STC4107-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4107-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-13-000-2023-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Advertido lo anterior, se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00b0 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la tutela que Luz Myriam Mendieta Jaramillo en calidad de Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia con Funciones en esa ciudad, instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo de Familia y la Defensora de Familia de Asuntos Ind\u00edgenas – Centro Zonal Villavicencio n\u00ba 2 \u2013 Regional Meta, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00456-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la guarda de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb, para que, se \u00abdeje sin efecto la sentencia proferida el 18 de enero de 2023 por el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio que homolog\u00f3 la decisi\u00f3n de adoptabilidad de la ni\u00f1a AAA y disponer que el citado despacho judicial decida sobre la revisi\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad atendiendo a los requisitos de forma que debieron cumplirse dentro del tr\u00e1mite administrativo adelantado por la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal 2 Villavicencio y, atendiendo el enfoque \u00e9tnico y perspectiva de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio homolog\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0 254110979 de 3 de octubre de 2022, mediante la cual la Defensora de Familia de Asuntos Ind\u00edgenas del Centro Zonal Villavicencio n\u00b0 2 \u2013 Regional Meta, declar\u00f3 en estado de adoptabilidad a la menor AAA, reiter\u00f3 la medida de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto y orden\u00f3 iniciar los tr\u00e1mites tendientes a su adopci\u00f3n (18 en. 2023). <\/p>\n
En su criterio, dicho pronunciamiento lesion\u00f3 los derechos fundamentales de Adiela Ram\u00edrez, progenitora de la ni\u00f1a, quien pertenece a la etnia Piapoco del resguardo ind\u00edgena Minitas Miralindo en el municipio de Barrancominas \u2013 Guain\u00eda, en tanto \u00abno resulta clara la raz\u00f3n por la que el ICBF, si desde el conocimiento del tr\u00e1mite del PARD., conoc\u00eda el nombre y ubicaci\u00f3n de la madre, adem\u00e1s el nombre del Capit\u00e1n del Resguardo, no realiz\u00f3 su notificaci\u00f3n y citaci\u00f3n en forma personal del auto que orden\u00f3 dar apertura, sino que procedi\u00f3 a practicar la notificaci\u00f3n del mismo a trav\u00e9s de publicaci\u00f3n en medio masivo de comunicaci\u00f3n, citaci\u00f3n \u00e9sta que se lleva a cabo s\u00f3lo en los eventos de ignorarse la identidad o direcci\u00f3n de quienes deben ser citados, pero ninguno de los dos eventos ocurre en este caso\u00bb, irregularidad que llev\u00f3 a que \u00abla mencionada se\u00f1ora no [tuviera] la oportunidad de conocer de forma personal el auto que abri\u00f3 el proceso de su hija para que, si era su deseo, hubiera pedido pruebas\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00aben el PARD se indica lo narrado a trav\u00e9s de audio por la madre de la ni\u00f1a a la antrop\u00f3loga del ICBF por lo que no se explica c\u00f3mo es que el ICBF no brind\u00f3 a la citada se\u00f1ora el acompa\u00f1amiento que ella requer\u00eda y m\u00e1s bien, al parecer lo que se observa es que no volvi\u00f3 a existir contacto con la se\u00f1ora, dejando a esta mujer, que se hallaba en condici\u00f3n de vulnerabilidad, sin apoyo del Estado, no se pod\u00eda desconocer que la madre tambi\u00e9n requer\u00eda atenci\u00f3n por su condici\u00f3n de mujer y por las circunstancias por las que dej\u00f3 la ni\u00f1a en el Hospital\u00bb y, \u00abno se realiz\u00f3 acompa\u00f1amiento, ni apoyo psicosocial a la se\u00f1ora ni a la familia extensa, ech\u00e1ndose de menos cualquier actuaci\u00f3n dirigida a conocer o establecer la identidad del padre de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Narr\u00f3 que tampoco se acudi\u00f3 a \u00abla consulta y la participaci\u00f3n del grupo \u00e9tnico para que tenga voz, se visibilice y con ello defienda su cosmogon\u00eda, proponga y plantee alternativas de convivencia y pervivencia, todo ello con la finalidad de que gu\u00eden el proceso de desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural de su comunidad atendiendo a lo indicado por la Constituci\u00f3n de 1991\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo decidido se ajust\u00f3 y atendi\u00f3 la especial situaci\u00f3n hallada en el caso concreto, particularmente en el ruego elevado por la madre de la ni\u00f1a y el aspecto positivo y favorable de su hija en que sea protegida por el Estado, en este caso el ICBF como ente rector en