ATC587-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC587-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02496-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por una Sala de Conjueces de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 2 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez contra esa misma Sala Especializada, el Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Itag\u00fc\u00ed, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de \u00abpetici\u00f3n, defensa, debido proceso y libertad\u00bb. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se disponga la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n penal seguida en su contra por el delito de secuestro, al interior de la cual le fueron impuestas las penas de 260 meses de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, acompa\u00f1adas de una multa equivalente a 1.066 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por considerar que la condena trasgredi\u00f3 sus garant\u00edas superiores al haber sido emitida al interior de un proceso viciado de nulidad y carecer de soporte probatorio. <\/p>\n
Cabe indicar que contra las sentencias condenatorias de primer y segundo grado (30 de octubre de 2020 y 22 de abril de 2021), Villa Ram\u00edrez formul\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n cuya demanda fue inadmitida con auto AP4090-2022, 2 de sep., rad 605601, que tambi\u00e9n es objeto de ataque a trav\u00e9s de este instrumento pues, a juicio del quejoso, la Hom\u00f3loga Penal actu\u00f3 \u00abde forma caprichosa, de manera ilegal, arbitraria e injusta\u00bb, habida cuenta que no se percat\u00f3 de la \u00abinexistencia\u00bb de la conducta punible por la que fue sancionado. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo del pasado 2 de mayo una Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, al encontrar, de un lado, que el gestor actu\u00f3 temerariamente en tato promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n una acci\u00f3n de tutela con id\u00e9nticas pretensiones a la actual y, de otro, que la decisi\u00f3n de inadmitir la demanda extraordinaria no lesion\u00f3 sus prerrogativas dado que se soport\u00f3 en un criterio razonable. Esta determinaci\u00f3n fue impugnada por el promotor, quien b\u00e1sicamente insisti\u00f3 en sus alegatos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo la compromete de manera directa toda vez que profiri\u00f3 algunas de las decisiones que son objeto de reproche: los autos AP4090-2022 y AP5730-2022, por medio de los cuales inadmiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n interpuesta por el quejoso contra los fallos condenatorios emitidos en su contra. <\/p>\n
Entonces, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela formulada contra la Corte Suprema de Justicia debe ser asignado atendiendo la regla prevista en el numeral 7 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, para ser resuelta \u00abpor la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento\u00bb interno de la Corporaci\u00f3n; as\u00ed, en atenci\u00f3n al art\u00edculo 44 del Acuerdo 006 de 12 de diciembre de 2022, la salvaguarda dirigida \u00abcontra uno o varios Magistrados de la misma Sala de Casaci\u00f3n Especializada, o contra la respectiva Sala, se repartir\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n que siga en orden alfab\u00e9tico\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando la remisi\u00f3n del expediente a la secretar\u00eda de esta Sala Especializada a efectos de que sea sometido a reparto entre los integrantes de la misma. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar medidas cautelares, practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Remitir el expediente a la secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, a efectos de que sea sometida a reparto entre los integrantes de la misma. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Decisi\u00f3n ratificada el 7 de diciembre siguiente mediante prove\u00eddo AP5730-2022 a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
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