SC088-2023 (2016-00099-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC088-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-004-2016-00099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Global Seguros de Vida S.A. contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que promovi\u00f3 el se\u00f1or Jos\u00e9 Chafic Aljure Caicedo contra la recurrente. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 que se declare civilmente responsable a Global Seguros de Vida S.A. por el incumplimiento del contrato de \u00abSeguro de Vida Renta Dorada\u00bb, consignado en la p\u00f3liza n.\u00b0 1783 del 5 de marzo de 1997. Ello por cuanto esta fue terminada unilateralmente en marzo de 2015 por la demandada, con el prop\u00f3sito de no mantener la cobertura de riesgo, pese a que se pag\u00f3 la totalidad del valor de la prima. En consecuencia, inst\u00f3 a que se ordene a la convocada a mantener la vigencia de la referida p\u00f3liza \u00aben las mismas condiciones generales y amparos all\u00ed establecidos como en sus modificaciones, esto es, quedar asegurado hasta la edad de 80 a\u00f1os, por haber cancelado la prima en ocho (8) pagos anuales, seg\u00fan el plan escogido y acordado al momento de suscribir el contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico, se adujeron los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. Seguros F\u00e9nix de Vida S.A. expidi\u00f3 p\u00f3liza n\u00fam. 1783 del 5 de marzo de 1997, a solicitud del demandante, por el valor asegurado inicial de $20.000.000, \u00abcon incremento anual del valor asegurado del 20% y permanente anual de 8 a\u00f1os\u00bb. Al amparo b\u00e1sico se adicionaron los siguientes: \u00abindemnizaci\u00f3n adicional por muerte accidental, invalidez total y permanente, y enfermedades graves\u00bb. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que el contrato celebrado correspond\u00eda a \u00abun seguro temporal a cuatro (4) a\u00f1os, renovable autom\u00e1ticamente por periodos de cuatro (4) a\u00f1os hasta la edad de ochenta (80) a\u00f1os, con generaci\u00f3n de valores de cesi\u00f3n o de rescate, desde el segundo a\u00f1o de vigencia del mismo, sin que se hubiese pactado con el componente de \u00abparticipaci\u00f3n\u00bb ni con una prima exclusiva de \u00abahorro\u00bb, a pesar de haberse hecho referencia de los mismos\u00bb. En ese sentido, indic\u00f3 que la p\u00f3liza fue concebida para ser pagada en ocho instalamentos anuales, que fueron sufragados en su totalidad por el se\u00f1or Aljure. As\u00ed pues, estim\u00f3 que \u00abuna vez cancelada la \u00faltima prima de seguro en el a\u00f1o ocho, se presum\u00eda que este en calidad de tomador y asegurado, quedaba amparado hasta la edad de 80 a\u00f1os, pudiendo disponer, en vida de los valores de cesi\u00f3n o de rescate hasta los 78 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 17 de noviembre de 2006, Royal & Sun Alliance Seguros de Vida Colombia S.A. \u2013antes Seguros F\u00e9nix de Vida S.A.- comunic\u00f3 al convocante la necesidad de variar a otro plan de seguro, pues \u00absupuestamente de seguir bajo las condiciones pactadas inicialmente el fondo se agotar\u00eda y se har\u00eda imposible el pago de la prima anual, con lo cual la protecci\u00f3n terminar\u00eda, estimando con fecha del agotamiento para mayo de 2014\u00bb. El 21 de diciembre del mismo a\u00f1o, el se\u00f1or Jos\u00e9 Chafic manifest\u00f3 no acogerse al nuevo plan ofrecido. Pese a lo anterior, el 1 de julio del 2015, la aseguradora inform\u00f3 al demandante que su p\u00f3liza hab\u00eda sido cancelada desde el mes de marzo del 2015. Asever\u00f3 que lo anterior se debi\u00f3 al agotamiento de las reservas que se constituyeron para cumplir con el pago de las primas. M\u00e1s tarde, en documento adiado a 6 de agosto del mismo a\u00f1o, la entidad financiera concluy\u00f3 que \u00aben atenci\u00f3n a la falta de pago de la prima de protecci\u00f3n, ante la extinci\u00f3n de los valores de rescate acumulados en la p\u00f3liza durante su vigencia, lo anterior debido a las condiciones del mercado, ajenas a la Aseguradora\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien fue asignado por reparto el asunto, dispuso su admisi\u00f3n por auto de 26 de abril de 2016, ordenando el enteramiento de la interpelada (fl. 82 Cd1). <\/p>\n
4. Global Seguros de Vida S.A. acept\u00f3 unos hechos, neg\u00f3 otros y manifest\u00f3 no constarle el resto. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abTerminaci\u00f3n del contrato de seguro de vida individual no. 1783 plan renta dorada, conforme las condiciones del contrato y los hecho acaecidos\u00bb y \u00abGlobal Seguros de Vida S.A. dio pleno cumplimiento a sus obligaciones contractuales\u00bb (folio 154 C.1). <\/p>\n
5. Agotadas las etapas que le son propias a este tipo de asuntos, el juzgado cognoscente dirimi\u00f3 la instancia el 19 de octubre de 2016. En su prove\u00eddo, declar\u00f3 pr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito. Y, en consecuencia, desestim\u00f3 todas las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
6. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la demandante el 28 de febrero de 2018. Revoc\u00f3 en su totalidad la decisi\u00f3n de primer grado. En su lugar, declar\u00f3 que Global Seguros de Vida S.A. incumpli\u00f3 el contrato de seguro a que refiere la p\u00f3liza n\u00fam. 1783. Y la conden\u00f3 \u00aba mantener la vigencia de la p\u00f3liza No. 1783 tomada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Chafic Aljure Caicedo el 5 de marzo de 1997, bajo las mismas condiciones generales y amparos all\u00ed establecidos como en sus modificaciones, por lo anotado\u00bb. <\/p>\n
7. Inconforme con lo as\u00ed decidido, el extremo vencido formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, que fue admitido a tr\u00e1mite por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por exponer extensamente la doctrina existente sobre el contrato de seguro, su r\u00e9gimen jur\u00eddico y la buena fe que se predica frente a toda clase de relaciones contractuales. Cotejado tal recuento con el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el ad quem asever\u00f3 que \u00abno hay duda que entre las partes se ajust\u00f3 un negocio aseguraticio que recoge la P\u00f3liza No. 1783, bajo la modalidad de \u00abrenta dorada\u00bb, mediante el cual, la parte demandada cubr\u00eda el riesgo de la muerte del asegurado, contrato que ten\u00eda una vigencia inicial de \u00ab4 a\u00f1os, renovable autom\u00e1ticamente por periodos de 4 a\u00f1os, hasta la edad de 80 a\u00f1os\u00bb, y el cual, se inici\u00f3 con un valor asegurado de $20.000.000,00 que se aumentar\u00eda \u00abcada a\u00f1o, contado a partir de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza\u00bb en \u00abun 20%\u00bb. As\u00ed, se lee expresamente del texto de la p\u00f3liza y su anexo obrante a folio 84\u00bb. Y, en lo que ata\u00f1e con el pago de la prima, \u00abel plan que se pact\u00f3 entre las partes correspondi\u00f3 al denominado \u00ab2.4 OCHO PAGOS\u00bb en donde el asegurado pagar\u00eda \u00abprimas por 8 a\u00f1os\u00bb con lo cual quedar\u00eda \u00abasegurado hasta la edad de 80 a\u00f1os\u00bb generando valores de cesi\u00f3n autom\u00e1ticamente (fl. 14, C.1)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, estim\u00f3 que las partes pactaron expl\u00edcitamente el t\u00e9rmino durante el cual el tomador deb\u00eda pagar la prima \u2013principal obligaci\u00f3n-, \u00abal se\u00f1alarse que ser\u00eda \u00abpor 8 a\u00f1os\u00bb, deber de prestaci\u00f3n que efectivamente cumpli\u00f3 el demandante al realizar el pago de aquella durante el tiempo y la forma estipulada, punto sobre el cual no se suscit\u00f3 cuestionamiento alguno por parte de la convocada\u00bb. Dicha circunstancia, considera el Colegiado, no \u00abautorizaba\u00bb a la aseguradora para aplicar lo estipulado en la cl\u00e1usula 6.2 de las condiciones generales. Y es que \u00abno existe duda que el tomador del seguro honr\u00f3 la principal obligaci\u00f3n que ten\u00eda frente a la aseguradora: pagar la prima \u00aben la forma y tiempo debidos\u00bb, si se considera que el demandante sufrag\u00f3 en su totalidad los ocho (8) pagos a que se comprometi\u00f3 en el negocio aseguraticio, de suerte que no le era dable a la aseguradora proceder a la \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb de la p\u00f3liza fundamentado ello en \u00abel agotamiento de las reservas que se constituyeron para cumplir con el pago de las primas con el prop\u00f3sito de mantener la cobertura del riesgo\u00bb (fi 55, C.1)\u00bb. En otras palabras, si el asegurado cumpli\u00f3 en debida forma con el pago de las primas a las que se oblig\u00f3, no era dable que la demandada ejecutara la cl\u00e1usula 6.2, porque no hab\u00edan primas por cubrir. <\/p>\n
