u00bb; IV) \u00abPA\u00d1ALES DESECHABLES TALLA M\u00bb de abril; V) medicamento \u00abTRIMETROPINSULFA F tabletas 160\/800\u00bb; y VI) c\u00e1psulas \u00abTAMSULON DUO\u00bb. Estas dos \u00faltimas drogas sin embargo de devenir necesarias para los problemas de pr\u00f3stata que el agenciado padece (recomendadas por el ur\u00f3logo), mientras que con las restantes prestaciones la dilaci\u00f3n permanece aun cuando hay prescripciones m\u00e9dicas en lo tocante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El a-quo constitucional requiri\u00f3, por medio de auto de 13 de abril de los corrientes, al Jefe Regional de Aseguramiento en Salud n.\u00b0 4, mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano1, a fines de honrar el mandato supralegal ya aludido y, asimismo, a la Directora de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, coronel Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, en calidad de \u00absuperior jer\u00e1rquica\u00bb de aquel. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con pronunciamiento del d\u00eda 24 siguiente se dispuso tramitar el incidente de marras respecto a los prenombrados oficiales (para acreditar dentro de un lapso perentorio, una vez m\u00e1s, el cumplimiento demandado), surti\u00e9ndose as\u00ed los traslados de rigor, as\u00ed como la notificaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el dossier tutelar g\u00e9nesis del presente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El convocado Jefe Regional de Aseguramiento en Salud n.\u00b0 4 rindi\u00f3 informe. Indic\u00f3 grosso modo que que en ning\u00fan momento ha truncado al interesado su acceso al servicio de salud. Implor\u00f3 al Tribunal abstenerse de amonestarlo con m\u00e1s veras si voluntariamente se desisti\u00f3 voluntariamente de la cirug\u00eda cuya hospitalizaci\u00f3n fuera instada aqu\u00ed. <\/p>\n
<\/p>\n
6. A trav\u00e9s de prove\u00eddo calendado el d\u00eda 28 posterior se llev\u00f3 a cabo el decreto probatorio y se tuvieron como probanzas los documentos aportados por las partes. Igualmente, se hizo requerimiento a los accionados. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Finalmente, el Tribunal cognoscente, por conducto de la providencia objeto de consulta, resolvi\u00f3 sancionar por desacato \u00abal mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano\u00bb y \u00aba la coronel Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo\u2026, con multa de un (1) salario m\u00ednimo mensual legal vigente, y un (1) d\u00eda de arresto\u00bb, de conformidad con los art\u00edculos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991, m\u00e1s el exhorto para la cabal obediencia a la sentencia iusfundamental objeto del incidente. Lo antedicho, \u00abal no aportarse elemento de juicio alguno por parte de los investigados para demostrar [el] suministro\u00bb eficaz de los pa\u00f1ales desechables, que sin duda tienen ligaz\u00f3n con la enfermedad neuronal del se\u00f1or Palacios Casta\u00f1eda, materia de la salvaguarda principal. <\/p>\n
No obstante -acot\u00f3 el tribunal-, sobre los dem\u00e1s servicios no hubo muestra clara de incumplimiento, m\u00e1xime si: <\/p>\n
Frente a los dos primeros servicios [(hospitalizaci\u00f3n previa y ulterior al procedimiento cl\u00ednico)], se observa que no tienen relaci\u00f3n directa o al menos aparente con las patolog\u00edas amparadas en la acci\u00f3n de tutela; y, en todo caso, el se\u00f1or Luis Eduardo Palacios present\u00f3 desistimiento voluntario a su realizaci\u00f3n, mediante escrito de fecha 20 de abril de 2023 que present\u00f3 ante la regional No. 4 de aseguramiento en salud de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
En cuanto al punto tercero[ \u2013] cita de control por especialidad en neurolog\u00eda \u2013 se demostr\u00f3 la emisi\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de servicios fechada 28 de abril de 2023, la cual es suficiente para predicar cumplimiento en este punto, si en cuenta se tiene que el control o seguimiento fue ordenado el 19 de enero de 2023, para 6 meses despu\u00e9s; es decir, su prestaci\u00f3n efectiva deber\u00e1 darse en julio pr\u00f3ximo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los medicamentos TRIMETROPINSULFA F tabletas 160\/800 cada 12 horas por (10) d\u00edas, y TAMSULON DUO, (1) capsula diaria, fueron medicamentos ordenados por un galeno externo a la red de sanidad de la polic\u00eda nacional, motivo por el cual, ante la solicitud que hiciera el actor el 28 de abril anterior, para que tales f\u00f3rmulas de medicamentos fueran asumidas por la accionada, esta demostr\u00f3 haber programado consulta por la especialidad de urolog\u00eda de su red propia, para el 6 de mayo hoga\u00f1o, a fin de determinar la pertinencia y necesidad de los f\u00e1rmacos, previo a su suministro\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
