STC4127-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4127-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01523-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Andrea Fernanda Solano Chavarro contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio verbal de restituci\u00f3n de inmueble n\u00b0. 2018-00012. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, quien act\u00faa en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abdefensa\u2026debido proceso\u2026 y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Dijo que la Comercializadora De La Espriella & C\u00eda. S. en C. promovi\u00f3 en su contra proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, amparada en la causal de \u00abpago extempor\u00e1neo [sic]\u00bb, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y que, una vez notificada de la admisi\u00f3n del asunto por conducto de apoderado, \u00abaleg\u00f3 excepciones de m\u00e9rito de pago, falta de causa y derecho para pedir, contrato renovado entre otras, toda vez que al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda no hab\u00eda mora, alleg\u00e1ndose prueba del pago\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el tr\u00e1mite prosigui\u00f3 su curso por lo que el juzgado cognoscente cit\u00f3 a las partes para el 7 de diciembre de 2021 a efectos de adelantar las audiencias consagradas en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, pero que, previo a la llegada de fecha en cuesti\u00f3n, solicit\u00f3 el aplazamiento \u00aben raz\u00f3n a que [su] apoderado\u2026 renunci\u00f3 al poder, y [se] encontraba sin defensa t\u00e9cnica\u00bb, situaci\u00f3n de la que el juzgado ten\u00eda conocimiento en tanto el profesional del derecho \u00abpresent\u00f3 memorial al despacho comunicando la renuncia\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de la petici\u00f3n de aplazamiento, la c\u00e9lula judicial adelant\u00f3 la vista p\u00fablica de forma concentrada \u00aby dict\u00f3 sentencia desfavorable a [sus] pretensiones\u2026 sin permitir[le] excusar[se] dentro de los tres d\u00edas que se\u00f1ala el numeral tercero del art\u00edculo 372 del C.G.P. a fin de que sea exonerada de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas derivadas de [su] inasistencia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que frente a la anterior determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n e \u00abincidente de nulidad\u00bb, siendo \u00abrechaza[do]\u00bb el primero \u00abpor no tener segunda instancia el proceso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La petici\u00f3n invalidatoria, agreg\u00f3, fue desestimada con auto de 16 de agosto de 2022 contra el cual, a su turno, formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; la impugnaci\u00f3n horizontal fue resuelta desfavorablemente el 22 de septiembre siguiente, en tanto que el Tribunal Superior de Cartagena inadmiti\u00f3 la alzada el 5 de octubre de aquel a\u00f1o1. <\/p>\n
3. La quejosa acude a este instrumento pues considera que la decisi\u00f3n de no posponer la audiencia llevada a cabo el 7 de diciembre de 2021, donde adem\u00e1s se dict\u00f3 sentencia desfavorable a sus intereses, lesiona sus prerrogativas fundamentales dado que no se tuvo en cuenta que para esa data no contaba con apoderado judicial ante la renuncia del profesional que la representaba, por lo que se \u00abencontra[ba] en circunstancias de debilidad\u00bb que \u00abobliga[ban] al operador de justicia a tomar decisiones en pro de garantizar un efectivo acceso a la administraci\u00f3n judicial y se tornaba indispensable que el juez valorara las condiciones de las partes\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, critic\u00f3 la sind\u00e9resis del estrado convocado aduciendo que no valor\u00f3 correctamente el material probatorio que daba cuenta de la no configuraci\u00f3n de la causal aludida por la empresa demandante para reclamar la restituci\u00f3n del inmueble, al tiempo que \u00abpas\u00f3 por alto la temeridad del demandante\u2026 a pesar de estar al d\u00eda con el canon de arriendo al momento de presentaci\u00f3n de la demanda, caso en el cual era vital escuchar a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
4. Por ello, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos, la sentencia proferida en \u00fanica instancia el d\u00eda siete (07) de diciembre de 2021, as\u00ed como los dem\u00e1s actos procesales derivados de su materializaci\u00f3n y en su lugar proceda a fijar nueva fecha para la audiencia oral concentrada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena dijo que \u00ablas actuaciones que por esta v\u00eda se cuestionan aparecen soportadas en las pruebas oportunamente recaudadas, as\u00ed como en los argumentos razonables y atendibles que en su momento se expusieron\u00bb. Aport\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito de aquella ciudad asegur\u00f3 que no lesion\u00f3 derecho fundamental alguno en tanto que la decisi\u00f3n de no aplazar la diligencia programada el 7 de diciembre de 2021, tuvo como sustento no haber encontrado \u00abconfigurada ninguna de las causales indicadas en el art. 159 y el numeral 3 del art. 372 y ss del C.G.P.\u00bb, al tiempo que advirti\u00f3 que la promotora \u00abse encontrab[a] enterad[a] de la renuncia de su apoderado desde el 25 de noviembre de 2021\u00bb, es decir, cont\u00f3 con \u00abtiempo suficiente para\u2026 designa[r] un nuevo apoderado para su representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, inform\u00f3 que Solano Chavarro solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, pero que tal petici\u00f3n fue desestimada con auto de 16 de agosto de 2022 contra el cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n cuyo resultado desconoce. Pidi\u00f3, en consecuencia, desestimar el ruego por improcedente. <\/p>\n
3. Una funcionaria adscrita a la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Cartagena impetr\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese ente territorial por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que su actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite judicial se limit\u00f3 a auxiliar una comisi\u00f3n conferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y es ajena a las decisiones proferidas por los jueces. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que el resguardo desatiende el presupuesto de la inmediatez pues entre la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia cuestionada y la interposici\u00f3n de la tutela transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable por el precedente jurisprudencial. <\/p>\n
