SC110-2023 (2023-00107-00) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC110-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00107-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur elevada por L.A.M.A. mediante apoderado judicial. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora L.A.M.A. pidi\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo que el xx de yyy de 2022 profiri\u00f3 el Juzgado Civil de Partido Especializado en materia Familiar de AAA, Guanajuato (Estados Unidos Mexicanos), dentro del proceso de custodia y cuidado personal del ni\u00f1o S.R.M. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, relat\u00f3 que el menor de edad es hijo de M.M.M.A. y J.G.R.S., quien fue privado de la patria potestad por sentencia judicial dictada el xx de yyy de 2014 por el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de ZZZ, sentencia que se encuentra en firme. <\/p>\n
3. El ni\u00f1o S.R.M. se radic\u00f3 en M\u00e9xico con su progenitora, quien falleci\u00f3 el pasado xx de yyy de 2022, motivo por el cual la solicitante promovi\u00f3 proceso de guarda y custodia ante los jueces de familia de AAA, al que concurrieron los abuelos maternos F.J.M.R. y L.A.A. de M. <\/p>\n
4. Ante el acuerdo logrado entre los familiares respecto a la guarda y custodia del menor de edad, el Juzgado Civil de Partido Especializado en materia Familiar de AAA aprob\u00f3 el convenio y dict\u00f3 sentencia en la cual otorg\u00f3 la custodia a la t\u00eda materna L.A.M.A. <\/p>\n
5. Admitida la solicitud de exequ\u00e1tur por auto de xx de yyy de 2023, se dispuso la citaci\u00f3n de los se\u00f1ores Fabio de F.J.M.R. y L.A.A. de M., quienes se pronunciaron oportunamente mediante apoderada judicial, manifestando que al estar la sentencia extranjera precedida del mutuo acuerdo entre las partes, no se opon\u00edan a su homologaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Del escrito inicial tambi\u00e9n se corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que sostuvo que <\/p>\n
\u00abel art\u00edculo 253 del C\u00f3digo Civil Colombiano se\u00f1ala que en el caso de inhabilidad f\u00edsica o moral de ambos padres, el juez podr\u00e1 confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, y que en ese proceso de elecci\u00f3n se dar\u00e1 prioridad a los consangu\u00edneos m\u00e1s pr\u00f3ximos, y dentro de estos a los ascendientes. Como puede verse las normas for\u00e1neas aplicadas por el juez de conocimiento del proceso de custodia en el municipio de Celaya en M\u00e9xico, resultan perfectamente concordantes con las normas aplicables al caso en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, pues nuestro estatuto civil habilita la asignaci\u00f3n de la custodia a los parientes pr\u00f3ximos en los eventos en que los padres no est\u00e9n habilitados f\u00edsica o moralmente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta viable definir el litigio anticipadamente2, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio nacional en el que fueron proferidas3. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en pa\u00edses diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre esos mecanismos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. <\/p>\n
Como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa-\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos a una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos adicionales, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
En este caso, conviene precisar que pese a que la Rep\u00fablica de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos son suscriptores de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, por parte de este \u00faltimo se efectu\u00f3 reserva en el sentido de restringir dicho instrumento \u00aba las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados Partes\u00bb, lo que de suyo excluye de dicho \u00e1mbito a los fallos que versan sobre el estado civil y por lo tanto es dable sostener la ausencia de reciprocidad diplom\u00e1tica entre ambos Estados sobre asuntos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
Respecto de este tema en particular, la Sala se ha pronunciado exponiendo: <\/p>\n
