STC4082-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4082-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01554-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Maribel Prada Perdomo promovi\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de dicha urbe y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2002-00881. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, vivienda digna e igualdad\u00bb, para que se ordenara a la Colegiatura censurada \u00abrevo[car] el auto que data del nueve (09) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) por el cual confirm\u00f3 el prove\u00eddo de fecha 31 de marzo de 2022\u00bb y, en consecuencia, dictara otro en el que disponga \u00abdar tr\u00e1mite al incidente de nulidad constitucional de reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito de conformidad al art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999 dentro del expediente [referenciado]\u00bb. <\/p>\n
En apoyo adujo que, junto a Jos\u00e9 Luis Ballesteros Albarrac\u00edn, fue demandada ejecutivamente por el Fondo Nacional del Ahorro (rad. 2002-00881), a ra\u00edz de la mora en el pago del cr\u00e9dito que \u00e9sta le desembols\u00f3 el 20 de noviembre de 1997 para la \u00abadquisici\u00f3n\u00bb del \u00abinmueble ubicado en la Av. Calle 25 No 27b-87 apto 902 Edificio Torre de las Am\u00e9ricas con matr\u00edcula inmobiliaria No C- 50-188679\u00bb, el cual garantiz\u00f3 con hipoteca \u00abmediante escritura p\u00fablica No 7.456 en la Notar\u00eda 19 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 30 de septiembre de 2002, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esta capital libr\u00f3 mandamiento de pago por \u00ab$30.711.520.08, como saldo insoluto del capital\u00bb y, el 21 de junio de 2009, resolvi\u00f3 seguir adelante el cobro, por lo que remiti\u00f3 el expediente al Tercero Civile del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta localidad para continuar el mismo, quien hizo una \u00abRELIQUIDACI\u00d3N DEL CR\u00c9DITO y no una actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n ya aprobada, (\u2026) con tasa fija en pesos y conforme a el inter\u00e9s bancario corriente certificado por el Banco de la Republica [arrojando] un valor de $82.004.096,66, sin incluir costas\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, el 20 de septiembre de 2021, \u00abradic[\u00f3] incidente de nulidad constitucional por falta de requisito legal de reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb, rechazado de plano (31 mar. 2022), apoy\u00e1ndose el iudex en \u00abla taxatividad de los incidentes descritos en el C\u00f3digo General Del Proceso\u00bb, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que no prosperaron, ya que aquel mantuvo su postura (22 sep.) y el superior la confirm\u00f3 (9 feb. 2023). <\/p>\n
Sostuvo que esos despachos incurrieron en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, toda vez que la jurisprudencia ha sido clara en precisar que, \u00abtrat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n\u00bb, lo que implica un clara vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Fondo Nacional del Ahorro pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues \u00abya no [es] parte en el proceso que la tutelante menciona\u00bb, dado que \u00abcedi\u00f3 la obligaci\u00f3n perseguida\u00bb a \u00abJHON ALIRIO OLARTE y M\u00d3NICA ANDREA SANABRIA PRIETO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia la prosperidad del ruego, porque el yerro endilgado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n y a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 est\u00e1 acreditado, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que, en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de \u00abjuicios ejecutivos\u00bb en los que se persiguen \u00abcr\u00e9ditos\u00bb otorgados para la adquisici\u00f3n de vivienda antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha asentado que, para acceder al amparo, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) Que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue entregado a la parte ejecutante; (ii) Que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de \u00abdefensa\u00bb correspondientes; y, (iii) Que directa o indirectamente se afecte el \u00abderecho a la vivienda digna\u00bb, gobernado por la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
(\u2026) Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (\u2026). Reiterado en C.C. T- 881\/13). <\/p>\n
1.2.- Con fundamento en lo discurrido y evaluado el material suasorio que reposa en el dossier, se vislumbra la observancia de los presupuestos rese\u00f1ados, porque: (i) La gestora acudi\u00f3 tempestivamente a esta v\u00eda excepcional, en tanto que a la fecha no se ha practicado la subasta del predio cautelado; (ii) La impulsora actu\u00f3 con la \u00abdiligencia m\u00ednima\u00bb que necesita, ya que puso en conocimiento del juez natural la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta, actuaci\u00f3n que es suficiente; y (iii) Se le est\u00e1 transgrediendo el atributo supralegal \u00aba la vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Aclarado lo anterior, se destaca que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 para \u00abrechazar de plano\u00bb el \u00abincidente de nulidad constitucional por falta de requisito legal de reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb que la precursora formul\u00f3 en el coercitivo controvertido (rad. 2022-00881), adver\u00f3 que \u00abel extremo ejecutado alega una causal que no se encuentra prevista en el Estatuto Procedimental\u00bb, por lo que de conformidad con el inciso cuarto del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, esa era la consecuencia (31 mar. 2022), directriz que luego ratific\u00f3 (22 sep.), y que la Corporaci\u00f3n criticada respald\u00f3 (9 feb. 2023), tras se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026), emerge claro que los supuestos que soportan la nulidad ac\u00e1 deprecada no se encasillan dentro de alguna de las espec\u00edficas causales establecidas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en la medida en que la irregularidad alegada no se refiere a alguna de las hip\u00f3tesis all\u00ed previstas. <\/p>\n