4. El abogado Jamis Galvis Quintero dijo haber representado a la ac\u00e1 gestora al interior del proceso objeto de escrutinio, hasta el 29 de noviembre de 2021, data en la que renunci\u00f3 al poder que le fue conferido; coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo con argumentos similares a los presentados en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales de Andrea Fernanda Solano Chavarro al dictar fallo estimatorio dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido en su contra por la Comercializadora De La Espriella & C\u00eda. S. en C., pese a haber solicitado el aplazamiento de la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento por no contar con apoderado y sin tener en cuenta las pruebas aportadas que daban cuenta de la inexistencia de la causal invocada para solicitar el reintegro del bien. <\/p>\n
2. El requisito de la inmediatez <\/p>\n
2.1. Esta Sala ha sostenido que se desconoce este presupuesto, visto como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. <\/p>\n
Frente a ello, el precedente tiene dicho que: <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
2.2. En este asunto, la queja constitucional recae, esencialmente, sobre la sentencia de 7 de diciembre de 2021 por medio de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n del inmueble a favor de la Comercializadora De La Espriella & C\u00eda. S. en C. <\/p>\n
De manera que, resulta evidente la desatenci\u00f3n del referido presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n, comoquiera que si la tutelante consideraba que dicha determinaci\u00f3n vulneraba sus prerrogativas o constitu\u00edan v\u00eda de hecho, debi\u00f3 acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo dentro del t\u00e9rmino de seis meses se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia constitucional dado que la acci\u00f3n de tutela fue radicada el pasado 17 de abril. <\/p>\n
Ahora bien, dicho criterio no podr\u00eda alterarse aun cuando se estimara que el resguardo tambi\u00e9n deb\u00eda abarcar los autos en que se resolvi\u00f3 la solicitud invalidatoria formulada por la querellante, pues tales providencias datan del 16 de agosto y 22 de septiembre de 2022, esta \u00faltima que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra aquella, el cual era el \u00fanico procedente de cara a la naturaleza del asunto. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha resaltado esta Sala, la verificaci\u00f3n preliminar de la tempestividad del amparo es criterio que debe precisarse a\u00fan m\u00e1s cuando se trata de ataques a decisiones judiciales, postura reiterada de esta Corte que en tal sentido ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, el mentado requisito adquiere relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su an\u00e1lisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, al fallador constitucional le concierne no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio. <\/p>\n
2.3. Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si es viable superarlo o no; sin embargo, en esta ocasi\u00f3n, la quejosa no aleg\u00f3 y menos prob\u00f3, qu\u00e9 situaciones ajenas a su voluntad le impidieron de interponer tempranamente al resguardo. <\/p>\n
En este particular, la Corte Constitucional ha indicado que puede prescindirse de este requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n cuando se presentan circunstancias puntuales que expliquen la inactividad del actor de cara a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n; en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, para la Corte no se advierte la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, como la juridicidad de las decisiones criticadas, examen que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
2.4. Ahora, aunque la gestora podr\u00eda considerar colmado el requisito de la tempestividad por cuanto acudi\u00f3 a diferentes instrumentos defensivos contra las decisiones adversas a sus intereses, como el recurso de apelaci\u00f3n contra la desestimaci\u00f3n de la solicitud invalidatoria o los de reposici\u00f3n y s\u00faplica respecto del auto que inadmiti\u00f3 aquella alzada, es menester se\u00f1alar que ha sido consistente la Sala en el sentido de precisar que, peticiones e incidentes promovidos con posterioridad a la decisi\u00f3n que concretamente se ataca v\u00eda tutela o la interposici\u00f3n de recursos inadmisibles o evidentemente superfluos, no alteran necesariamente el an\u00e1lisis sobre la \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque el plazo y el despliegue de la acci\u00f3n se mira respecto del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico del que primariamente se demanda la aparente infracci\u00f3n, sin que sea de recibo extender su entorno a escenarios ulteriores provocados por la interposici\u00f3n de solicitudes o medios de refutaci\u00f3n improcedentes, pues en tales eventos, el criterio de la temporalidad se desdibujar\u00eda en la medida en que siempre ser\u00eda posible que el disconforme interpele las determinaciones con la presentaci\u00f3n de memoriales orientados a recabar en la problem\u00e1tica, con miras a reactivar actuaciones agotadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en casos similares en los que se intent\u00f3 obviar el requisito enunciado insistiendo con solicitudes insulares posteriores, que redundaban finalmente en el mismo prop\u00f3sito o con la interposici\u00f3n de remedios procesales impertinentes o inoportunos, esta Corporaci\u00f3n expuso \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida [\u2026] sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio\u00bb (CSJ, STC 27 may. 2011, rad. 00096-01; reiterada en STC11067-2015). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez respecto de la sentencia sobre la que recay\u00f3 la queja; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese a las partes lo aqu\u00ed resuelto y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asimismo, present\u00f3 reposici\u00f3n y s\u00faplica; la primera fue rechazada por improcedente el 20 de octubre de 2022 y la segunda declarada infundada el 8 de noviembre siguiente. <\/p>\n
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