materia de adopci\u00f3n, aunado a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y de esta manera, es indudable que las prerrogativas fundamentales constitucionales tanto de la ni\u00f1a en protecci\u00f3n como de su progenitora fueron resguardados id\u00f3nea y prevalentemente\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifest\u00f3 que \u00abno considera que la falta de notificaci\u00f3n personal de Adiela Ram\u00edrez del auto de apertura del proceso administrativo genere la nulidad del tr\u00e1mite\u00bb, teniendo en cuenta que \u00abconforme a su situaci\u00f3n, ella misma puso de presente su deseo de no ser vinculada, por ello, no se entiende la solicitud de la Procuradora en este aspecto. En el mismo sentido, no fue escuchada en declaraci\u00f3n, ya que la se\u00f1ora misma solicit\u00f3 ser excluida del tr\u00e1mite como sujeto procesal\u00bb, por lo que no se constata la anomal\u00eda denunciada. <\/p>\n
La Defensor\u00eda de Familia de Asuntos Ind\u00edgenas del Centro Zonal Villavicencio n\u00ba 2 refiri\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Procuradora alega vulneraci\u00f3n el debido proceso, no siendo la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para controvertir la legalidad de un acto administrativo, m\u00e1xime que se profiri\u00f3 la constancia de apertura a oposici\u00f3n, t\u00e9rmino en el cual pudo pronunciarse la Procuradora para advertir sobre sus consideraciones, pero no lo hizo en el t\u00e9rmino procesal dispuesto para ello\u00bb y, \u00aben cuanto al padre de la ni\u00f1a, como pudo leer la Procuradora, la madre de la ni\u00f1a no quiso brindar datos sobre \u00e9l, solo nos refiri\u00f3 que se trataba de un ingeniero, no ind\u00edgena y en este caso, no podr\u00edamos someterla, ni obligarla a que nos dijera de qui\u00e9n se trataba, por esto, se cont\u00f3 con la publicaci\u00f3n en un medio televisivo de comunicaci\u00f3n, en el programa institucional \u201cMe conoces\u201d, as\u00ed como la publicaci\u00f3n en la p\u00e1gina web del ICBF como se certifica a folios 46 y 109 y en garant\u00eda del derecho del progenitor, quien jam\u00e1s hizo parte dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
El Ministerio del Interior rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Villavicencio concedi\u00f3 el amparo, luego de concluir que \u00aben el asunto cuestionado se omitieron las notificaciones de la progenitora y la autoridad ind\u00edgena\u00bb, siendo que la misma era forzosa por haberse establecido que la \u00abmenor\u00bb pertenec\u00eda a una comunidad ind\u00edgena, \u00abpero tal omisi\u00f3n se consider\u00f3 justificada porque se garantizaba el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, a la vez de precaver un mal mayor a su progenitora, para lo cual destac\u00f3 un audio que la madre env\u00edo a la antrop\u00f3loga del ICBF, donde expuso las razones que la llevaron a abandonar la menor, retornar a su comunidad y su deseo de dar en adopci\u00f3n a la ni\u00f1a a fin de evitar una serie de represalias de las que pod\u00eda ser objeto, irregularidad que afect\u00f3 el debido proceso porque era un deber adelantar las gestiones pertinentes para contactar no solo a la progenitora, sino a la familia de la misma, y surtir el enteramiento formal de la actuaci\u00f3n, a fin de que conocieran los derechos y facultades con que contaban al interior del tr\u00e1mite, as\u00ed como para que les fuera brindado el correspondiente acompa\u00f1amiento y se intentara aunque fuese m\u00ednimamente, el acercamiento con la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Dispuso, entonces, \u00abdejar sin valor ni efecto la sentencia calendada 18 enero de 2023 y, en su lugar, se estudie nuevamente la actuaci\u00f3n administrativa, a fin de que se enmiende las irregularidades aqu\u00ed advertidas, y proceda conforme al canon 100, par\u00e1grafo 2\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb. <\/p>\n
Refut\u00f3 la Defensora de Familia de Asuntos Ind\u00edgenas del Centro Zonal Villavicencio n\u00ba 2, adverando que \u00abno se acompa\u00f1\u00f3 a la familia en el proceso, no por negligencia o capricho del equipo de la instituci\u00f3n ya que est\u00e1 soportado y probado que en este caso no podr\u00eda obrarse de otra manera, tal y como se argument\u00f3 en el fallo al realizarse el estudio de proporcionalidad (\u2026) acudo ante ustedes para solicitarles se desestimen las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, ya que va en contrav\u00eda de los derechos e intereses de la ni\u00f1a como sujeto especial de derechos y de su progenitora ind\u00edgena, mujer rural, quien fue clara en manifestar su voluntad y su postura frente al caso y someterla nuevamente a la angustia de revivir todo lo que le pas\u00f3 seria revictimizarla y atentar