STC4135-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4135-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01517-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en nombre del extinto INCORA) contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los juicios objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa, \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, igualdad y \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales accionadas en los asuntos recriminados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, declarar \u00abcontrarias al ordenamiento constitucional\u00bb y dejar \u00absin validez [ni] efectos\u00bb las decisiones adoptadas por el Juzgado acusado el 9 de diciembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2018, as\u00ed como las emitidas por el Tribunal convocado el 11 de abril y el 16 de marzo de 2023. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En cuanto al proceso ejecutivo que instaur\u00f3 el extinto INCORA contra Humberto Antonio Pineda Soto (rad. 2003-00707): <\/p>\n
2.1.1. El 21 de junio de 2013 se puso fin al asunto, por desistimiento t\u00e1cito; el 18 de noviembre de 2016 el actor deprec\u00f3 el decreto de algunas cautelas; el d\u00eda 22 siguiente alleg\u00f3 una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; el 18 de diciembre de 2018 pidi\u00f3 resolver sus solicitudes pendientes; y el 25 de febrero de 2019 ados\u00f3 un nuevo poder. <\/p>\n
2.1.2. El 9 de diciembre de 2019 el Juzgado acusado resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a esas peticiones, por estar terminado el juicio; el 23 de marzo de 2023 mantuvo esa decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta subsidiariamente; y el 11 de abril \u00faltimo el Tribunal declar\u00f3 inadmisible dicha alzada. <\/p>\n
2.2. Respecto al juicio ejecutivo que el extinto INCORA entabl\u00f3 contra Isidro Perdomo Oliveros (rad. 1989-00414): <\/p>\n
2.2.1. El 16 de mayo de 1990 se libr\u00f3 mandamiento de pago; el 27 de noviembre de 1991 se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n; el 21 de junio de 2013 se decret\u00f3 su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito; y el 2 de abril de 2014 se declar\u00f3 la ilegalidad de esa \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.2. El 12 de agosto de 2015 el Juzgado encartado se abstuvo de decretar algunas cautelas pedidas por el ejecutante y corri\u00f3 traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por \u00e9ste; y el 8 de febrero de 2016 reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva al nuevo apoderado del actor y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.2.3. El 18 de noviembre de 2016 el acreedor volvi\u00f3 a deprecar algunas cautelas; el d\u00eda 22 siguiente aport\u00f3 otras petici\u00f3n de medidas cautelares y liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; el 13 de julio de 2017 solicit\u00f3 dar tr\u00e1mite a tales memoriales; y el 5 de marzo de 2018 se alleg\u00f3 renuncia al poder por su apoderado judicial. <\/p>\n
2.2.4. El 6 de noviembre de 2018 el a-quo acusado declar\u00f3 terminado el asunto, por desistimiento t\u00e1cito; decisi\u00f3n que, el pasado 16 de marzo, confirm\u00f3 el Tribunal encausado. <\/p>\n
2.3. El actor critic\u00f3 que los juzgadores accionados ten\u00edan \u00abla obligaci\u00f3n de esperar a que concurrieran los 30 d\u00edas otorgados para que el demandante atendiera la solicitud de previo desistimiento t\u00e1cito (sic), tal como se hizo por parte de los apoderados que han actuado al interior de los procesos\u00bb; y que se le causaba \u00abun gran perjuicio\u2026, pues, los dineros que aqu\u00ed se ejecutan pertenecen al tesoro p\u00fablico de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, respecto al asunto con rad. 2003-00707, que el Juzgado a-quo no verific\u00f3 que con auto de 2 de abril de 2014 decret\u00f3 la ilegalidad del emitido el 21 de junio de 2013 (mediante el cual puso fin al proceso por desistimiento t\u00e1cito), aunado a que, posteriormente, con prove\u00eddo del 8 de febrero de 2016, le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a su nueva apoderada e imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Resalt\u00f3, en cuanto al juicio con rad. 1989-00414, que los falladores \u00absolo tuvieron en cuenta el memorial radicado el 5 de marzo de 2018, consistente en la renuncia de poder\u2026, sin\u2026 detenerse a verificar que en el proceso se hab\u00edan presentado tres solicitudes m\u00e1s, \u2026los d\u00edas 18 y 22 de noviembre de 2017 (sic) y 13 de julio de 2017\u2026[,] que interrumpen el t[\u00e9]rmino de los dos [a\u00f1os] que establece el art. 317 del CGP, para dar aplicaci\u00f3n a la figura del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico se opuso \u00aba las pretensiones y circunstancias f\u00e1cticas emitidas por el accionante[,] dado que las mismas obedecen a su criterio personal y aislado de la[s] normas\u2026 que se valoraron\u2026 conforme a los criterios seguidos por la Jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como a la doctrina nacional imperante\u2026, y no\u2026 bajo una \u00f3ptica sesgada y apartada de la objetividad\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso la salvaguarda para restablecer los derechos esenciales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada, entre muchas otras, en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
