STC4124-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4124-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2023-00080-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 11 de abril de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel C\u00e1ceres Jauregui contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, propiedad, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso de la sucesi\u00f3n del causante Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n (rad. n.\u00ba 2021-00130), el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n el 21 de abril de 2022, en la que se incluy\u00f3, entre otros bienes, un automotor \u2013bus de servicio p\u00fablico de placas SMI-608 de Villa del Rosario, previamente cautelado1\u2013, sobre el cual el de cujus detentaba el 50% del derecho de propiedad y, Manuel C\u00e1ceres Jauregui, el restante porcentaje, pero el estrado no observ\u00f3 esa precisi\u00f3n y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la providencia sobre la totalidad del veh\u00edculo. <\/p>\n
2.2. Y, aunque esta informaci\u00f3n era de conocimiento del apoderado de los herederos determinados del fallecido y en el proceso obra el certificado de libertad y tradici\u00f3n de dicho bien, el cognoscente no se percat\u00f3 de la situaci\u00f3n en la adjudicaci\u00f3n, desconociendo la cotitularidad del censor2, as\u00ed como la vigencia y el contenido de los documentos p\u00fablicos recaudados. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, el gestor se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de haber adelantado alg\u00fan acertamiento previo con el abogado3, para informarse sobre el estado de ese proceso \u2013ya que no fue vinculado\u2013, este result\u00f3 infructuoso; y, con posterioridad, por intermedio del secuestre y \u00abcon maniobras enga\u00f1osas\u00bb, el mencionado jurista \u00abhizo que le entregara el veh\u00edculo con la tarjeta de propiedad, aduciendo que iba a reparar el motor que se encuentra averiado, hecho que sucedi\u00f3 el pasado 6 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.4. Luego de lo cual, el 8 de marzo de 2023, el citado mandatario envi\u00f3 a la empresa Extrarr\u00e1pido Los Motilones S.A. \u2013donde se encuentra matriculado el bus\u2013 copia de la decisi\u00f3n del despacho de familia, \u00abexigi\u00e9ndole al gerente el paz y salvo, reiterando v\u00eda telef\u00f3nica que mi mandante no ten\u00eda ning\u00fan derecho\u00bb, raz\u00f3n por la cual el aqu\u00ed inconforme acudi\u00f3 a la oficina de tr\u00e1nsito respectiva y solicit\u00f3 la impresi\u00f3n actualizada del RUNT, donde a\u00fan figura como propietario inscrito desde el 14 de abril de 2021. <\/p>\n
2.5. Con todo, el tutelante cuestion\u00f3 que, a pesar de las anotadas irregularidades, el estrado no cumpliera \u00absu deber de verificar la vigencia y el contenido de estos documentos p\u00fablicos, impartiendo aprobaci\u00f3n al proceso (sic) de partici\u00f3n, desconociendo err\u00f3neamente la titularidad que tiene mi mandante sobre el veh\u00edculo\u00bb, en tanto que \u00abel registro de la copropiedad [del accionante] es anterior a la apertura del proceso de sucesi\u00f3n del causante Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n, que ocurri\u00f3 el 20 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abdecretar la nulidad de la sentencia de fecha 21 de abril de 2022 y proceder conforme a lo preceptuado en el numeral 5 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de ORDENAR que se REHAGA el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes pertenecientes a la masa sucesoral para su aprobaci\u00f3n, excluyendo de esta sucesi\u00f3n los derechos de dominio que tiene el se\u00f1or Manuel C\u00e1ceres Jauregui, sobre el cincuenta por ciento (50%) del veh\u00edculo automotor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho accionado relat\u00f3 las actuaciones del proceso, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso a la prosperidad del petitum, en tanto que \u00ablas actuaciones de la suscrita Juez, han sido conforme lo dispone la Ley en este asunto y no se ha violado ning\u00fan derecho al accionante, quien no fue parte del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de Paula Andrea y Andr\u00e9s Felipe Jaimes Rico, herederos del causante, manifest\u00f3 que \u00abpor comentarios de su padre tuvieron conocimiento que ten\u00eda un socio llamado Antonio Tamayo que tambi\u00e9n puede ser Antonio Lizcano, quien era due\u00f1o del 50% del bus, del veh\u00edculo mas no del cupo. x Tambi\u00e9n les comunic\u00f3 su padre que el conductor del bus y administrador era, Manuel C\u00e1ceres Jauregui y est\u00e1n plenamente convencidos, en raz\u00f3n a que su padre no les comunic\u00f3, que hubiese hecho negocio alguno del bus con Manuel C\u00e1ceres Jauregui, ni tuvieron conocimiento del contrato de compraventa que esgrime y para efectos de proteger una presunta propiedad