su tranquilidad, sin medir las consecuencias si se llega a filtrar esta informaci\u00f3n que hace parte de su n\u00facleo de intimidad y la reserva que ella misma solicit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Allegadas las diligencias a esta Colegiatura, se vincul\u00f3 al resguardo ind\u00edgena Minitas Miralindo en el municipio de Barrancominas \u2013 Guain\u00eda, por medio de su autoridad ind\u00edgena Jos\u00e9 Antonio Rodr\u00edguez y a Adiela Ram\u00edrez para que pronunciaran si lo ten\u00edan a bien frente a los hechos de la demanda (29 mar. 2023), a lo que contest\u00f3 \u00fanicamente la segunda, quien dijo \u00abpor favor les exijo que respeten mi decisi\u00f3n, que me dejen tranquila, respeten mis derechos como mujer ind\u00edgena, respeten mi cultura y mis costumbres, yo respet\u00e9 a la madre tierra, prioric\u00e9 la vida, por eso hoy exijo que AAA la den en adopci\u00f3n y no quiero tener ning\u00fan v\u00ednculo que me una m\u00e1s a AAA, respeten la decisi\u00f3n que he tomado frente a este caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Advertida la condici\u00f3n de sujetos de especial protecci\u00f3n que, entre otros aspectos, por raz\u00f3n de su pertenencia a una comunidad ind\u00edgena y edad de una y otra se advierte de las mujeres cubiertas por las circunstancias f\u00e1cticas de que da cuenta el presente asunto, es preciso recordar lo siguiente: <\/p>\n
1.1.- De los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y el inter\u00e9s superior que les asiste: <\/p>\n
El art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que son derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u00abla vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n\u00bb, y que \u00ab(\u2026) gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb, de ah\u00ed que se reconozca la importancia de preservar sus bienes iusfundamentales y sea imperativa la necesidad de garantizar la prevalencia de sus prerrogativas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dicho canon reconoce que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, varios instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos prev\u00e9n la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb especial y reforzada de los atributos b\u00e1sicos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, v. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y la Convenci\u00f3n de los Derechos de los Ni\u00f1os, que imprimen la necesaria confluencia del Estado, la sociedad y la familia en procura de esas finalidades, as\u00ed como el deber de las autoridades de que \u00ab[e]n todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
En ese sentido, la Corte Constitucional ha relievado que, <\/p>\n
(\u2026) Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas, para que, en el ejercicio de sus funciones, tuvieran en cuenta, sobre cualquier otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de aquellos, pauta que fue armonizada con la Carta de 1991 y, posteriormente, con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que en su art\u00edculo 8 refiere que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. <\/p>\n
De igual forma, el canon 9 del citado compendio normativo prescribe que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00aben caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente (STC12299-2019). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto a \u00ablas implicaciones del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb, la jurisprudencia constitucional ha predicado que, <\/p>\n
(\u2026). En efecto, el Estado lejos de asumir una actitud pasiva, insensible o indiferente frente a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en las que sus derechos fundamentales se dispongan como meras prestaciones de contenidos simb\u00f3licos y program\u00e1ticos; debe adoptar una posici\u00f3n activa orientada a la promoci\u00f3n y efectiva realizaci\u00f3n de sus derechos. De ah\u00ed que la autoridad p\u00fablica al momento de aplicar cualquier figura jur\u00eddica que de alguna manera afecte el n\u00facleo esencial de dichos derechos o implique una regulaci\u00f3n completa o integral de sus facultades o de sus mecanismos de defensa, debe ser excesivamente celoso no s\u00f3lo con las limitaciones que puedan hacer nugatorio sus alcances y efectos, sino tambi\u00e9n con las atribuciones que excluyan la protecci\u00f3n especial ordenada por la Constituci\u00f3n y, en ese orden de ideas, incumplan la obligaci\u00f3n positiva que se le impone al Estado por el Constituyente. (CC, T-117\/13). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, tambi\u00e9n se ha reconocido que <\/p>\n