Por ese rumbo, se itera, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia parcial del resguardo deprecado, comoquiera que las decisiones adoptadas en el asunto identificado con el radicado 2003-00707 se muestran razonables, mas no, as\u00ed, las tomadas en el juicio adelantado bajo el consecutivo 1989-00414, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. En cuanto al primer juicio fustigado, esto es, el impulsado por el INCORA contra Humberto Antonio Pineda Soto (rad. 2003-00707), se observa que las sedes judiciales acusadas explicaron con suficiencia los motivos para no acceder a la solicitud de impulso procesal interpuesta por el quejoso y declarar inadmisible la alzada que le concedi\u00f3 el a-quo. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, teniendo en cuenta que, acorde con las piezas que reposan en esa actuaci\u00f3n, se hallaba en firme el prove\u00eddo emitido el 21 de junio de 2013, mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, al dictar el prove\u00eddo de 9 de diciembre de 2019, para no acceder a la petici\u00f3n de impulso procesal del reclamante, el Juzgado encausado claramente se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Ser\u00eda del caso proceder a dar cumplimiento a lo solicitado por la apoderada de la parte demandante, pero se observa que dicha solicitud es improcedente[,] toda vez\u2026 [que el] auto fechado\u2026 (21) de julio (sic) de\u2026 (2013)\u2026[,] donde el Juzgado declar[\u00f3] el desistimiento t\u00e1cito\u2026[,] qued[\u00f3] en firme\u2026, raz\u00f3n por la cual, se deniega lo solicitado, por sustracci\u00f3n de materia, por cuanto ning\u00fan pronunciamiento cabe realizar de cara a la solicitud de dar tr\u00e1mite, luego[,] ello sencillamente quiere decir, que el ejecutivo se encuentra archivado y por consiguiente cualquier actuaci\u00f3n posterior resulta completamente ineficaz. <\/p>\n
3.1.2. Decisi\u00f3n que el 23 de marzo \u00faltimo mantuvo ese estrado judicial, a la vez que concedi\u00f3 el subsidiario recurso de apelaci\u00f3n que propuso el actor. <\/p>\n
En dicho prove\u00eddo, para desechar la alegaci\u00f3n del inconforme -tambi\u00e9n tra\u00edda en este reclamo constitucional-, en torno a que con pronunciamiento del a\u00f1o 2014 la misma sede judicial dej\u00f3 sin efecto el mentado auto del 21 de julio de 2013, el a-quo consign\u00f3 que, \u00abrevisado el proceso escritural[,] no se observan los autos mencionados en el escrito de solicitud del recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb; y a\u00f1adi\u00f3 que en \u00abalgunos de los procesos ejecutivos que datan de 1998, 1999, 2000[,] impetrados por el demandante INCORA- si se le dictaron los mencionados autos, pero este proceso en especial no[,] por tal raz\u00f3n[,] no se reponen (sic) la decisi\u00f3n de\u2026 9 de diciembre de 2019\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
3.1.3. Finalmente, el pasado 11 de abril el Tribunal convocado declar\u00f3 inadmisible la alzada concedida por el a-quo frente a su auto de 9 de diciembre de 2019, al concluir que \u00e9ste no era susceptible de tal remedio. Lo que as\u00ed razon\u00f3: <\/p>\n
1.- Para que sea procedente la admisi\u00f3n y posterior estudio del recurso de apelaci\u00f3n deben converger, entre otros requisitos, los siguientes: a) que se encuentre legitimado el recurrente para interponerlo; b) que la resoluci\u00f3n ocasione un agravio al apelante; c) que la providencia apelada sea susceptible de ser atacada por ese medio de impugnaci\u00f3n, y d) que el recurso se formule en la debida oportunidad procesal. <\/p>\n
2.- En el caso sub-judice, advierte la Sala, que, la providencia objeto de alzada no es susceptible de apelaci\u00f3n, como que trat\u00e1ndose de este recurso impera la taxatividad, es decir, que s\u00f3lo es viable frente a providencias, autos o sentencias, que el legislador ha predeterminado. En este orden de ideas, preciso resulta advertir por parte del Tribunal, que, son apelables los autos enlistados de manera general por\u2026 el art\u00edculo 321 del C.G, del P., y aquellas decisiones expresamente se\u00f1aladas en norma especial. <\/p>\n
