STC4146-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4146-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 30 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en las acciones populares n.\u00b0 2022-00042, 2022-00091, 2022-00113 y 2022-00153. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que dentro de los citados asuntos el despacho querellado \u00abresuelve reposiciones extempor\u00e1neamente, cita a pacto de cumplimiento mas (sic) de un a\u00f1o de presentar la ccion (sic), nunca da celeridad, se niega rotundamente a proferir sentencia anticipada, art 278 CGP, niega a compartir el libro de audiencias del despacho, NIEGA CONSTANCIAS SECRETARIALES DONDE CONSIGNE CADA ETAPA PROCESAL CONSIGNANDO DIA,MES Y A\u00d1O A FIN DE QUE SE APLIQUE ART 84 LEY (\u2026) y se niega aceptar mi desistimiento de la accion (sic) ante la mora judicial por mi salud mental\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente: (i) \u00abACEPTE MI DESISTIMIENTO DE LAS RENUENTES ACCIONES POPULARES, YA QUE NO CUMPLE T\u00c9RMINO PERENTORIO DE TIEMPO ALGUNO QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998 Y ELLO OCASIONA DA\u00d1O EN MI SALUD MENTAL CON EPISODIOS DE DEPRESI\u00d3N\u00bb, (ii) \u00abAPORTAR COPIA DE TODOS LOS AUTOS DONDE DECRET\u00d3 TERMINACI\u00d3N EN ACCIONES POPULARES POR DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb, y, (iii) \u00abaportar copia del fallo de tutela en cada accion (sic) popular\u00bb. As\u00ed mismo, solicita que se ordene a (iv) \u00abla procuradora gral nacion (sic), consigne dia, (sic) mes y a\u00f1o en que presentara accion (sic) de reparaci\u00f3n directa a mi nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por error judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no hab\u00eda presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira y el Defensor del Pueblo Regional Risaralda, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma localidad, remiti\u00f3 el link para ingresar a los expedientes contentivos de las actuaciones procesales cuestionadas. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio en relaci\u00f3n con las quejas enrostradas a las acciones populares n\u00b0 2022-00042, 2022-00091 y 2022-00113, por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, tras advertir, en lo fundamental, que pese a que la autoridad convocada resolvi\u00f3 las peticiones elevadas por el actor, \u00e9ste ning\u00fan pronunciamiento efect\u00fao para debatir lo decidido; a su vez, y en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00153, consider\u00f3 que lo determinado por el juzgado frente a los reclamos del gestor, no luce arbitrario o desbordado. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abSE DESCONOCE DERECHO SUSTANCIAL\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada porque, supuestamente, no ha expedido constancia secretarial sobre cada una de las actuaciones ni aceptado el desistimiento presentado, dentro de las acciones populares n.\u00b0 2022-00042, 2022-00091, 2022-00113 y 2022-00153. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Mario Alberto Restrepo Zapata acude a esta herramienta especial en procura de obtener la protecci\u00f3n de su debido proceso, que considera vulnerado al interior de las acciones populares por \u00e9l presentadas contra Biotech And Life SA (2022-00042), Desechables La 6A (2022-00091), Grupo Eje Viajes SAS (2022-00113) y Gran Colombiana de Aviaci\u00f3n SAS (2022-00153), por cuanto, seg\u00fan dice, la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira, adem\u00e1s de no dar el impulso procesal necesario ni expedir las constancias secretariales reclamadas, no acepta el desistimiento presentado. <\/p>\n
3.1. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; reiterada, entre otras, en SCT3466-2023, 13 abr. 2023, Rad. 00046-01). <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad en lo que tiene que ver con las acciones populares n\u00b0 2022-00042, 2022-00091 y 2022-00113 pues, de conformidad con lo extra\u00eddo de los expedientes contentivos de los asuntos, aunque mediante prove\u00eddos calendados 18 de enero, 8 de marzo y 6 de marzo de 2023, respectivamente, la autoridad querellada le reiter\u00f3 al actor popular, aqu\u00ed interesado, la imposibilidad de desistir de las acciones por tratarse de derechos colectivos, as\u00ed como de expedir constancia por cada una de las actuaciones procesales surtidas, \u00e9ste guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Entonces, al haber tenido el quejoso a su alcance la herramienta judicial id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberla desaprovechado injustificadamente, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial, por lo que no puede abrirse paso el resguardo pues la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
3.2. La razonabilidad <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la acci\u00f3n popular n\u00b0. 2022-00153, basta decir que revisado el contenido del auto proferido el 8 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER\u00bb la providencia que no acept\u00f3 la petici\u00f3n de desistimiento elevada por el gestor, la Sala establece que lo determinado obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
La autoridad judicial acusada, para mantener la decisi\u00f3n en comento, le reiter\u00f3 al solicitante que \u00abcomo tambi\u00e9n se le ha manifestado en innumerables peticiones que se llevan en este Estrado Judicial, que la solicitud de desistimiento en esta clase de acciones no es procedente, por tratarse de derechos colectivos, mismo que son irrenunciables ya que pertenecen a la comunidad en general y no a un solo individuo, sumado al hecho de dada la nueva doctrina de la Corte Suprema de Justicia a partir del 01 de diciembre de 2018, el tr\u00e1mite debe ser impulsado oficiosamente por el Juez\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del promotor no halla recibo en esta sede excepcional, por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aqu\u00e9l frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n elevada por el tutelante, para que se ordene a la autoridad judicial convocada \u00abAPORTAR COPIA DE TODOS LOS AUTOS DONDE DECRET\u00d3 TERMINACI\u00d3N EN ACCIONES POPULARES POR DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb y \u00abcopia del fallo de tutela en cada accion (sic) popular\u00bb, y, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abconsigne dia, (sic) mes y a\u00f1o en que presentara accion (sic) de reparaci\u00f3n directa a mi nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por error judicial\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante la autoridad competente sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido del interesado, y, la decisi\u00f3n de negar el desistimiento presentado dentro de los asuntos no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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