cuando se presente un caso que involucre los derechos de un menor de edad, el operador jur\u00eddico deber\u00e1 acudir al concepto del inter\u00e9s superior para adoptar la decisi\u00f3n que m\u00e1s garantice sus derechos fundamentales. En dicha labor, y cuando se enfrente a intereses contrapuestos, le asiste el deber de armonizar el inter\u00e9s del ni\u00f1o con los intereses de los padres y dem\u00e1s personas relevantes para el caso, con la carga de darle prioridad al primero en raz\u00f3n de su prevalencia (CP art. 44) y sin que la decisi\u00f3n necesariamente resulte excluyente frente a los intereses de los dem\u00e1s, siempre que ello sea f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente posible. (CC T-730\/15). <\/p>\n
1.2. Privilegios y limitaciones de las comunidades ind\u00edgenas: <\/p>\n
En torno al tema de las colectividades \u00e9tnicas minoritarias, se memora que en los \u00e1mbitos externos (Convenio 169 de la O.I.T., la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, Convenci\u00f3n internacional sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n racial y la Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas), e interno (Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, art\u00edculos 1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 63, 68, 70, 72, 96, 171, 246, 329 y 330), se ha creado un marco normativo especial de protecci\u00f3n con el objeto de garantizar su conservaci\u00f3n f\u00edsica y cultural, buscando soslayar la intromisi\u00f3n de costumbres for\u00e1neas atentatorias de su cosmovisi\u00f3n, existencia y territorios. <\/p>\n
Es por ello que el art\u00edculo 7\u00ba de la Carta Magna, consigna: \u00ab(\u2026) El Estado reconoce y protege la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n colombiana (\u2026)\u00bb, instituci\u00f3n elevada a <\/p>\n
(\u2026) derecho fundamental en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los mencionados grupos \u00e9tnicos y tribales, proceso de consulta que constituye una forma de expresi\u00f3n democr\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 330 Superior y con sustento adicional en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (\u2026)\u201d (CSJ. STC de 25 de agosto de 2010, exp. No. 00022-01, reiterada el 27 de agosto de 2012, exp. No. 00200-01 y STC1370-2019). <\/p>\n
A la par, el precepto 246 ib\u00eddem consagra que: \u00ablas autoridades de los pueblos ind\u00edgenas podr\u00e1n ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constituci\u00f3n y leyes de la Rep\u00fablica. La ley establecer\u00e1 las formas de coordinaci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n especial con el sistema judicial nacional\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, el Convenio n\u00ba 169 sobre pueblos ind\u00edgenas y tribales \u2013 1989 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, introducido al ordenamiento nacional con la Ley 21 de 1991, contiene una serie de reglas encaminadas a defender el derecho general de los abor\u00edgenes. En ese marco normativo ocupa un lugar predominante la autonom\u00eda de dichos pueblos y el compromiso del Estado de velar y proteger sus costumbres de vida y creencias espirituales. <\/p>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su turno, refiri\u00e9ndose concretamente a los nativos, defini\u00f3 el deber del Estado de preservar a estas minor\u00edas de todo tipo de discriminaci\u00f3n en atenci\u00f3n a su desarrollo social, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) Como lo ha establecido en otras ocasiones este Tribunal, y conforme al principio de no discriminaci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 1.1 de la Convenci\u00f3n Americana, para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades ind\u00edgenas, es indispensable que los Estados otorguen una protecci\u00f3n efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus caracter\u00edsticas econ\u00f3micas y sociales, as\u00ed como su situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Adem\u00e1s, el Tribunal ha se\u00f1alado que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminaci\u00f3n de jure o de facto (\u2026). Corte IDH. Sentencia de 31 de agosto de 2010, Caso Rosendo Cant\u00fa y otra vs. M\u00e9xico. <\/p>\n
Al mismo tiempo, la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas en su art\u00edculo 22, anuncia, <\/p>\n
\u00ab1. En la aplicaci\u00f3n de la presente Declaraci\u00f3n se prestar\u00e1 particular atenci\u00f3n a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los j\u00f3venes, los ni\u00f1os y las personas con discapacidad ind\u00edgenas. <\/p>\n