3.- En el presente asunto, por tratarse de una decisi\u00f3n que niega el impulso procesal por las razones que all\u00ed hubo de precisarse, ha de colegir la Sala, que, la providencia objeto de apelaci\u00f3n no es susceptible de ser atacada por este medio de impugnaci\u00f3n, por no aparecer enlistada en la disposici\u00f3n general sobre providencias apelables, ni expresamente en norma especial que regule la materia. <\/p>\n
3.1.4. As\u00ed las cosas, se halla que las referidas decisiones no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Juzgado y el Tribunal enjuiciados, partiendo de la firmeza del auto de 21 de junio de 2013 (por medio del cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del juicio), acorde con las piezas que reposaban en el expediente, acertadamente y en su orden, resolvieron no acceder a su petici\u00f3n de impulso procesal y declarar inadmisible la alzada que propuso frente a esa negativa. <\/p>\n
Por ello, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3.1.5. En adici\u00f3n, es de destacar que tal razonabilidad parte del hecho de que en el expediente del juicio fustigado, seg\u00fan lo sostenido por las sedes judiciales acusadas y constatado por esta Corporaci\u00f3n al inspeccionar la copia digital que de aqu\u00e9l allegaron a este tr\u00e1mite, no reposa ning\u00fan auto en el que el 2 de abril de 2014 se declarara la ilegalidad del emitido el 21 de junio de 2013; sin embargo, si el actor persiste en que all\u00ed s\u00ed se dict\u00f3 esa decisi\u00f3n y tiene forma de acreditarlo ante el fallador natural, otra es la v\u00eda que debe agotar, deprecando la reconstrucci\u00f3n parcial respectiva, acorde con el precepto 126 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que el juzgador constitucional pueda anticiparse a los pronunciamientos que, de primera mano, corresponden a aqu\u00e9l (ver, entre muchas otras, CSJ STC16092-2016, 4 nov., rad. 2016-00552-01). <\/p>\n
3.2.1. En efecto, en la providencia del pasado 16 de marzo (sobre la cual recae este an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva la tem\u00e1tica propuesta), tras exponer algunas generalidades respecto a la figura del desistimiento t\u00e1cito, el Tribunal criticado consign\u00f3 que confirmar\u00eda la decisi\u00f3n del a-quo porque: <\/p>\n
a).- Se aduce que el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 317 del C.G. del P., se interrumpe con cualquier actuaci\u00f3n de oficio o a petici\u00f3n de parte y que con la renuncia al poder allegada el 05 de marzo de 2018 se interrumpi\u00f3 y que pese a ello, el juzgado profiri\u00f3 la decisi\u00f3n censurada el 06 de noviembre de 2018. <\/p>\n
Para dar respuesta a dicho planteamiento, hay que se\u00f1alar que la actuaci\u00f3n que sirve para interrumpir el t\u00e9rmino previsto para el desistimiento t\u00e1cito debe ser aquella que le de impulso real al proceso y que lo lleve efectivamente hacia la obtenci\u00f3n del pago, en trat\u00e1ndose del proceso ejecutivo, no es pues una simple solicitud que no conduce a nada como lo es ciertamente, una renuncia al poder. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico la Sala Civil de la Corte ha puntualizado que: \u201cEn suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)\u201d. <\/p>\n
\u201cSi se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada\u201d.1 Lo anterior est\u00e1 indicando, que la solicitud de renuncia del poder no se erige en instrumento v\u00e1lido para interrumpir el t\u00e9rmino para el decreto del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
b).- Tampoco puede endilgarse violaci\u00f3n al debido proceso, porque es con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 317 de la obra procesal civil que nos rige, que se ha dado aplicaci\u00f3n a la figura del desistimiento t\u00e1cito, no se han coartado los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de la parte demandante ni se ha soslayado el procedimiento. Al contrario, la parte ejecutante ha contado con todas las garant\u00edas y oportunidades que la ley ofrece para obtener el pago de la cantidad de dinero insoluta y se ha mostrado negligente de cara a los requerimientos que el juzgado ha efectuado. <\/p>\n
c).- Y no se diga que dicha figura no es aplicable a los entes del Estado, porque\u2026 si bien en un comienzo se regulaba la prohibici\u00f3n de aplicar ese fen\u00f3meno a los entes territoriales y dem\u00e1s entidades del Estado, al entrar a regir el C\u00f3digo General del Proceso, tal prohibici\u00f3n desapareci\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico, consagr\u00e1ndose como un precepto general sin que all\u00ed se establezcan diferencias, ni preferencias. <\/p>\n
