ATC559-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC559-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02472-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el 6 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mar\u00eda Elena Arango Cuervo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A.; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la igualdad, al m\u00ednimo vital y a la seguridad social, que dice vulneradas por la sede judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abse ordene al Tribunal Superior Sala Laboral de Medell\u00edn que vuelva a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral seguido por las se\u00f1oras Mar\u00eda Elena Arango Cuervo y Mar\u00eda Eugenia Jaramillo Quintero contra Protecci\u00f3n S.A.\u00bb y en consecuencia que dicha Colegiatura \u00abacepte la transacci\u00f3n realizada por las partes antes descritas, en el sentido de reconocer el 35% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la actora y el 65% a la esposa\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luego de que Protecci\u00f3n S.A.S le neg\u00f3 a la aqu\u00ed accionante en calidad de compa\u00f1era permanente, y a Mar\u00eda Eugenia Jaramillo, como c\u00f3nyuge con sociedad conyugal vigente, la pensi\u00f3n que le solicitaron como sobrevivientes de Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda, con quien \u00abconvivieron simult\u00e1neamente\u00bb hasta su fallecimiento el 18 de julio de 2017, iniciaron el referido juicio para que se les concediera el beneficio en un 50% a cada una, pedimento al cual accedi\u00f3 el 21 de marzo de 2021 el Juzgado Quinto Laboral de Medell\u00edn, para reconocer a la gestora el 35% de la pensi\u00f3n y a Mar\u00eda Eugenia Jaramillo el 65% restante, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala que el 25 de junio de 2021 las demandantes suscribieron con Protecci\u00f3n S.A. un contrato de transacci\u00f3n lo presentaron al juzgado y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, para que se concediera a cada sobreviviente el 50% de la pensi\u00f3n, no obstante el 23 de noviembre de 2021 dicha Colegiatura no aprob\u00f3 el arreglo y el 14 de diciembre siguiente dict\u00f3 sentencia con que revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primera instancia, para dejar la pensi\u00f3n \u00fanicamente a favor de Mar\u00eda Eugenia Jaramillo Quintero. <\/p>\n
2.3. Afirma que contra el precitado fallo Protecci\u00f3n S.A. interpuso el recurso de casaci\u00f3n y el expediente fue remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde el 24 de mayo de 2022 se acept\u00f3 el desistimiento que de ese mecanismo hizo la recurrente, y el 6 de septiembre siguiente dicha Corporaci\u00f3n, ante la solicitud de la aqu\u00ed accionante para que se tuviera en cuenta la transacci\u00f3n, le orden\u00f3 estarse a lo dispuesto en la precitada decisi\u00f3n porque el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n culmin\u00f3, por haberse aceptado el desistimiento del mismo y haberse devuelto el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que dentro del juicio criticado debi\u00f3 aceptarse la transacci\u00f3n porque no involucraba derechos ciertos e indiscutibles. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela fue repartida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el resguardo con la providencia que impugn\u00f3 la promotora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la peticionaria pretende que se amparen sus derechos supuestamente vulnerados, con ocasi\u00f3n de las decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, de 23 de noviembre de 2021 con que no acept\u00f3 la transacci\u00f3n sobre el objeto del litigio cuestionado, y de 14 de diciembre siguiente con que dict\u00f3 sentencia de segunda instancia; porque en sentir de aquella, el com\u00fan acuerdo a que se lleg\u00f3 debi\u00f3 recibir aprobaci\u00f3n por parte de dicha Colegiatura, por no involucrar derechos ciertos e indiscutibles. <\/p>\n
Luego, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia carec\u00eda de competencia para asumir, en primera instancia, el conocimiento de la demanda de tutela, pues las quejas formuladas involucran, \u00fanicamente, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por lo que ning\u00fan soporte ten\u00eda la convocatoria como accionado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues ninguna queja concreta se elev\u00f3 frente a tal sede judicial, pues tan solo se refiri\u00f3 que acept\u00f3 el desistimiento del recurso de casaci\u00f3n que interpuso la demandada dentro del proceso cuestionado contra el fallo del Tribunal, y ante similar solicitud a la aqu\u00ed elevada le indic\u00f3 a la gestora estarse a lo dispuesto en la precitada decisi\u00f3n, sin emitir ning\u00fan pronunciamiento de fondo frente a lo requerido por haberse agotado el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n, de ah\u00ed que esa puntual intervenci\u00f3n no serv\u00eda para inmiscuirla en la discusi\u00f3n que propone la tutelante. <\/p>\n
Por lo tanto, esta Sala tampoco cuenta con competencia para asumir el conocimiento de tales censuras, en segundo grado, conforme con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, \u00faltimo que prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Ahora, que en la demanda de amparo se hubiese mencionado a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no conlleva la alteraci\u00f3n del funcionario competente para dirimirlo, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado la Sala que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los hechos descritos en la solicitud de tutela son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (STC-6613-2021, citado en ATC099-2022). <\/p>\n
Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de la prenotada oficina judicial se tornaba \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, las quejas del actor se dirigen, en esencia, a cuestionar actuaciones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar, al ser superior funcional del Tribunal accionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 6 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ser la llamada a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC559-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC559-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02472-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72946","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}