En cuanto a la defensa esgrimida por la convocada, en lo concerniente a la constituci\u00f3n de un fondo de protecci\u00f3n (valor de cesi\u00f3n o rescate), se evidenci\u00f3 que \u00aben la p\u00f3liza no aparece que con la suma que se oblig\u00f3 el demandante a sufragar por concepto de primas (8 cuotas por 8 a\u00f1os), se conformar\u00eda un fondo, a partir del cual, seg\u00fan una proyecci\u00f3n del \u00ab24%\u00bb anual de rendimiento \u00absujetas a la variaci\u00f3n de las tasas de inter\u00e9s del mercado\u00bb se sufragar\u00edan las primas subsiguientes para mantenerse el seguro de vida hasta los 80 a\u00f1os de edad\u00bb. Por el contrario, lo pactado fue que el pago de las primas se har\u00eda en 8 desembolsos, en los que el tomador sufragar\u00eda el valor total de la prima en 8 pagos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, verificada la cotizaci\u00f3n remitida al demandante, \u00abobrante a folios 133 a 134 de la encuadernaci\u00f3n principal, no aparece que en el mismo se haya establecido lo alegado por la pasiva\u00bb. Lo que observa es que \u00abel asegurado har\u00eda ocho (8) \u00fanicos pagos, con los cuales se cubrir\u00eda el total de las primas de riesgo, generando con ello un valor de cesi\u00f3n el cual fue calculado hasta el a\u00f1o 2043, con un rendimiento del 24%. Adem\u00e1s, no se se\u00f1ala que una vez vencida la octava anualidad de la p\u00f3liza con el pago No 8, existir\u00edan m\u00e1s primas de riesgo o protecci\u00f3n por cubrir por parte del tomador, y que si las mismas no eran satisfechas dentro de determinado plazo (pues al respecto nada se dijo) aquellas se cubrir\u00edan con los valores de cesi\u00f3n acumulados. Y por \u00faltimo, tampoco se observa una prima de ahorro y proyecci\u00f3n de ahorro\u00bb. As\u00ed las cosas, para el ad quem es claro que la aseguradora infringi\u00f3 el contrato de seguro al \u00abcancelarlo\u00bb, sin existir causa legal ni contractual que respaldara tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se estudiar\u00e1n delanteramente los cargos primero y tercero. Se terminar\u00e1 con el an\u00e1lisis del segundo. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Al amparo de la causal quinta de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la sentencia de segundo grado de estar afectada de una nulidad procesal insaneable. En particular, al tenor del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, dicha providencia fue proferida luego de que hubiera fenecido el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso y su pr\u00f3rroga en segunda instancia. Indic\u00f3 que el expediente lleg\u00f3 al juez colegiado el 26 de octubre de 2016, por lo que el t\u00e9rmino de 6 meses fenec\u00eda, en principio, el 26 de abril de 2017. Sin embargo, \u00abmediante auto del 25 de abril de 2017, notificado el 26 de abril de 2017, el Honorable Magistrado Sustanciador, al abrigo del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, decidi\u00f3 prorrogar por seis (6) meses el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la segunda instancia, con lo cual el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para proferir el fallo de segundo grado venc\u00eda el 26 de octubre de 2017\u00bb. Pese a lo anterior, llegada esa fecha, tampoco se profiri\u00f3 el fallo. El 24 de enero de 2018, con ocasi\u00f3n de un memorial presentado por el demandante – que solicit\u00f3 aplicar el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso-, la Magistrada Sustanciadora neg\u00f3 la petici\u00f3n. Consider\u00f3 que, al haberse posesionado el 1 de septiembre del 2017, \u00abtiene como termino m\u00e1ximo para pronunciase el 1 de marzo de 2018\u00bb. En ese orden, por cuanto la providencia con la cual se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n fue dictada el 28 de febrero de 2018, \u00abesto es, fue dictada luego del 26 de octubre de 2017, lo cual, sin m\u00e1s miramientos, la hace nula de pleno derecho, lo cual se traduce en que se trata una irregularidad insaneable, es decir, en una irregularidad que opera por ministerio de la Ley y cuya gravedad es de tal trascendencia que no puede subsanarse ni corregirse por el silencio o inactividad de las partes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con respecto a lo expresamente consagrado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha dispuesto ciertos requisitos necesarios para su prosperidad, a saber: <\/p>\n
\u00aba) Que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) Que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente [en el ordenamiento procesal]; y por \u00faltimo, c) Que ocurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb1 (se subraya). <\/p>\n
A su vez, tiene dicho la Corte que, para invalidar la sentencia de segunda instancia por v\u00eda de casaci\u00f3n, es indispensable observar el principio de trascendencia2 que cobija el r\u00e9gimen de las nulidades procesales. Es as\u00ed como se exige que, en atenci\u00f3n al primero, el defecto procesal menoscabe los derechos de los sujetos procesales -sus garant\u00edas fundamentales-. Lo dicho tiene su excepci\u00f3n cuando la falta alegada imponga un vicio insaneable. Porque su consumaci\u00f3n priva a las partes de la defensa plena de sus derechos -aunado a su indisponibilidad e irrenunciabilidad3. <\/p>\n
Frente a la nulidad contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, la Corporaci\u00f3n en recientes pronunciamientos consider\u00f3 su car\u00e1cter saneable.4 Tambi\u00e9n estim\u00f3 que el t\u00e9rmino previsto no opera de manera autom\u00e1tica5. En el decurso, en efecto, s\u00ed pueden presentarse diferentes variables que impidan dictar sentencia dentro del plazo fijado por el legislador. Dentro de los eventos que la Corporaci\u00f3n ha estudiado se encuentra el cambio de funcionario cognoscente6. A juicio de esta Sala, la p\u00e9rdida de competencia tiene como destinatario el funcionario judicial -mas no el despacho-. En efecto, seg\u00fan el tenor literal del precepto, la privaci\u00f3n para continuar conociendo del asunto se presenta en relaci\u00f3n con quien ejerce la autoridad jurisdiccional, cuando se abstiene de dictar sentencia dentro de los plazos estatuidos para tal fin. De tal suerte que la p\u00e9rdida de competencia lo es en relaci\u00f3n con el operador judicial. Al respecto, la Sala ha indicado que \u00abquien pierde competencia es \u00abel funcionario\u00bb a quien inicialmente se le asign\u00f3 el conocimiento del asunto, y de otro, que esa p\u00e9rdida es determinante para la calificaci\u00f3n de desempe\u00f1o de dicha autoridad judicial, es pertinente colegir que el t\u00e9rmino mencionado no corre de forma puramente objetiva, sino que \u2013por su naturaleza subjetiva\u2013 ha de consultar realidades del proceso como el cambio en la titularidad de un despacho vacante\u00bb7. En tal virtud, el cambio de titular del despacho es una circunstancia que tiene la capacidad para interrumpir el lapso. De all\u00ed que el t\u00e9rmino se reanude. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, el ataque del censor no encuentra asidero: la nulidad deprecada no se configur\u00f3 al interior del proceso. Sobre el particular, se aclara lo que viene. <\/p>\n
2.1. La demanda se recibi\u00f3 el 6 de abril del 20168, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Fue admitida el 26 de abril siguiente9 y notificada al demandante el d\u00eda 11 de mayo. Por ende, al haber transcurrido menos de 30 d\u00edas h\u00e1biles entre una y otra fecha, el t\u00e9rmino comenz\u00f3 a contarse a partir del d\u00eda en que se notific\u00f3 al demandado10. Ya enterada la parte pasiva -el 8 de junio del 201611-, esta contest\u00f3 oportunamente la demanda12. Una vez se present\u00f3 el escrito con que se descorri\u00f3 el traslado de excepciones13, el Despacho profiri\u00f3 auto el 25 de julio posterior14, en que decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba pericial. En providencia de 1 de septiembre del mismo a\u00f1o se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 19 de octubre ulterior como la fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia del 372 del CGP, jornada en la cual se dict\u00f3 sentencia y se declararon probadas las excepciones de m\u00e9rito15. <\/p>\n
2.2. Inconforme con tal prove\u00eddo, el convocante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n -que fue concedido-. El Tribunal recibi\u00f3 el proceso el 26 de octubre del 201616. Admiti\u00f3 la alzada el 28 de noviembre siguiente17. El 25 de abril de 2017, se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar por 6 meses m\u00e1s18. El 19 de enero del 2018, el apoderado del demandante propuso la p\u00e9rdida de competencia, por no haberse proferido fallo dentro del t\u00e9rmino de la pr\u00f3rroga.19 El 24 del referido mes, el despacho resolvi\u00f3 negar la solicitud en tanto que \u00ab[e]l 1 de julio de 2017, el Magistrado que tom\u00f3 tales decisiones hizo dejaci\u00f3n del cargo, de manera temporal por haber sido designado en otro y el despacho permaneci\u00f3 ac\u00e9falo hasta el 30 de agosto de 2017. (…) Que desde el 1 de septiembre de 2017 la suscrita tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo (…). por tal motivo la actual titular del despacho, seg\u00fan el art\u00edculo 121 del C.G.P, tiene como t\u00e9rmino m\u00e1ximo para pronunciarse el 01 de marzo de 2018\u00bb20. El 15 de febrero de 2018 se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia del 327 del CGP. Y, finalmente, el 28 del mismo mes se dict\u00f3 sentencia de segundo grado21 por escrito. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se advierte que la sentencia de segunda instancia fue dictada dentro del t\u00e9rmino previsto en el citado art\u00edculo 121. En consecuencia, la irregularidad endilgada no aconteci\u00f3. <\/p>\n
5. En una palabra, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
El censor acusa la providencia de segundo grado de ser incongruente. Fund\u00f3 su cr\u00edtica, en relaci\u00f3n con los reparos concretos y la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. Evidenci\u00f3 que \u00aba pesar de que la sentencia de primera instancia estim\u00f3 que no hubo incumplimiento de la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora pues concluy\u00f3 que las estipulaciones vertidas en las Condiciones de la P\u00f3liza le permit\u00edan dar por terminado el Contrato de Seguro en raz\u00f3n del no pago de la prima, la parte demandante solamente confut\u00f3 en relaci\u00f3n con el supuesto car\u00e1cter abusivo de las estipulaciones a partir de las cuales se produjo la terminaci\u00f3n del Contrato. Para el apelante entonces, s\u00ed existen en el Contrato las estipulaciones que prev\u00e9n la terminaci\u00f3n del contrato cuando los valores de cesi\u00f3n se agoten debido a la baja rentabilidad del fondo de ahorro, pero lo que ocurre es que, a su juicio, son estipulaciones que deben interpretarse en contra de la Aseguradora\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, los argumentos esbozados en la apelaci\u00f3n no estuvieron orientados a controvertir la conclusi\u00f3n del a quo en torno a la ausencia de incumplimiento por parte de la aseguradora. Al haberse delimitado as\u00ed el recurso de alzada, \u00abel Tribunal, conforme a lo previsto por los art\u00edculos 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, solamente podr\u00e1 resolver la apelaci\u00f3n sobre la base de dichos argumentos impugnaticios y no sobre otros, sin embargo, el ad quem fue m\u00e1s all\u00e1 y en forma panor\u00e1mica se pronunci\u00f3 sobre todo el litigio, es decir, resolvi\u00f3 nuevamente las pretensiones y excepciones de la demanda en contravenci\u00f3n de lo establecido en dichos preceptos procesales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En virtud del inciso primero del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, los jueces circunscriben su \u00e1mbito decisional a los l\u00edmites que las partes definen en la demanda y su contestaci\u00f3n. En atenci\u00f3n a ello, adolece de incongruencia la providencia que resuelva la controversia con apoyo en hechos distintos de aquellos que integran la plataforma f\u00e1ctica del escrito introductor o su reforma. En tal virtud, la providencia decisoria no puede ir m\u00e1s all\u00e1 ni fuera de las peticiones de la demanda, pues se incurrir\u00eda en su orden en decisi\u00f3n \u00abultrapetita\u00bb o \u00abextrapetita\u00bb y debe configurarse sobre los hechos fundamentales de la misma. Adicionalmente, se debe proveer sobre todas las pretensiones y excepciones propuestas, so pena de incurrir en \u00abm\u00ednima petita o citra petita\u00bb24. <\/p>\n