Igualmente, resulta evidente que los fundamentos de la referida petici\u00f3n anulatoria tampoco encuadran en la causal de nulidad consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, como quiera que nada tiene que ver con la obtenci\u00f3n de una prueba con violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese que la nulidad ac\u00e1 deprecada se fundament\u00f3 en un supuesto muy diferente, consistente en la ausencia de estructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito objeto de cobro, argumento que, distante de subsumirse en una causal de nulidad y por ende de car\u00e1cter formal, se relaciona con aspectos de fondo que deben ser debatidos a trav\u00e9s de otros mecanismos procesales\u00bb. (Archivo 20020088102 AUTO CONFIRMA RECHAZO DE NULIDAD (2).pdf.). <\/p>\n
De ese recuento, se colige que tales autoridades cometieron un desatino, toda vez que no tuvieron en cuenta la normatividad aplicable en el sub lite, ni la jurisprudencia referente a la obligatoriedad de la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb de los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, la cual les impone el deber de \u00abtramitar\u00bb y \u00abdecidir de fondo\u00bb el \u00abincidente de nulidad\u00bb, con fundamento en los derroteros actuales sobre dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
Sobre tal aspecto, ha expresado la Sala: <\/p>\n
En efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; reiterada hace poco en la STC3300-2023, entre otras). <\/p>\n
Y en reciente pronunciamiento, indic\u00f3 que: <\/p>\n
No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados. <\/p>\n
Por tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y su ausencia impida adelantar el cobro (CSJ ATC2421, 25 abr. 2016, rad. 2015-02667-01; reiterada en CSJ STC5656-2016, STC3702-2021 y STC3300-2023, entre otros). <\/p>\n
De manera que, a las instancias judiciales reprochadas correspond\u00eda, como ya se anot\u00f3, dar curso a la memorada postulaci\u00f3n y zanjarla en aras de establecer la ausencia de \u00abreestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, es decir, escudri\u00f1ar minuciosamente el t\u00edtulo base de recaudo para constatar, si junto con \u00e9ste se adjuntaron los soportes requeridos que permitieran identificar la materializaci\u00f3n de un convenio entre la entidad bancaria y los demandados en cuanto al plazo, modalidad de amortizaci\u00f3n y tasa de la deuda de acuerdo con la realidad financiera exhibida por los afectados y que las nuevas condiciones pactadas no fueran impuestas por la compa\u00f1\u00eda ni a su discreci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este punto, se ha decantado que: <\/p>\n
(\u2026) los pormenores acerca de la realizaci\u00f3n del acuerdo de reestructuraci\u00f3n, corresponde efectuarlos directamente al demandante y al deudor, o en su defecto por aqu\u00e9l, siendo \u00e9stos y no el Juez, quienes deben evaluar los criterios de viabilidad de la deuda y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual de la deudora, para as\u00ed dar paso a establecer nuevas condiciones en cuanto a \u2018\u2026plazo, modalidad de amortizaci\u00f3n y tasa de la deuda (\u2026). <\/p>\n
No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados. <\/p>\n
Por tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y su ausencia impida adelantar el cobro (ejusdem). <\/p>\n
En el mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
(\u2026) [del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos\u2026 <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema (\u2026). <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42 (\u2026). <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes (\u2026). <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior (\u2026). <\/p>\n
Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo (\u2026). CSJ STC, 3 jul. 2014, rad. 2014-01326-00; reiterada el 7 abr. 2015, rad. 2015-00601-00, STC8059-2015, STC9367-2019, STC3702-2021 y STC3300-2023, entre otras. <\/p>\n
1.4.- Ergo, el estrado y Tribunal recriminados erraron al \u00abrechazar de plano\u00bb el rese\u00f1ado \u00abincidente de nulidad\u00bb, ya que, si bien se fundaron en normas de la actual codificaci\u00f3n adjetiva civil y de la Carta Pol\u00edtica, ignoraron la \u00abjurisprudencia\u00bb que tanto esta Corte como la Constitucional han depurado en torno a la \u00abreestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb conferido para la \u00abadquisici\u00f3n de vivienda bajo el sistema UPAC\u00bb, situaci\u00f3n que ineludiblemente tiene que ser estudiada en el coercitivo de oficio o por mediaci\u00f3n de la parte interesada, as\u00ed las diligencias ya se encuentren en etapa de \u00abejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb, como ac\u00e1 ocurre. <\/p>\n
2.- De este modo, refulge palmaria la transgresi\u00f3n a las prerrogativas esenciales evocadas por la accionante, por lo que surge viable el socorro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: CONCEDER la tutela instada por Maribel Prada Perdomo. <\/p>\n
En consecuencia, se dejan sin efectos los autos de 31 de marzo, 22 de septiembre de 2022 y 9 de marzo de 2023, dictados en el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario n\u00b0 2022-000881; por consiguiente, se ordena al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el enteramiento de este prove\u00eddo, adelante el tr\u00e1mite que corresponda al \u00abincidente de nulidad constitucional por falta de requisito legal de reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb que impetr\u00f3 la tutelante en dicha encuadernaci\u00f3n, atendiendo las reflexiones aqu\u00ed vertidas. <\/p>\n
Segundo: Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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