\u00ab2.- Preliminarmente se impone precisar que en este asunto no se evidencia la \u201creciprocidad diplom\u00e1tica\u201d, puesto que a pesar de la existencia de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u201d, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979 de la que son parte Colombia y M\u00e9xico, \u00e9ste \u00faltimo Estado hizo \u201cexpresa reserva de limitar su aplicaci\u00f3n a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados Partes\u201d. <\/p>\n
Si de conformidad con lo previsto en el literal d), numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Convenci\u00f3n de Viena de 1969 y 1986 \u201cse entiende por \u2018reserva\u2019 una declaraci\u00f3n unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominaci\u00f3n, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos jur\u00eddicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicaci\u00f3n a ese Estado\u201d, entonces los fallos relacionados con el estado civil de las personas, como los de divorcio, en virtud de la \u201creserva\u201d efectuada por M\u00e9xico, no quedaron cobijadas por la aludida \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u201d, lo que en el presente asunto permite sostener la inexistencia de reciprocidad diplom\u00e1tica.\u00bb (SC 13 dic. 2013, rad. 2012-02576; criterio reiterado en SC5190-2014). <\/p>\n
No obstante lo anterior, entre los dos pa\u00edses existe reciprocidad de orden legislativo -reconocida por esta Corporaci\u00f3n en sendos pronunciamientos4-, toda vez que el C\u00f3digo de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato5 prescribe en su art\u00edculo 469 que \u00abla ejecuci\u00f3n de las sentencias extranjeras se sujetar\u00e1 a lo dispuesto por el C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles y a los tratados o convenios sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
Efectuada la remisi\u00f3n pertinente al C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles de los Estados Unidos Mexicanos6, particularmente a las disposiciones de su \u00abLIBRO CUARTO\u00bb nominado \u00abDe la Cooperaci\u00f3n Procesal Internacional\u00bb, se advierte en su art\u00edculo 569: <\/p>\n
\u00abLas sentencias, los laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial y dem\u00e1s resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendr\u00e1n eficacia y ser\u00e1n y ser\u00e1n reconocidos en la Rep\u00fablica en todo lo que no sea contrario al orden p\u00fablico interno en los t\u00e9rminos de este c\u00f3digo y dem\u00e1s leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que M\u00e9xico sea parte. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que s\u00f3lo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, ser\u00e1 suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Los efectos que las sentencias, laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial y resoluciones jurisdiccionales extranjeros produzcan en el territorio nacional, estar\u00e1n regidos por lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil, por este c\u00f3digo y dem\u00e1s leyes aplicables.\u00bb <\/p>\n
A tono con lo anterior, el canon 570 ibidem establece que el cumplimiento coactivo de las mentadas providencias se llevar\u00e1 a cabo mediante homologaci\u00f3n, y siendo que la posibilidad de \u00abtener fuerza de ejecuci\u00f3n\u00bb, se supedita a los condicionamientos b\u00e1sicos que el precepto 571 enlista as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) <\/p>\n
I.- Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este C\u00f3digo en materia de exhortos provenientes del extranjero; <\/p>\n
II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acci\u00f3n real; <\/p>\n
III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este C\u00f3digo. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jur\u00eddicos de que devenga la resoluci\u00f3n que se pretenda ejecutar, una cl\u00e1usula de sometimiento \u00fanicamente a la jurisdicci\u00f3n de tribunales mexicanos; <\/p>\n
IV.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garant\u00eda de audiencia y el ejercicio de sus defensas; <\/p>\n
V.- Que tengan el car\u00e1cter de cosa juzgada en el pa\u00eds en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra; <\/p>\n
VI.- Que la acci\u00f3n que les dio origen no sea materia de juicio que est\u00e9 pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicar\u00e1 cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; <\/p>\n
VII.- Que la obligaci\u00f3n para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden p\u00fablico en M\u00e9xico; y <\/p>\n