d).- Se estima entonces, que, la decisi\u00f3n de primera instancia deber\u00e1 mantenerse, al haberse demostrado que la inercia procesal es atribuible a la parte ejecutante y que dicha inactividad ha permanecido por m\u00e1s de dos a\u00f1os, tal y como lo dedujo el fallador de primer grado con el conteo de t\u00e9rminos referenciado; de ah\u00ed, que se imponga sin otros comentarios sobre el particular, la confirmaci\u00f3n integral del auto objeto de impugnaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3.2.2. En este orden de ideas, evidente es que el Tribunal atacado desconoci\u00f3 lo decidido por esta Colegiatura en casos an\u00e1logos, en los que se ha encontrado acertado negar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito a pesar de haber transcurrido los plazos que contempla el referido numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que no puede contabilizarse tal t\u00e9rmino de manera objetiva, sino que deben analizarse las circunstancias concretas de cada caso. <\/p>\n
As\u00ed pues, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el citado prove\u00eddo de 29 de enero no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado, explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable terminar el juicio atacado por desistimiento t\u00e1cito, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
Contempla el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que en el evento en que un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. <\/p>\n
No obstante, cuando el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante [como sucede en este caso] o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto en el numeral precitado ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
Descendiendo al asunto bajo estudio, de entrada se advierte que la determinaci\u00f3n fustigada se confirmar\u00e1, por las razones que pasar\u00e1n a exponerse. <\/p>\n
El desistimiento t\u00e1cito tiene como finalidad penalizar la incuria o desidia de los actores cuando descuidan el tr\u00e1mite de sus procesos o no cumplen con las cargas impuestas por el despacho, cuando ello resulta necesario para continuar el rito, toda vez que ese abandono o desobediencia repercute ostensiblemente en la congesti\u00f3n de los despachos judiciales e impide finiquitar las actuaciones a su cargo. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201cel desistimiento t\u00e1cito, adem\u00e1s de ser entendido como una sanci\u00f3n procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administraci\u00f3n de justicia diligente, c\u00e9lere, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (ii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes conf\u00edan al Estado la soluci\u00f3n de sus conflictos\u201d\u2026 <\/p>\n
Por ende, entre las hip\u00f3tesis que consagr\u00f3 el legislador para terminar los procesos bajo esta figura jur\u00eddica, se encuentra la inactividad superior a dos (2) a\u00f1os en procesos que cuenten con sentencia, misma que, por obvias razones, debe imputarse directamente a las partes, mas no al despacho de conocimiento. <\/p>\n
De las copias allegadas se observa que, antes de que la parte demandada elevara la solicitud de terminaci\u00f3n en el mes de noviembre de 2019, la \u00faltima actuaci\u00f3n que se profiri\u00f3 correspond\u00eda al auto del 23 de octubre de 2017 [notificado el d\u00eda 24 siguiente], lo que, en principio, supera el bienio aludido en precedencia; sin embargo, basta con analizar su contenido para entender la raz\u00f3n que esgrime el a-quo para mantener vigente este proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese que en dicha providencia, el despacho le indic\u00f3 al apoderado de la parte actora que su solicitud de se\u00f1alar fecha y hora para practicar la diligencia de remate sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria, se resolver\u00eda una vez se conociera la decisi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que cursaba [para ese momento] en la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por lo anterior, si bien es cierto, el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 358 del C.G.P. contempla que el recurso de revisi\u00f3n no suspende el cumplimiento de la sentencia impugnada, no lo es menos que a pesar de que el motivo por el que el a-aquo se neg\u00f3 a continuar con curso del proceso tampoco lo contempla el art\u00edculo 161 ibidem, como causal de suspensi\u00f3n, la par\u00e1lisis del proceso por un per\u00edodo superior a dos (2) a\u00f1os, en este caso es atribuible directamente al despacho de conocimiento, no a la parte demandante. <\/p>\n
Incluso, resulta evidente que cualquier petici\u00f3n en similar sentido que hubiera promovido dicha parte con posterioridad al mes de octubre de 2017, se habr\u00eda desatado de forma semejante, lo que refuerza la impotencia de ese extremo procesal para continuar presentando solicitudes enfiladas al objetivo de que se rematara el inmueble. <\/p>\n
