STC4143-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4143-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00260-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 29 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fanny Lozada Gualdr\u00f3n contra el Juzgado Treinta y Dos de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2014-00272. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, cursa la sucesi\u00f3n de sus padres Guillermo Meneses Lozada y Carlota Gualdr\u00f3n Cort\u00e9s, respecto de cuya masa partible refiri\u00f3 que \u00abdesde el 8 de mayo de 2013, mis hermanas Nancy Lozada Gualdr\u00f3n y Dianira Lozada Gualdr\u00f3n (\u2026), tomaron posesi\u00f3n del inmueble junto con sus muebles y enseres (\u2026), y no nos han permitido a las otras tres (3) herederas entrar\u00bb. <\/p>\n
Que el predio fue \u00absecuestrado y entregado a la sociedad Abogados Activos S.A., quien ha solicitado varias veces al juzgado orden de desalojo (\u2026) ante la negativa de mis hermanas de firma un contrato de arrendamiento (\u2026), por efectos de la pandemia no se pudo realizar\u00bb la diligencia de \u00abdesalojo\u00bb, pese a que \u00abinstaur\u00e9 una acci\u00f3n de tutela contra de la Alcald\u00eda Local de Bosa\u00bb, la cual fue desestimada en ambas instancias, enter\u00e1ndose luego que el accionado \u00abhab\u00eda comisionado al Juzgado 30 de Peque\u00f1as Causas, el cual hab\u00eda devuelto el despacho comisorio desde el 18 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al estrado acusado, que \u00abproceda a ordenar a la entidad competente (\u2026) que realice [el] tr\u00e1mite para llevar a cabo la diligencia de desalojo del bien inmueble (\u2026) en un t\u00e9rmino no mayor a 30 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3, en lo pertinente, que el 28 de enero de 2015, el Juzgado Trece de Familia -quien conoc\u00eda del sucesorio-, decret\u00f3 el \u00abembargo\u00bb del inmueble identificado con matr\u00edcula No. 50S-1092794, y tambi\u00e9n \u00abel embargo y secuestro de los bienes [muebles] que [all\u00ed] se encontraran\u00bb. <\/p>\n
Que ya bajo su conocimiento, comision\u00f3 para la diligencia de secuestro de los bienes muebles, la cual \u00abfue practicada por la Inspecci\u00f3n S\u00e9ptima F Distrital de Polic\u00eda el 16 de diciembre de 2016, y se design\u00f3 a la empresa Abogados Activos S.A.S. como secuestre\u00bb, pero que como este inform\u00f3 que \u00ablos moradores del bien no le permit\u00edan ejercer su tenencia\u00bb, el 19 de junio de 2018 se orden\u00f3 la entrega y para ello libr\u00f3 la respectiva comisi\u00f3n. <\/p>\n
Que como la actora ha elevado peticiones \u00aben nombre propio\u00bb, el 17 de marzo de 2023 se le indic\u00f3 \u00abque toda intervenci\u00f3n al interior del presente asunto debe realizarse por conducto de apoderado judicial\u00bb; que \u00abse agreg\u00f3 el despacho comisorio No. 052 del 18 de septiembre de 2018\u00bb, y \u00abrelev\u00f3\u00bb a la empresa que act\u00faa como secuestre, al advertir que \u00abse encuentra excluida de la lista de auxiliares de la justicia\u00bb. Se opuso a lo pretendido, \u00aben tanto se han garantizado los derechos de los intervinientes y las solicitudes presentadas han sido resueltas [conforme a] la normatividad aplicable\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, indic\u00f3 que \u00aben virtud del el Acuerdo No. PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022 (\u2026), el Consejo Superior de la Judicatura crea el Juzgado 090 Civil Municipal de Bogot\u00e1 y termina la medida de asignaci\u00f3n exclusiva de despachos comisorios al Juzgado 030 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1\u00bb, y que en relaci\u00f3n con la comisi\u00f3n proveniente del Juzgado Treinta y Dos de Familia, \u00abrepartido el d\u00eda 13 de enero de 2020 (\u2026), mediante auto del 11 de febrero de 2020, se se\u00f1ala fecha para diligencia de entrega de inmueble el 14 de julio 2020 a las 8:00 a.m.\u00bb. <\/p>\n
Que como no fue posible realizar la referida diligencia en la fecha anteriormente indicada, \u00abse se\u00f1ala nuevamente el d\u00eda 11 de marzo de 2021 a las 09:10 a.m. para cumplir con la comisi\u00f3n conferida, sin embargo, se mostr\u00f3 la falta de inter\u00e9s en realizar la diligencia, y transcurrido un t\u00e9rmino prudencial la parte interesada no alleg\u00f3 justificaci\u00f3n alguna por su inasistencia\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00ab[el] 18 de junio de 2021 orden\u00f3 devoluci\u00f3n del despacho comisorio\u00bb. En suma, que por parte de esa agencia judicial \u00abno se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante [y] solicito se sirva desvincular a este Despacho de la [presente] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que \u00abrevisada la copia escaneada del expediente del proceso\u00bb, sobre los aspectos criticados por la actora en esta ocasi\u00f3n, \u00abno existe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales alegados, pues la falta de materializaci\u00f3n de la entrega no ha sido por una actuaci\u00f3n endilgable a la funcionaria judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante aduciendo que \u00abyo soy parte del proceso, adem\u00e1s la Ley 1755 de 2015, reglament\u00f3 el derecho de petici\u00f3n [y] no orden\u00f3 que este se debe presentar por medio de apoderado\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abenviar copia de las respuestas de las peticiones [por ella realizadas]\u00bb, y reiter\u00f3 su solicitud de que se ordene \u00abla restituci\u00f3n f\u00edsica del bien inmueble (\u2026) a la nueva secuestre [y] la liquidaci\u00f3n de los frutos civiles (c\u00e1nones de arrendamiento)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, porque, supuestamente, no ha otorgado el impulso pertinente al proceso de sucesi\u00f3n n\u00b0 2014-00272. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC2454-2023, 15 mar., rad. 00039-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos del presente reclamo y la informaci\u00f3n allegada por los intervinientes y que se halla adosada al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia, precisando que lo ser\u00e1 porque de cara a la supuesta dilaci\u00f3n procesal injustificada que se le endilga al accionado, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque del informe rendido por la funcionaria cognoscente, corroborado con el respectivo expediente digital (rad. 2014-00272), se establece que al proceso de sucesi\u00f3n doble (testada respecto de la causante Carlota Gualdr\u00f3n e intestada respecto de Guillermo Meneses), se le ha otorgado el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