VIII.- Que llenen los requisitos para ser considerados como aut\u00e9nticos.\u00bb <\/p>\n
En tal virtud, las disposiciones federales de procedimiento civil mexicanas prev\u00e9n el reconocimiento de las sentencias y dem\u00e1s fallos jurisdiccionales extranjeros en condiciones generales similares a las condensadas en las preceptivas nacionales colombianas. <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
La sentencia extranjera se encuentra ejecutoriada, pues dentro del mismo fallo se deja constancia de la ratificaci\u00f3n del convenio aprobado, el cual, por estar ajustado a derecho y responder al inter\u00e9s superior del menor de edad, es expresamente elevado a la categor\u00eda de cosa juzgada por el funcionario judicial, sin que dicha determinaci\u00f3n haya sido objeto de recurso alguno por parte de los intervinientes en la audiencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, est\u00e1 demostrado que la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende se profiri\u00f3 en un proceso contencioso al cual fueron convocados los abuelos maternos del menor de edad, quienes a trav\u00e9s de apoderada judicial acordaron los t\u00e9rminos del convenio judicialmente aprobado. De esta manera, est\u00e1 acreditado que los interesados comparecieron ante el juzgado de conocimiento y ante \u00e9l ratificaron su voluntad respecto de la guarda y custodia del ni\u00f1o. <\/p>\n
Finalmente, se observa que lo decidido por la autoridad judicial extranjera en el fallo sometido a exequatur no contrar\u00eda las disposiciones internas de orden p\u00fablico que rigen en Colombia, como se expondr\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Contenido del convenio aprobado mediante sentencia extranjera y conformidad con las normas colombianas. <\/p>\n
Por medio de la sentencia del xx de yyy de 2022 proferida por el Juzgado Civil de Partido Especializado en materia Familiar de AAA, Guanajuato (Estados Unidos Mexicanos), se dio aprobaci\u00f3n judicial al acuerdo presentado por la t\u00eda y los abuelos maternos respecto de la custodia del menor de edad S.R.M., ante el fallecimiento de su madre y la privaci\u00f3n de la patria potestad de su progenitor. <\/p>\n
El contenido del convenio regulador aprobado por el juzgado de conocimiento establece que la custodia del menor de edad ser\u00e1 ejercida por su t\u00eda materna L.A.M.A., quien al igual que su sobrino, se encuentra domiciliada en la ciudad de AAA, Estado de Guanajuato. La solicitante asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de cubrir todas las necesidades del menor de edad, sufragando todos sus gastos y garantizando su bienestar f\u00edsico, mental y emocional; as\u00ed mismo, se comprometi\u00f3 a facilitar la convivencia del ni\u00f1o con los abuelos en \u00e9pocas de vacaciones, dada la residencia de aquellos en el municipio de S, Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
La sentencia extranjera se basa en las disposiciones del C\u00f3digo Civil para el Estado de Guanajuato7 respecto a la patria potestad, que prev\u00e9n: <\/p>\n
\u00abArt. 468. La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce por el padre y la madre, o en su caso, por el sup\u00e9rstite. En caso de que \u00e9stos o \u00e9ste fallezcan o pierdan la patria potestad, se estar\u00e1 a lo siguiente: <\/p>\n
I. Cuando haya abuelos por ambas l\u00edneas, el juez los escuchar\u00e1 y decidir\u00e1 lo que sea m\u00e1s conveniente a los menores, tomando en cuenta la mayor identificaci\u00f3n afectiva, las condiciones f\u00edsicas y morales de los abuelos, su estabilidad econ\u00f3mica y siempre que fuere posible, la opini\u00f3n del menor. El ejercicio de la acci\u00f3n respectiva corresponde a cualquiera de los abuelos y, en su defecto, al ministerio p\u00fablico. En cuanto tenga conocimiento del asunto, el juez tomar\u00e1 las medidas necesarias en relaci\u00f3n a la custodia de los menores, mientras se decide sobre la patria potestad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abArt. 472. A falta de padres, ejercer\u00e1n la patria potestad sobre el hijo reconocido los ascendientes a los que se refiere el art\u00edculo 468, siguiendo las disposiciones establecidas en ese mismo art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