Finalmente, frente al argumento expuesto por el recurrente, atinente a que esta es la segunda vez en que se eleva la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, basta se\u00f1alar que aunque se hab\u00eda accedido favorablemente a la solicitud en prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2017, con ocasi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que interpuso la parte actora se revers\u00f3 la decisi\u00f3n el 23 de octubre de la misma anualidad, b\u00e1sicamente con la misma explicaci\u00f3n en que sustent\u00f3 el auto impugnado. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, no sobra anotar que revisado el diligenciamiento se observa que mediante auto del 12 de diciembre de 2019, el a-quo dispuso obedecer y cumplir lo resuelto en la sentencia proferida dentro del recurso de revisi\u00f3n No. 11001-02-03-000-2014-00691-00, el cual se declar\u00f3 infundado, y al parecer se encuentra pendiente el pronunciamiento respecto de la petici\u00f3n de remate que el mismo juzgado dej\u00f3 en suspenso <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 la norma que regula el desistimiento t\u00e1cito y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos all\u00ed consagrados para acceder a la terminaci\u00f3n que deprecaron los ejecutados, comoquiera que la par\u00e1lisis a la que se vio sometido el proceso no era imputable a la parte actora, sino al despacho judicial de conocimiento (CSJ STC1646-2021, reiterado en STC4720-2022). <\/p>\n
En el mismo sentido, en providencia del 6 de abril de 2022 (CSJ STC4282-2022), en un asunto con tem\u00e1tica similar a la aqu\u00ed tratada, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, se hall\u00f3 razonable la no terminaci\u00f3n del proceso fustigado, por desistimiento t\u00e1cito, al advertir que estaba pendiente de definici\u00f3n lo referente a un memorial\/poder allegado por la parte ejecutante. Al respecto, all\u00ed se consign\u00f3: <\/p>\n
De entrada, se advierte que, en el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Juzgado del Circuito convocado, en auto de 9 de febrero de 2022, que confirm\u00f3 el dictado el 21 de mayo anterior por el despacho\u2026 Municipal\u2026, explic\u00f3 los motivos por los cuales no era procedente decretar el desistimiento t\u00e1cito en el juicio ejecutivo\u2026 incoado\u2026 contra los accionantes, respecto de lo cual, luego de citar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consign\u00f3: <\/p>\n
De lo expuesto, pronto se advierte el fracaso de la alzada, por cuanto esta juzgadora no evidenci\u00f3 ning\u00fan yerro que sea susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, por el contrario, la decisi\u00f3n adoptada por la juez de primer grado se encuentra ajustada a derecho por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
Tal como se ha dicho, la aplicaci\u00f3n de la consecuencia procesal del desistimiento t\u00e1cito obedece, entre otros aspectos, al descuido o abandono de la parte interesada, en este caso, por un lapso superior a los dos a\u00f1os desde su \u00faltima actuaci\u00f3n, no se trata de un premio para la parte demandada sino que se trata de una terminaci\u00f3n anormal porque quien est\u00e1 llamado a impulsar el litigio no lo hace ya sea por desidia o mero descuido. <\/p>\n
En el caso de autos, t\u00e9ngase en cuenta que\u2026 obra un mandato arrimado por la parte demandante, de modo que, la siguiente actividad a seguir se encontraba a cargo del despacho, es decir, proferir la providencia que reconoce o no personer\u00eda al apoderado. Ciertamente dicho acto no impulsa el proceso; sin embargo, s\u00ed se trata de una solicitud de parte que merece ser resuelta en los t\u00e9rminos de la ley de enjuiciamiento civil, luego, requiere un pronunciamiento por parte del despacho puesto que ese requerimiento que se realiz\u00f3 a instancia de parte no ha culminado, ya que termina en el momento que en el juez emite su decisi\u00f3n, lo cual no hab\u00eda ocurrido en este proceso. <\/p>\n
De manera que, mal har\u00eda el despacho en contabilizar el t\u00e9rmino fatal cuando el juzgado no ha realizado ning\u00fan pronunciamiento frente a la \u00faltima petici\u00f3n que se le present\u00f3, hacerlo, ser\u00eda permitir que las partes radicaran sus solicitudes y el juez competente haga caso omiso solo a la espera de que opere el desistimiento de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente existi\u00f3 una mora considerable para resolver lo pertinente, pero, no puede imput\u00e1rsele a la parte cuando dicha actuaci\u00f3n le correspond\u00eda al despacho. Adem\u00e1s, acertadamente el censor refiere que no cualquier actuaci\u00f3n cuenta con la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito; sin embargo, en el caso que nos ocupa no se trata de que el poder haya interrumpido el t\u00e9rmino, sino que la inacci\u00f3n del juzgado en dejar pendiente puntos por resolver que requer\u00edan su pronunciamiento impidi\u00f3 la contabilizaci\u00f3n del lapso. <\/p>\n
