STC4132-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4132-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01537-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Elsa Mercedes Est\u00e9vez Rueda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero Civil del Circuito, Segundo y Cincuenta y Dos Civiles Municipales, todos de esta capital; as\u00ed como los intervinientes en el juicio radicado n\u00ba 2022-00210. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por el Banco BBVA Colombia contra Leonardo Sen\u00e9n Fragoso Barrios \u2013 radicado 2022-00210 \u2013 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 la entrega de los dos inmuebles en cuesti\u00f3n \u2013 dos apartamentos ubicados en el edificio \u00abModulor\u00bb, de los cuales, la aqu\u00ed accionante alega ser poseedora. <\/p>\n
Para materializar la entrega, fue comisionado el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de esta ciudad que, el 18 de enero de 2023 dio inicio a la respectiva diligencia, la cual fue suspendida por considerar necesario oficiar a la administraci\u00f3n de la copropiedad para que allegara los planos de los estacionamientos; sin embargo, en memoriales radicados el 25 y 26 de enero, la aqu\u00ed actora present\u00f3 oposici\u00f3n, aduciendo que adquiri\u00f3 los bienes mediante contrato de compraventa suscrito con el demandado Leonardo Sen\u00e9n Fragoso el 26 febrero de 2021. <\/p>\n
El 16 de febrero de 2023 el despacho comisionado rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n dado que no fue presentada el d\u00eda del adelantamiento de la diligencia y porque la opositora s\u00ed ten\u00eda conocimiento del contrato de leasing que el convocado firm\u00f3 con la entidad financiera demandante. <\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n la interesada formul\u00f3 apelaci\u00f3n alegando que, no se decret\u00f3 ni practic\u00f3 ninguna prueba de las solicitadas en los memoriales contentivos de la oposici\u00f3n, porque no estaba en firme una sentencia de tutela relacionada con el asunto y porque consideraba que no era aplicable lo previsto en el numeral 4 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que hab\u00eda sido el juzgado comisionado \u00abel que dividi\u00f3 la audiencia\u00bb. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 28 de marzo de 2023 se pronunci\u00f3 frente a la alzada confirmando en todas sus partes la determinaci\u00f3n del a quo, esto es, el rechazo de la oposici\u00f3n planteada. <\/p>\n
Dado el contexto anterior, la precursora acude a esta acci\u00f3n cuestionando que, el auto rese\u00f1ado, esto es, el proferido el 28 de marzo pasado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00absolamente apareci\u00f3 notificado el 17 de abril de 2023 cuando pude bajarlo del micrositio [\u2026] tampoco me fue enviada [la providencia] al correo electr\u00f3nico de la suscrita elsatoedo@hotmail.com\u00bb. <\/p>\n
Afirma que, la p\u00e1gina \u00abentre el 1\u00ba de marzo de 2023 a la fecha ha tenido la anotaci\u00f3n \u201cinactivo\u201d [\u2026] por lo cual no permite consultar nada de las providencias notificadas y por esta raz\u00f3n no fue dispuesta con la normalidad exigida para la providencia del 28 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, critica que aqu\u00e9l pronunciamiento fue suscrito \u00fanicamente por dos magistrados del mencionado tribunal, en virtud de la renuncia de una de los integrantes y pese a que se indic\u00f3 que, conforme al art\u00edculo 54 de la ley 270 exist\u00eda consenso de la mayor\u00eda, considera que se est\u00e1 \u00abdesconociendo que el recurso de la segunda instancia de una providencia tan importante de ordenar la entrega de dos inmuebles, existiendo un tr\u00e1mite de pertenencia [radicado 2023-000149] en conocimiento del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogot\u00e1 [y] que por causa legal de separaci\u00f3n del cargo se debe completar el n\u00famero de miembros a trav\u00e9s de conjueces, como lo indica el inciso derogado por el literal c) art\u00edculo 626 de la ley 1564 de 2012 (sic)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sostiene que se estar\u00eda invadiendo la competencia del juez civil al que le correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite de pertenencia que inco\u00f3, por tanto, el juzgado comisionado \u00abno puede sustituirlo violentando con la entrega del derecho que me ampara\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al tribunal accionado hacer \u00abla publicaci\u00f3n en legal forma del auto de 28 de marzo de 2023 (\u2026) en subsidio, solicito devolver el despacho comisorio de entrega de inmuebles, con la novedad realmente presentada del proceso de pertenencia a cargo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogot\u00e1, rad. 2023-000149\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil Municipal de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, le correspondi\u00f3 por reparto tramitar la demanda de pertenencia promovida por la aqu\u00ed accionante Elsa Mercedes Est\u00e9vez contra el Banco BBVA Colombia, con radicado 2023-000149, la misma que fue inadmitida el 14 de abril pasado, mientras que el memorial de subsanaci\u00f3n fue allegado el 18 de abril, \u00abel cual ser\u00e1 objeto de pronunciamiento por parte del despacho una vez el proceso sea ingresado al despacho\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cincuenta y Dos Civil Municipal de esta capital, relacion\u00f3 las actuaciones que ha adelantado con ocasi\u00f3n de la comisi\u00f3n librada por el Primero Civil del Circuito para la entrega de los dos predios cuya restituci\u00f3n se orden\u00f3. <\/p>\n
