STC4141-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4141-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2023-00060-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de marzo de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Cilia Mar\u00eda Azc\u00e1rate Sanclemente contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, la Sociedad Promotora AIKI S.A.S, Bancolombia S.A., y Adolfo Le\u00f3n Vargas Guzm\u00e1n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2022-00051-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, y vivienda digna, supuestamente conculcadas por el estrado acusado en desarrollo del ejecutivo n\u00ba 2021-00051-00.<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que Bancolombia S.A., promovi\u00f3 ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali el aludido juicio contra la Promotora AIKI S.A.S., y otros. <\/p>\n
Aduce, que respecto de esos bienes celebr\u00f3 promesa de compraventa con la Sociedad Promotora AIKI S.A.S y pag\u00f3 el 100% del precio pactado; precisa que \u00e9stos le fueron entregados el 6 de noviembre de 2020, no obstante, asegura que dicha compa\u00f1\u00eda ha dilatado el proceso de escrituraci\u00f3n. <\/p>\n
Reprocha, que el 9 de diciembre de 2022 la autoridad convocada dispuso una cautela sobre los predios que son de su propiedad, desconociendo que ella no tiene ninguna obligaci\u00f3n pendiente de pago con la demandante en ese recaudo, por lo que considera que debe dejarse sin efecto esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta, que es \u00abadulta mayor\u00bb y que invirti\u00f3 en ese proyecto de vivienda todos sus ahorros, por lo que considera que de materializarse las cautelas ordenadas se le causar\u00eda un \u00abperjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se disponga (i) el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre el apartamento identificado con matr\u00edcula n\u00ba 370-978570; (ii) \u00abORDENAR el desglose de \uf05bsu\uf05d vivienda que se encuentra localizada en la Carrera 21 F 2 A-30, Proyecto Urban\u00edstico Mirador de Farallones Etapa 1 \u2013 Apartamento 502 Torre A Etapa I subetapa I, identificada con la Matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-978570, del proceso en que ha sido incluida\u00bb; y (iii) \u00abORDENAR la entrega del Oficio que levante las medidas cautelares que pesan sobre \uf05bsu\uf05d vivienda y se ordene la escrituraci\u00f3n para que de esta manera no vuelva a ser vinculada a proceso jur\u00eddico alguno en contra de los demandados SOCIEDAD PROMOTORA AIKI, ACCION FIDUCIARIA, ADOLFO LE\u00d3N VARGAS GUZM\u00c1N Y OTROS\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el litigio que origina el reclamo constitucional, destac\u00f3 que \u00abmediante providencia del 9 de diciembre de 2022 se decret\u00f3 el secuestro de los bienes inmuebles objeto de la hipoteca ejecutada y que hacen parte del PROYECTO URBAN\u00cdSTICAO MIRADOR DE FARALLONES ETAPA 1M\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los hechos descritos por la tutelante manifiesta que estos no han sido objeto de debate en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo arguyendo que el actuar del juzgado convocado no vulnera las garant\u00edas que reclama la promotora. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 accionante reiterando los argumentos aducidos en el escrito inicial, agreg\u00f3 que el tribunal a quo no le dio ning\u00fan valor a las pruebas que aport\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n establecer, inicialmente, si la memorialista est\u00e1 facultada para cuestionar a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional las determinaciones adoptadas en el recaudo n\u00ba 2022-00051-00 que adelanta Bancolombia S.A., contra la compa\u00f1\u00eda Promotora AIKI S.A.S., y otros, y, de superarse lo anterior, analizar si las medidas cautelares dispuestas en ese litigio afectan las prerrogativas de la gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo podr\u00e1 ser ejercido \u00aben todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Analizados los fundamentos que soportan la presente solicitud de amparo, concluye la Sala que es improcedente el auxilio, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
Inicialmente, habr\u00e1 de destacarse que la accionante carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar las decisiones adoptadas en virtud del hipotecario que origina el reclamo constitucional ya que la actuaci\u00f3n desplegada en ese juicio s\u00f3lo ata\u00f1e a las partes all\u00ed involucradas, condici\u00f3n que aquella no detenta, seg\u00fan se extracta de las pruebas recopiladas. <\/p>\n
En un caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se expuso lo siguiente: \u00ab(\u2026) en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su injerencia, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En todo caso, la actora cuenta con la posibilidad de comparecer al tr\u00e1mite y formular oposici\u00f3n frente a la diligencia de secuestro para hacer valer la posesi\u00f3n que dice detentar sobre el inmueble, lo cual refuerza la improcedencia de este mecanismo excepcional, al existir un mecanismo de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la tutela para tratar tem\u00e1ticas respecto de las cuales la parte interesada ha contado y a\u00fan tiene a su disposici\u00f3n medios de defensa cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la constitucional, ha dicho y reiterado que el juez del amparo no puede arrogarse facultades que le compete al ordinario, toda vez que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC1896-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00699-00). <\/p>\n
Con el entendimiento anterior, la salvaguarda tendr\u00eda cabida solo cuando quien la promueve ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece, ya que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros medios de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3.3. Finalmente, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que a\u00fan est\u00e1 disponible, la querellante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). Ac\u00f3tese que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario [pues de lo contrario] no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el sub-j\u00fadice esos elementos determinantes no se acreditaron, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo denegatorio del auxilio, en la medida que la accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las determinaciones proferidas en el proceso n\u00b0 2022-00051-00, aunado a que cuenta con otra v\u00eda y no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las puntuales razones examinadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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