Para lo que interesa al caso sub examine se recuerda que tales l\u00edmites en la actividad del juez no se ci\u00f1en exclusivamente a lo que ocurra en la primera instancia. V\u00e9ase que el art\u00edculo 328 del ordenamiento adjetivo prev\u00e9 que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). Ello implica, por supuesto, que la autoridad judicial debe atenerse a lo que es objeto de reparo en la pretensi\u00f3n impugnaticia, salvo los casos en que deba fallar de oficio por previsi\u00f3n expresa de la ley. Sobre este tema, la Sala razon\u00f3 que \u00abla incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso (pretensi\u00f3n impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocaci\u00f3n del derecho sustancial controvertido\u00bb (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126, citada en SC3918-2021 del 08 de sept.). <\/p>\n
En efecto, en torno a la apelaci\u00f3n, la doctrina jurisprudencial ha considerado que existe incongruencia cuando no se advierte armon\u00eda entre los argumentos propuestos al apelar y la sentencia del ad quem. Sobre el tema: <\/p>\n
\u00ab[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n -ni est\u00e1n \u00edntimamente conectados con ella-\u2026 [es] un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia\u2026 [por tanto], si el fundamento de la acusaci\u00f3n obedece a una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, el ataque deber\u00e1 dirigirse por la senda de la causal segunda de casaci\u00f3n, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem\u00bb (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). <\/p>\n
2. En el caso en concreto se advierte que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 19 de octubre del 2016, que declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito. Por ende, desestim\u00f3 las pretensiones expuestas en la demanda. Frente a tal determinaci\u00f3n, la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n en audiencia, momento en el cual plante\u00f3 los siguientes reparos concretos25: <\/p>\n
\u00absi bien el art\u00edculo 1602 establece que el acuerdo de voluntades obliga a las partes, tambi\u00e9n es cierto que, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia que, en trat\u00e1ndose de los contratos de seguro, por lo general y siempre las compa\u00f1\u00edas se ubican en una posici\u00f3n dominante en el sentido de que son las que redactan el convenio del seguro. Y en esa posici\u00f3n, el asegurador (sic) queda en una parte desfavorecida. En ese entendido, ha establecido que, por norma general, en los contratos cuando se imponen condiciones desfavorables al asegurado, como cl\u00e1usulas ambiguas u otro tipo de situaciones, tienen que favorecer al asegurado. En este orden de ideas, es dentro del contrato del seguro que se aport\u00f3 y que rige a las partes, ha debido darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1624 en el sentido de la cl\u00e1usula que hace alusi\u00f3n del valor de rescate. Porque, en primer lugar, hay que establecer que la p\u00f3liza, si bien se titul\u00f3 como \u201crenta dorada participaci\u00f3n de ahorro\u201d, lo cierto es que ni participaci\u00f3n ni ahorro se estableci\u00f3 y eso qued\u00f3 determinado dentro del contrato. La situaci\u00f3n planteada es que el contrato de seguro de vida se determin\u00f3 en el pago de 8 cuotas y que este pago de 8 cuotas genera un valor de rescate. Ese valor de rescate, como lo reitera y lo establece la norma, el C\u00f3digo de Comercio, es para una eventualidad que el asegurado llegue a terminar el contrato y se le devuelva ese valor de rescate. Ahora bien, establece el art\u00edculo 1155 que ese valor de rescate se puede aplicar durante ya pasados 2 a\u00f1os de vigencia de la p\u00f3liza a opci\u00f3n del asegurado. Es decir, que no se le pueden imponer cargas y esa cl\u00e1usula establecida en el contrato no se establece de manera voluntaria ni consensual sino es una imposici\u00f3n unilateral de la compa\u00f1\u00eda de seguros para establecer que el valor de rescate se pagara las supuestas primas que se generar\u00edan en el contrato de seguro que se hab\u00eda pactado inicialmente. En ese entendido, no se hizo uso y aplicaci\u00f3n en debida forma del art\u00edculo 1155 que establece que, a opci\u00f3n del asegurado, se puede usar ese valor de rescate para pagar, entre otras, la pr\u00f3rroga del seguro original. Si analizamos en detalle la cl\u00e1usula en la cual se sustenta la compa\u00f1\u00eda para utilizar el valor de rescate para hacer el pago de las primas del seguro establece que no hay una manera voluntaria que el asegurado haya optado para que, con base en ese valor de rescate, se pagara la cifra. Es una imposici\u00f3n unilateral de la compa\u00f1\u00eda y no hay una consensualidad como lo ha establecido la jurisprudencia que, en los contratos consensuales, se discuten las cl\u00e1usulas y se manifiesta esa voluntad de las partes. Pero en este caso, la mayor\u00eda de las cl\u00e1usulas, como son una imposici\u00f3n, se establece como un contrato de adhesi\u00f3n, indistintamente de la forma y la redacci\u00f3n. En ese entendido, pues no se hizo uso de esa interpretaci\u00f3n que debe dar el art\u00edculo 1624 y la jurisprudencia que ha establecido la Corte Constitucional en el sentido de la interpretaci\u00f3n de los contratos y esa ambig\u00fcedad que se maneja en favorecer a la parte menos de un contrato, en trat\u00e1ndose de unas compa\u00f1\u00edas de seguro. En ese entendido, tenemos que, al ser un pago \u00fanico de 8 cuotas y generarse un valor de rescate que era, seg\u00fan la normatividad establecida, la que determina el art\u00edculo 1158 que establece que cuando hay una (sic) rescindir el contrato por parte de la aseguradora, ese es el valor de rescate que se le debe reintegrar al asegurado. Y en eventual se puede utilizar, a opci\u00f3n, reitero, del asegurado. En ese entendido, pues considero que eventualmente pues s\u00ed, la compa\u00f1\u00eda, pues tiene la facultad de dar por terminado el contrato cuando hay pago seguro, y eso lo establecen las normas y eso, y tambi\u00e9n pues, obviamente, el 1152 y el 1152 establecen las formas como se deben hacer los pagos en los seguros de vida en relaci\u00f3n a las primas. En ese entendido, pues considero que pues la sentencia no est\u00e1 ajustada a eso\u00bb. <\/p>\n
A su turno, ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, argument\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn primera instancia es importante recordar, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de vieja data que tiene definido que el contrato de seguro es de interpretaci\u00f3n restrictiva, y por eso en su \u00e1mbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina al texto de lo que suele denominarse escritura contentiva del contrato en la medida en que, por definici\u00f3n debe conceptu\u00e1rsele como expresi\u00f3n de un conjunto sistem\u00e1tico de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente lo que tiene que ver con la cl\u00e1usula atinente a la extensi\u00f3n de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitaci\u00f3n, evitando favorecer soluciones en m\u00e9rito de las cuales la compa\u00f1\u00eda aseguradora termine eludiendo su responsabilidad, al amparo de cl\u00e1usulas confusas que debe estar al criterio de la buena fe, que pod\u00edan recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todav\u00eda m\u00e1s grave, dejando sin funci\u00f3n el contrato a pesar de las caracter\u00edsticas propias del contrato de seguro que constituye su objeto. <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha determinado la jurisprudencia en el tema de seguros, en la sentencia del 29 de agosto de 1980 que \u00aben el derecho positivo Colombiano impera el principio seg\u00fan el cual las leyes que regulan los contratos son normas supletorias de la voluntad de los contratantes, cuando estos, al celebrarlos, acatan las prescripciones legales y respetan el orden p\u00fablico y las buenas costumbres\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en sentencia del 18 de septiembre de 2012, precis\u00f3 la Corte Suprema en Sala de Casaci\u00f3n Civil lo siguiente \u00ablas p\u00f3lizas representativas del contrato de seguro, por regla general, constan en formatos pre-impresos en los que impera la voluntad de la aseguradora, en ellos hay muy poco margen para el disentimiento frente a las estipulaciones, las que deben ser acatadas sin mayor posibilidad de discusi\u00f3n present\u00e1ndose una simple adhesi\u00f3n. Igualmente, a veces incluyen en los mismos pasajes o textos confusos, enredados e inteligibles, que deben ser interpretados en contra de la parte que los redact\u00f3 y de conformidad con la clase de riesgo protegido\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n en sentencia del 27 de agosto de 2008, la Honorable Corte Suprema, en relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n a esa clase de convenciones record\u00f3 lo siguiente \u00abconstituyendo un negocio jur\u00eddico por o de adhesi\u00f3n donde de ordinario el contenido esta predispuesto por una de las partes, usualmente en sus intereses o tutelas sin ning\u00fan o escaso margen relevante de negociaci\u00f3n ni posibilidad de variaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o discusi\u00f3n por la otra parte. Aun cuando susceptible de aceptaci\u00f3n, no por ello su contenido es il\u00edcito, vejatorio o abusivo pese, ni el valor pro-adherente e interpretativo, contra estipulatorem, contra preferentem, act\u00faa de suyo ante la presencia de cl\u00e1usulas predispuestas, sino en presencia de textos ambiguos u oscuros, faltos de precisi\u00f3n y claridad, en cuyo caso toda oscuridad, contradicci\u00f3n o ambivalencia, se interpreta en contra de quien la redact\u00f3 y en favor de quien las acepto\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, la Corte Constitucional, tambi\u00e9n ha indicado el principio de la buena fe que igualmente a las relaciones contractuales sobre las cuales se desenvuelven los contratos de seguro, en los que las compa\u00f1\u00edas se ubican en una posici\u00f3n dominante por ser la parte que redacta las condiciones del convenio que debe cumplir uno de los requisitos m\u00ednimos a la hora de su estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, es pertinente tambi\u00e9n destacar que no puede tomarse como prueba lo que las partes declaran en su favor, todo a partir del deber que gravita sobre aquellas de asumir la carga de probar, para as\u00ed evitar que el proceso se convierta en un espacio de encuentro para simples versiones y no como debe ser, el escenario para despejar las incertidumbres en los elementos deconstructivos del pasado que sean igualmente admisibles, m\u00e1xime si estos se encuentran en posibilidad de ser acopiados. <\/p>\n
