STC4100-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4100-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01551-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda Cristina Ria\u00f1o Morales le interpuso a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes en el proceso divisorio n\u00b0 11001-31-03-002-2004-00295-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista pidi\u00f3 dejar sin valor el interlocutorio de 12 de abril de 2023, por medio del cual el Tribunal confirm\u00f3 la negativa del juzgado vinculado a terminar, por desistimiento t\u00e1cito, el juicio divisorio que Guillermo Ria\u00f1o Morales le promovi\u00f3 ella y a otras personas (12 abr. 2023). <\/p>\n
En sustento, relat\u00f3 que el asunto permaneci\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o en la secretar\u00eda del despacho, sin actuaci\u00f3n alguna, como lo prev\u00e9 el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que reclam\u00f3 la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. Sin embargo, la Corporaci\u00f3n enjuiciada se rehus\u00f3 a aplicar, equivocadamente, la norma, ya que adujo que la inactividad era atribuible a la secretar\u00eda del juzgado, al no tramitar, seg\u00fan lo establec\u00eda el art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020, el despacho comisorio relativo al secuestro del inmueble objeto de litigio, cuando lo cierto es que la carga de materializar la cautela le correspond\u00eda al demandante. <\/p>\n
Precis\u00f3 que as\u00ed es porque de conformidad con lo previsto en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 78 del estatuto adjetivo, es deber de las partes prestar su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias, sumado a que el despacho comisorio estuvo a disposici\u00f3n del interesado en la secretar\u00eda desde el 10 de septiembre de 2021, y como aquel no lo diligenci\u00f3 el juzgado \u00abarchiv\u00f3 el proceso en la caja 22\u00bb. <\/p>\n
2.- No hubo pronunciamientos para el momento en que esta determinaci\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
1.- Circunscrita la Sala a los argumentos planteados en el escrito de tutela, se advierte que la protecci\u00f3n solicitada no puede salir avante, ya que, la determinaci\u00f3n criticada obedece a una hermen\u00e9utica razonable del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, e igualmente se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales sobre la materia, y a las circunstancias particulares de la controversia. <\/p>\n
1.1.- En efecto, el juez plural estim\u00f3 que era inviable finiquitar, por desistimiento t\u00e1cito, el divisorio censurado, porque concluy\u00f3 que si bien hubo inactividad procesal por m\u00e1s de un a\u00f1o, pues la misma no era atribuible, exclusivamente, al demandante, tambi\u00e9n era responsabilidad del juzgado, a quien, por mandato legal, le correspond\u00eda adelantar la actuaci\u00f3n de la que depend\u00eda su tr\u00e1mite, concretamente, remitir a la autoridad comisionada, a trav\u00e9s de los canales digitales correspondientes, el despacho comisario librado en cumplimiento del auto que decret\u00f3 la venta p\u00fablica en subasta del inmueble materia del proceso (22 nov. 2019), y del que orden\u00f3 expedirlo, tras decretarse el secuestro del bien (2 sep. 2021). <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, y para efectos de la problem\u00e1tica planteada en el escrito de tutela, el Tribunal puntualiz\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el asunto sub-lite no hay lugar a revocar el auto apelado por cuanto en las espec\u00edficas circunstancias que aqu\u00ed interesan, en la inactividad a la que aludi\u00f3 el recurrente (que super\u00f3, aunque no por mucho, el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado respectivamente desde el 21 de septiembre de 2022, fecha en la que se solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito), es atribuible en gran parte a la secretar\u00eda del juzgado de primera instancia. <\/p>\n
Ciertamente, la foliatura reporta que, en la \u00e9poca pertinente, la susodicha dependencia se abstuvo de remitir el despacho comisorio ordenado en providencias de 22 de noviembre de 2019 y 2 de septiembre de 2021, seg\u00fan lo regulaba el art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la norma a la que reci\u00e9n se hizo alusi\u00f3n, \u2018[l]os secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitir\u00e1n las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad p\u00fablica, privada o particulares, las cuales se presumen aut\u00e9nticas y no podr\u00e1n desconocerse siempre que provengan del correo electr\u00f3nico oficial de la autoridad judicial\u2019 <\/p>\n
Para concluir, finalmente que: <\/p>\n
A partir del lo reci\u00e9n registrado, y en atenci\u00f3n a que la inactividad del proceso divisorio se debi\u00f3 en gran medida a la falta de env\u00edo de un despacho comisorio (por parte de la Secretar\u00eda del juzgado de primera instancia), carga procesal, en principio, ajena a la parte demandante, no proced\u00eda terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
1.2.- Tesitura que armoniza con lo expuesto por la Sala al respecto de que \u00abel desistimiento t\u00e1cito de que trata el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso solo puede predicarse respecto de asuntos que hayan permanecido inactivos en la secretar\u00eda del despacho por causa de las partes, y no de las omisiones de los funcionarios y empleados judiciales\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala recientemente puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Al tenor de la citada disposici\u00f3n, la terminaci\u00f3n de una causa por desistimiento t\u00e1cito procede, <\/p>\n
[c]uando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. <\/p>\n
