STC4142-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4142-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00354-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de marzo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s Rivero P\u00e9rez contra la Sala Penal Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito, la Fiscal\u00eda Quinta Seccional, todos de esa ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda Regional de Santander y la Polic\u00eda Nacional, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se declare \u00abla nulidad a la condena dentro del proceso\u2026 al haber sido\u2026 condenado con una ausencia de verdadera defensa t\u00e9cnica[,] sin testigos expertos en bal\u00edstica\u2026, oculares sin pruebas de videos, sin estar en flagrancia\u2026\u00bb; se le conceda \u00abla nulidad por omisi\u00f3n de pruebas propuesta contra la sentencia condenatoria\u2026\u00bb; se ordene \u00abdejar[lo] en libertad inmediata\u2026\u00bb; se \u00abmanifiesten de fondo sobre\u2026 la vulneraci\u00f3n cierta de los derechos y garant\u00edas fundamentales en el marco del tr\u00e1mite del proceso penal adelantado en [su] contra\u2026, sobre las obligaciones y condiciones m\u00ednimas que debe satisfacer el tr\u00e1mite procesal sobre el delito de porte ilegal de armas de fuego\u2026, sobre las verdaderas y ciertas obligaciones del estado de garantizar mediante medidas positivas y especiales los derechos y garant\u00edas fundamentales de las personas sujetos de un proceso penal, en especial\u2026 sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb; y se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u00abpara que se investigue y sancione con la suspensi\u00f3n en el ejercicio profesional\u2026 contra la abogada defensora\u2026 como responsable de incurrir en la falta prevista en el art\u00edculo 34, literales a, c, d, de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 25 de agosto de 2016 el Juzgado Once Penal Municipal de Bucaramanga con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas declar\u00f3 contumaz al accionante, se formul\u00f3 imputaci\u00f3n y con fallo de 1\u00ba de septiembre de 2021 el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de esa ciudad lo conden\u00f3 a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n del punible fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, con sentencia de 19 de agosto de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior del mismo lugar la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la Polic\u00eda Nacional no lo encontr\u00f3 portando un arma de fuego ni le inform\u00f3 sobre un delito o captura en flagrancia, sino que lo traslad\u00f3 a la estaci\u00f3n para su identificaci\u00f3n; y que el 25 de agosto de 2016 el Juzgado Once Penal Municipal de Bucaramanga con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas lo declar\u00f3 contumaz y le formul\u00f3 imputaci\u00f3n sin contar con su presencia. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se radic\u00f3 la acusaci\u00f3n violando el art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004; que el proceso sigui\u00f3 con defensor p\u00fablico; y que las comunicaciones fueron enviadas a una direcci\u00f3n incorrecta. <\/p>\n
2.5. Adujo que al momento de individualizar la pena el juez se movi\u00f3 en los cuartos m\u00ednimos, fij\u00e1ndole la pena sin rebaja alguna; y que no estaba en ning\u00fan escenario de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que se le impidi\u00f3 un verdadero ejercicio de defensa t\u00e9cnica y material, en tanto que la abogada designada por la Defensor\u00eda P\u00fablica no solicit\u00f3 pruebas ni contradijo las incorporadas por la Fiscal\u00eda, como tampoco promovi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto en la apreciaci\u00f3n y omisi\u00f3n de pruebas; que no se tuvieron en cuenta los principios de presunci\u00f3n de inocencia e in dubio pro reo; y que se encontraba pagando un delito que no cometi\u00f3. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal Tribunal Superior de Bucaramanga realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
2. El Grupo de Investigaci\u00f3n y Juicio Amenazas y Constre\u00f1imiento de la Fiscal\u00eda Quinta Seccional de esa ciudad efectu\u00f3 una narraci\u00f3n de lo acontecido. <\/p>\n
3. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Inpec refiri\u00f3 que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna ni realizado actuaciones administrativas dentro de la \u00f3rbita de sus atribuciones legales; que deprecaba su desvinculaci\u00f3n, pues no era el competente para la emisi\u00f3n de \u00f3rdenes judiciales. <\/p>\n