sobre el bus\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, expuso que \u00abno es cierto, que como apoderado de los herederos requer\u00ed al se\u00f1or Manuel Caceres Jauregui, para que presentara documentos y proceder a la elaboraci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos. Para integrar la masa herencial, se solicit\u00f3 a los herederos todos y cada uno de los documentos con los cuales se acreditara la propiedad de los bienes que deb\u00edan ser adjudicados en este proceso liquidatorio y jam\u00e1s al accionante, debo manifestar que ni lo distingu\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse mantienen serias dudas por cuanto sin pagar completamente el capital de los ochenta millones acordados y siendo destinados cincuenta millones de pesos para pagar una prenda, el se\u00f1or Manuel C\u00e1ceres Jauregui, haya efectuado todos estos tramites de el (sic) hist\u00f3rico de propietarios, luego de la muerte del se\u00f1or Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n 14\/04\/2021, estando en desarrollo el proceso de sucesi\u00f3n y no acudi\u00f3 al juzgado, ya que hab\u00eda que hacer el traspaso a los herederos, llenando requisitos, como aportando paz y salvos de impuestos, comparendos, multas, registro civil de defunci\u00f3n del Causante, copia de el (sic) trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, la sentencia con la constancia de ejecutoria, el pago de este tr\u00e1mite entre otros\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que, \u00absi bien tal como aleg\u00f3 el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad, en efecto el aqu\u00ed accionante se\u00f1or Manuel C\u00e1ceres Jauregui, no ostenta la calidad de parte en el juicio sucesoral adelantado por los se\u00f1ores Paula Daniela, Andr\u00e9s Felipe y Mar\u00eda Camila Jaimes Rico, pues como expuso el mismo actor constitucional carece de la calidad de heredero, acreedor o subrogatorio de alg\u00fan derecho herencial, no se puede perder de vista que de una revisi\u00f3n minuciosa del plenario allegado por el despacho accionado en calidad de pr\u00e9stamo, echa de menos esta Sala que ante dicho estrado judicial se hubiese surtido alguna actuaci\u00f3n si quiera sumaria como tercero interesado en el asunto, a efectos de que se adecuaran las circunstancias de adjudicaci\u00f3n y particip\u00f3 de bienes, circunstancia que de entrada har\u00eda nugatorio el amparo constitucional deprecado\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n recrimin\u00f3 que \u00abera deber del hoy accionante poner de presente ante la juez de instancia su calidad de comunero del bien objeto de adjudicaci\u00f3n, haciendo incluso uso de figuras como el de levantamiento de la medida de embargo que mediante Resoluci\u00f3n 2136 del 2021 del 8 de octubre del 2021 se hab\u00eda inscrito sobre el veh\u00edculo automotor de placas SMI-608, pues lo cierto es que conforme obra en certificado de tradici\u00f3n del veh\u00edculo automotor l\u00edneas atr\u00e1s referido, dicho bien s\u00ed es de su propiedad conforme registro efectuado desde el 14\/04\/2021\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del censor recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00abmi mandante no se hizo presente en el proceso, a realizar cualquier tipo de manifestaci\u00f3n sobre su derecho de dominio del cincuenta por ciento (50%) del veh\u00edculo automotor plenamente identificado, objeto del proceso, ni tampoco realiz\u00f3 (sic) alg\u00fan derecho defensa sobre el mismo, ya que no tuvo conocimiento alguno de tal proceso sucesorio\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, sostuvo que \u00ablos herederos y el Dr. Jaime Humberto Rinc\u00f3n C\u00e1rdenas, su abogado representante, quienes s\u00ed ten\u00edan pleno conocimiento de las relaciones comerciales existente entre mi mandante y el causante se\u00f1or Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n, por lo que el hecho de NO llamar a mi representado al proceso de sucesi\u00f3n, no solo vulner\u00f3 su derecho a la defensa, al debido proceso, sino tambi\u00e9n vulnera su derecho a la propiedad, al desconocer el derecho de dominio que tiene sobre el bien mueble sometido a registro (\u2026), y que se encuentra acreditado con el contrato de compraventa del 50% del veh\u00edculo (\u2026), acto que adem\u00e1s, se encuentra debidamente registrado en el Hist\u00f3rico de Propietarios del RUNT\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de sucesi\u00f3n del causante Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n (rad. n.\u00ba 2021-00130), por cuanto, al expedir la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, no habr\u00eda tenido en cuenta el derecho de propiedad que le asiste al aqu\u00ed actor en un 50%, respecto del veh\u00edculo de placas SMI-608 de Villa del Rosario, aun cuando en el expediente obra prueba de dicha calidad. <\/p>\n
