ATC537-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC537-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-22-14-000-2023-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de nulidad formulada por la convocante, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales, supuestamente vulneradas por los Juzgados Tercero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Armenia, en el curso de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2013-00836, porque, grosso modo, rechazaron la nulidad por aquella propuesta. <\/p>\n
2. En primera instancia, con determinaci\u00f3n de 14 de marzo de 2023, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque \u00ablas incidencias narradas est\u00e1n desprovistas de inmediatez, en la medida en que todas ocurrieron antes del remate practicado en el proceso ejecutivo, que se llev\u00f3 a cabo el 28 de septiembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Colegiatura, en sede de impugnaci\u00f3n (STC3469-2023, 13 abr.) confirm\u00f3 la decisi\u00f3n desfavorable del a quo constitucional, pues advirti\u00f3 que \u00ab[la] determinaci\u00f3n [confutada], al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria resuelta en ese espec\u00edfico escenario\u00bb. <\/p>\n
4. La libelista alleg\u00f3 petici\u00f3n de \u00abnulidad de todo lo actuado\u00bb con fundamento en los numerales 2, 5 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, porque, en su criterio: (i) \u00abNo tramita la impugnaci\u00f3n y pretermite \u00edntegramente la primera instancia, se aparta de los hechos expuestos en la demanda de tutela, no practica las pruebas solicitadas, para traer en sus consideraciones el auto proferido el 08 de febrero de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia\u00bb; (ii) \u00abel fallo de tutela omite decretar y practicar las pruebas solicitadas y allegadas en la acci\u00f3n de tutela (\u2026) donde se solicite a la Fiscal\u00eda 8 Seccional de Armenia, le informe de la denuncia (\u2026) con Radicado NUN. 630016000059201701850, con informe del cotejo de grafolog\u00eda y las impresiones dactilares respecto del documento falsificado (poder especial)\u00bb; y, (iii) \u00abno se vincul\u00f3 a la Fiscal\u00eda 8 Seccional de Armenia, cuando all\u00ed se investiga el \u00abespurio poder especial\u00bb aportado en la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
5. El apoderado de Gustavo Arenas Torres se\u00f1al\u00f3 que \u00abla accionante es la que escoge las autoridades que presuntamente han vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de la accionante. En este caso, las quejas de la demandante van dirigidas en contra de dos operadores judiciales espec\u00edficos, sin que haya adelantado queja o reproche alguno contra la Fiscal\u00eda 8 Seccional de Armenia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela por la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4.\u00ba del Decreto 306 de 1992, la actuaci\u00f3n puede tener vicios que afectan su validez, principalmente cuando, respecto de las partes o intervinientes, no se atiende con estrictez el debido proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, \u00ablas nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador \u2013y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia \u2013sanci\u00f3n- de invalidar las actuaciones surtidas\u00bb, y en cuanto a su invocaci\u00f3n, se ci\u00f1e al principio de taxatividad, pues \u00abs\u00f3lo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuaci\u00f3n aquellos expresamente se\u00f1alados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constituci\u00f3n, como el caso de la nulidad que se presenta por pr\u00e1ctica de una prueba con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CC T-125\/10). <\/p>\n
2. Entre las nulidades que pueden invocarse en este tipo de procedimientos, est\u00e1n las que omiten las notificaciones de la admisi\u00f3n o de la sentencia a las partes y terceros con inter\u00e9s, o cuando alguno de \u00e9stos no han sido vinculado para que ejerza sus leg\u00edtimos derechos de defensa y contradicci\u00f3n (preceptos 133, 136 y 137 del estatuto adjetivo), sin perjuicio del saneamiento por el interesado que una vez notificado, act\u00faa sin aducir la supuesta irregularidad. <\/p>\n
Igualmente, la nulidad procede por la pretermisi\u00f3n de una instancia, ya que \u00abla impugnaci\u00f3n de las providencias de tutela constituye un derecho de raigambre constitucional, a trav\u00e9s del cual se pretende que el superior jer\u00e1rquico de la autoridad judicial que emiti\u00f3 el pronunciamiento, eval\u00fae nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisi\u00f3n definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia\u00bb (CC A-091\/02, A-265\/02 y A-220\/12). <\/p>\n
3. La figura jur\u00eddica en estudio est\u00e1 regida, entre otros principios, por el de la especificidad o legalidad, seg\u00fan el cual solo es posible su estructuraci\u00f3n en una de las reglas previamente determinadas. <\/p>\n
Al respecto, aludiendo a disposiciones de la anterior codificaci\u00f3n procedimental civil, actualmente retomadas en el nuevo estatuto adjetivo con algunas variables que no afectan la vigencia jurisprudencial, esta Corte, mediante auto del 21 de marzo de 2012 (rad. 2006-00492-00), sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del tr\u00e1mite, su ejercicio se encuentra delimitado por el inter\u00e9s que le asiste a su proponente, su contemplaci\u00f3n expresa como causal de invalidaci\u00f3n y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes. <\/p>\n
En ese sentido la Sala se\u00f1al\u00f3 que \u201c[d]able es, por consiguiente, sostener que las nulidades procesales corresponden al remedio establecido por el legislador para que las partes y, en ciertos casos, los terceros, puedan conjurar los agravios irrogados a sus derechos por actuaciones cumplidas en el interior de un proceso judicial, instituto que, por ende, es restringido, raz\u00f3n por la que opera \u00fanicamente en los supuestos taxativamente determinados por la ley, y al que s\u00f3lo pueden recurrir las personas directamente afectadas con el acto ileg\u00edtimo, siempre y cuando no lo hayan convalidado expresa o t\u00e1citamente\u201d (sentencia de 30 de noviembre de 2011, expediente 2000-00229). <\/p>\n