2. Los Estados adoptar\u00e1n medidas, conjuntamente con los pueblos ind\u00edgenas, para asegurar que las mujeres y los ni\u00f1os ind\u00edgenas gocen de protecci\u00f3n y garant\u00edas plenas contra todas las formas de violencia y discriminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la Corte Constitucional en sentencia T-080 de 2018, aludiendo la T-466 de 2016 acerca de las limitaciones admisibles a la autonom\u00eda ind\u00edgena en aras de preservar el inter\u00e9s superior de los menores, insisti\u00f3 en que: <\/p>\n
(\u2026) resulta claro que, respecto de los derechos de los ni\u00f1os, el ejercicio de la autonom\u00eda de las autoridades ind\u00edgenas no podr\u00e1 implicar la afectaci\u00f3n de su n\u00facleo esencial, a riesgo de desatender el l\u00edmite que representa la garant\u00eda de unos m\u00ednimos de convivencia social. Adem\u00e1s, hay que tener en cuenta que los ni\u00f1os, como se ha sostenido en la presente providencia, gozan de un estatus jur\u00eddico especial, por lo que han sido considerados sujetos de protecci\u00f3n constitucional reforzada (ver supra, numeral 59). Ese estatus jur\u00eddico especial implica, entre otras, que sus derechos prevalecen respecto de los derechos de los dem\u00e1s, incluyendo los de las comunidades ind\u00edgenas. Esto se explica por las caracter\u00edsticas del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, en especial por su autonom\u00eda (ver supra, numerales 66 y 67). Recu\u00e9rdese en este sentido que el inter\u00e9s superior del menor de edad se determina con base en la situaci\u00f3n especial del ni\u00f1o y no depende necesariamente de lo que los padres o la sociedad consideren lo mejor para ellos. <\/p>\n
La obligatoriedad del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o no encuentra excepciones de ninguna clase, ni siquiera trat\u00e1ndose de pueblos ind\u00edgenas. <\/p>\n
Y tambi\u00e9n ha evocado el Alto Tribunal, que: <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed, el derecho fundamental a la consulta previa puede ser limitado cuando las autoridades del Estado tengan la certeza de que existe una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, y la intensidad de dicha limitaci\u00f3n puede ser mayor dependiendo del grado de afectaci\u00f3n de los ni\u00f1os y de la urgencia en su atenci\u00f3n y protecci\u00f3n. Por lo anterior, observa la Sala que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la consulta previa podr\u00e1 ser limitada cuando se presenten situaciones que planteen una amenaza real e inminente de vulneraci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, para que de esta forma pueden las autoridades del Estado actuar de manera inmediata para la protecci\u00f3n de dichos derechos, incluso sin la concertaci\u00f3n con las comunidades, bien sea porque \u00e9sta se intent\u00f3 y no pudo concretarse o bien porque la situaci\u00f3n de apremio lo impide. En cualquiera de estas dos circunstancias (cuando la concertaci\u00f3n se intenta pero no se logra o cuando no es posible intentar realizarla), las autoridades del Estado que intervengan para adoptar medidas de protecci\u00f3n a favor de los ni\u00f1os deben actuar de manera razonable y proporcional, afectando en la menor medida posible el derecho a la diversidad \u00e9tnica y cultural de las comunidades tribales. (Sentencia T-475 de 2016). <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
2.1. Atendiendo lo ante rese\u00f1ado, se advierte la inviabilidad del auxilio y, por ende, la infirmaci\u00f3n del veredicto opugnado, comoquiera que las \u00abirregularidades\u00bb endilgadas por el Ministerio P\u00fablico a la determinaci\u00f3n del Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, que \u00abhomolog\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 254110979 del 3 de octubre de 2022, mediante la cual la Defensora de Familia del Centro Zonal No. 2 del ICBF de Villavicencio, declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad a la ni\u00f1a AAA\u00bb (18 en. 2023), no se estructuran, en tanto, si bien no hubo oposici\u00f3n alguna a la resoluci\u00f3n emitida por la autoridad administrativa, lo que llevar\u00eda a la firmeza de lo all\u00ed zanjado, lo cierto es que se opt\u00f3 por remitir el infolio al Juez de Familia de esa localidad para ofrecer mayor transparencia a lo gestionado, dada la \u00absituaci\u00f3n especial que reviste el asunto\u00bb, hecho que fue aceptado por el receptor. <\/p>\n
De igual manera, la falta de vinculaci\u00f3n de la progenitora y del resguardo al cual pertenece, encuentran justificaci\u00f3n en las particularidades del asunto y en la necesidad de proteger eficazmente los intereses prevalentes de la ni\u00f1a, como acertadamente lo concluy\u00f3 el estrado cuestionado. <\/p>\n
