SC111-2023 (2022-04114-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC111-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04114-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur que elev\u00f3 Jaime Alonso L\u00f3pez Giraldo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, relat\u00f3 que contrajo matrimonio civil con la se\u00f1ora Ramos Am\u00e9zquita el 18 de septiembre de 2010 y que no procrearon hijos, que present\u00f3 demanda de divorcio en contra de su esposa y que mediante la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende, se declar\u00f3 disuelto el matrimonio por divorcio. <\/p>\n
3. La solicitud de exequatur fue admitida por auto de 12 de enero de 2023, disponi\u00e9ndose la citaci\u00f3n de la se\u00f1ora Lorena Yasm\u00edn Ramos Am\u00e9zquita, quien, una vez notificada, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. Del escrito inicial tambi\u00e9n se corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que no efectu\u00f3 pronunciamiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta viable definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio nacional en el que fueron proferidas2. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en pa\u00edses diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre ellos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. <\/p>\n
Como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. <\/p>\n
En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos a una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos adicionales, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
En la materia rige el Convenio entre Colombia y Espa\u00f1a para el cumplimiento de sentencias civiles, suscrito en Madrid el 30 de mayo de 19083, pacto internacional que fue incorporado al ordenamiento patrio mediante la Ley 7 de esa misma anualidad. <\/p>\n
En esa norma se prev\u00e9 que \u00ab[l]as sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, [sean] ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con lo anterior, emerge evidente la reciprocidad diplom\u00e1tica por la que se averigua, m\u00e1xime si se repara en que, como se explicar\u00e1 infra, las dos exigencias establecidas en el instrumento de derecho internacional p\u00fablico se encuentran satisfechos en la presente causa. <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
(i) Dado que se trata de un juicio de divorcio, se colige que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el juicio. <\/p>\n
(ii) El divorcio no es un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, ni se prob\u00f3 que cursara en este pa\u00eds proceso alguno sobre el mismo punto. Adem\u00e1s, habiendo sido convocada la contraparte dentro del juicio contencioso adelantado en Espa\u00f1a, se cumpli\u00f3 con la citaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 606-6 ya citado. <\/p>\n
(iii) As\u00ed mismo, obra en el expediente la constancia de firmeza de la decisi\u00f3n judicial que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, emitida por la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, documento que cumple los requerimientos del tratado binacional tantas veces referido4. <\/p>\n
(iv) No obstante, el exequatur no puede salir avante, porque la decisi\u00f3n de los jueces extranjeros se finc\u00f3 en una regla jur\u00eddica que es contraria al orden p\u00fablico colombiano, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Para acceder a la solicitud de divorcio, el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 5 de Marbella, aplic\u00f3 las disposiciones de los art\u00edculos 81 y 86 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol5, que prev\u00e9n: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 86. Se decretar\u00e1 judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebraci\u00f3n del matrimonio, a petici\u00f3n de uno solo de los c\u00f3nyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el art\u00edculo 81\u00bb. <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 81. Se decretar\u00e1 judicialmente la separaci\u00f3n cuando existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebraci\u00f3n del matrimonio: <\/p>\n
1.\u00ba A petici\u00f3n de ambos c\u00f3nyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebraci\u00f3n del matrimonio. A la demanda se acompa\u00f1ar\u00e1 una propuesta de convenio regulador redactada conforme al art\u00edculo 90 de este C\u00f3digo. <\/p>\n
2.\u00ba A petici\u00f3n de uno solo de los c\u00f3nyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebraci\u00f3n del matrimonio. No ser\u00e1 preciso el transcurso de este plazo para la interposici\u00f3n de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad f\u00edsica, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del c\u00f3nyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. <\/p>\n
A la demanda se acompa\u00f1ar\u00e1 propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separaci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