2. De la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para su viabilidad, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, la Sala precisa que, aun cuando en el sub-lite podr\u00eda advertirse la inobservancia del criterio de subsidiariedad, por cuanto el libelista no ejerci\u00f3 algunos de los medios de defensa a su alcance, proponiendo, v. gr., el incidente de levantamiento de medidas cautelares cuando estas quedaron inscritas en el RUNT \u2013a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n n.\u00ba 2136 de 9 de octubre de 2021\u2013; y, en todo caso, la pretensi\u00f3n de dejar sin efectos la providencia que puso fin al proceso podr\u00eda ser expuesta eventualmente a trav\u00e9s de la rescisi\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n4; lo cierto es que, dadas las especiales circunstancias del caso, la exigencia irrestricta de esas gestiones se tornar\u00eda desproporcionada, en atenci\u00f3n a la gravedad de las omisiones evidenciadas en este asunto y la posible consumaci\u00f3n del perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.2. Por lo anterior, una vez flexibilizado el mentado presupuesto y revisadas las diligencias, la Corte se\u00f1ala que habr\u00e1 de revocarse la decisi\u00f3n desestimatoria de primer grado, para, en su lugar, conceder el resguardo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano que el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta ha trasgredido las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso que le asisten al tutelante, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, con prove\u00eddo de 20 de mayo de 2021, se declar\u00f3 abierta la sucesi\u00f3n y se decretaron las cautelas de embargo y secuestro, entre otros, del veh\u00edculo tipo bus de placas SMI-608, oficiando para el efecto a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito de Villa del Rosario. Seguidamente, la gerente de Extrarr\u00e1pido Los Motilones, empresa a la cual se encuentra vinculado el automotor, alleg\u00f3 documento de 17 de junio, en el que tom\u00f3 nota de las medidas e inform\u00f3 que Manuel C\u00e1ceres Jauregui tambi\u00e9n figura como propietario, para lo cual anex\u00f3 el contrato de compraventa. <\/p>\n
Luego de varias actuaciones, con auto de 10 de agosto siguiente, el juzgado destac\u00f3 la informaci\u00f3n aportada por la empresa sobre la titularidad del bus, raz\u00f3n por la cual requiri\u00f3 las certificaciones sobre la inscripci\u00f3n de la medida de embargo de los veh\u00edculos relacionados en la demanda, para proseguir con el secuestro. Con escrito de 8 de octubre de ese a\u00f1o, el Departamento Administrativo de Tr\u00e1nsito y Transporte de Villa del Rosario expuso que, con la mentada resoluci\u00f3n n.\u00ba 2136, se inscribi\u00f3 en el RUNT esa novedad. <\/p>\n
Y, en memorial ulterior, el apoderado de los herederos reconocidos en la causa tambi\u00e9n adujo que \u00abel cincuenta por ciento (50%) es de propiedad del Causante Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n, y por consiguiente ese cincuenta por ciento corresponde al activo de la masa sucesoral. Debo informar que desde la muerte del se\u00f1or Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n, quien actualmente administra el bus en su totalidad como lo es el se\u00f1or Manuel C\u00e1ceres, no ha rendido cuentas sobre las utilidades que reporta el automotor como de los gastos de mantenimiento\u00bb. Como anexo, se aport\u00f3 nuevamente el RUNT. <\/p>\n
Con posterioridad, se cit\u00f3 para el 10 de febrero de 2022 la audiencia de inventarios y aval\u00faos, motivo por el cual el referido mandatario judicial de los herederos relacion\u00f3 en su informe, en la segunda partida, el derecho de propiedad del fallecido sobre el veh\u00edculo de placas SMI-608, sin hacer ninguna salvedad sobre el porcentaje que deb\u00eda integrar el activo de la sucesi\u00f3n y sin mencionar al aqu\u00ed accionante, sobre quien ya hab\u00eda demostrado tener conocimiento de su participaci\u00f3n en la titularidad del ese bien sujeto a registro. <\/p>\n
En ese orden, despu\u00e9s de surtida la diligencia, con sentencia de 21 de abril de esa calenda, la autoridad judicial aprob\u00f3 \u00aben todas y cada una de sus partes\u00bb el trabajo de partici\u00f3n, ordenando la inscripci\u00f3n del fallo en el historial de los automotores enunciados, incluyendo el bus SMI-608 de servicio p\u00fablico, sin percatarse de la propiedad de Manuel C\u00e1ceres en un 50%, pese a que, como se vio, no solo el apoderado de los hijos del difunto sab\u00eda de la situaci\u00f3n del aqu\u00ed reclamante \u2013contrario a lo afirmado en la contestaci\u00f3n de esta tutela\u2013, sino que, adem\u00e1s, en oportunidad el estrado fue advertido de esa novedad, lo cual debi\u00f3 haber sido constatado con la documentaci\u00f3n obrante en el expediente. <\/p>\n