En efecto, \u00e9ste, tras observar la falta de notificaci\u00f3n de la madre de la menor – Adiela Ram\u00edrez y de la \u00abautoridad ind\u00edgena\u00bb en el rito administrativo de restablecimiento de derechos en estudio, se\u00f1al\u00f3 previamente que si bien se presenta \u00abuna omisi\u00f3n que en principio constituye un yerro que afectar\u00eda todo lo actuado y conllevar\u00eda a declarar su nulidad\u00bb, por no haberse surtido el enteramiento de acuerdo a las exigencias del art\u00edculo 102 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), modificado por el canon 5 de la Ley 1878 de 2018, atendiendo lo dispuesto en el canon 70 ib\u00eddem, lo cierto es que las \u00abrazones de hecho y de derecho que cimentaron lo resuelto tiene como pot\u00edsimo fundamento el de garantizar primeramente el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a y, segundo, precaver un mal mayor a la progenitora\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n del juez se\u00f1alada como vulneradora, descansa tambi\u00e9n en la investigaci\u00f3n administrativa en la que se pondera la \u00ab(\u2026) situaci\u00f3n especial presentada, suscitada y conocida a ra\u00edz del audio que fuera enviado por la se\u00f1ora ADIELA a la antrop\u00f3loga del equipo interdisciplinario del ICBF encargado del asunto, dentro del cual expone una serie de circunstancias y situaciones por las cuales opta por abandonar a su hija reci\u00e9n nacida y continuar con su proyecto de vida en su comunidad donde regresa, …observando que fue necesario, previo a la decisi\u00f3n de fondo, la intervenci\u00f3n del Comit\u00e9 T\u00e9cnico Consultivo de la Direcci\u00f3n Regional Meta del ICBF, al que hacen parte, seg\u00fan el acta obrante, los funcionarios directivos, defensores de familia en sus diferentes especialidades, grupo interdisciplinario y abogados para asuntos administrativos, cuyo objeto es el de brindar orientaci\u00f3n, asistencia t\u00e9cnica y emitir recomendaciones t\u00e9cnico-jur\u00eddicas frente a los tr\u00e1mites de restablecimiento de derechos que requieran especial estudio y an\u00e1lisis por la complejidad que representan, justamente como el presente caso…\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n fue nutrida con las sugerencias del Comit\u00e9 T\u00e9cnico Consultivo Regional del I.C.B.F., y sus recomendaciones sobre la realizaci\u00f3n de <\/p>\n
\u201cun juicio de proporcionalidad, un an\u00e1lisis de ponderaci\u00f3n de derechos, prevaleciendo el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, garant\u00eda de derechos y de la calidad de vida, como tambi\u00e9n el derecho de la progenitora en cuanto a su deseo de no ejercer su rol de maternidad, manejando el enfoque de g\u00e9nero con relaci\u00f3n a la mam\u00e1 por ser mujer l\u00edder, ind\u00edgena, en condiciones de pobreza, residir en zona rural y partiendo tambi\u00e9n del an\u00e1lisis de los sistemas micro, macro y mazo, porque si bien existe un v\u00ednculo sangu\u00edneo, es carente de relaci\u00f3n maternal y afectivo hacia la ni\u00f1a, y por \u00faltimo, sea enviado el asunto al juez de familia para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
Y, la sugerencia dentro del seguimiento por psicolog\u00eda para fallo del PARD sobre \u201ctomar la medida de adopci\u00f3n como garant\u00eda de restablecimiento de derechos a favor de la ni\u00f1a A.A.A., permiti\u00e9ndole crecer en el seno de una familia adoptiva que le brinde los cuidados necesarios, un ambiente de crecimiento y desarrollo agradable, un hogar de amor, etc. es decir, todo lo necesario para su plenitud\u201d. <\/p>\n
Y, la relevancia del \u201c…concepto expuesto en el informe de antropolog\u00eda que se arrim\u00f3 al expediente, respondiendo a varios interrogantes surgidos del especial caso tratado, … la consideraci\u00f3n, desde la perspectiva de ser fruto del racismo estructural y la violencia patriarcal la situaci\u00f3n vivida por la progenitora, tanto que se infiere que las posibilidades que ten\u00eda en un contexto de vulneraci\u00f3n, haber dejado la ni\u00f1a en manos de la polic\u00eda inicialmente, fue una medida protectora en favor de la ni\u00f1a. Se precisa que, siendo improcedente y no beneficioso, se recomienda dejar de vincular al gobernador del cabildo ind\u00edgena pues porque al hacerlo, se genera\/r\u00eda un conflicto intra\u00e9tnico\u201d. <\/p>\n
Seguidamente y luego de citar algunos precedentes de la Corte Constitucional, relativos al inter\u00e9s superior de los menores y el derecho a tener una familia y a no ser separados de ella, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el caso concreto, nos encontramos frente a argumentos poderosos de ineptitud de la familia biol\u00f3gica de la ni\u00f1a A.A.A. para destruir la presunci\u00f3n a su favor y se\u00f1alada en la jurisprudencia, por consiguiente, ineludible es hallar esa familia garante de los derechos prevalentes y desde luego, le brinde la protecci\u00f3n integral exigible (art.7 C.I.A.), lo cual solo podr\u00e1 darse en el marco de la aplicaci\u00f3n de la medida decretada\u201d. <\/p>\n