Es decir, la condici\u00f3n para que se imponga la citada consecuencia es la inactividad procesal, la cual, conforme lo ha dicho la Corte, en reiterados pronunciamientos, debe ser atribuible a los part\u00edcipes de la controversia, pues si la falta de impulso es a causa del despacho por el incumplimiento de sus funciones, la aplicaci\u00f3n de la figura es improcedente. <\/p>\n
As\u00ed es, porque, como tambi\u00e9n lo ha explicado esta Corporaci\u00f3n al indagar por los principios que justifican el desistimiento t\u00e1cito, la figura \u00abconsiste en \u00abla terminaci\u00f3n anticipada de los litigios\u00bb a causa de que los llamados a impulsarlos no efect\u00faan los \u00abactos\u00bb necesarios para su consecuci\u00f3n\u00bb (STC11191-2020). De suerte que si el tr\u00e1mite no depende de la ejecuci\u00f3n de alguna carga de las partes, sino del cumplimiento de las funciones del juzgado, quien por mandato del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270 de 1996), debe ser diligente en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, su aplicaci\u00f3n es inviable. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el proceso civil colombiano es de car\u00e1cter mixto, esto es, su naturaleza es en parte dispositiva e inquisitiva. Lo primero porque debe ser iniciado por los interesados, quienes, adem\u00e1s, est\u00e1n llamados a cumplir a ciertas cargas para que llegue a su fin, como notificar a los intervinientes, gestionar las pruebas que se pretenden hacer valer, hacer comparecer a los testigos o a los peritos, entre otras. Y lo segundo, porque es deber del juez, quien en desarrollo de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, debe impulsarlos hasta su definici\u00f3n con sentencia, siendo responsables por la demora en que incurran, salvo que sea ajena al funcionario o se estructure alguna de las causas para su terminaci\u00f3n de una forma distinta, como lo ser\u00eda el desistimiento de las pretensiones, la conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n del conflicto por las partes. <\/p>\n
En ese sentido, el C\u00f3digo General del Proceso, en la parte inicial, donde est\u00e1n insertos los principios llamados a regir su aplicaci\u00f3n, dispone que \u00ab[l]os procesos solo podr\u00e1n iniciarse a petici\u00f3n de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Con excepci\u00f3n de los casos expresamente se\u00f1alados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por s\u00ed mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando la par\u00e1lisis del pleito se origina en la infracci\u00f3n del deber de los servidores judiciales de atender con diligencia los asuntos a su cargo o su imperfecta ejecuci\u00f3n, la conducta que debe reprocharse es la de aquellos, y no la de los intervinientes, quienes luego de cumplidas las cargas y los actos procesales que les incumben quedan a merced del tr\u00e1mite impartido por la agencia judicial (STC1314-2023, el destacado es original del texto). <\/p>\n
Entonces, si como lo advirti\u00f3 la Magistratura de esta capital, la remisi\u00f3n del despacho comisorio, que era la actuaci\u00f3n de la que depend\u00eda el tr\u00e1mite del proceso, deb\u00eda hacerse por el juzgado, y no por el demandante, no puede afirmarse que la inactividad procesal es atribuible a \u00e9l, ni, por tanto, imponerse la consecuencia contemplada en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 comentado. <\/p>\n
1.3.- Ahora, es cierto, como lo afirma la peticionaria, que el impulsor del divisorio le asiste el deber de prestar su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de las diligencias. Sin embargo, que as\u00ed sea, no significa que tuviera que gestionar el despacho comisorio, mucho menos que tuviera que afrontar consecuencias adversas por no hacerlo. Como pudo verse, en vigencia del Decreto 806 de 2022, hoy Ley 2213 de 2022, esa actuaci\u00f3n le correspond\u00eda al juzgado de conocimiento, quien no solo deb\u00eda secuestrar el inmueble, tambi\u00e9n deb\u00eda librar el despacho y remitirlo a la autoridad comisionada para que lo diligenciara en su oportunidad. As\u00ed que, si el secuestro del bien no se materializ\u00f3, no es porque el actor del juicio divisorio no hubiese prestado su colaboraci\u00f3n para la diligencia de secuestro, sino porque la agencia judicial omiti\u00f3 remitir el despacho comisorio a la autoridad que deleg\u00f3 para el efecto. <\/p>\n
Y es que, si al juzgado le correspond\u00eda remitir el despacho comisorio, la actuaci\u00f3n del demandante en el juicio divisorio era irrelevante para impulsar el litigio. F\u00edjese que, en \u00faltimas, solo pod\u00eda requerir a la secretar\u00eda del despacho para que cumpliera con el art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020, de quien depend\u00eda, en todo caso, acatar dicho mandato. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se pierda de vista que el citado deber de colaboraci\u00f3n no solo recae en el demandante en el juicio acusado, tambi\u00e9n se predica de la aqu\u00ed accionante, as\u00ed que, si, de acuerdo con la quejosa, a aqu\u00e9l le correspond\u00eda realizar alguna gesti\u00f3n para el secuestro del predio materia de divisi\u00f3n, a ella tambi\u00e9n le incumb\u00eda. Mem\u00f3rese que el deber colaboraci\u00f3n para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia se predica respecto quienes acuden a ella como demandantes o demandados, y no solo respecto de los primeros (numeral 7\u00b0, art\u00edculo 95 de la Carta Pol\u00edtica). <\/p>\n
2.- Entonces como lo dictaminado por el Tribunal de Bogot\u00e1 no luce arbitrario ni caprichoso, por el contrario, tiene sustento en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, as\u00ed como en las circunstancias particulares del caso, se descarta la lesi\u00f3n al debido proceso de la accionante. Por tal raz\u00f3n, la ayuda implorada deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mar\u00eda Cristina Ria\u00f1o Morales. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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