Todo lo anterior en aras de que fue omitido por el juez de primera instancia al momento de adoptar la decisi\u00f3n objeto de alzada en virtud del principio de legalidad previsto en el art\u00edculo 7 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo un deber de tener en cuenta la jurisprudencia, y cuando se aparta la doctrina probable es obligado a exponer clara y concretamente las razones de su fundamento jur\u00eddico que justifican su decisi\u00f3n. Pues simplemente se indic\u00f3 que estaba probado en las condiciones generales de la p\u00f3liza haberse pactado la creaci\u00f3n de protecci\u00f3n que cubrir\u00eda la prima por los siguientes a\u00f1os hasta que el asegurado cumpliera la edad de 80 a\u00f1os, y al haberse demostrado el agotamiento del fondo, deven\u00eda claramente la terminaci\u00f3n del contrato de seguro por el no pago de la prima seg\u00fan lo reglado por el art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, no le asiste raz\u00f3n al juez de primera instancia en afirmar que la p\u00f3liza de seguro de vida objeto del proceso se hab\u00eda pactado la constituci\u00f3n de un fondo de protecci\u00f3n con los valores de cesi\u00f3n o rescate, a partir del cual con una proyecci\u00f3n de rentabilidad del 24%, se cubrir\u00eda el pago de la prima por los a\u00f1os subsiguientes de vigencia hasta que el asegurado cumpliera 80 a\u00f1os de edad, raz\u00f3n por la cual, al haberse agotado los valores de rescate acumulados, seg\u00fan decir de la parte demandada, fueron debido a la variaci\u00f3n de las condiciones del mercado experimentados por la econom\u00eda nacional durante la vigencia de la misma, pues seg\u00fan un concepto emitido de la Superintendencia Financiera, no resulta aceptable indicar tal afirmaci\u00f3n por parte de la sociedad demandada para haber dado por terminado el contrato de seguro, con el argumento del agotamiento de los valores de rescate acumulados destinados para el pago de las primas subsiguientes, dados los aspectos t\u00e9cnicos que se manejan en los contratos de seguro de vida, y en especial lo reglado por los art\u00edculos 183 a 187 y 201 del estatuto org\u00e1nico del sistema financiero, en concordancia con el C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Pues debemos acotar claramente que el art\u00edculo 186 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, que fue modificado por el art\u00edculo 43 de la Ley 795 de 2003, que fue declarado exequible en sentencia C553 de 2007 por la Corte Constitucional, establece que las entidades aseguradoras deben constituir, \u00f3sea, una obligaci\u00f3n, de las siguientes reservas t\u00e9cnicas: reserva de riesgo en curso, reserva matem\u00e1tica, reserva para siniestros pendientes y reservas de desviaci\u00f3n de siniestralidad, aunado a otras reservas t\u00e9cnicas que se requieren dependiendo de la explotaci\u00f3n de los ramos. <\/p>\n
Ahora, en atenci\u00f3n a la definici\u00f3n de valor de rescate, en el caso para estudio que se cita en un concepto de la Superfinanciera y de las normas que regulan el art\u00edculo de las reservas, se define como valor de rescate el que corresponde percibir al asegurado una vez ha decidido rescindir el contrato, se compone de la reserva matem\u00e1tica que ha acumulado la p\u00f3liza hasta el momento de la terminaci\u00f3n m\u00e1s los excedentes de participaci\u00f3n o utilidad por la participaci\u00f3n en beneficios si as\u00ed lo contempla la p\u00f3liza, menos algunos gastos que debe deducir la aseguradora como los son los gastos de adquisici\u00f3n y los gastos de gesti\u00f3n. De igual forma, en el concepto y en los defectos reglamentarios tambi\u00e9n, se habla de la reserva para riesgos en curso, que consiste en cuando se ha emitido p\u00f3lizas durante todo el a\u00f1o y cobradas primas anuales, al 31 de diciembre, habr\u00e1 una cantidad de primas realmente ganadas por la proporci\u00f3n del riesgo corrido hasta entonces, y otra cantidad que pertenece a riesgos por cubrir en adelante, es decir, a partir del primero de enero del pr\u00f3ximo a\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed mismo, debemos tener en cuenta que la p\u00f3liza objeto de estudio genera reserva matem\u00e1tica, la cual da origen a la generaci\u00f3n de valores de cesi\u00f3n o rescate a que alude el art\u00edculo 1155 del c\u00f3digo de comercio, que igualmente se dej\u00f3 de aplicar por el juez de primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed, en efecto, la cantidad que se le devuelve toma el nombre de capital de rescate que no es otra cosa que la reserva matem\u00e1tica con algunas peque\u00f1as deducciones de gastos de la entidad. <\/p>\n
En el seguro de vida, establece el art\u00edculo 1156 que, si a la falta de pago de las primas se dan con posterioridad a los dos primeros a\u00f1os, la terminaci\u00f3n del contrato no opera de forma autom\u00e1tica puesto que se han conformado una reserva que puede solucionar el problema. Raz\u00f3n por la cual, resulta inadmisible aceptar que la reserva matem\u00e1tica es la reserva de riesgo en curso, que por obligaci\u00f3n deben efectuar las compa\u00f1\u00edas de seguros para los seguros de vida en estudio, se hubiese agotado por las condiciones del mercado experimentadas por la econom\u00eda nacional durante la vigencia de la misma, seg\u00fan se lo manifest\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Ahora bien, si bien es cierto que allego al plenario testimonios y prueba pericial, lo cierto es que no alleg\u00f3 aqu\u00ed un dictamen contable y financiero, ni soportes bancarios que establecieran que efectivamente esa reserva se hubiera agotado por cualquier mecanismo, aun cuando era un deber legal, seg\u00fan la norma antes citada. Y aunado a que cuando claramente la norma en comento le impone a la aseguradora un deber legal de prever dichas reservas con la obligaci\u00f3n de calcular, constituir y ajustar de forma mensual sus reservas t\u00e9cnicas de conformidad con las reglas establecidas en los decretos reglamentarios y las normas que lo modifican, pues la actividad aseguradora debe hacerse de concordancia con el inter\u00e9s p\u00fablico tutelando adecuadamente los intereses de los asegurados y en adecuadas condiciones de seguridad y transparencia\u00bb. <\/p>\n
3. En su embate, asegura la casacionista que el ad quem incurri\u00f3 en incongruencia, comoquiera que el demandante en ning\u00fan momento controvirti\u00f3 la conclusi\u00f3n del juez de primera instancia en relaci\u00f3n con la ausencia de incumplimiento en cabeza de la aseguradora. Y que, por el contrario, \u00abparti\u00f3 de la base de que la Condici\u00f3n 6.2 de la P\u00f3liza autorizaba la terminaci\u00f3n del Contrato, solo que ella resultaba ser abusiva y deb\u00eda ser interpretada en contra de la Aseguradora\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, contrastadas las consideraciones del Tribunal con los reparos elevados por el entonces apelante, se evidencia que el colegiado s\u00ed se atuvo a los puntos de controversia planteados en la alzada. En efecto, se observa que el impugnante critic\u00f3 la valoraci\u00f3n que efectu\u00f3 el juez de primer grado respecto de las cl\u00e1usulas de la p\u00f3liza, en especial, aquellas que consagraban las obligaciones del asegurado en torno al pago de las primas y la referente a la constituci\u00f3n de los valores de cesi\u00f3n y de rescate -consagrada en la cl\u00e1usula 6-. Critic\u00f3, adem\u00e1s, que se hubiese considerado que las p\u00f3lizas daban lugar a la creaci\u00f3n de un fondo de protecci\u00f3n y ahond\u00f3 en el supuesto agotamiento de las reservas por las condiciones del mercado. Frente a ello, se asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abTodo lo anterior en aras de que fue omitido por el juez de primera instancia al momento de adoptar la decisi\u00f3n objeto de alzada en virtud del principio de legalidad previsto en el art\u00edculo 7 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo un deber de tener en cuenta la jurisprudencia, y cuando se aparta la doctrina probable es obligado a exponer clara y concretamente las razones de su fundamento jur\u00eddico que justifican su decisi\u00f3n. Pues simplemente se indic\u00f3 que estaba probado en las condiciones generales de la p\u00f3liza haberse pactado la creaci\u00f3n de protecci\u00f3n que cubrir\u00eda la prima por los siguientes a\u00f1os hasta que el asegurado cumpliera la edad de 80 a\u00f1os, y al haberse demostrado el agotamiento del fondo, deven\u00eda claramente la terminaci\u00f3n del contrato de seguro por el no pago de la prima seg\u00fan lo reglado por el art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, no le asiste raz\u00f3n al juez de primera instancia en afirmar que la p\u00f3liza de seguro de vida objeto del proceso se hab\u00eda pactado la constituci\u00f3n de un fondo de protecci\u00f3n con los valores de cesi\u00f3n o rescate, a partir del cual con una proyecci\u00f3n de rentabilidad del 24%, se cubrir\u00eda el pago de la prima por los a\u00f1os subsiguientes de vigencia hasta que el asegurado cumpliera 80 a\u00f1os de edad, raz\u00f3n por la cual, al haberse agotado los valores de rescate acumulados, seg\u00fan decir de la parte demandada, fueron debido a la variaci\u00f3n de las condiciones del mercado experimentados por la econom\u00eda nacional durante la vigencia de la misma, pues seg\u00fan un concepto emitido de la Superintendencia Financiera, no resulta aceptable indicar tal afirmaci\u00f3n por parte de la sociedad demandada para haber dado por terminado el contrato de seguro, con el argumento del agotamiento de los valores de rescate acumulados destinados para el pago de las primas subsiguientes\u00bb. <\/p>\n
