STC4103-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4103-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01552-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Carlos Luis Chac\u00f3n Contreras promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a las autoridades partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 540013153004-2022-00027-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 que se declare la nulidad del auto emitido por el Tribunal accionado por medio del cual la magistratura mantuvo inc\u00f3lume el mandamiento de pago emitido en el proceso ejecutivo en comento. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mencionado prove\u00eddo. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que C.I. EXCOMIN S.A.S. promovi\u00f3 en su contra el proceso ejecutivo referido. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de C\u00facuta, autoridad que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo. Contra dicha determinaci\u00f3n la parte demandante promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y en virtud del mismo el Tribunal accionado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y orden\u00f3 que se librara mandamiento de pago (20 mayo 2022). <\/p>\n
A pesar de lo anterior, el Juzgado accionado concedi\u00f3 el recurso (26 septiembre 2022) y en consecuencia, el Tribunal dispuso revocar la determinaci\u00f3n y en su lugar, mantuvo inc\u00f3lume el mandamiento de pago librado (31 marzo 2023). A juicio del censor, la decisi\u00f3n es nula por la extemporaneidad del recurso; adem\u00e1s, no fue debidamente motivada. <\/p>\n
2. El Tribunal accionado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
La sociedad ejecutante adujo que el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor no promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n que concedi\u00f3 la alzada del auto que neg\u00f3 el mandamiento. Tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad de la providencia emitida por el Tribunal y se\u00f1al\u00f3 que lo aducido por el actor carece de relevancia constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo solicitado ser\u00e1 denegado porque no satisface el requisito de subsidiariedad; adem\u00e1s, la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal accionado es razonable. <\/p>\n
Del expediente coercitivo se evidencia que el aqu\u00ed interesado no promovi\u00f3 recurso alguno contra el auto que concedi\u00f3 la alzada del auto que dej\u00f3 sin valor y efecto el mandamiento ejecutivo (23 septiembre 2022). Tal circunstancia permite afirmar que, respecto de ese \u00edtem, el amparo no satisface el requisito de subsidiariedad. Al respecto, mem\u00f3rese que, dada la naturaleza excepcional del presente ruego superlativo, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (STC7730-2020, reiterada, entre otras, en STC2557-2021). <\/p>\n
De otro lado, aunque el promotor del amparo manifest\u00f3 que el Tribunal accionado incurri\u00f3 en deficiente motivaci\u00f3n de la providencia por medio de la cual resolvi\u00f3 el recurso promovido contra la decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el mandamiento de pago. Sin embargo, encuentra la Sala que tal afirmaci\u00f3n no corresponde a la realidad, habida cuenta que lo que advirti\u00f3 el cuerpo colegiado es que los argumentos acogido por el Juez de primer grado para revocar el mandamiento de pago, debieron resolverse en la sentencia y no, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n. Sobre el particular el Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) los embates del deudor nada tienen que ver con las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo. Seg\u00fan se aprecia, sus dudas e incertidumbres est\u00e1n asociadas con el contrato celebrado y las obligaciones que del mismo brotan para los contratantes. De all\u00ed que considerase que no pod\u00eda acudirse a esta especie de litigio, pues la bilateralidad del convenio ajustado lo imped\u00eda. Es m\u00e1s, en el colof\u00f3n de este primer cargo hizo ostensible que su queja apuntaba con situaciones propias del contrato, seg\u00fan se observa a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cSobre este primer punto se concluye que, el actor ha confundido la prestaci\u00f3n del contrato con la obligaci\u00f3n derivada del incumplimiento, que, como vimos son fuentes de obligaciones distintas, esta ultima para proceder a su ejecuci\u00f3n forzosa debe ser reconocida por el deudor y probada por alguno de los medios de prueba, aspecto que si no se tiene -como en el presente proceso- debe ser pretendido en un proceso de car\u00e1cter declarativo bajo pretensiones de reconocimiento y condena en pago.\u201d <\/p>\n
