ATC557-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00337-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el pasado 7 de marzo por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Derly Vargas Rojas contra el Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abacceso a los cargos p\u00fablicos\u2026 al trabajo\u2026 al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, debido proceso y confianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
2. Dijo que particip\u00f3 en la \u00abconvocatoria No. 4\u00bb adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare para proveer cargos de carrera en los diferentes despachos judiciales que se encuentran bajo su competencia territorial, inscribi\u00e9ndose para el empleo de oficial mayor de juzgado de circuito. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, superadas las diferentes etapas del concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos, opt\u00f3 por la vacante existente en el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, ocupando el tercer lugar en la lista de elegibles confeccionada mediante Acuerdo CSJBOYA21-99 de 16 de diciembre de 2021 por la corporaci\u00f3n que gerencia la carrera judicial a nivel seccional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, sus antecesores en el listado declinaron el nombramiento; sin embargo, pese a ello, no fue designada en propiedad por cuanto, mediante Resoluci\u00f3n 020 de 9 de diciembre de 2022, la nominadora reconoci\u00f3 a la persona que ocupa provisionalmente el referido empleo el fuero de estabilidad laboral reforzada dadas sus condiciones de salud y ser madre cabeza de familia. <\/p>\n
Contra el anterior acto administrativo, agreg\u00f3, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido mediante Resoluci\u00f3n 002 de 30 de enero de 2023, remiti\u00e9ndose la actuaci\u00f3n al Tribunal Superior de Tunja, sin que a la fecha hubiera sido resuelto. <\/p>\n
3. La gestora se mostr\u00f3 inconforme con la decisi\u00f3n de proteger laboralmente a la empleada que ocupa el cargo en provisionalidad habida consideraci\u00f3n que, a su juicio, la misma se adopt\u00f3 <\/p>\n
Asimismo, reliev\u00f3 que su no designaci\u00f3n en propiedad le est\u00e1 generando graves perjuicios en tanto \u00abdesde el 28 de febrero de 2022 [se] encuentr[a] desempleada teniendo a cargo el cuidado personal de [su] hija\u2026 la cual depende\u2026 econ\u00f3micamente [de ella]\u2026 quien se encuentra en s\u00e9ptimo grado de escolaridad\u00bb de all\u00ed que, \u00abde prolongarse [la] situaci\u00f3n, no solo se vulnerar\u00edan [sus] derechos fundamentales\u2026 sino los derechos en cabeza de [su] hija\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, entonces, remover los efectos de \u00abla Resoluci\u00f3n No. 020 de 09 de diciembre de 2022\u00bb y que, como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja \u00abexpida y notifique el acto administrativo de nombramiento de la suscrita conforme a lo previsto en el acuerdo No. CSJBOYA21-99 del 16 de diciembre de 2021 [sic]\u00bb. <\/p>\n
5. La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que la actuaci\u00f3n administrativa no ha culminado pues el Tribunal Superior de Tunja no ha desatado la alzada formulada por Vargas Rojas contra el acto administrativo cuestionado. <\/p>\n
6. La gestora impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n aduciendo que no le es posible esperar el resultado del recurso, ni acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, comoquiera que se la situaci\u00f3n planteada en el resguardo le viene generando perjuicios irremediables tanto a ella como a su hija menor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia del amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta herramienta constitucional se encuentra establecido el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991; sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento, advierte la Corte la falta de competencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para conocer y resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que, si bien es cierto la demanda involucra a un Tribunal Superior de Distrito Judicial, respecto del cual esta Corporaci\u00f3n es el respectivo superior funcional, en esta oportunidad no se debate aspecto alguno de orden jurisdiccional sino netamente administrativo. <\/p>\n
En efecto, dentro de las reglas para el conocimiento de la tutela contenidas en el mentado Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021), el numeral 5 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 establece que el amparo dirigido contra \u00ablos Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
No obstante, como la queja de la gestora no entra\u00f1a una actuaci\u00f3n jurisdiccional de los funcionarios querellados, sino que versa sobre la decisi\u00f3n de no nombrar a una persona que se postul\u00f3 para ejercer un cargo en propiedad1 y por ende integrar la planta de personal del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, claramente se vislumbra que la situaci\u00f3n corresponde a una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo como nominador de un empleo p\u00fablico, frente a la cual no aplica la disposici\u00f3n transcrita. <\/p>\n