De manera que si bien son variados los aspectos que se cuestionan frente a la providencia de primer grado, el hecho de que el ad quem se haya enfocado \u00fanicamente en la interpretaci\u00f3n de dichas cl\u00e1usulas no convierte en incongruente el fallo confutado. Y si bien no se cuestion\u00f3 en concreto el cumplimiento de las obligaciones por parte de la aseguradora, lo cierto es que aqu\u00e9l es un tema que indiscutiblemente se deb\u00eda abordar como consecuencia de haberse alegado la indebida interpretaci\u00f3n de las condiciones generales del contrato de seguro. Esto es, precisamente, el recurso interpuesto buscaba evidenciar que el acto fue incumplido por la demandada, con independencia de que la disposici\u00f3n 6.2 otorgue o no a la entidad la facultad para finiquitar unilateralmente el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, para esta Sala, el sentenciador -al margen del contenido de la apelaci\u00f3n- tiene el deber de decidir las materias tocantes a presupuestos del proceso, los temas que tengan conexi\u00f3n necesaria con la decisi\u00f3n de alzada o aquellos cuyo pronunciamiento sea oficioso. Al respecto, en SC1641-2022 se asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, la regla enunciada en precedencia no es absoluta, ya que el sentenciador, al margen del contenido de la apelaci\u00f3n, tiene el deber de decidir las materias: (I) tocantes a presupuestos del proceso, la acci\u00f3n o la sentencia favorable, (II) que tengan conexi\u00f3n necesaria con la decisi\u00f3n de alzada o (III) cuyo pronunciamiento sea oficioso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose al anterior estatuto procesal, en consideraciones que mantienen vigencia, doctrin\u00f3: \u00abse tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento\u00bb (SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2008-00106-01). <\/p>\n
Significa que el sentenciador, de forma excepcional, debe ir m\u00e1s all\u00e1 de los argumentos blandidos por el apelante, para (I) proteger los derechos de ciertas personas, (II) reconocer situaciones sobrevinientes que afectan el derecho controvertido, (III) resolver materias que no fueron falladas por el a quo, o (IV) revisar aspectos inescindiblemente conectados con la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esta \u00faltima posibilidad la Corte ha se\u00f1alado: \u00abque existen puntos \u00edntimamente ligados al tema objeto de la alzada que, aun cuando no hayan sido cuestionados, no se encuentran vedados para el ad quem\u00bb (SC444, 25 en. 2017, rad. n.\u00b0 2012-02003-00). Por tanto, si bien es cierto que \u00ablos jueces de apelaci\u00f3n no pueden fallar de oficio sobre ning\u00fan asunto que no les haya sido propuesto\u00bb, tambi\u00e9n lo es que esta regla no tiene cabida frente a t\u00f3picos que \u00abest\u00e9n \u00edntimamente ligados con el objeto de la impugnaci\u00f3n. De suerte que cuando la apelaci\u00f3n ha sido puntual, los dem\u00e1s aspectos de la sentencia -esto es los que no fueron objeto de recurso- adquieren la autoridad de la cosa juzgada\u00bb (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00)\u00bb. <\/p>\n
4. En una palabra, no est\u00e1 fundado el cargo esbozado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Soportado en la causal segunda de casaci\u00f3n, el censor acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de violar de manera indirecta los art\u00edculos 1602, 1609, 1618, 1621 y 1622 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los c\u00e1nones 1036, 1045, 1068, 1152, 1153 del C\u00f3digo de Comercio. Ello, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba. <\/p>\n
Asever\u00f3 que se cercen\u00f3 el contenido de la p\u00f3liza de seguro al considerar equivocadamente que \u00abpor el solo hecho de que el tomador y a su vez asegurado Jos\u00e9 Chafic Aljure Caicedo hubiese pagado las atadas ocho (8) primas durante ocho (8) a\u00f1os en forma autom\u00e1tica ello le dio el derecho de quedar asegurado por el valor pactado hasta la edad de ochenta (80) a\u00f1os\u00bb. Sin embargo, a juicio del censor, dicho entendimiento es consecuencia de haber malinterpretado el contenido del clausulado del referido instrumento. Y es que, la \u00ablectura conjunta y sistem\u00e1tica de las mencionadas estipulaciones negociales (condici\u00f3n 2.4 y 6.2) permiten concluir que all\u00ed se pact\u00f3 que si el asegurado pagaba la suma por ocho (8) a\u00f1os ello le daba derecho a quedar asegurado hasta la edad de ochenta (80) a\u00f1os, pero ese pago generaba, como expresamente se dijo en la cl\u00e1usula 2 4, \u00abvalores de cesi\u00f3n autom\u00e1ticamente\u00bb. Esos \u00abvalores de cesi\u00f3n\u00bb ten\u00edan como prop\u00f3sito cubrir el valor de la prima, pero si los mismos no resultaren ser suficientes para cumplir con tal cometido, conforme a lo se\u00f1alado en la Clausula 6 2 de la misma P\u00f3liza, ello daba lugar a que se produjera la terminaci\u00f3n del contrato, tal y como ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, si la rentabilidad proyectada del fondo de protecci\u00f3n que con los ocho pagos se generaba no resultaba ser la esperada, \u00abcon los valores de cesi\u00f3n se iba a cubrir el pago de la prima y, una vez agotados dichos valores, el contrato deb\u00eda terminar precisamente por ausencia del pago de la prima\u00bb. Adujo que el Colegiado \u00fanicamente apreci\u00f3, de manera aislada e insular, el contenido de la cl\u00e1usula 2.4, sin valorarla juntamente con la 6.2, \u00ablo cual le habr\u00eda permitido llegar a la \u00fanica conclusi\u00f3n posible si la rentabilidad proyectada no se presentaba, el contrato iba a terminar cuando los valores de cesi\u00f3n no fuesen suficientes para cubrir el monto de la prima, pues bien sabido es que sin el pago de la prima no es posible que el contrato de seguro subsista\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, censur\u00f3 el error de hecho en que incurri\u00f3 el ad quem por el cercenamiento en la apreciaci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n de la p\u00f3liza. A su juicio, en tal documento \u00abaparece con claridad que el seguro estaba proyectado para que su vigencia se extendiera hasta que el asegurado cumpliera ochenta (80) a\u00f1os de edad, pero tambi\u00e9n aparece con claridad que ello ocurrir\u00eda siempre y cuando la efectiva rentabilidad que tuviera el fondo de protecci\u00f3n generado a partir del pago de la prima fuese del 24%\u00bb. As\u00ed las cosas, desde la cotizaci\u00f3n se le advirti\u00f3 que el contrato estaba sometido a una condici\u00f3n en relaci\u00f3n con la rentabilidad del ahorro. Pese a la contundencia del documento, el juez de segundo grado desfigur\u00f3 su alcance demostrativo. Contrario a lo sostenido en la sentencia de segunda instancia, el documento \u00abes claro en indicar que lo all\u00ed expresado corresponde a una proyecci\u00f3n realizada bajo el entendimiento que el fondo de protecci\u00f3n conformado con el pago de las ocho (8) primas en comento iba a tener una rentabilidad del 24%, por lo que f\u00e1cil es concluir que si dicha rentabilidad no se presentaba la proyecci\u00f3n ser\u00eda diferente y, por ende, no iba a ser posible el crecimiento de los valores acumulados hasta el momento en que el asegurado cumpliera ochenta (80) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se pretermiti\u00f3 el documento elaborado por Luis Fernando Cort\u00e1zar Olarte, as\u00ed como la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 en el curso del pleito. En dicho medio de prueba \u00abconsta el verdadero y real comportamiento que tuvo la rentabilidad del fondo de protecci\u00f3n que se constituy\u00f3 con el pago anticipado de la prima por parte del demandante y all\u00ed explic\u00f3 con suficiencia que efectivamente la reserva se agot\u00f3 en marzo de 2015 en raz\u00f3n de la baja rentabilidad que en la realidad se present\u00f3\u00bb. Tales probanzas demuestran c\u00f3mo, luego de haber celebrado el negocio aseguraticio, las condiciones de la econom\u00eda variaron dr\u00e1sticamente, present\u00e1ndose una notable reducci\u00f3n de los \u00edndices de inflaci\u00f3n con la consecuencial reducci\u00f3n de las tasas de inter\u00e9s en el mercado. Dichas circunstancias condujeron a que se presentase una baja rentabilidad del fondo de protecci\u00f3n que se construy\u00f3 a partir del pago anticipado de las primas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, critic\u00f3 la pretermisi\u00f3n de las comunicaciones remitidas al asegurado el 17 de noviembre de 2016, 25 de abril de 2011, 1 de julio de 2015 y 25 de agosto de 2015. Tales documentos \u00abdescartan que la Compa\u00f1\u00eda de Seguros hubiese revocado unilateralmente la P\u00f3liza y demuestran que, como evidencia de probidad y de buena fe, se le avis\u00f3 al Asegurado, incluso con suficiente antelaci\u00f3n, que con ocasi\u00f3n del agotamiento de dichos valores la prima no iba a ser pagada y ello implicaba la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del Contrato, lo cual, se insiste, descarta la revocaci\u00f3n unilateral que el Tribunal dio por demostrada en contra evidencia con la realidad del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En atenci\u00f3n a que el casacionista se propone demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en una apreciaci\u00f3n defectuosa de ciertas pruebas recaudadas en el proceso \u2013 contrato de seguro y su cotizaci\u00f3n, informe del actuario y su testimonio, comunicaci\u00f3n de la aseguradora del 17 de noviembre de 2016, 25 de abril de 2011, julio de 2015 y 25 de agosto de 2015-, y por esa v\u00eda, le endilga la violaci\u00f3n de normas sustanciales, se destaca que la tarea del impugnante debe estar dirigida a demostrar, si de error de hecho se trata, que el yerro que le enrostra al juzgador es notorio o evidente. En otras palabras, que hay una clara contrariedad entre la conclusi\u00f3n del Tribunal y lo que la prueba revela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es preciso destacar que, en el \u00e1mbito de la prueba y para los prop\u00f3sitos casacionales, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando exige que \u00e9ste sea \u00abmanifiesto\u00bb, excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. As\u00ed lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, que de manera inveterada ha sostenido que \u00ab[n]o sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb26. Esto, se insiste, sin olvidar que \u00abel recurrente debe procurar por evidenciar que su \u00f3ptica es la \u00fanica plausible y apta, con el fin de allanar el camino hacia el \u00e9xito de la censura, contrariamente, de no lograr ese cometido, su hip\u00f3tesis, aun cuando sea aceptable, no dejar\u00e1 de ser un mero alegato de instancia incapaz de derruir las bases del fallo combativo, precisamente, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto con que viene revestido\u00bb (AC5520-2022. Subrayado de la Sala). <\/p>\n