2.2.- As\u00ed las cosas, no puede reprocharse la actividad de la iudex denunciada, en tanto, apreci\u00f3 razonadamente la situaci\u00f3n particular de la ni\u00f1a y la madre comprometida, \u00faltima que fue insistente desde el principio en mostrar su inter\u00e9s en entregarla en adopci\u00f3n, dadas las circunstancias personales que rodearon su procreaci\u00f3n y la presunta carencia de apoyo tanto de su familia y el padre, como de su comunidad, conforme se desprende del mensaje de audio de WhatsApp de 25 minutos 06 segundos enviado por Adiela Ram\u00edrez al celular de la antrop\u00f3loga de la Defensor\u00eda de Familia de Asuntos Ind\u00edgenas (15 may. 2022), el cual no ser\u00e1 difundido atendiendo al derecho de la privacidad que cobija a la declarante y a la limitaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 279 del C\u00f3digo General del Proceso en torno a las transcripciones. <\/p>\n
Del referido medio de convicci\u00f3n, se extrae que la progenitora de A.A.A., se enter\u00f3 a trav\u00e9s de la antrop\u00f3loga del equipo interdisciplinario del ICBF a cargo de las diligencias, de la existencia del tr\u00e1mite y expuso, aunque de manera informal, las razones que la llevaron a apartarse de su hija, contra su voluntad, seg\u00fan se vislumbra de su relato; ello evidencia que no era ajena a ese rito y que, por tanto, su vinculaci\u00f3n habr\u00eda resultado infructuosa, ya que clar\u00edsima estaba su decisi\u00f3n de aceptar la declaraci\u00f3n de adoptabilidad, porque ella no ten\u00eda las condiciones socioafectivas ni econ\u00f3micas para brindarle la protecci\u00f3n que todo infante necesita para un desarrollo pleno. <\/p>\n
Es m\u00e1s, arribado el expediente constitucional a esta instancia, la Sala dispuso su vinculaci\u00f3n y la del resguardo al que pertenece, para que manifestaran si, en las condiciones actuales, ten\u00edan inter\u00e9s de acoger a la peque\u00f1a; sin embargo, Adiela Ram\u00edrez reiter\u00f3 su postura inicial, es decir, ratific\u00f3 que no est\u00e1 dispuesta a asumir el \u00abv\u00ednculo materno\u00bb, por cuanto la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que expuso desde el comienzo no ha variado. <\/p>\n
2.3.- Siendo as\u00ed, como lo adver\u00f3 la juzgadora acusada, el cartapacio recriminado requer\u00eda de la aplicaci\u00f3n de un \u00abenfoque diferencial\u00bb, elemento relacionado con la \u00abidentidad cultural de la comunidad\u00bb a la cual pertenece la madre y la prevalencia a los derechos de una menor frente a otros atributos de los intervinientes. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, con apoyo en lo anterior, reitera, no encuentra arbitrariedad en la gesti\u00f3n de la juez querellada, por cuanto examin\u00f3 la situaci\u00f3n singular de la peque\u00f1a, de su progenitora y su pertenencia a la etnia Piapoco, de todo lo cual dedujo la pertinencia de \u00abhomologar\u00bb la resoluci\u00f3n que la \u00abdeclar\u00f3 en estado de adoptabilidad\u00bb, en aras de privilegiar su inter\u00e9s superior por encima de su filiaci\u00f3n y de cualquier otra consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este punto se precisa, que, si bien es cierto en el restablecimiento de derechos que se estudia, los convocados no propiciaron la participaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Minitas Miralindo en el municipio de Barrancominas \u2013 Guain\u00eda, (art\u00edculos 70 y 102 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia), grupo al que pertenece Adiela Ram\u00edrez, lo cierto es que en la sentencia confutada (18 en. 2023) se indicaron las razones para no hacerlo, dadas las particularidades del caso. <\/p>\n
No se trata de desconocer el car\u00e1cter pluri\u00e9tnico, y multicultural del Estado colombiano y la gama de derechos que benefician a los pueblos ind\u00edgenas, entre ellos, su autonom\u00eda para ejercer las funciones jurisdiccionales en su territorio, sino de acentuar, que cuando los privilegios de dichas comunidades est\u00e9n en tensi\u00f3n con los de un menor, ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, deben prevalecer los de \u00e9stos, en raz\u00f3n al exclusivo reconocimiento y prelaci\u00f3n que el ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha dispuesto a su favor. (STC3847-2022). <\/p>\n