\u00abArt. 474-A. Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que resultare inconveniente para \u00e9stos. No podr\u00e1n impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposici\u00f3n, a petici\u00f3n de cualquiera de ellos, el juez resolver\u00e1 lo conducente en atenci\u00f3n al inter\u00e9s superior del menor. S\u00f3lo por mandato judicial podr\u00e1 limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, as\u00ed como en los casos de suspensi\u00f3n o p\u00e9rdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resoluci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que, en la legislaci\u00f3n mexicana, ante el fallecimiento o privaci\u00f3n de la patria potestad de los padres, \u00e9sta se transmite a los ascendientes, quienes en tal virtud asumen la representaci\u00f3n legal del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. Teniendo en cuenta que en este caso el padre fue privado de la patria potestad por sentencia judicial y la madre falleci\u00f3 en el a\u00f1o 2022, los abuelos maternos del ni\u00f1o fueron convocados al proceso por recaer sobre ellos la prerrogativa se\u00f1alada, disposici\u00f3n for\u00e1nea que brinda protecci\u00f3n reforzada al menor de edad ante la falta de sus padres y que en modo alguno se contrapone a las leyes colombianas, que contemplan dicha protecci\u00f3n no a trav\u00e9s de la figura de la patria potestad \u2013que en nuestra legislaci\u00f3n recae exclusivamente en los padres-, sino de las obligaciones de guarda y custodia de la familia extensa. <\/p>\n
En tal sentido, el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo Civil Colombiano establece que la custodia y cuidado personal de los hijos podr\u00e1 confiarse a otra persona en caso de inhabilidad f\u00edsica o moral de ambos padres, caso en el cual se preferir\u00e1 a los consangu\u00edneos m\u00e1s pr\u00f3ximos y especialmente a los ascendientes leg\u00edtimos en la elecci\u00f3n de la persona a la que se asignar\u00e1 la custodia. <\/p>\n
Si bien los abuelos maternos fueron convocados al proceso porque conforme a las leyes mexicanas la patria potestad puede ser ejercida por ellos, es importante resaltar que la sentencia objeto de homologaci\u00f3n no regula dicha prerrogativa, pues limita su alcance al acuerdo respecto a la custodia del menor de edad, confiada a una pariente consangu\u00ednea ciertamente cercana \u2013su t\u00eda materna-, con la anuencia de aquellos. <\/p>\n
En ese sentido, el convenio aprobado por la sentencia en estudio regula exclusivamente lo relacionado con la custodia y cuidado personal de un menor de edad, asunto que, conforme a las leyes colombianas, puede ser conciliado en aras del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (art\u00edculos 47 de la Ley 23 de 1991, 8 del D. 4840 de 2007; y 69 de la Ley 2220 de 2022) y por ende, es procedente la homologaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Reunidos los presupuestos legales, se homologar\u00e1 la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia de xx de yyy de 2022 profiri\u00f3 el Juzgado Civil de Partido Especializado en materia Familiar de AAA, Guanajuato (Estados Unidos Mexicanos), en el proceso de custodia y cuidado personal promovido por L.A.M.A. en favor del menor de edad S.R.M. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Cfr.CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. SC4536-2018, 22 oct., SC4227-2018, 2 oct., SC1614-2021, 5 may., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 La normativa extranjera citada se encuentra alojada en la p\u00e1gina web oficial del Congreso de Diputados del Estado de Guanajuato: https:\/\/www.congresogto.gob.mx\/codigos\/codigo-de-procedimientos-civiles-para-el-estado-de-guanajuato, <\/A> cumpliendo as\u00ed la formalidad probatoria del canon 177 del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo pertinente se\u00f1ala: \u00abEl texto de normas jur\u00eddicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte (\u2026). Sin embargo, no ser\u00e1 necesaria su presentaci\u00f3n cuando est\u00e9n publicadas en la p\u00e1gina web de la entidad p\u00fablica correspondiente\u00bb. <\/p>\n 6\u0002 Normativa que se encuentra publicada en la p\u00e1gina oficial de la C\u00e1mara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, en la direcci\u00f3n: https:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/ref\/cfpc.htm, <\/A> que igualmente cumple con la formalidad probatoria establecida en el art\u00edculo 177 del estatuto adjetivo, antes transcrito. <\/p>\n