Cont\u00f3 que la ac\u00e1 actora ha impetrado distintos recursos, oposiciones y elevado peticiones contra la diligencia de entrega, empero, en dos ocasiones manifest\u00f3 que voluntariamente desocupar\u00eda los inmuebles, pero pidi\u00f3 un t\u00e9rmino prudencial para ello, por lo tanto, y considerando que la entidad demandante acept\u00f3 la propuesta, fij\u00f3 el 3 de mayo de 2023 para continuar con la diligencia, \u00aben caso de incumplimiento de lo acordado\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 que se deniegue el amparo ya que lo que se pretende es convertirlo en una instancia adicional \u00abpara examinar de fondo las decisiones adoptadas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del comisorio adelantado por el Juzgado 52 Civil Municipal al estar en desacuerdo con ellas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura accionada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la quejosa por, (i) no notificar en debida forma el auto del 28 de marzo de 2023 que confirm\u00f3 el rechazo de la oposici\u00f3n formulada contra la diligencia de entrega (ordenada en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado rad. 2022-00210); (ii) porque dicha decisi\u00f3n fue suscrita \u00fanicamente por dos magistrados, omitiendo nombrar conjuez para completar la sala ante la renuncia de uno de sus miembros; y, (iii) por permitir que se adelante la diligencia pese a estar cursando respecto de los bienes proceso pertenencia (rad. 2023-000149) que conoce el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Al analizar el asunto que centra la atenci\u00f3n de la Sala, se estima que la protecci\u00f3n invocada no est\u00e1 llamada a prosperar por cuanto no se encuentra acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n del derecho fundamental que se se\u00f1ala por parte de la accionante como desconocido por la corporaci\u00f3n demandada de acuerdo a lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, como se indic\u00f3, una de las quejas de Elsa Mercedes Est\u00e9vez Rueda se centra en el hecho de que, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, no fue enterada en debida forma del auto de 28 de marzo de 2023 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 porque, solo hasta el 17 de abril de 2023 pudo acceder a los estados y descargar la providencia, sumado a que no le fue enviada la misma a su correo electr\u00f3nico, omisiones que considera, vulneran su debido proceso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho cuestionamiento, es preciso resaltar que ninguna irregularidad se advierte en el proceder de la colegiatura accionada comoquiera que, al margen del reparo planteado por la tutelante en torno a la notificaci\u00f3n, en el portal electr\u00f3nico de la Rama Judicial1 se observa efectivamente, como lo indic\u00f3 el funcionario acusado al intervenir en la presente demanda tutelar, en los estados n\u00ba E-55 del 29 de marzo de 2023 fue publicada la actuaci\u00f3n referida con el respectivo enlace virtual para descargarla y conocer su contenido. <\/p>\n
Ahora bien, por tratarse de una providencia emitida en segunda instancia, contra la cual no es posible interponer recurso alguno, su inclusi\u00f3n en el aludido aplicativo \u2013 en formato digital \u2013 garantiza su publicidad, torn\u00e1ndose as\u00ed carente de relevancia constitucional la presente censura, de all\u00ed que el resguardo devenga improcedente. <\/p>\n
De otro lado, la notificaci\u00f3n por estado, que para el caso efectivamente se cumpli\u00f3 respecto de dicho prove\u00eddo conforme se acredit\u00f3, no implica para el operador judicial la obligaci\u00f3n de remitir v\u00eda correo electr\u00f3nico la decisi\u00f3n que se informa, aspecto que, esta Sala hab\u00eda explicitado en pronunciamiento de tutela precedente que abord\u00f3 la tem\u00e1tica y que es viable reiterar; all\u00ed, al referirse al entendimiento del art\u00edculo 9\u00ba del decreto 806 transitorio, se sostuvo, <\/p>\n
\u00abN\u00f3tese, que la normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado, y adicionalmente, deber\u00e1 incluirse all\u00ed la resoluci\u00f3n susceptible de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb. Esto \u00faltimo, marca la diferencia con la misma figura instituida en el art\u00edculo 295 del C.G.P., pues bajo esta \u00faltima codificaci\u00f3n, no es necesario que el prove\u00eddo que se pretenda dar a conocer est\u00e9 anexado. <\/p>\n
Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u00bb (STC5158-2020). <\/p>\n