Esta postura ha venido siendo sostenida por esta Sala, precisando que, si el juez censurado funge como autoridad administrativa, se torna inaplicable la regla de competencia reservada para aquellos casos en donde se controvierte una actuaci\u00f3n como funcionario en el \u00e1mbito jurisdiccional, pues en tales circunstancias: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00ab[N]o se aplica la regla 2\u00aa del art\u00edculo 1\u00b0 del precitado decreto\u2026 seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela promovida contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado, porque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (\u2026)\u00bb CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 2010-00234-01; reiterado en ATC, 10 may. 2012, rad. 00593-01; ATC6185-2015, 23 oct. 2015, rad. 00627-01, ATC8523-2016, 9 dic. 2016, rad. 00396-01 y ATC2685-2017, 10 may. 2017, rad. 00098-01) <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n no asumi\u00f3 la segunda instancia de un asunto y lo devolvi\u00f3 para que se conociera por un juez de circuito, al encontrar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el objeto de la censura en el asunto de la referencia versa alrededor de una cuesti\u00f3n eminentemente administrativa\u2026raz\u00f3n por la cual la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la queja constitucional\u2026Por lo anterior, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, y teniendo en cuenta que no se est\u00e1 controvirtiendo una actuaci\u00f3n de \u00edndole judicial y adem\u00e1s se trata de una entidad del orden Departamental, esta Corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de avocar el conocimiento por ser un asunto propio de competencia de los jueces anteriormente mencionados y dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina Judicial de Monter\u00eda, para que efect\u00fae el reparto correspondiente, por tener el accionado sede en esa capital. Sobre este t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u2018s\u00f3lo cuando la acci\u00f3n se promueve contra el Tribunal en calidad de Corporaci\u00f3n Judicial le compete a la Corte Suprema de Justicia conocer de las tutelas, en calidad de superior funcional, seg\u00fan mandato del numeral 2 de la norma citada. \u2018Los t\u00e9rminos \u2018superior funcional\u2019 implica la posibilidad de conocer en recurso de apelaci\u00f3n o alzada las decisiones jurisdiccionales que en ejercicio de sus funciones cumplan los inferiores jer\u00e1rquicos\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 27 ago. 2008, rad, 00597, reiterado en ATC, 22 abr. 2013, rad, 2013-00089; ATC3946-2014, 15 jul. 2014, rad. 01504-00 y ATC8523-2016, 9 dic. 2016, rad. 00396-01) <\/p>\n
De tal manera, al observarse que la salvaguarda se dirige contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, pero en el curso de una actuaci\u00f3n administrativa, inicialmente la competencia se asignar\u00eda bajo la regla consagrada en el numeral 1 del referido precepto, que establece que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, como en esta oportunidad tambi\u00e9n fungen como demandados el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, es menester acudir al numeral 6 ibid., el cual prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
Pauta que, a su vez, debe integrarse con el segundo inciso del numeral 8 de la aludida disposici\u00f3n, seg\u00fan la cual \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, para concluir, en definitiva, que la autoridad judicial llamada a conocer del presente asunto es el Tribunal Administrativo de Boyac\u00e12. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
Atendiendo lo se\u00f1alado, se establece la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primera instancia de esta salvaguarda, en consecuencia, se decretar\u00e1 la nulidad de lo actuado, ordenando el env\u00edo del expediente -como se advirti\u00f3 en precedencia- al Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 para que, previo reparto, sea asignada a uno de los magistrados que lo integran. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, a efecto de que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, rehaga el tr\u00e1mite y profiera un nuevo fallo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas o practicar pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [H]ace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1934-2021, 15 dic., rad. 00363-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u201cnula\u201d, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u201cimprorrogable\u201d, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19924\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC1301-2022, 1\u00b0 sep., rad. 2021-01938-01, entre muchos otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Derly Vargas Rojas, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el presente asunto al Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 para que, previo reparto, sea asignado a un magistrado integrante de dicha corporaci\u00f3n a quien le corresponder\u00e1 adelantar y decidir el asunto. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la Sala A Quo y a todos los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Criterio que se ha mantenido en providencias como la sentencia CSJ STC3480-2022, 13 mar. y el auto CSJ ATC1123-2022, 3 ago. <\/p>\n
3\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
4\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC557-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00337-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el pasado 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}