Criterio que ha sido acogido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien al referirse a la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 317 del C.G.P., indic\u00f3 que \u201c(\u2026) lo que sanciona el desistimiento t\u00e1cito es el descuido de las partes, porque cuando la paralizaci\u00f3n es imputable a la administraci\u00f3n de justicia, porque el impulso procesal le corresponde al juez o al secretario, mal podr\u00eda sancionarse a la parte por la mora u omisi\u00f3n que no le es atribuible; ni puede exig\u00edrsele que requiera mediante memoriales a los despachos cumplir su deber. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, si es que era del caso enrostrar alguna irregularidad que presentaba el proceso al estar pendiente por resolver frente al mandato, bien pudo cualquiera de las partes solicitar su resoluci\u00f3n, puesto que el impulso del proceso no recae exclusivamente en cabeza de la parte demandante, ni del juez, sino que cualquiera de los extremos procesales est\u00e1 facultado para hacerlo. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Al amparo de las anteriores reflexiones, resulta sencillo concluir que, dado que estaba pendiente por resolver una solicitud presentada al interior del proceso, mal podr\u00eda sancionarse a la parte por la mora u omisi\u00f3n que no le es atribuible, luego, lo propio era denegar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, tal como se hizo, por lo que, sin m\u00e1s consideraciones se confirmar\u00e1 la providencia recurrida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los quejosos, en s\u00edntesis, es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, as\u00ed como las normas y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que acertada fue la decisi\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, pues no era procedente decretar el desistimiento t\u00e1cito del juicio ejecutivo censurado, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que, la actividad siguiente en el juicio estaba a cargo del despacho y no de la parte, relievando que, si bien la resoluci\u00f3n de un reconocimiento de personer\u00eda no contempla un impulso procesal, lo cierto es que tal petici\u00f3n merece una resoluci\u00f3n por parte del estrado judicial, de ah\u00ed que la mora judicial en dicha determinaci\u00f3n, no puede ser una consecuencia para la parte (se destac\u00f3). <\/p>\n
3.2.3. Por tanto, el ad-quem criticado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a-quo de dar por terminado el proceso objeto de reproche constitucional (ejecutivo incoado por el INCORA contra Isidro Perdomo Oliveros -rad. 1989-00414-), habida cuenta que desconoci\u00f3 que, en realidad, ese juicio permanec\u00eda inactivo por causa atribuible al juzgado de conocimiento, teniendo en cuenta, no solamente la renuncia al poder presentada por la apoderada del extremo actor el 5 de marzo de 2018 -la que, en todo caso, requer\u00eda pronunciamiento del juzgador y su ausencia imped\u00eda descontar el t\u00e9rmino para la configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito-, sino las peticiones de medidas cautelares, liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito e, incluso, de impulso procesal que el acreedor radic\u00f3 entre el 18 de noviembre de 2016 y el 13 de julio de 2017. <\/p>\n
4. En consecuencia, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n, con alcance parcial, exclusivamente frente al juicio con rad. 1989-00414, ordenando al Tribunal accionado que, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que dict\u00f3 el 16 de marzo de 2023 (mediante el cual confirm\u00f3 el proferido por el a-quo el 6 de noviembre de 2018), junto con todas las actuaciones que de \u00e9l dependan, adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes; en lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el amparo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia que, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto con radicado 18592-31-89-001-1989-00414, tras dejar sin efecto el auto que all\u00ed emiti\u00f3 el pasado 16 de marzo (con el que confirm\u00f3 el proferido por el a-quo el 6 de noviembre de 2018), junto con todas las actuaciones que de \u00e9l dependan, emita una nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por el ejecutante, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente referido a espacio, a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se deniega la protecci\u00f3n rogada, por las consideraciones consignadas en la parte motiva de este veredicto. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, en caso de no impugnarse esta decisi\u00f3n, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 10 mar. 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4135-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4135-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01517-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 el Ministerio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}