2. Por consiguiente, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal. Por el contrario, aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe poner de presente en forma clara y precisa, contundentemente, los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso y, en el evento de pretermitir algunos, indicar su influencia para cambiar el sentido del fallo. De ah\u00ed que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb27. <\/p>\n
3. Del escrutinio al acervo documental, se advierte que para el Tribunal: i) el tomador cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de pagar la prima, en la forma y tiempo pactados; ii) que a la aseguradora no le era dable activar la cl\u00e1usula que le permit\u00eda terminar el contrato de seguro, puesto que, el asegurado cumpli\u00f3 con su prestaci\u00f3n; iii) que en la p\u00f3liza no se estipul\u00f3 que \u00abcon la suma que se oblig\u00f3 el demandante a sufragar por concepto de primas(8 cuotas por 8 an\u0303os), se conformar\u00eda un fondo, a partir del cual, seg\u00fan una proyecci\u00f3n del \u00ab24%\u00bb anual de rendimiento \u00absujetas a la variaci\u00f3n de las tasas de inter\u00e9s del mercado\u00bb se sufragar\u00edan las primas subsiguientes para mantenerse el seguro de vida hasta los 80 a\u00f1os de edad\u00bb. Y, iv) que no existe prueba que d\u00e9 cuenta de que \u00abel aseguramiento\u00bb se encontraba condicionado a circunstancias adicionales al pago de la prima en ocho (8) instalamentos. <\/p>\n
4. A juicio de esta Sala, los razonamientos que sigui\u00f3 el Tribunal tienen soporte en las pruebas que el recurrente tilda de haber sido equivocadamente apreciadas por el ad quem. Al respecto, se ofrece lo que sigue: <\/p>\n
4.1. En el contrato de seguro, en las condiciones generales se consagr\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSEGUROS FENIX DE VISA S.A., otorga el presente seguro de vida con base en las siguientes condiciones: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
2. Tipos de planes: <\/p>\n
2.1. PAGOS ANUALES: El asegurado paga el valor de la prima a\u00f1o tras a\u00f1o hasta la edad de 80 a\u00f1os; genera valores de cesi\u00f3n si se toma la opci\u00f3n de ahorro. <\/p>\n
2.2 PAGO \u00daNICO: El asegurado paga una vez la prima y queda asegurado hasta la edad de 80 a\u00f1os; genera valores de cesi\u00f3n autom\u00e1ticamente. <\/p>\n
2.3 CUATRO PAGOS: El asegurado paga primas por 4 a\u00f1os y queda asegurado hasta la edad de 80 a\u00f1os; genera valores de cesi\u00f3n autom\u00e1ticamente\u00bb. <\/p>\n
2.4 OCHO PAGOS: El asegurado paga primas por 8 a\u00f1os y queda asegurado hasta la edad de 80 a\u00f1os; genera valores de cesi\u00f3n autom\u00e1ticamente28. <\/p>\n
2.5. DOCE PAGOS: El asegurado paga primas por 12 a\u00f1os y queda asegurado hasta la edad de 80 a\u00f1os; genera valores de cesi\u00f3n autom\u00e1ticamente\u00bb. <\/p>\n
Y es que, al fijar la atenci\u00f3n en la cl\u00e1usula 6 de las condiciones generales, se advierte que esta refiere a los \u00abvalores de cesi\u00f3n o de rescate\u00bb. A su turno, el apartado 6.2. indica que: <\/p>\n
\u00abRenovaci\u00f3n Autom\u00e1tica: Si el tomador o Asegurado no pagare la prima de protecci\u00f3n, oportunamente, SEGUROS FENIX DE VIDAS.A. la pagara con cargo al valor de cesi\u00f3n o de rescate disponible que la p\u00f3liza tenga acreditado en dicha fecha. <\/p>\n
Si el valor de rescate disponible no alcanzare a cubrir la prima, autom\u00e1ticamente por un periodo de tiempo proporcional a ese valor de rescate disponible y, una vez transcurrido ese periodo, el Seguro terminar\u00e1\u00bb29. <\/p>\n
V\u00e9ase que, tal como lo advirti\u00f3 el ad quem, por ning\u00fan lado el negocio jur\u00eddico pactado hace alusi\u00f3n a que con la suma que se pagar\u00eda por concepto de primas se constituir\u00eda un fondo a partir del cual -seg\u00fan una proyecci\u00f3n del 24% anual de rendimiento- se sufragar\u00edan las primas que presuntamente se causar\u00edan despu\u00e9s de los primeros ocho a\u00f1os, para mantener el seguro de vida hasta los 80 a\u00f1os. Por el contrario, lo que de la disposici\u00f3n emerge es que esta se trata de un supuesto previsto para prolongar la vigencia del contrato de seguro en caso de incumplimiento del tomador30. En tanto que el retraso en el pago de una prima no produce per se la terminaci\u00f3n del contrato, si existe el valor de rescate. De all\u00ed que el art\u00edculo 1153 del C\u00f3digo de Comercio indique que: \u00ab[e]l seguro de vida no se entender\u00e1 terminado una vez que hayan sido cubiertas las primas correspondientes a los dos primeros a\u00f1os de su vigencia, sino cuando el valor de las primas atrasadas y el de los pr\u00e9stamos efectuados con sus intereses, excedan del valor de cesi\u00f3n o rescate (…)\u00bb (destacado propio). Por ende, no resulta absurdo que el Tribunal haya considerado, a la luz del instrumento contractual, que \u00abla aseguradora no estaba autorizada para aplicar la cl\u00e1usula 6.2.\u00bb. Puesto que esta disposici\u00f3n contractual solamente se activaba en el evento de incumplimiento en el pago de la prima. <\/p>\n
4.2. En ese orden de ideas, acreditado el pago de los ocho instalamentos pactados por las partes31, es posible concluir -tal como a bien lo tuvo el juez colegiado- que la parte asegurada cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n en el plazo estipulado en el contrato. De all\u00ed que el incumplimiento como causal para la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato no se encuentre acreditado. En efecto, el tomador pag\u00f3 el precio del seguro. En consecuencia, al no existir primas anuales insatisfechas, los presupuestos de aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 6.2. no se configuran. Esto es, la operatividad de la estipulaci\u00f3n se restringe. Tal como la sentencia impugnada lo enmarca: \u00absi el asegurado cumpli\u00f3 en debida forma con el pago de las primas a que se oblig\u00f3, it\u00e9rese, su principal obligaci\u00f3n, no era dable hacer ejecutar la cl\u00e1usula (6.2 de las condiciones generales)\u00bb 32. <\/p>\n
4.3. De manera que, contrario a lo planteado por el censor, se observa que en la sentencia impugnada s\u00ed se articularon las mentadas disposiciones contractuales. Al respecto, se indic\u00f3 que \u00absi el asegurado cumpli\u00f3 en debida forma con el pago de las primas a que se le oblig\u00f3, interese, su principal obligaci\u00f3n, no era dable hacer ejecutar la cl\u00e1usula antes citada (6.2 de las condiciones generales) como quiera que no exist\u00edan primas por cubrir\u00bb. De tal suerte que, del cotejo entre la sentencia y la censura, no refulge demostrado el error de hecho que se le enrostra al fallo. Por el contrario, lo que se evidencia es que el Tribunal interpret\u00f3 sistem\u00e1ticamente el clausulado. Y, adem\u00e1s, que lo pretendido por el casacionista es la imposici\u00f3n de su especial interpretaci\u00f3n de las condiciones generales del negocio jur\u00eddico, ejercicio que, como ya se dijo, es inadmisible en esta instancia procesal. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, en el \u00e1mbito del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 averiguado que, si del texto convencional se descubren varios sentidos razonables, la elecci\u00f3n que de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser respetada y mantenida por la Corte. <\/p>\n
\u00abCuando una cl\u00e1usula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopci\u00f3n de cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede haber error manifiesto en la interpretaci\u00f3n (Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya caracter\u00edstica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, que salte de bulto o brille al ojo, s\u00f3lo se presenta cuando la \u00fanica estimaci\u00f3n acertada sea la sustitutiva que se propone. Por manera que la demostraci\u00f3n del cargo ha de conducir al convencimiento de la contraevidencia, inconcebible cuando el resultado que se censura es producto de sopesar distintas posibilidades, que termina con la escogencia de la m\u00e1s probable, \u201csin que ninguna de ellas est\u00e9 plenamente contradicha por las otras pruebas del proceso\u201d (Cas. Civ. de 30 de noviembre de 1962, XCVIII, 21; 4 mayo de 1968, a\u00fan no publicada; 20 de mayo de 1970, CXXXIV, 146 y 147)\u201d (CSJ SC del 6 de agosto de 1985)\u00bb. <\/p>\n
4.4. Tampoco se encuentra acreditado el supuesto cercenamiento del documento contentivo de la cotizaci\u00f3n efectuada al asegurado. Frente dicho medio suasorio, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00abNo hay prueba que de cuenta que el aseguramiento se encontraba condicionado a circunstancias adicionales a que el tomador hubiere cancelado las ocho (8) primas anuales acordadas. (…) que ciertamente, lo que se observa en la documental referida, es que el asegurado har\u00eda (8) \u00fanicos pagos, con los cuales se cubrir\u00eda el total de las primas de riesgo, generado con ello un valor de cesi\u00f3n el cual fue calculado hasta el a\u00f1o 2043, con un rendimiento del 24%. Adem\u00e1s, no se se\u00f1ala que una vez vencida la octava anualidad de la p\u00f3liza con el pago No 8, existir\u00edan m\u00e1s primas de riesgo o protecci\u00f3n por cubrir por parte del tomador, y que si las mismas no eran satisfechas dentro de determinado plazo aquellas se cubrir\u00edan con los valores de cesi\u00f3n acumulados\u00bb33. <\/p>\n