En efecto, se observa que luego de sortear distintas vicisitudes referidas al juzgador de dicho liquidatorio, pues el hoy querellado -anteriormente denominado Juzgado Noveno de Familia de Descongesti\u00f3n-, asumi\u00f3 su conocimiento en virtud al Acuerdo No. PSAA15-10371 del 31 de agosto de 2015, este actualmente se encuentra en la etapa de partici\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne a las medidas cautelares, la foliatura da cuenta que tanto de los bienes muebles como del predio de propiedad de los causantes, el 16 de diciembre de 2016 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de embargo y secuestro a trav\u00e9s de comisionado. <\/p>\n
No obstante, ante las discrepancias por la administraci\u00f3n del predio, surgidas entre las herederas que habitan el inmueble y las que no lo ocupan, la empresa \u00abAbogados Activos S.A.S.\u00bb que funge como secuestre, solicit\u00f3 su \u00abentrega\u00bb, misma que dispuso el accionado pero cuya materializaci\u00f3n a\u00fan no se ha acreditado, en primer lugar, por las dificultades generadas en raz\u00f3n a la asignaci\u00f3n temporal de competencia a autoridades administrativas y jurisdiccionales comisionadas, y en segundo lugar, porque la precitada secuestre, fue \u00abexcluida\u00bb de la lista de auxiliares de la justicia, lo que motiv\u00f3 su relevo y, por ende, la fijaci\u00f3n de nueva fecha y hora para realizar la diligencia en comento. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que para cuando se instaur\u00f3 la presente acci\u00f3n, en el liquidatorio ya se hab\u00eda designado nueva secuestre, pues de la consulta virtual de la actuaci\u00f3n procesal, se establece que la aceptaci\u00f3n del cargo se produjo el 29 de marzo de 2023, de donde emerge que es inminente la realizaci\u00f3n de la diligencia en la que los bienes habr\u00e1n de pasar a su administraci\u00f3n, posibilit\u00e1ndose el eventual recaudo de los frutos civiles deprecados. Ello, sin perjuicio de que, con la satisfacci\u00f3n de los requisitos legales, potencialmente, de estimarlo procedente, pueda discutir lo concerniente a la posible liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n de frutos. <\/p>\n
Significa lo anterior que, en relaci\u00f3n con el pleito de sucesi\u00f3n donde la quejosa act\u00faa como heredera, la Corte establece que la autoridad enjuiciada no ha mostrado una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongarlo indebidamente, por el contrario, la actuaci\u00f3n denota su inter\u00e9s para que el asunto avance hasta su normal culminaci\u00f3n, y en ese labor\u00edo se evidencia que ha atendido y resuelto las peticiones pertinentes que han presentado los interesados a trav\u00e9s de los cauces propios del proceso. <\/p>\n
En este orden, por cuanto la censura no conlleva afectaci\u00f3n a derecho superior alguno, el resguardo se torna improcedente, pues reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger, han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada entre otras, en STC10498-2022, 11 ago., rad. 00177-01). <\/p>\n
De igual modo, ha dicho que para la procedencia del auxilio, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC3751-2023, 21 abr., 00359-01). Se subraya. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza frente a los reproches de la actora porque el juzgado no ha dado curso a solicitudes que la accionante ha elevado invocando el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, para se\u00f1alar que conforme al precedente constitucional (sentencia T-290\/93), esta Sala ha reiterado que cuando se invoca la prerrogativa fundamental en menci\u00f3n para que el juez haga o deje de hacer determinada actividad jurisdiccional o para que impulse y resuelva el asunto bajo su conocimiento, su tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, sino que \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01). En ese mismo sentido, m\u00e1s adelante reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000, exp. T-4822 y T-4867)\u201d\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 01784-01, citada entre otras en STC609-2023, 1\u00b0 feb., rad. 2022-01317-01). <\/p>\n
En similar sentido se hace necesario indicarle a la quejosa -como tambi\u00e9n lo hizo ver el estrado querellado-, que por la naturaleza del litigio y calidad del juzgado en el que este se adelanta, es necesario acreditar el derecho de postulaci\u00f3n de los interesados. Por tanto, exigirle que sus pronunciamientos sobre las actuaciones judiciales y solicitudes encaminadas a impulsar el proceso, deban realizarse a trav\u00e9s de su apoderado judicial previamente constituido, no genera transgresi\u00f3n a derecho superior alguno que amerite la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 el fallo de primer grado, precisando que lo ser\u00e1 en virtud a que los reproches endilgados a la autoridad convocada, devienen infundados y por tanto no se consolid\u00f3 afectaci\u00f3n a la prerrogativa invocada por la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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