4. El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que la direcci\u00f3n que inform\u00f3 el accionante que era la de su residencia estaba incompleta; que la allegada por la Fiscal\u00eda correspond\u00eda a la suministrada en los actos urgentes, lo que supon\u00eda que fue el mismo gestor quien la inform\u00f3; que el juez de control de garant\u00edas para declarar la contumacia deb\u00eda verificar que efectivamente la Fiscal\u00eda hab\u00eda realizado las labores de ubicaci\u00f3n y constatar \u00abque, al domicilio a donde se remitieron fueron recibidas y pese a ello, el encartado no compareci\u00f3\u00bb; que las citaciones fueron recibidas en la direcci\u00f3n de residencia, por Luis Ernesto P\u00e9rez, t\u00edo en l\u00ednea materna del promotor; que el dicho del peticionario carec\u00eda de valor suasorio; que el quejoso pretend\u00eda revivir el debate probatorio en el que fue hallado penalmente responsable; que el petente cont\u00f3 con defensa t\u00e9cnica; que el actor conoc\u00eda de la existencia del proceso y fue su decisi\u00f3n abandonarlo y dejar a la suerte las resultas del mismo; que las aseveraciones del accionante se mostraban contrarias a la realidad procesal; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; y que adjuntaba el proceso criticado. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que se sujetaba a lo que se probara en este tr\u00e1mite; que desconoc\u00eda la actuaci\u00f3n narrada; que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que no se acredit\u00f3 radicaci\u00f3n de petici\u00f3n o queja ante esa autoridad; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. Marcela Toloza Su\u00e1rez, defensora de oficio del accionante, efectu\u00f3 un recuento de las distintas actuaciones y adujo que no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n por considerar que no era procedente, en tanto que no se present\u00f3 una violaci\u00f3n de la ley sustancial, infracci\u00f3n directa, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea; que la sentencia no conten\u00eda decisiones que hicieran m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de su defendido; que actu\u00f3 conforme a lo establecido en la Constituci\u00f3n y en la ley; que efectu\u00f3 la defensa t\u00e9cnica desde que se le asign\u00f3 el asunto, no hubo inactividad ni negligencia; que libr\u00f3 misi\u00f3n de trabajo pero no fue posible establecer la ubicaci\u00f3n del gestor; que fue el promotor que conociendo la existencia del proceso no mostr\u00f3 inter\u00e9s en ejercer de manera activa su defensa y abandon\u00f3 el proceso; que no se conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna; y que esta acci\u00f3n no era el medio id\u00f3neo para pedir la nulidad del fallo. <\/p>\n
7. La Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Santander sostuvo que no hubo transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales del gestor; que la defensora procedi\u00f3 conforme a derecho e hizo lo que estuvo a su alcance para ejercer una defensa t\u00e9cnica adecuada; que reiteraba su compromiso y misi\u00f3n institucional, por lo que estar\u00eda siempre presta al cumplimiento de los derechos humanos de la poblaci\u00f3n vinculada en procesos penales, m\u00e1xime frente a personas privadas de su libertad; y que actuaba conforme a las funciones constitucionales y legales que le correspond\u00edan. <\/p>\n
8. La Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga asever\u00f3 que la tutela se dirig\u00eda frente a procesos administrativos y\/o judiciales de los que no era competente; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
9. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues en el proceso no se hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, con el que pod\u00eda ventilar la problem\u00e1tica que ahora plantea, estando en condiciones de hacerlo, pues desde las audiencias preliminares fue enterado de su vinculaci\u00f3n al proceso penal; que aunque se flexibilizaran los requisitos generales, no advert\u00eda que se hubiese incurrido en defecto procedimental -indebida notificaci\u00f3n-, en tanto que en la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura de 2 de febrero de 2015 ante el estrado de garant\u00edas se le hizo saber que la investigaci\u00f3n continuar\u00eda y que iba a ser llamado para formular imputaci\u00f3n en su contra; que la Fiscal\u00eda libr\u00f3 misi\u00f3n de trabajo y notific\u00f3 al actor de la diligencia a efectuarse, quien no compareci\u00f3, por lo que se solicit\u00f3 la declaratoria de contumacia, la que fue declarada por ese despacho el 25 de agosto de 2016; que la defensa t\u00e9cnica tambi\u00e9n efectu\u00f3 el ejercicio de ubicar al actor sin obtener \u00e9xito alguno; que no observaba irregularidad o vicio que ameritara la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues era evidente que el demandante ten\u00eda conocimiento de la existencia del juicio, fue informado del deber de comparecer y aun as\u00ed se rehus\u00f3 de asistir. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la declaraci\u00f3n de contumacia constitu\u00eda una alternativa procesal que se aviene con los preceptos constitucionales y el funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la que si bien era supletoria, era v\u00e1lida cuando el procesado se rehusaba a comparecer; que la Corte Constitucional consider\u00f3 que dicha figura era ajustada a la Carta Pol\u00edtica siempre que se demostrara que conoc\u00eda del proceso, el defensor contractual injustificadamente no compareciera a la audiencia y se garantizara el derecho de defensa t\u00e9cnica; que el desconocimiento que alegaba el actor era fruto de su voluntad e incumplimiento de las obligaciones que le asist\u00edan como procesado; que la Corte ya hab\u00eda estudiado casos similares; que no se advert\u00eda desproporcional exigirle al promotor que se interesara por la suerte de la causa penal seguida en su contra; y que el peticionario no indic\u00f3 en que forma la intervenci\u00f3n de otro abogado hubiera podido generar una decisi\u00f3n diferente a la obtenida en el juicio, ni expuso las omisiones en que habr\u00eda incurrido la defensora, que a su vez, repercutieron en su condena, quedando ello en un mero enunciado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el recurso de casaci\u00f3n no se interpuso por negligencia y falta de defensa t\u00e9cnica, en tanto que \u00e9l no era abogado y carec\u00eda de conocimiento de la ley; que se desconoci\u00f3 el precedente y no hab\u00eda motivaci\u00f3n; que exist\u00eda prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; y que se deb\u00eda decretar la nulidad de la sentencia condenatoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el peticionario no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, desaprovechando as\u00ed la oportunidad para plantear los reparos por los que ahora se queja. <\/p>\n
Ciertamente, esta acci\u00f3n excepcional no es el mecanismo adecuado para elucidar aspectos como los planteados por el promotor del resguardo, cuando no se agotaron los instrumentos id\u00f3neos para ello, destacando que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas oportunidades para que expongan en el marco del proceso y ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que los mismos puedan ser soslayados so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el quejoso tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de impetrar dicho medio extraordinario y no lo hizo, con lo que desperdici\u00f3 la oportunidad de obtener su revisi\u00f3n ante el \u00f3rgano m\u00e1ximo de la justicia ordinaria y mostr\u00f3 conformidad o desinter\u00e9s frente a la condena impuesta en segunda instancia\u2026 el accionante debi\u00f3 acudir al medio de defensa previsto en la ley penal para cuestionar el veredicto del Tribunal, habida cuenta que\u2026 no es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u2026 Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta improcedente (CSJ STC, 19 ag. 2011, rad. 01590-01; reiterada en STC10865-2014, 14 ag. 2014, rad. 2014-01231-01; y STC5078-2015, 29 abr. 2015, rad. 2015-00280-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, se le recuerda al promotor que al conocer que exist\u00eda un juicio penal en su contra no se pod\u00eda desentender de las actuaciones y etapas procesales que se surt\u00edan en el mismo, m\u00e1s cuando las alegadas anomal\u00edas y negligencia en la que supuestamente incurri\u00f3 su defensa: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, sobre los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, es de advertirse que ello no es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n, puesto que esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018desconocer los mandatos legales no exime a las personas de observarlos, as\u00ed como tampoco los habilita para acudir a este mecanismo excepcional cuando por dicha ignorancia no han hecho uso de las herramientas que el ordenamiento nacional les otorga. \u2018As\u00ed lo establece el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil (\u2026), [que indica] \u2018la ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u2019. \u2018Al punto, se explic\u00f3 que \u2018el argumento o justificaci\u00f3n esgrimido por \u00e9stos para no agotar el citado medio de defensa, no resulta admisible en tanto (\u2026) la ignorancia de la ley no sirve de excusa para revivir oportunidades desperdiciadas por las partes\u2019 (10 de agosto de 2009, exp. 00360-01, reiterado, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2011, exp. 02595-01 y sentencia de 3 de junio de 2012, exp. 00900-01)\u2019 (CSJ STC9118-2015, 23 jul. 2015, rad. 2015-00307-01). <\/p>\n
5. Finalmente, se advierte frente a la solicitud de compulsa de copias, que si el peticionario considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
6. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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