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8. Despu\u00e9s de lo as\u00ed definido, el implicado Jefe de la Regional n.\u00b0 4 de Aseguramiento en Salud y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, pidieron con sendos oficios y por aparte la revocatoria de las precedentes amonestaciones por \u00abHECHO SUPERADO\u00bb, despu\u00e9s de aseverar que ya fue emitida la orden de entrega de los pa\u00f1ales al agenciado, del mes de abril. Recalcaron los planteamientos del Tribunal en lo concerniente a los otros servicios echados de menos por la promotora del rito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Es menester indicar que el fallo emitido en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela \u00abno s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
3. Con base en las anteriores premisas, se anticipa la infirmaci\u00f3n de las sanciones objeto de la consulta de marras, pues de los escritos de solicitud de revocatoria adosados con posterioridad a la decisi\u00f3n aqu\u00ed examinada se acredit\u00f3 la efectiva dotaci\u00f3n de los pa\u00f1ales desechables echados en extra\u00f1eza por el Tribunal de origen; circunstancia de la que deriva, aun cuando sea en forma tard\u00eda, el acatamiento a la orden constitucional objeto del incidente, en lo ata\u00f1edero al tratamiento integral de las patolog\u00edas del se\u00f1or Palacios Casta\u00f1eda, con m\u00e1s veras si sobre los dem\u00e1s servicios m\u00e9dicos cuya omisi\u00f3n denunciara su agente oficiosa es del caso respaldar los argumentos del a-quo para descartar incumplimiento de los encartados. <\/p>\n
En torno al punto, esta Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026si bien al momento de decidir el incidente en comento el juez a quo constitucional actu\u00f3 con apego en la realidad procesal preponderante, lo cierto es que, en las actuales circunstancias no se justifica la vigencia de las sanciones impuestas en el marco del incidente de desacato, pues del material probatorio allegado por la entidad querellada con posterioridad a la providencia sancionatoria, se colige que efectivamente se tomaron las medidas respectivas y acertadas encaminadas a dar cumplimiento al prenotado fallo de tutela\u2026 (Se destac\u00f3. CSJ STC, 31 may. 2013, rad. 2012-00073-01; reiterado en ATC475-2015, 4 feb. 2015, rad.1999-00026-02). <\/p>\n
4. En este orden de ideas, comoquiera que esta Corte ha sostenido que la imposici\u00f3n de sanciones por desacato deriva no solo de un factor objetivo sino que prima la valoraci\u00f3n de aspectos subjetivos, en punto a que debe observarse la intencionalidad de desatender la orden de tutela por cuenta del llamado a cumplirla, es claro que, en este momento, no resulta justificado mantener las amonestaciones impuestas en la providencia pasible del presente an\u00e1lisis; por lo que la determinaci\u00f3n consultada habr\u00e1 de infirmarse, sin perjuicio de que, con posterioridad, ante una eventual desatenci\u00f3n, se impulse un nuevo incidente de este linaje. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, resuelve: <\/p>\n
Primero. Revocar el auto del d\u00eda 9 del mes y a\u00f1o en curso, por virtud del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, sancion\u00f3 por desacato al Jefe Regional de Aseguramiento en Salud n.\u00b0 4, mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano, as\u00ed como a la Directora de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, coronel Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo. <\/p>\n
Segundo. Abstenerse, por ende, de infligir las sanciones a que alude el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la devoluci\u00f3n de las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Funcionario que hoy reemplaza a quien inicialmente se dirigi\u00f3 la orden de tutela. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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