STC4120-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4120-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00553-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 15 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros del Estado S.A. contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero 2022102201-030-000 (2022-2167). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica accionante, actuando por conducto de su representante legal para asuntos judiciales, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, presunci\u00f3n de inocencia y aplicaci\u00f3n debida del ius puniendi\u00bb. <\/p>\n
2. Del libelo inicial, sus anexos y dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, Luz Mary Romero formul\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor contra Seguros del Estado S. A. buscando el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n por la muerte de C\u00e9sar Mauricio Gelvez Tapias y los gastos funerarios, en aplicaci\u00f3n de la p\u00f3liza SOAT14712500001100. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, el pasado 8 de febrero la autoridad jurisdiccional profiri\u00f3 fallo estimatorio1, contra el cual la aseguradora interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue rechazado por tratarse de un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda y, por tanto, tramitado en \u00fanica instancia. <\/p>\n
3. Seguros del Estado acudi\u00f3 a este instrumento supralegal pues considera que la sentencia adolece de defectos f\u00e1ctico, sustantivo y org\u00e1nico. <\/p>\n
Frente al primero, asegur\u00f3 que la autoridad querellada valor\u00f3 incorrectamente el material probatorio que daba cuenta que el deceso de Gelvez Tapias no fue consecuencia de un accidente de tr\u00e1nsito, sino por causas naturales. <\/p>\n
Por su parte, en cuanto al defecto material, sostuvo que el juzgador inaplic\u00f3 los art\u00edculos 1081 del C\u00f3digo de Comercio; 2.6.1.4.2.11 y 2.6.1.4.3. del Decreto 780 de 2016 y 2\u00ba de la Ley 769 de 2002, al tiempo que le dio un alcance que no ten\u00eda al canon 58 de la Ley 1480 de 2011 y desconoci\u00f3 el precedente constitucional contenido en la sentencia C-561 de 2015 lo cual, a su vez, condujo a la incursi\u00f3n en el defecto org\u00e1nico pues \u00abno ten\u00eda competencia para imponer la sanci\u00f3n de multa\u00bb al \u00abno ser juez sino autoridad administrativa [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, de forma principal, remover los efectos de la providencia fustigada para que, en su lugar, \u00abse profiera una ajustada al debido proceso, al acceso real y efectivo a la jurisdicci\u00f3n, a la igualdad y, adem\u00e1s, a la tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente deprec\u00f3 declarar \u00absin efectos la sanci\u00f3n que la Delegatura\u2026 impuso a Seguros del Estado S.A.\u00bb y que en aplicaci\u00f3n \u00abdel principio iura novit curia\u2026 se adopten las decisiones\u2026 que se considere pertinentes y procedentes, en orden a restaurar los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia Financiera pidi\u00f3 no acceder al resguardo \u00abcomo quiera que en el caso particular no se avizora amenaza o vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del accionante\u00bb pues la decisi\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al asunto concreto, al tiempo que tuvo como fundamento las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas en el tr\u00e1mite procesal; adem\u00e1s porque lo pretendido por la sociedad gestora es \u00abreabrir el objeto del litigio que ya fue resuelto mediante sentencia, irradiada por el efecto de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
2. Luz Mary Romero, vinculada al presente asunto por el inter\u00e9s que le asiste al ser la demandante en el asunto que origin\u00f3 la queja, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la salvaguarda \u00abdado que la Delegatura\u2026 obro conforme la norma, la constituci\u00f3n y las leyes aplicables al interior del proceso\u2026 realizando una correcta valoraci\u00f3n probatoria y garantizando el acceso a la justicia, el debido proceso, la igualdad y el acceso real y efectivo a la jurisdicci\u00f3n de la accionante Seguros del Estado S.A.\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concluy\u00f3 que \u00ablas argumentaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en que se sustent\u00f3\u2026 no chocan frontalmente con las previsiones que al respecto contempla el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb y que \u00ablo que en \u00faltimas se presenta es una discusi\u00f3n\u2026 entre dos criterios razonables pol\u00e9mica que\u2026 el juez de tutela no es el llamado a dirimir, a manera de juez natural ad quem\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad quejosa reproduciendo los planteamientos del libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad accionada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de Seguros del Estado, dentro del proceso 2022102201-030-000 (2022-2167), al acceder a las pretensiones de la demanda conden\u00e1ndola a sufragar las sumas derivadas de la p\u00f3liza SOAT14712500001100 e imponerle la multa consagrada en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Revisados los planteamientos de la compa\u00f1\u00eda impugnante de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando la gestora atribuye a la autoridad jurisdiccional cognoscente la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico, material y org\u00e1nico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consistieron tales yerros, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por el juez competente, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n de la querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la providencia objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre la quejosa y la autoridad jurisdiccional. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado dada la improcedencia de lo pretendido por la demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente al funcionario de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conden\u00f3 a Seguros del Estado a indemnizar a la demandante con la suma de $5.678.288, m\u00e1s los intereses establecidos en el Decreto 780 de 2016 generados a partir del 6 de septiembre de 2021 y hasta que se verifique el pago, e impuso el equivalente a 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a t\u00edtulo de multa de conformidad con los art\u00edculos 58 y 61 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
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