Y es que, en efecto, al analizar los documentos contentivos de la cotizaci\u00f3n de la \u00abP\u00f3liza individual Plan Renta Dorada\u00bb, lo \u00fanico que se observa es una proyecci\u00f3n de los valores de cesi\u00f3n bajo un rendimiento del 24%. Y, al pie del documento, se se\u00f1ala: \u00ab[l]os valores de cesi\u00f3n y proyecci\u00f3n de ahorro se han calculado con una rentabilidad de inversi\u00f3n estimada en 24.0 % y estar\u00e1n sujetas a la variaci\u00f3n de las tasas de inter\u00e9s del mercado\u00bb34. Por el contrario, la cotizaci\u00f3n s\u00ed hace hincapi\u00e9 en los instalamentos que habr\u00e1 de cubrir el asegurado, los cuales ser\u00e1n \u00fanicamente ocho sumas que habr\u00e1 de pagar desde 1998 hasta el 2005. De manera que no es desaforada la conclusi\u00f3n del Tribunal cuando sostiene que, objetivamente, lo que advierte el documento es que \u00abel asegurado har\u00eda (8) \u00fanicos pagos, con los cuales se cubrir\u00eda el total de las primas de riesgo, generado con ello un valor de cesi\u00f3n el cual fue calculado hasta el a\u00f1o 2043, con un rendimiento del 24%\u00bb. Sin embargo, no obra prueba sobre la existencia de una cl\u00e1usula que imponga el pago de nuevas primas en caso de que el rendimiento de los valores de cesi\u00f3n fuera menor al 24%. <\/p>\n
4.5. Al respecto, sobre el error de hecho, esta Corporaci\u00f3n tiene decantado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si una de las modalidades del yerro de facto acontece cuando el juzgador pasa por alto la prueba existente en el proceso, tambi\u00e9n tiene sentado la jurisprudencia que no siempre que el Tribunal deja de apreciar pruebas incurre en el se\u00f1alado error, porque para que este se configure exitosamente en casaci\u00f3n, es indispensable, que por su falta de estimaci\u00f3n, se llegue a conclusiones contraria a la legal. (…) no presume la ignoracia de las pruebas por el sentenciador, cuando las conclusiones del fallador se justifican a la ley de las mismas pruebas\u00bb35. <\/p>\n
El censor insiste en la pretermisi\u00f3n de ciertas comunicaciones, el informe del actuario36 y su testimonio, probanzas que gravitan en torno al \u00abcomportamiento de la rentabilidad de su fondo de protecci\u00f3n y el hecho irrefutable del agotamiento de los valores de rescate con los que se iba a pagar la prima\u00bb. Sin embargo, tal reparo es intrascendente. En efecto, tanto el comportamiento del mercado -como condici\u00f3n- y el agotamiento del valor de cesi\u00f3n, quedaron desvirtuados con otras pruebas documentales. A saber: la cotizaci\u00f3n de la p\u00f3liza y el contrato de seguro. Instrumentos que analiz\u00f3 y tuvo en cuenta el ad quem, tal como se mostr\u00f3 previamente. Bajo esa arista, las conclusiones del Tribunal no se subvirtieron con las pruebas que el censor relata. Sobre el particular se asever\u00f3 que \u00abes ineficaz el cargo por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas consistente en que el sentenciador dej\u00f3 de apreciar algunas, cuando los elementos probatorios que el recurrente mencione como no apreciados no desvirt\u00faan las conclusiones de la sentencia\u00bb37. <\/p>\n
5. En una palabra, el cargo no prospera38. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso indicado en precedencia. <\/p>\n
Se condena a la parte demandada en agencias en derecho por valor de $10.000.000, teniendo en cuenta que el opositor se pronunci\u00f3 en t\u00e9rmino. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n del voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n parcial de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-31-03-004-2016-00099-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito aclarar mi voto pues si bien considere que el supuesto previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso se trataba de una nulidad de pleno derecho, es del caso recoger tal postura atendiendo la declaraci\u00f3n de exequibilidad condicionada de dicha norma por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019 y la necesidad de su aplicaci\u00f3n en todo tiempo. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-004-2016-00099-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado sustento por qu\u00e9 me aparto de las consideraciones sobre el primer cargo relacionado con la nulidad del proceso por excederse el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del tr\u00e1mite. En todo caso, como la estabilidad de la jurisprudencia est\u00e1 por encima de las opiniones individuales de quienes participan en su construcci\u00f3n, de ahora en adelante asumir\u00e9 la posici\u00f3n mayoritaria al respecto. <\/p>\n
1. Es propio del debido proceso y del acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, garant\u00edas de raigambre fundamental, que las actuaciones de los jueces deben adelantarse, y las resoluciones adoptarse, en un lapso prudencial, en tanto los ciudadanos no pueden estar bajo la zozobra de la incertidumbre judicial y a la espera de una respuesta indefinida en el tiempo. <\/p>\n
Ese est\u00e1ndar se deriva, entre otros instrumentos internacionales, de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, la cual previ\u00f3 como garant\u00eda judicial que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 8-1). <\/p>\n
Esta \u00abrazonabilidad\u00bb se expresa en la garant\u00eda a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, esto es, en un plazo razonable39. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo los lineamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegur\u00f3: <\/p>\n
Y despu\u00e9s puntualiz\u00f3: <\/p>\n
[E]n su jurisprudencia la Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinaci\u00f3n de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por s\u00ed misma, una violaci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales. Asimismo, este Tribunal ha se\u00f1alado que el \u2018plazo razonable\u2019 al que se refiere el art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n se debe apreciar en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva\u2026 <\/p>\n
La Corte usualmente ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectaci\u00f3n generada en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la persona involucrada en el proceso\u2026 <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte destaca que los retrasos causados por las acciones u omisiones de cualquiera de las dos partes se deben tomar en cuenta al analizar si el proceso ha sido llevado a cabo en un plazo razonable\u2026 <\/p>\n
La Corte recuerda que es el Estado, a trav\u00e9s de sus autoridades judiciales, quien debe conducir el proceso. Al respecto, conforme la legislaci\u00f3n procesal civil aplicable al presente caso, el juez tiene el deber de dirigir el procedimiento, manteniendo la igualdad de las partes en el proceso, vigilando que la tramitaci\u00f3n de la causa procure la mayor econom\u00eda procesal y evitando la paralizaci\u00f3n del proceso\u202641 <\/p>\n
2. La ant\u00edtesis de la oportuna resoluci\u00f3n de los asuntos sometidos a composici\u00f3n jurisdiccional es la denominada mora judicial, entendida como la desatenci\u00f3n del funcionario judicial o administrativo \u00abde impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento\u2026 sin motivo justificado\u00bb (STC5316, 13 may. 2021, rad. n.\u00b0 2021-00015-02). <\/p>\n
La mora judicial es uno de los principales problemas que aqueja a la administraci\u00f3n de justicia del pa\u00eds. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la prolongada duraci\u00f3n de los procesos judiciales es una de las razones para que la administraci\u00f3n de justicia colombiana ocupe el puesto 177, entre 190 Estados, es decir, se encuentra entre los \u00faltimos lugares del mundo y solamente supera a Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Comoras, Gab\u00f3n, Afganist\u00e1n, Camboya, Rep\u00fablica Centroafricana, Micronesia (Estados Federados), Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe, Angola y Myanmar 42. <\/p>\n
Esta realidad indiscutible y apremiante demuestra que la mora judicial es un problema estructural (no coyuntural), que amerita soluciones basilares basadas en pol\u00edticas p\u00fablicas como las incorporadas en el C\u00f3digo General del Proceso, con el prop\u00f3sito de, entre otros m\u00f3viles, sortear el problema de congesti\u00f3n judicial y, de esta forma, menguar la sensaci\u00f3n de injusticia ocasionada por la demora de la rama judicial en la resoluci\u00f3n de las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Dentro de estos instrumentos se encuentra el se\u00f1alamiento de t\u00e9rminos de duraci\u00f3n para expedir la sentencia de \u00fanica, primera o segunda instancia, con consecuencias precisas en los casos en que sean desatendidos por la corporaci\u00f3n judicial, plasmadas en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Esta norma incorpora una pol\u00edtica p\u00fablica para la eficacia del derecho sustancial a \u00abun debido proceso de duraci\u00f3n razonable\u00bb y \u00absin dilaciones injustificadas\u00bb (arts. 2\u00ba del CGP y 29 de la CP), por medio de las siguientes medidas, en su versi\u00f3n original: <\/p>\n
(I) fijar un lapso m\u00e1ximo dentro del cual deben proferirse las decisiones de \u00fanica, primera o segunda instancia; <\/p>\n
(II) consagrar la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de las actuaciones surtidas luego del fenecimiento de ese per\u00edodo; <\/p>\n
(III) establecer la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del funcionario que ven\u00eda conociendo el asunto junto con la consecuente remisi\u00f3n del expediente al despacho judicial que sigue en turno; y <\/p>\n
(IV) disponer que el cumplimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de las instancias ser\u00eda criterio obligatorio para evaluar el desempe\u00f1o de los falladores. <\/p>\n
