STC4112-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4112-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00222-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Alba Rosa Ortega de Henao instaur\u00f3 contra la Sala n\u00b0 4 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, extensiva al Tribunal Superior y al Juzgado Catorce Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Medell\u00edn, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00112. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, en conexidad con la seguridad social, confianza jur\u00eddica y los principios constitucionales de favorabilidad, solidaridad y universalidad\u00bb, para que se dejaran sin efectos \u00ablas Sentencias fechadas el 18 de julio de 2019, 26 de febrero de 2021 y 02 de agosto de 2022\u00bb, emitidas en el litigio rese\u00f1ado y, en consecuencia, se ordenara volver a decidir el asunto \u00abaplic[\u00e1ndose] correctamente la Ley 100 de 1993 en su art\u00edculo 47 en su texto primigenio, determinando (\u2026) que le asiste el derecho del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivencia [reclamada]\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que, el 6 de febrero de 1996, contrajo matrimonio con Juan de Jes\u00fas Henao, con quien procre\u00f3 siete (7) hijos, v\u00ednculo vigente hasta el momento del deceso de este (8 oct. 1998). <\/p>\n
Indic\u00f3 que solicit\u00f3 al ISS el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente (26 abr. 2016), pues con antelaci\u00f3n la hab\u00eda otorgado a la compa\u00f1era permanente y dos \u00abhijos extramatrimoniales\u00bb de su c\u00f3nyuge, esto es, Aracelli Amparo V\u00e9lez Cano, Denis Natalia y V\u00edctor Henao V\u00e9lez (15 jul. 1999), petici\u00f3n que dicha entidad nunca respondi\u00f3. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en virtud de ello, interpuso demanda ordinaria laboral (10 feb. 2017); empero, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medell\u00edn desestim\u00f3 las pretensiones en determinaci\u00f3n (18 jul. 2019) que el Superior refrend\u00f3 (26 feb. 2021), al paso que la Magistratura accionada no cas\u00f3 la de \u00e9ste (SL2748-2022 (2 ag.), tras una indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que, en su opini\u00f3n, quebranta las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
2.- La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El P.A.R.I.S.S. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
Colpensiones pidi\u00f3 negar el resguardo, tras se\u00f1alar que \u00abno se prob\u00f3 vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el resguardo, porque \u00abno existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral 2017-00112 que pueda endilg\u00e1rsele al accionado\u00bb, ya que \u00abactu\u00f3 en derecho\u00bb, en la medida que \u00abqued\u00f3 demostrado que a la demandante no le correspond\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes alegado, teniendo en cuenta que no acredit\u00f3 la convivencia real con Juan de Jes\u00fas Henao, al momento del fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la gestora reafirm\u00e1ndose en los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo impugnado, porque los pronunciamientos refutados no fueron producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, al escrutar el veredicto de la Sala n\u00b0 4 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sobre el cual se efectuar\u00e1 el an\u00e1lisis constitucional, por ser el que zanj\u00f3 la disputa en el pleito laboral n\u00b0 2017-00112, se aprecia que all\u00ed se realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el caso con apoyo en la jurisprudencia vinculante en la materia, de las cuales concluy\u00f3 en paralelo con los medios de convicci\u00f3n arrimados al infolio, que el ad quem no se equivoc\u00f3 en ratificar la negativa dispuesta por el a quo frente a la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, toda vez que no cumple los \u00abrequisitos\u00bb previstos para acceder a dicha prebenda, de ah\u00ed que no se demostraron los errores in iudicando y de hecho atribuidos a dicho cuerpo Colegiado, motivo por el cual tal \u00abdecisi\u00f3n\u00bb no merec\u00eda ser abolida. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, acot\u00f3, en lo que ata\u00f1e a los yerros de evaluaci\u00f3n de pruebas planteados (v\u00eda indirecta), que: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal tuvo como fundamento, que a la demandante le correspond\u00eda demostrar que convivi\u00f3 con el pensionado fallecido durante sus dos \u00faltimos a\u00f1os de vida, en los t\u00e9rminos requeridos por el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, estudi\u00f3 las declaraciones extrajuicio aportadas por la demandante y con base en ellas, estim\u00f3 que \u00ab[\u2026] los c\u00f3nyuges se separaron de hecho en el a\u00f1o 1990 aproximadamente, y que, debido a los 7 hijos que ten\u00edan en com\u00fan, el causante contin\u00fao apoy\u00e1ndolos econ\u00f3micamente en cumplimiento de su obligaci\u00f3n alimentaria en los t\u00e9rminos del art. 411 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n probatoria a la que arrib\u00f3 el fallador se encuentra amparada a la luz del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, en el sentido que los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento \u00ab[\u2026] inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos que informan la cr\u00edtica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes\u00bb (CSJ SL4514-2017). <\/p>\n