4.1.- La a quo no advirti\u00f3 la naturaleza de los cargos subyacentes a la reposici\u00f3n y opt\u00f3 por seguir transitando sin reparos por el sendero que le deline\u00f3 el recurrente. Precisamente por ello en su an\u00e1lisis no se circunscribi\u00f3 a revisar la procedencia del documento y su autenticidad, sino que trascendi\u00f3 los linderos que en ese momento procesal demarcaban su accionar. Siguiendo el ritmo de la censura que estudiaba, se aventur\u00f3 ella tambi\u00e9n a escudri\u00f1ar en los pormenores negociales, haciendo an\u00e1lisis del texto del clausulado. Conducta esta por dem\u00e1s incomprensible, pues en los proleg\u00f3menos de sus considerandos dej\u00f3 claro cu\u00e1les eran las diferencias entre los requisitos formales y los sustanciales, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pese a ello, m\u00e1s adelante apuntal\u00f3 sus conclusiones finales en las siguientes explicaciones: <\/p>\n
De la cl\u00e1usula Segunda se desprenden algunas inconstancias tales como que el vendedor se obliga a entregar la totalidad de la producci\u00f3n de la mina al comprador, sin embargo, m\u00e1s adelante se hacen limitaciones a dicha producci\u00f3n, hecho que genera duda y como tal no establece con claridad cual es la verdadera cantidad del producto, carb\u00f3n a vender al demandante. <\/p>\n
Efectivamente se se\u00f1ala que el comprador podr\u00e1 solicitar al vendedor que reduzca o aumente seg\u00fan su necesidad la producci\u00f3n de carb\u00f3n, es decir, no se compra ni se vende la totalidad del carb\u00f3n producido por la mina, sino que lo limita a las necesidades del comprador, es decir, en determinados momentos no se comprar\u00eda la totalidad de la producci\u00f3n, como se dijo en el auto inicial que neg\u00f3 el mandamiento de pago, no se establece la cantidad exacta de carb\u00f3n a vender y entregar por el demandado a la sociedad demandante <\/p>\n
. <\/p>\n
No existe entonces certeza, que cantidades de carb\u00f3n deb\u00eda entregar el vendedor al demandante, especialmente desde el 1\u00ba de septiembre de 2021, fecha a partir de la cual, seg\u00fan la demanda, el demandado dejo de entregar carb\u00f3n, teniendo en cuenta que el contrato se celebr\u00f3 el 10 de diciembre de 2020 y m\u00e1s a\u00fan, sin tener plena certidumbre de si el comprador necesitaba menos o m\u00e1s producci\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
4.2.- Es decir, aunque advirti\u00f3 y era consciente de las cuestiones que se corresponden con los denominados requisitos o presupuestos formales del t\u00edtulo, a la postre no solo se adentr\u00f3 en un estudio de fondo del mismo, sino que revoc\u00f3 el mandamiento porque en su sentir la obligaci\u00f3n no era clara ni expresa. Entonces, aspectos sustanciales y de fondo del cr\u00e9dito mismo fueron recubiertos con el falso ropaje de requisitos formales. Y ese inapropiado e ileg\u00edtimo entremezclamiento fue lo que condujo a que por v\u00eda de reposici\u00f3n se revocara el mandamiento, con sustento en argumentos que en puridad deben ser definidos en sentencia. <\/p>\n
5.- Equivocado fue tambi\u00e9n, por ende, aquello de darse a la tarea considerar que en asuntos ejecutivos originados en compromisos contractuales, la exigibilidad est\u00e1 condicionada a que el ejecutante acredite m\u00e1s all\u00e1 de toda duda que s\u00ed cumpli\u00f3 su parte del trato. As\u00ed como que con prelaci\u00f3n tiene que agotarse un litigio de corte declarativo, en el cual se decidiese lo concerniente con el incumplimiento de las cargas negociales. E igualmente lo fue considerar que las cl\u00e1usulas penales no pueden cobrarse por la senda ejecutiva. <\/p>\n
Se insiste que lo inapropiado consisti\u00f3 en abordar todos esos aspectos en un auto en el que tan solo podr\u00eda hacerse an\u00e1lisis de cuestiones formales del t\u00edtulo. En consecuencia, definir si la obligaci\u00f3n es clara, expresa y exigible, si la cl\u00e1usula penal es susceptible de ser satisfecha en este litigio y si hubo incumplimientos tambi\u00e9n del ejecutante, son temas que se proponen por excepciones perentorias y que por ende se desatan en sentencia. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el cuerpo colegiado no incurri\u00f3 en falta de motivaci\u00f3n, sino que advirti\u00f3 que lo alegado en el recurso de reposici\u00f3n corresponde a un aspecto sustancial que debe dilucidarse en la sentencia, postura que no luce irracional o antojadiza. Bajo el marco descrito puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021) <\/p>\n
Por lo expuesto se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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