Tales medidas fueron sometidas al escrutinio de la Corte Constitucional que, mediante sentencia C-443 de 2019, declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u00ab\u2018de pleno derecho\u2019 contenida en el inciso 6\u00bb de la referida disposici\u00f3n y la exequibilidad condicionada \u00abdel resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; del \u00abinciso 2\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial correspondiente s\u00f3lo ocurre previa petici\u00f3n de parte\u00bb; y \u00abdel inciso 8\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificaci\u00f3n autom\u00e1tica en la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o de los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, ese pronunciamiento mantuvo inc\u00f3lume el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de los procesos, as\u00ed como la nulidad de las actuaciones realizadas con posterioridad y la p\u00e9rdida de competencia, pero sometidas al principio de la saneabilidad, pues las consecuencias del vencimiento del t\u00e9rmino para decidir no se alcanzar\u00e1n de pleno derecho ni de forma autom\u00e1tica, sino que est\u00e1n subordinadas a que se aleguen antes de la expedici\u00f3n de la sentencia. De forma literal, la Corte Constitucional manifest\u00f3: <\/p>\n
[L]a declaratoria no tienen ninguna repercusi\u00f3n en las reglas contenidas en los incisos 1 y 5, que establecen la duraci\u00f3n de los procesos, pues lo que la Corte consider\u00f3 contrario a la Carta Pol\u00edtica es el hecho de que la nulidad de las actuaciones que se adelantan por el funcionario que perdi\u00f3 la competencia por no concluir la instancia oportunamente, opere de pleno derecho, m\u00e1s no que el legislador haya fijado un l\u00edmite temporal a los tr\u00e1mites que se surten en la Rama Judicial\u2026 <\/p>\n
la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas (idem). <\/p>\n
<\/p>\n
Explicado de otra manera, de acuerdo con el actual estado de cosas constitucional y la ratio decidendi de la citada decisi\u00f3n, cuando la parte respectiva solicita aplicar los efectos del art\u00edculo 121 ibidem, luego del vencimiento del plazo de duraci\u00f3n de la instancia y antes de la expedici\u00f3n de la sentencia, indefectiblemente se configura una nulidad que conduce al quiebre del fallo y la renovaci\u00f3n de las actuaciones viciadas. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia explic\u00f3 que, despu\u00e9s de conocido \u00abque la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n de \u2018pleno derecho\u2019 contenida en el inciso sexto del art\u00edculo 121 del CGP, \u2026 significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP)\u00bb (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00299-01). <\/p>\n
Poco tiempo despu\u00e9s reiter\u00f3: <\/p>\n
3. En el caso de la radicaci\u00f3n la Sala sostuvo que: (I) el cambio del funcionario competente es un motivo de interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso el cual, en consecuencia, debe volverse a computar, para lo cual cit\u00f3 la decisi\u00f3n CSJ STC 12660, 18 sep. 2019; (II) la expedici\u00f3n tard\u00eda de la sentencia es intrascendente y no transgrede el derecho fundamental al debido proceso; y (III) el auto del Tribunal que resuelve la petici\u00f3n de nulidad hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y resulta intangible para la Sala al resolver el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En realidad, la Sala se bas\u00f3 en un precedente aislado (CSJ STC 12660, 18 sep. 2019) sobre los efectos del cambio del juez o magistrado en el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual sostuvo que era causal de interrupci\u00f3n y reanudaci\u00f3n. Sin embargo, la ley no establece ese efecto, raz\u00f3n suficiente para que la Sala no pudiera aplicarlo al caso concreto. <\/p>\n
3.2. Por otro lado, se echa de menos de la decisi\u00f3n mayoritaria alguna explicaci\u00f3n sobre por qu\u00e9 la transgresi\u00f3n del plazo de duraci\u00f3n razonable del proceso no transgrede el derecho fundamental al debido proceso, a pesar de que la Corte Constitucional solamente declar\u00f3 la inexequiblidad de las expresiones autom\u00e1tica y de pleno derecho que acompa\u00f1aban las consecuencias del vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de decurso previstas en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pero mantuvo tales efectos, es decir, que su desconocimiento sigue causando nulidad del tr\u00e1mite y p\u00e9rdida de competencia, con la anotaci\u00f3n de que ya no ser\u00e1n de pleno derecho ni autom\u00e1tica. <\/p>\n
3.3. Finalmente, resultaba inadecuado argumentar que la decisi\u00f3n interlocutoria de las instancias para negar la petici\u00f3n de nulidad tiene efectos de cosa juzgada. Tal argumento desconoce que la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia ejerce una doble funci\u00f3n constitucional de m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad y tribunal de casaci\u00f3n (arts. 234 y 235 #1 de la C.P.; Cfr. CSJ SC048, 29 mar. 2023, rad. 2003-00891), raz\u00f3n por la que un auto proferido durante las instancias para resolver la petici\u00f3n de nulidad, por regla general, no le impide revisar si se configura la causal de casaci\u00f3n invocada mediante recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues se est\u00e1 creando un obst\u00e1culo inexistente para el ejercicio de sus competencias. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como si lo anterior fuera insuficiente, la cosa juzgada se predica generalmente de las sentencias (art. 303 del CGP), y no de los autos, aspecto nuclear que fue pasado por alto en el proyecto. <\/p>\n
En suma, de la manera como fue resuelto este asunto, resulta virtualmente imposible que se reconozca la nulidad por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso, posici\u00f3n que desconoce la causal de invalidez prevista expresamente por el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, inaplicado sin justificaci\u00f3n en esta oportunidad. <\/p>\n
4. En todo caso, reitero que la obligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta \u00fanicamente en la posici\u00f3n jer\u00e1rquica ostentada por la autoridad judicial que lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, la igualdad y la confianza leg\u00edtima de los usuarios, donde es insuficiente que una nueva interpretaci\u00f3n sea mejor o m\u00e1s elaborada para que se imponga sobre la jurisprudencia vigente (salvamentos de voto a las decisiones CSJ STC12660, 18 sep. 2019, rad. 2019-01830 y CSJ SC3255, 4 ag. 2021, rad. 2014-00116). Esto me lleva a dejar constancia de mis argumentos en torno a la nulidad por el vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso y, de ahora en adelante, en aras de la coherencia de la jurisprudencia, aplicar el precedente de la Sala. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi aclaraci\u00f3n parcial de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC 053 de 1997, Rad. 4850, reiterada en SC 16426-2015. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC 8210-2016. <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC 3271-2020. <\/p>\n
4\u0002 CSJSC845-2022, SC2507-2022. Pronunciamiento que derivan de la sentencia C-443 del 2019, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se declar\u00f3 \u00abLA INEXEQUIBILIDAD de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 STC12660-2019. <\/p>\n
6\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
7\u0002 CSJ, SC, STC 12660-2019. <\/p>\n
8\u0002 Folio 78 del Cuaderno 1. <\/p>\n
9\u0002 Folio 82 del Cuaderno 1. <\/p>\n
10\u0002 Transcurrieron 24 d\u00edas h\u00e1biles. <\/p>\n
11\u0002 Folio 26 del Cuaderno 1. <\/p>\n
12\u0002 Folio 154-178 del Cuaderno 1. <\/p>\n
13\u0002 Folio 185- 189 del Cuaderno 1. <\/p>\n
14\u0002 Folio 191 del cuaderno 1. <\/p>\n
15\u0002 Folio 227 del cuaderno 1. <\/p>\n
16\u0002 Folio 1 del Cuaderno 2. <\/p>\n
17\u0002 Folio 3 del Cuaderno 2 <\/p>\n
18\u0002 Folio 5 del Cuaderno 2. <\/p>\n
19\u0002 Folio 7 del Cuaderno 2. <\/p>\n
21\u0002 Folio 15-23 del Cuaderno 2. <\/p>\n
22\u0002 G.J., tomo LXXV (\u2026) \u00abSanear la nulidad\u00bb quiere decir, como se comprende, aplicar cualquier remedio indicado por la ley para curar ese vicio jur\u00eddico: ya el de la ratificaci\u00f3n, cuando procede ya el de la declaraci\u00f3n judicial sobre su existencia o inexistencia. Por este aspecto, y como lo explicaron los redactores del proyecto de reforma judicial, el fin del motivo 4\u00b0 del art\u00edculo 520 del C. J., no fue otro que el de \u00abasegurar la estabilidad de la cosa juzgada, cuando hay faltas que subsanar (se subraya, porque esto supone que la cuesti\u00f3n no ha sido tocada y esta\u0301 pendiente). <\/p>\n
23\u0002 CSJ SC 3712-2021, reiterada en SC845-2022 del 25 mayo. <\/p>\n
24\u0002 Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Novena Edici\u00f3n. (Editorial ABC, 1985), Bogot\u00e1. Pg. 480. <\/p>\n
25\u0002 Minuto 2:32 del audio \u00abCP_1019150033379\u00bb. <\/p>\n
26\u0002 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
27\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
28\u0002 Folio 110. C.1 <\/p>\n
29\u0002 Folio 111 C.1 <\/p>\n
30\u0002 Efr\u00e9n Ossa G. \u00abteor\u00eda general del seguro\u00bb. Ed Temis,1984. P\u00e1g. 362. <\/p>\n
31\u0002 Hecho que no se discute por el casacionista en su recurso. <\/p>\n
32\u0002 Folio 21 C. Tribunal. <\/p>\n
33\u0002 Folio 22 C. Tribunal. <\/p>\n
34\u0002 Folios 132 y 133 del Cuaderno 1. <\/p>\n
35\u0002 CSJ G.J. SC Numero 2431. Sentencia 444. 26 de octubre de 1988. <\/p>\n
36\u0002 Folios 148-156. <\/p>\n
37\u0002 CSJ. SC GJ LXXVIII, P\u00e1g.1 <\/p>\n
38\u0002 Valga aclarar que en el cargo segundo se denunci\u00f3 la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 1602, 1618, 1621 y 1622 del C\u00f3digo Civil. Sin embargo, ninguna de las mentadas disposiciones es de car\u00e1cter sustancial. CSJ AC 7520-2017, reiterada en AC3195-2022. CSJ. AC, 9 may. de 2005, reiterada en AC7709-2017. CSJ. STC.29. Abr. 2005, reiterada AC5504-2019. Igual respecto de los art\u00edculos 1036, 1045 del C\u00f3digo de Comercio, AC 0098-2005. CSJ SC-357-1990. <\/p>\n
39\u0002 Eduardo Oteiza, Jurisprudencia y debido proceso. La Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana. En Michele Taruffo et. al., La misi\u00f3n de los Tribunales Supremos, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 132. <\/p>\n
40\u0002 Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, sentencia 29 en. 1997. <\/p>\n
41\u0002 Caso M\u00e9moli Vs. Argentina, sentencia 22 ag. 2013. <\/p>\n