ATC588-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
ATC588-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00060-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso dirimir sobre la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Mar\u00eda In\u00e9s Burgos Terrios frente a la sentencia del pasado 11 de abril, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, en la acci\u00f3n de tutela promovida por ella junto a Berta Claro Gir\u00f3n, Edgar Lozada Perdomo, Flor Mar\u00eda Torres, Lucila Duss\u00e1n, Fabiola Ib\u00e1\u00f1ez S\u00e1nchez, Germ\u00e1n Gonz\u00e1lez, Fabiola Rojas, Claudia Milena Losada Torres, Sandra Milena Hermida Farf\u00e1n, Roc\u00edo \u00c1lvarez y Johnathan Garc\u00e9s, contra la Alcald\u00eda de esa misma ciudad, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los convocantes deprecaron la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00ab[v]ida, [d]ignidad [h]umana, [v]ivienda [d]igna, [d]efensa e [i]gualdad\u00bb, presuntamente conculcadas por el ente territorial requerido. Y en concreto, restar valor a los pronunciamientos por \u00e9l emitidos, as\u00ed como \u00ababsten[erse]\u00bb de ejecutar las \u00f3rdenes de \u00abdemol[ici\u00f3n]\u00bb ah\u00ed insertas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento criticaron, en estricto compendio, que la Alcald\u00eda ahora accionada dispuso, mediante resoluci\u00f3n n.\u00b0 173 de 14 de agosto de 2018 -en el marco de investigaci\u00f3n administrativa por posible \u00abinvasi\u00f3n del espacio p\u00fablico\u00bb-, conminar a Mar\u00eda In\u00e9s Burgos Terrios a derribar un muro aparentemente construido en \u00e1rea de tal naturaleza, pero sin miramiento de que la descrita edificaci\u00f3n am\u00e9n de alzarse con apego en la norma aplicable y no obstruir el paso de los peatones, tuvo g\u00e9nesis en la intenci\u00f3n vecinal de evitar desastres en las viviendas de todos los moradores del sector, susceptible de riesgos por la ubicaci\u00f3n en zona de deslizamientos. <\/p>\n
A\u00f1adieron estar legitimados en calidad de habitantes de la zona y por la condici\u00f3n de adultos mayores de algunos de ellos. Tambi\u00e9n, que el hecho que con \u201cauto\u201d de 10 de junio de 2022 se rechazara el recurso de reposici\u00f3n de Burgos Terrios respecto a la resoluci\u00f3n en comento, en forma alguna ha de significar \u00abexcusa para la prevalencia\u00bb de las premisas superiores en juego. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal a-quo acab\u00f3 por admitir el libelo supralegal, luego de la remisi\u00f3n por \u00abcompetencia\u00bb que le hizo el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Neiva, primigenio receptor de las diligencias. <\/p>\n
Y una vez surtido el debate de rigor \u2013tras la desvinculaci\u00f3n del despacho Cuarto Civil del Circuito de dicha ciudad, por no tener relaci\u00f3n (en palabras de la promotora Mar\u00eda In\u00e9s Burgos Terrios) con el objeto de la reclamaci\u00f3n del ep\u00edgrafe\u2013, la colegiatura de cognici\u00f3n opt\u00f3 por estimar improcedente la salvaguarda procurada, en tanto que, a la postre, el manifiesto de la administraci\u00f3n en disenso data de hace \u00abpoco m\u00e1s de cuatro a\u00f1os\u00bb, fue intempestivamente rebatido por la senda horizontal de v\u00eda gubernativa y, en gracia de discusi\u00f3n, ser\u00eda pasible de demandar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo por virtud de las alternativas de \u00abnulidad simple [o] nulidad y restablecimiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los medios de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir en impugnaci\u00f3n el presente asunto, pues las cr\u00edticas y aspiraciones se dirigen -en exclusivo- frente a la Alcald\u00eda de Neiva. No en vano, en el interregno de la controversia una de las accionantes fue clara en indicar que no debi\u00f3 integrarse por pasiva al estrado Cuarto Civil del Circuito \u00eddem, por cuanto el litigio de pertenencia bajo direcci\u00f3n de tal sede judicial es por completo extra\u00f1o a las motivaciones de la queja supralegal de marras. <\/p>\n
Lo anteriormente esbozado impide a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria desatar v\u00e1lidamente la opugnaci\u00f3n en cita, dado que como en lo concerniente ense\u00f1a el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del 333 de 2021): \u00ab[l]as acciones de tutela (\u2026) contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal (\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo dimanado en el rito por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Huila est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de consuno con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para conocer del asunto en primer grado, le ata\u00f1e al Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas ib\u00eddem, al que fuera inicialmente repartido. Si bien esta \u00faltima agencia jurisdiccional entendi\u00f3 -con soporte en el memorial rector de la tutela- que el reproche tambi\u00e9n compromet\u00eda al despacho civil del circuito, lo cierto es que ante la certeza despu\u00e9s adquirida de cara al verdadero estamento accionado (la Alcald\u00eda), fluye imperioso que es suya la atribuci\u00f3n para zanjar el caso. <\/p>\n
Respecto de la tem\u00e1tica, se ha se\u00f1alado en este nivel: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al hoy vigoroso decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental sub examine. Al margen, esta no es la v\u00eda id\u00f3nea para denunciar supuestas faltas disciplinarias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente al Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de esa misma urbe -despacho al que fue inicialmente repartido-, para que surta la pronta realizaci\u00f3n del tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier fue enviado a la Corte, para tales fines, el 11\/05\/2023, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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ATC588-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO ATC588-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00060-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Ser\u00eda del caso dirimir sobre la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Mar\u00eda In\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}