ATC533-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC533-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 21 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Asociaci\u00f3n Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial \u2013 Asonal Judicial en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado Jhonatan Galindo Rodr\u00edguez, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
Relat\u00f3 en s\u00edntesis que \u00ab[p]ara el 18 de noviembre de 2022 el Dr. JHONATAN GALINDO RODRIGUEZ quien se desempe\u00f1aba como oficial mayor del Juzgado 3ro civil del circuito de Ibagu\u00e9, allega a nuestro sindicato, copia de la queja presentada ante el Comit\u00e9 de acoso laboral en contra del se\u00f1or Juez titular de ese despacho, esperando asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, y previo requerimiento del funcionario convocado, aduce que \u00abel 21 de febrero de 2023 (\u2026) eleva una vez m\u00e1s derecho de petici\u00f3n al se\u00f1or Juez 3ro Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 dr. JOHN CARLOS CAMACHO PUYO, solicit\u00e1ndole dar respuesta a nuestro derecho de petici\u00f3n inicial, para lo cual aportamos el documento por \u00e9l exigido, suscrito por el Dr. JHONATAN GALINDO RODRIGUEZ\u00bb; sin embargo, \u00ab[a] la fecha, pese a haberse cumplido lo impuesto por el se\u00f1or juez 3ro civil del circuito de Ibagu\u00e9 (\u2026), no se ha recibido respuesta a nuestro derecho de petici\u00f3n\u00bb mediante el cual solicit\u00f3 informaci\u00f3n acerca de \u00ab\u201ccu\u00e1les son las calificaciones que hasta la fecha han sido emitidas respecto al citado empleado, aclarando adem\u00e1s si se trata de Actas de Seguimiento (trimestrales) o calificaci\u00f3n de sus servicios (anual), bajo que t\u00e9rminos y fundamentos legales han venido siendo proferidas, y si est\u00e1n siendo adoptadas de manera general para la totalidad de integrantes de su Despacho o espec\u00edficamente al citado empleado ante su reciente vinculaci\u00f3n en carrera.\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, pidi\u00f3 que \u00abse ordene a dicho funcionario que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva de fondo la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2. El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo deprecado por haberse estructurado una carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que \u00abdeterminado el panorama f\u00e1ctico que arrojan las pruebas rese\u00f1adas, se advierte que el actor elev\u00f3 dos peticiones ante el Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, la primera que obtuvo respuesta previamente a la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, ech\u00e1ndose de menos contestaci\u00f3n a la segunda, que finalmente se cumpli\u00f3 en el curso del procedimiento, (\u2026) pues si bien nuevamente se neg\u00f3 lo solicitado, ello en manera alguna se traduce en vulneraci\u00f3n del derecho del que se reclama amparo, en cuanto que de forma precisa se indicaron los motivos que se opon\u00edan a la entrega de la informaci\u00f3n y documentos requeridos, que lo fue la ausencia de v\u00ednculo entre la organizaci\u00f3n sindical y el empleado en favor de quien aquella intervino\u00bb. <\/p>\n
3. El anterior fallo lo impugn\u00f3 la asociaci\u00f3n querellante sin exponer razones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinado el libelo introductor y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n, se encamina a censurar la omisi\u00f3n por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en el desarrollo de funciones de naturaleza administrativa, y no jurisdiccional, con ocasi\u00f3n de un derecho de petici\u00f3n formulado por la entidad convocante, a partir de \u00abla queja presentada ante el Comit\u00e9 de acoso laboral en contra del se\u00f1or Juez titular de ese despacho\u00bb por parte de Jhonatan Galindo Rodr\u00edguez \u00abquien se desempe\u00f1aba como oficial mayor del [referido] Juzgado\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, al observarse que la salvaguarda se dirige contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, pero en el curso de actuaciones administrativas, es claro que a este asunto no le es aplicable la regla 5\u00aa del art\u00edculo 1 del Decreto 333 de 20211, sino que inicialmente la competencia se regula bajo el numeral 1\u00ba de esa misma normativa, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
As\u00ed lo record\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en ATC440-2020, 19 jun., al indicar que: <\/p>\n
\u00abal estar excluido de la queja constitucional cualquier asunto de \u00edndole jurisdiccional, esta salvaguarda debi\u00f3 ser definida en primer grado por los estrados civiles municipales de esta capital, en aplicaci\u00f3n del numeral primero del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20172. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos a los aqu\u00ed expuestos esta Sala, recientemente, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Revisado el escrito inicial, se establece que el reproche endilgado a la Juez Segunda de Familia de C\u00facuta se circunscribe a asuntos de \u00edndole administrativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cCabe destacar que de lo narrado no se desprende que la censura est\u00e9 dirigida a cuestionar alguna actuaci\u00f3n jurisdiccional de la prenombrada autoridad, lo que habilitar\u00eda el conocimiento del tribunal en las condiciones en que lo hizo, aduciendo la calidad de superior funcional del despacho convocado\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]elimitado el reclamo contra actuaciones administrativas de la juez acusada, encuentra esta Sala que el amparo no debi\u00f3 ser resuelto por el Tribunal Superior de C\u00facuta en primera instancia, pues de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales (\u2026)\u201d3.\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, como en este caso resalta tambi\u00e9n la calidad del extremo activo de esta acci\u00f3n, que involucra evidentemente a quien fungi\u00f3 como empleado judicial perteneciente al despacho aqu\u00ed convocado4, que hace parte de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, es menester el estudio del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del mencionado precepto, que dispone \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb (Se resalta); y as\u00ed, a partir de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el citado Decreto 333 de 2021, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, debe ser la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo la que dirima el auxilio. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 para esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Juzgados Administrativos de esa ciudad. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo5, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19926\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC1301-2022, 1\u00b0 sep., rad. 2021-01938-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 21 de abril de 2023 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n del presente asunto a los Juzgados Administrativos de Ibagu\u00e9, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto al a quo y a los interesados mediante medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. ATC606 de 24 de abril de 2019, exp. 2019-00034-01 <\/p>\n
4\u0002 Aun cuando su defensa la ejerce a trav\u00e9s de Asonal Judicial, con ocasi\u00f3n de las actuaciones de acompa\u00f1amiento que dicha asociaci\u00f3n adelanta con ocasi\u00f3n de la queja que, por presunto acoso laboral, instaur\u00f3 en contra del funcionario cuestionado. <\/p>\n
5\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
6\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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