(\u2026) Pero la simple enunciaci\u00f3n de la raz\u00f3n propuesta no es suficiente para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, toda vez que debe ir acompa\u00f1ada de una exposici\u00f3n razonada de los hechos en que se fundamenta, de tal manera que encajen dentro del mismo, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta v\u00eda simples disconformidades con las decisiones que se tomen al interior del debate, bajo una apariencia que no le corresponde, m\u00e1xime cuando el par\u00e1grafo del art\u00edculo 140 ib\u00eddem, contempla que \u201c[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este C\u00f3digo establece\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. Con observancia en las premisas que anteceden, se advierte la improcedencia de la nulidad alegada por la peticionaria, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. Sobre la supuesta \u00abpretermisi\u00f3n de la instancia\u00bb: <\/p>\n
Indic\u00f3 la memorialista que \u00ab[n]o [se] tramit[\u00f3] la impugnaci\u00f3n (\u2026) se aparta de los hechos expuestos en la demanda de tutela (\u2026) para traer en sus consideraciones el auto proferido el 08 de febrero de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia\u00bb, disposici\u00f3n que a su juicio \u00abno surte efectos legales para la aprobaci\u00f3n del remate celebrado el 28 de septiembre de 2018\u00bb; en esa l\u00ednea, encuentra la Sala que tales aseveraciones no se corresponden con la realidad procesal. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que, desde la definici\u00f3n del problema jur\u00eddico, la Corte circunscribi\u00f3 el an\u00e1lisis, al auto del 8 de febrero de 2023, por cuanto \u00abfue el que defini\u00f3 el asunto\u00bb al ratificar el rechazo de la nulidad propuesta por la memorialista, en el ejecutivo rad. n.\u00b0 2013-00836. <\/p>\n
Seguidamente, como se explic\u00f3 en el fallo aqu\u00ed censurado, la Sala no advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, pues dicha determinaci\u00f3n, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria resuelta en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
Incluso, en ese pronunciamiento, se dej\u00f3 sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Al respecto esa Sala ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177- 00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01)\u00bb. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual no tiene respaldo la afirmaci\u00f3n de la gestora, pues, como se vio, se abord\u00f3 \u00edntegramente la problem\u00e1tica puesta a consideraci\u00f3n de la Corte, aunque el sentido hubiese sido desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
4.2. Respecto de la causal 5 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abCuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb: <\/p>\n
Como fundamento, la censora expuso que \u00ab[e]s un deber de practicar las pruebas para verificar un flagrante \u00abFRAUDE PROCESAL\u00bb, en el proceso ejecutivo hipotecario que se (\u2026) adelanta\u00bb. <\/p>\n
Sobre ello, it\u00e9rese que en esta sede se aval\u00f3 la razonabilidad de la determinaci\u00f3n dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia por medio de la cual, confirm\u00f3 el rechazo de la nulidad propuesta por la tutelante, en tanto encontr\u00f3 que aquella \u00abno indic\u00f3 una espec\u00edfica causa de invalidaci\u00f3n y las circunstancias que refiri\u00f3 como generadoras de nulidad, no est\u00e1n previstas en el c\u00f3digo adjetivo como motivo que d\u00e9 lugar a la anulaci\u00f3n de lo actuado\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la inspecci\u00f3n practicada al expediente digital remitido por los estrados fustigados, en especial al auto previamente referido, fue suficiente para definir el asunto, debi\u00e9ndose tener en cuenta que el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que \u00ab[e]l juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb, circunstancia por la cual no se incurri\u00f3 en ninguna irregularidad al no haber decretado pruebas adicionales a las ya obrantes en la foliatura \u2014como las aportadas con el escrito de tutela, el expediente de la actuaci\u00f3n censurada, etc\u2014, m\u00e1xime cuando esta v\u00eda excepcional no es un tercera instancia adicional, ni tampoco le est\u00e1 permitido al Juez constitucional entrar a emitir propios juicios de valor, sino, por el contrario, revisar si los emitidos por la autoridad encartada responden al criterio de razonabilidad, aun cuando no se compartan. <\/p>\n
Frente al tema, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abel juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u2018resulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u2019 (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00)\u00bb (CSJ STC 12 mar. 2013, rad. 00004-01, reiterada en STC5695-2022, 11 may.). <\/p>\n
4.3. En lo relativo a la causal 8 del art\u00edculo 133 ej\u00fasdem: \u00abCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, (\u2026) o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb: <\/p>\n
En este aspecto, la convocante destac\u00f3 que \u00abno se vincul\u00f3 a la Fiscal\u00eda 8 Seccional de Armenia, cuando all\u00ed se investiga el \u00abespurio poder especial\u00bb aportado en la acci\u00f3n ejecutiva en [su] contra que se tramita en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia\u00bb, sin embargo, precisa la Sala que, en este punto, la querellante carece de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, teniendo en cuenta que, en este caso, se aduce una supuesta falta de enteramiento de la \u00abFiscal\u00eda 8 Seccional de Armenia\u00bb, situaci\u00f3n que solo podr\u00eda ser deprecada por la autoridad interesada; aunado a que, revisado el sub-lite, se colige que el debate no involucra las determinaciones de esa autoridad. <\/p>\n
Conforme con ello, se impone desestimar la solicitud de nulidad formulada por la parte accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, NIEGA la petici\u00f3n de nulidad presentada por la gestora. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito; y, verificado lo anterior, por Secretar\u00eda dese cumplimiento a lo ordenado en la parte final del fallo STC3469-2023, 13 abr., dictado por esta Corporaci\u00f3n, enviando el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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