Aunque el art\u00edculo 60 ib\u00eddem les impone la obligaci\u00f3n de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, ellos est\u00e1n facultados para darle mayor valor a cualquiera, sin sujeci\u00f3n a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad \u00ab[…] no se podr\u00e1 admitir su prueba por otro medio\u00bb. <\/p>\n
Como si no resultara suficiente la potestad probatoria de la que gozan los jueces, de todas formas, tampoco podr\u00eda la Sala ahondar en dicha valoraci\u00f3n, puesto que, en el primer cargo, la recurrente no individualiza ninguna prueba calificada que considere mal apreciada o dejada de valorar. <\/p>\n
Por el contrario, acude a simples referencias sobre las declaraciones extrajuicio aportadas al expediente, las cuales corresponden a documentos declarativos emanados de terceros que no son calificados en el recurso extraordinario, sin que esto signifique que los jueces de instancia no pueden fundar su convencimiento en ellas, tal y como ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
Lo anterior hace imposible que sobre estas se funde un cargo como el planteado por la v\u00eda indirecta (CSJ SL318-2018; CSJ SL10195-2017; CSJ SL, 17 marzo 2009, radicaci\u00f3n 31484; CSJ SL, 4 noviembre 2009, radicaci\u00f3n 36218; CSJ SL, 23 julio 2008, radicaci\u00f3n 33774) y conduce indefectiblemente a su fracaso. <\/p>\n
Luego, solvent\u00f3 el ataque esgrimido por el otro sendero, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta pertinente explicar que, en el aspecto jur\u00eddico de la decisi\u00f3n, el Tribunal no interpret\u00f3 err\u00f3neamente ni le imprimi\u00f3 un sentido equivocado al art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el criterio de esta Corporaci\u00f3n es sostenido y pac\u00edfico en este sentido, en la medida que no es suficiente demostrar el v\u00ednculo contractual del matrimonio en los casos en que se pretenda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Por el contrario, quien procure obtener el beneficio pensional, deber\u00e1 acreditar la convivencia real de la pareja al momento del fallecimiento y, solamente podr\u00e1 exonerarse de ello, cuando se hubieran procreado hijos dentro de los dos a\u00f1os anteriores al deceso, lo cual no ocurri\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
Al respecto pueden verse, entre otras, la sentencia CSJ SL1764-2019, al reiterar lo expuesto en la sentencia CSJ SL 1070-2014 y CSJ del 5 de mayo de 2011, radicado 38640, recordada recientemente en la CSJ SL5504-2019 que dijo: <\/p>\n
Esta Sala de la Corte en diversos pronunciamientos ha fijado el correcto entendimiento del literal a) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que la c\u00f3nyuge o la compa\u00f1era permanente, seg\u00fan el caso, tienen que demostrar la convivencia con el fallecido, no menos de 2 a\u00f1os continuos con anterioridad a su muerte, \u201csalvo que haya procreado uno o m\u00e1s hijos\u201d, durante ese preciso lapso; quiere ello decir que no es necesario demostrar la convivencia, si dentro de los 2 a\u00f1os anteriores al fallecimiento se procrearon hijos, incluido el p\u00f3stumo, pero en manera alguna, los nacidos en cualquier \u00e9poca. En sentencia de 10 de marzo de 2006 Rad. 26710 se precis\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] no solamente exige que el grupo familiar exista al momento de la muerte, sino que \u00e9ste haya tenido alguna permanencia o estabilidad en el periodo \u00faltimo de la vida del pensionado fallecido. Es esa la raz\u00f3n por la cual se exigen m\u00ednimo dos a\u00f1os continuos de convivencia con anterioridad a la muerte del pensionado, y por lo tanto no podr\u00eda admitirse que la procreaci\u00f3n de un hijo en cualquier tiempo, tuviera la virtualidad de reemplazar o equivaler al tiempo de convivencia. No es indicativa de la mencionada permanencia o estabilidad, la circunstancia de que el hijo se haya procreado diez, veinte o treinta a\u00f1os atr\u00e1s (subraya la Sala)\u00bb. <\/p>\n
Con base en ese derrotero, concluy\u00f3: \u00abSiguiendo la jurisprudencia citada, no le asiste raz\u00f3n a la recurrente al sostener que la procreaci\u00f3n de hijos en cualquier tiempo excluye el requisito de convivencia exigido por la norma, por tanto, tampoco puede predicarse un error del Tribunal en este sentido\u00bb (CSJ SL2748-2022). <\/p>\n
Como puede verse, el iudex plural despej\u00f3 cada uno de los reparos expuestos por el casacionista con apego a la normatividad y el \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb que gobierna el asunto, con argumentos razonables, suficientes y plausibles para descalificarlos. <\/p>\n
3.- Por consiguiente, para la Corte no emerge vicio alguno de las resoluciones reprochadas que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la querellante, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los argumentos \u00abf\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC1836-2023 y STC3637-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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