2.4.- Igualmente, a pesar que existe tanto en el derecho constitucional como en el internacional, una presunci\u00f3n a favor de la familia biol\u00f3gica, \u00aben el sentido de que \u00e9sta se encuentra, en principio, mejor situada para brindar al ni\u00f1o el cuidado y afecto que necesita\u00bb, la conjetura, que se deduce del mandato del canon 44 Superior, seg\u00fan el cual \u00ablos ni\u00f1os tienen un derecho fundamental a no ser separados de su propia familia\u00bb, y forma parte de los criterios jur\u00eddicos existentes para determinar el inter\u00e9s superior de menores en casos concretos, no obedece a \u00abun privilegio de la familia natural sobre otras formas de familia – ya que todas las distintas formas de organizaci\u00f3n familiar son merecedoras de la misma protecci\u00f3n -, sino al simple reconocimiento de un hecho f\u00edsico: los ni\u00f1os nacen dentro de una determinada familia biol\u00f3gica, y s\u00f3lo se justificar\u00e1 removerlos de su linaje cuando existan razones significativas para ello\u00bb, (Sentencia T-510 de 2003), como ocurre en el caso de A.A.A., cuyo n\u00facleo familiar de origen, seg\u00fan qued\u00f3 acreditado, no ofrece un escenario propicio para su bienestar afectivo e integral. <\/p>\n
N\u00f3tese, las circunstancias de concepci\u00f3n, la situaci\u00f3n de la madre y los efectos de su actuar frente a la comunidad, la actitud del presunto padre de quien se dice a las pocas horas del nacimiento, fuera del territorio ancestral, aconsej\u00f3 deshacerse de la criatura, lo que conllev\u00f3 a que fuera abandonada con un d\u00eda de nacida en un hotel de la ciudad de Villavicencio (10 oct. 2021). <\/p>\n
Y de no ser por la intervenci\u00f3n inmediata del Estado a trav\u00e9s de la medida de protecci\u00f3n de \u00abubicaci\u00f3n en hogar sustituto\u00bb, la cual se mantiene vigente, el bienestar de la ni\u00f1a se habr\u00eda visto comprometido gravemente, luego, se puede inferir, como lo concluy\u00f3 la Defensora de Familia, que \u00abno existe por parte de la ni\u00f1a vinculaci\u00f3n materna ni afectiva\u00bb con Adiela y dem\u00e1s integrantes de \u00abla familia biol\u00f3gica\u00bb ni tampoco con el grupo \u00e9tnico, siendo de resaltar que a pesar que este \u00faltimo fue enterado de la existencia de la acci\u00f3n que nos congrega, guard\u00f3 silencio, lo que refleja una vez m\u00e1s el desinter\u00e9s de su parentela por acogerla y propiciarle el amor y cuidados que requiere. <\/p>\n
Por lo anterior, cualquier alteraci\u00f3n a lo ya resuelto por las autoridades accionadas, producir\u00eda una revictimizaci\u00f3n tanto para la menor como para su progenitora y de paso violatorio del enfoque de la \u00abacci\u00f3n sin da\u00f1o\u00bb como lo refiere la funcionaria impugnante, en tanto, so pretexto de avalar una \u00abexcesiva ritualidad\u00bb se dejar\u00eda sin valor y efecto un veredicto de \u00abadoptabilidad\u00bb que beneficia a las partes implicadas y abre la oportunidad para que A.A.A. pueda acceder al derecho a tener una familia que garantice su desarrollo integral y no permanecer, a\u00fan m\u00e1s tiempo, en un hogar sustituto. <\/p>\n
Por otra parte, se posibilita a Adiela Ram\u00edrez, mujer que ha sufrido maltrato f\u00edsico y sicol\u00f3gico, tanto a nivel familiar como social, rehacer su vida con sus dos hijos, tambi\u00e9n menores de edad, tal como ella misma lo ha rogado a las autoridades involucradas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, dentro de las obligaciones de los jueces, se encuentra la de \u00abadoptar con premura las \u00f3rdenes necesarias para procurar el goce de los derechos fundamentales del infante, y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb (STC6823-2021). <\/p>\n
Ello significa que era deber de la funcionaria, como en efecto aconteci\u00f3, realizar una interpretaci\u00f3n amplia, garantista y de naturaleza convencional en relaci\u00f3n con el caso puesto en su conocimiento, especialmente cuando se encuentran involucrados sujetos de especial auxilio, pues su desprotecci\u00f3n imposibilita el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de otras de sus prerrogativas. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, al no observarse irregularidad alguna en la resoluci\u00f3n adoptada por el juzgado demandado, se impone revocar la concesi\u00f3n de la guarda para, en su lugar, negarla. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia emitida el 1\u00b0 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
En su lugar, se NIEGA la tutela impetrada por Luz Myriam Mendieta Jaramillo en su calidad de Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia con Funciones en Villavicencio y, por tanto, se deja sin efecto la gesti\u00f3n que se hubiera desplegado en acatamiento del fallo de primera instancia. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4107-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4107-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-13-000-2023-00001-01 (Aprobado en Sala de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR Advertido lo anterior, se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-72995","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72995\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}