De manera que, el proceder de la corporaci\u00f3n tutelada se ajust\u00f3 plenamente a lo indicado en la preceptiva aplicable, cumpliendo con la notificaci\u00f3n por estado de la decisi\u00f3n, sin que le fuere exigible otro tipo de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Critica tambi\u00e9n la actora que la mencionada providencia haya sido suscrita \u00fanicamente por dos magistrados, pues, en virtud de la renuncia de una de las funcionarias que conformaba la Sala de Decisi\u00f3n, debi\u00f3 completarse la misma con la designaci\u00f3n de un conjuez, seg\u00fan aduce, como lo prev\u00e9 \u00abel inciso derogado por el literal c), art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012, \u201cCuando quiera que el n\u00famero de los Magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusaci\u00f3n o por causal legal de separaci\u00f3n del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad m\u00ednima prevista en el primer inciso, para completar \u00e9sta se acudir\u00e1 a la designaci\u00f3n de conjueces (sic)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, para la Sala, tal circunstancia por s\u00ed sola no tiene la virtualidad de invalidar la decisi\u00f3n adoptada, sobre todo si existi\u00f3 consenso entre los dos signatarios de la misma; de suerte que, claramente se trata de una reclamaci\u00f3n infundada y que igualmente carece de relevancia constitucional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema, la Sala expuso que: \u00abDe otra parte, en lo ata\u00f1adero a la falencia atribuida por el censor a la sentencia del Tribunal accionado por haber sido adoptada en Sala dual y no impar, baste decir que dicho t\u00f3pico carece de relevancia constitucional, por cuanto si ello llegara a constituir irregularidad, este mecanismo excepcional no se erige en v\u00eda id\u00f3nea para subsanarla, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n fue tomada por la mayor\u00eda de los miembros de la sala accionada\u00bb (STC 29 may. 2009, rad, 00788-00). <\/p>\n
3.3. Finalmente, en relaci\u00f3n con los reproches dirigidos contra la diligencia de entrega de los inmuebles cuya restituci\u00f3n se persigui\u00f3 en el proceso n\u00ba 2022-00210, y sobre los que alega la actora le asisten derechos como poseedora, es menester resaltar que, en consonancia con la postura reiterada en estos casos por la Corte, no cabe acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, ya que la actuaci\u00f3n recriminada, como se advirti\u00f3, tiene sustento jur\u00eddico en providencia proferida al interior del juicio de restituci\u00f3n de tenencia, es decir, en una determinaci\u00f3n v\u00e1lidamente dictada en el curso del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. (STC 28 oct. 2009, rad. T-1496-01, citada en STC 29 ago. 2012, rad. 01295-01, reiterada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00). <\/p>\n
En otro pronunciamiento, cuando se invoca el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable con ocasi\u00f3n del adelantamiento de ese tipo de procedimientos, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [l]a Sala ha indicado sobre el punto que \u201cen principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d. (STC 29 nov. 2006, rad. 00079-01, citada en STC638-2017, 26 ene., rad. 2017-00023-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a este punto tampoco se colige vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, m\u00e1xime cuando, la accionante, como tercera interviniente en el tr\u00e1mite referido, cont\u00f3 con la posibilidad jur\u00eddica de oponerse a la entrega y tener pronunciamiento oportuno de la judicatura frente sus alegatos. <\/p>\n
3.4. Y, en cuanto a la supuesta falta de competencia del juzgado comisionado para adelantar la diligencia, por estar cursando proceso de pertenencia que la aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 (en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogot\u00e1, pendiente de admisi\u00f3n), se trata de un aspecto que deber\u00e1 poner de presente en el escenario procesal correspondiente antes de acudir al amparo, lo cual no acredit\u00f3 haber hecho la accionante, todo lo cual deriva en la inviabilidad de dicha reclamaci\u00f3n dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna este instrumento excepcional. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, y al no apreciarse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, se desestimar\u00e1 la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se advierte configuraci\u00f3n de irregularidad alguna o de un proceder atentatorio del debido proceso por la forma en que la colegiatura accionada surti\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto de 28 de marzo de 2023, ni porque dicho prove\u00eddo estuviera suscrito \u00fanicamente por dos magistrados de la Sala Decisi\u00f3n del tribunal accionado; y, as\u00ed mismo, porque la diligencia de entrega de inmueble, ordenada por providencia judicial ejecutoriada, no constituye una actuaci\u00f3n vulneradora de derechos fundamentales, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/2233156\/140451734\/E55+MARZO+29+DE+2023.pdf\/ca85bd75-bb20-42c4-a816-e209f86496ca <\/p>\n
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