Pese a lo anterior, en la providencia recriminada se dej\u00f3 de lado esa importante verificaci\u00f3n, sin que se tomaran los correctivos del caso, de cara a garantizar los derechos de quien no fue vinculado al proceso, pero cuya existencia y calidad de propietario del bus se conocieron en el curso de esa sucesi\u00f3n. Con esa actuaci\u00f3n, se soslay\u00f3 por completo que el mentado veh\u00edculo es un bien sujeto a registro, cuya titularidad debe ser verificada en la forma prevista en la Ley 769 de 20025, con especial atenci\u00f3n en la inscripci\u00f3n que se efect\u00fae ante el organismo de tr\u00e1nsito correspondiente; lo que adem\u00e1s no fue de dif\u00edcil o imposible conocimiento, teniendo en cuenta que los intervinientes allegaron la documentaci\u00f3n respectiva, sin que, ante la eventual inconsistencia, se hiciera la corroboraci\u00f3n debida. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se infirmar\u00e1 la providencia del tribunal a quo y, en su lugar, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada por el peticionario, por cuanto el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta, al dictar sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, omiti\u00f3 su deber de verificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en ese asunto y de las implicaciones de las determinaciones all\u00ed proferidas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de abril de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, como a quo constitucional. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Manuel C\u00e1ceres Jauregui. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia de 21 de abril de 2022, dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta en el curso de la sucesi\u00f3n rad. n.\u00ba 2021-00130, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que dependan de ella; para, en su lugar, ORDENAR a dicho estrado judicial que reanude las diligencias a su cargo, haciendo las verificaciones pertinentes, de tal forma que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, defina nuevamente el asunto, con estricta observancia en las consideraciones expuestas y en los medios de convicci\u00f3n obrantes en esa foliatura. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Embargado desde el 2021, medida que se materializ\u00f3 mediante resoluci\u00f3n n.\u00ba 2136 de 8 de octubre de esa calenda, expedida por el Departamento Administrativo de Tr\u00e1nsito y Transporte de la \u00faltima ciudad. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, refiri\u00f3 que adquiri\u00f3 el 50% del derecho de propiedad del automotor, en virtud de un contrato de compraventa suscrito con el fallecido Gonzalo Jaimes Cervele\u00f3n el 9 de noviembre de 2020, en el que se acord\u00f3 el pago de $80.000.000, titularidad que se inscribi\u00f3 en el Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito el 14 de abril de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, relat\u00f3 que: \u00abmi mandante me manifiesta haberse hecho presente en la oficina de este profesional del derecho y al tener en sus manos la Tarjeta de Propiedad del veh\u00edculo, le dijo que a nombre de \u00e9l no aparece en la tarjeta de propiedad, que quien aparece es Gonzalo Jaimes Cerveleon y otro. \u00bfQue c\u00f3mo sab\u00eda \u00e9l que ese otro era Manuel Caceres Jauregui?, que ante esta manifestaci\u00f3n lo increp\u00f3 y le manifest\u00f3 que ese otro era \u00e9l, porque as\u00ed figuraba en el RUNT (…). En una actitud muy grosera y no propia de un profesional del derecho y creyendo que mi mandante era analfabeta, quiso aprovecharse de tal condici\u00f3n, manifest\u00e1ndole que esos documentos eran falsos\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Posibilidad que ha sido aceptada por esta Corporaci\u00f3n, entre otras, en la providencia CSJ STC2356-2015, 5 mar. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 47: \u00abLa tradici\u00f3n del dominio de los veh\u00edculos automotores requerir\u00e1, adem\u00e1s de su entrega material, su inscripci\u00f3n en el organismo de tr\u00e1nsito correspondiente, quien lo reportar\u00e1 en el Registro Nacional Automotor en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas. La inscripci\u00f3n ante el organismo de tr\u00e1nsito deber\u00e1 hacerse dentro de los sesenta (60) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo. <\/p>\n
Si el derecho de dominio sobre el veh\u00edculo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenaci\u00f3n y la inscripci\u00f3n de la misma en el organismo de tr\u00e1nsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podr\u00e1 solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realizaci\u00f3n de la transacci\u00f3n con anterioridad a la fecha de la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4124-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4124-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2023-00080-01 (Aprobado en Sala de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 11 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}