En tal virtud, la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola no contempla causales de divorcio, como si lo hace nuestra normativa, sino que establece la procedencia del divorcio a petici\u00f3n (i) de uno solo de los c\u00f3nyuges, (ii) de ambos c\u00f3nyuges, o (iii) de uno con el consentimiento del otro. <\/p>\n
En este caso, la parte actora no inform\u00f3 a la Corte cu\u00e1l de las tres posibilidades fue la que se dio dentro del tr\u00e1mite llevado a cabo en Espa\u00f1a, a pesar de que expresamente se le pidi\u00f3 dicha claridad a trav\u00e9s de auto de fecha 2 de diciembre de 2022, donde se requiri\u00f3 al solicitante para que informara si el divorcio fue decretado a petici\u00f3n de uno s\u00f3lo de los c\u00f3nyuges, sin consentimiento del otro. <\/p>\n
Ahora bien, adem\u00e1s de la falta de informaci\u00f3n del solicitante ante el expreso requerimiento del Despacho, encuentra la Sala que en el expediente no obra ning\u00fan elemento de juicio que permita inferir que el divorcio se dio por el mutuo consentimiento de los c\u00f3nyuges, o a petici\u00f3n del se\u00f1or L\u00f3pez Giraldo con el consentimiento de la se\u00f1ora Ramos Am\u00e9zquita. <\/p>\n
Conforme a las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que la demanda de divorcio fue promovida por Jaime Alonso L\u00f3pez Giraldo, que el tr\u00e1mite que se dio al proceso fue contencioso y que una vez notificada la convocada, contest\u00f3 la demanda mediante apoderado judicial. La sentencia a homologar no menciona en modo alguno que los c\u00f3nyuges hayan presentado un convenio regulador, el cual debe acompa\u00f1ar la demanda de divorcio cuando aquella se presenta por ambos c\u00f3nyuges o por uno con el consentimiento del otro, tal como lo ordena el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 81 del C\u00f3digo Civil Espa\u00f1ol, arriba transcrito. <\/p>\n
Tampoco se encuentra en el texto de la sentencia referencia alguna respecto a un posible allanamiento o aquiescencia de la demandada de donde pueda concluirse el mutuo acuerdo, hip\u00f3tesis indispensable en la medida en que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, el divorcio unilateral no est\u00e1 permitido, siendo necesaria la configuraci\u00f3n de alguna de las causales consagradas en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil para que proceda la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial, entre las que se encuentra el mutuo consentimiento de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
Ahora bien, contrario a lo que manifiesta el solicitante, no existe en el expediente prueba de que en el proceso adelantado en el Reino de Espa\u00f1a se hubiese acreditado la separaci\u00f3n de hecho de los c\u00f3nyuges desde el a\u00f1o 2014, siendo esa una simple afirmaci\u00f3n contenida en el escrito subsanatorio de la demanda, carente de sustento probatorio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en este caso la parte interesada no acredit\u00f3 que el divorcio decretado en Espa\u00f1a se haya dado de mutuo acuerdo, siendo tal carga probatoria de su exclusiva competencia. <\/p>\n
Dicha comprobaci\u00f3n resultaba imprescindible para atender la solicitud de homologaci\u00f3n de la sentencia en la medida en que en nuestro pa\u00eds no existe el divorcio incausado y por ende, su decreto a instancias de uno s\u00f3lo de los c\u00f3nyuges no corresponde con ninguno de los motivos de disoluci\u00f3n del v\u00ednculo contemplados en la legislaci\u00f3n nacional, al punto que ninguna autoridad judicial colombiana podr\u00eda declarar la disoluci\u00f3n de un matrimonio atendiendo simplemente la petici\u00f3n unilateral del esposo, limitaci\u00f3n que se constituye en una barrera de orden p\u00fablico erigida por el legislador como m\u00e9todo para dotar de cierta estabilidad a la instituci\u00f3n matrimonial. <\/p>\n
Y siendo ello as\u00ed, el principio de soberan\u00eda impedir\u00eda homologar un fallo de divorcio extranjero fincado en un motivo de divorcio no contemplado en nuestra legislaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que el fallo extranjero no armoniza con las disposiciones internas de orden p\u00fablico, se negar\u00e1 su homologaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NEGAR el exequatur de la sentencia que el 28 de septiembre de 2020 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia No. 5 de Marbella, Reino de Espa\u00f1a, en el juicio de divorcio promovido por Jaime Alonso L\u00f3pez Giraldo contra Lorena Yasm\u00edn Ramos Am\u00e9zquita. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Instrumento vigente, conforme la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la Canciller\u00eda (http:\/\/apw.cancilleria.gov.co\/tratados\/SitePages\/VerTratados.aspx?IDT=3e96fe2a-015b-455d-86d8-84eab50e4579). <\/p>\n
4\u0002 Que, en lo pertinente, dispone: \u00ab[l]a primera de [esas] circunstancias [que la sentencia sea definitiva y que est\u00e9 ejecutoriada…] se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n