STC4150-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4150-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00075-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 24 de marzo de 2023, dentro de las acciones de tutela acumuladas1, promovidas por Nohora Isabel Delgado Norato, Gustavo Casta\u00f1o Su\u00e1rez, Guillermo Javier Pati\u00f1o, Yamileth Sanclemente Pineda, Boris Sanclemente, Rub\u00e9n Romero Reyes, Mar\u00eda Omaira Duque De Serna, Marisol Espinosa Rebolledo y Hern\u00e1n Velarde G\u00f3mez contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil del Circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil Municipal de Jamund\u00ed y los intervinientes en el ejecutivo n.\u00ba 2021-00155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes acudieron al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que dentro de la ejecuci\u00f3n que Banco Scotiabank Colpatria S.A. adelanta en contra de Adolfo Le\u00f3n Vargas Guzm\u00e1n, Isabel Cristina Pardo Chavarro y el Fideicomiso FA 2958 \u2013 Recursos Brisas de Farallones, fueron \u00abnotificado[s] del Embargo y Secuestro de mi Casa de Habitaci\u00f3n (\u2026), por lo que (\u2026) me pronuncio frente al tr\u00e1mite notificado teniendo en consideraci\u00f3n que soy el UNICO Y EXCLUSIVO propietario de la vivienda, adem\u00e1s de que NO TENGO OBLIGACIONES FINANCIERAS NI DE OTRO TIPO CON LOS DEMANDADOS Y MUCHO MENOS OBLIGACIONES CON EL BANCO\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, sostienen que \u00abadquir\u00ed la vivienda mediante Contrato de Compraventa, y que realic\u00e9 todos y cada uno de los pagos a los que me compromet\u00ed, tal como lo acreditan los documentos que adjunto\u00bb, por lo que \u00abno se trata de la expectativa de un derecho sino del Derecho Adquirido. Puesto que realic\u00e9 pago total de mi vivienda, que la falta de escrituraci\u00f3n obedece a las actuaciones inescrupulosas de los demandados\u00bb, y que \u00aba pesar de que no se haya perfeccionado con la Escrituraci\u00f3n (\u2026) mi vivienda NO ES DE PROPIEDAD DE LOS DEMANDADOS\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que se ordene \u00abel levantamiento de toda MEDIDA CAUTELAR SOBRE MI VIVIENDA\u00bb, as\u00ed como \u00abla entrega del Oficio que [as\u00ed lo decrete] que me permita realizar el tr\u00e1mite de escrituraci\u00f3n de mi vivienda y se ordene la escrituraci\u00f3n de nuestro inmueble\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Cali, luego de hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones adelantadas a su cargo al interior del coercitivo revisado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpor tratarse de bienes sujetos a registro en cabeza del demandado, se dispuso su embargo y posterior secuestro complementario, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, que \u00abha observado la normatividad sustancial y procedimental-especial, aplicable al caso\u00bb y precis\u00f3 que \u00aben la actualidad, el proceso (\u2026) se tramita en su etapa ejecutiva, en el Juzgado 1 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del juzgado hom\u00f3logo Primero de ejecuci\u00f3n de sentencias de esa ciudad, indic\u00f3 que al momento de enterarse de la tutela \u00abdel registro del sistema de Siglo XXI, se evidencia la radicaci\u00f3n de siete memoriales, correspondientes a peticiones de levantamiento de medidas cautelares que hicieren los aqu\u00ed accionantes, de los cuales este despacho pasar\u00e1 a pronunciarse, una vez cobren ejecutoria [unas] providencias [previas] e ingrese nuevamente el compulsivo a despacho.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
3. Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del FA-2958 FIDECIOMISO RECURSOS BRISAS DE FARALLONES, destac\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para debatir controversias contractuales que, en principio, son competencia del juez ordinario, y afirm\u00f3 que \u00abLAS SITUACIONES QUE HAN OBSTACULIZADO EL PROCESO DE ESCRITURACI\u00d3N DE LAS UNIDADES DEL PROYECTO SON REPSONSABILIDAD NETAMENTE DEL FIDEICOMITENTE\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Jamund\u00ed inform\u00f3 que la entidad territorial a la que subcomision\u00f3 para llevar a cabo la diligencia de secuestro de los inmuebles involucrados en el asunto objeto de queja \u00abremiti\u00f3 (\u2026) Despacho Comisorio debidamente diligenciado, adjuntando acta de diligencia llevada a cabo en fecha 24 de febrero de 2023\u00bb, por lo que \u00abhabi\u00e9ndose agotado conforme lo dispone la norma procesal civil, todo lo de [su] competencia\u00bb pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Banco Scotiabank Colpatria S.A. se opuso a las pretensiones incoadas por el extremo actor y resalt\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n comoquiera que \u00abel 24 de febrero de 2023 se practic\u00f3 la diligencia de secuestro de varios inmuebles (\u2026). Si se observa el acta de la diligencia, ninguna de las personas que la atendi\u00f3 y estuvo presente formul\u00f3 oposici\u00f3n formal a la misma, y pese a que, los accionantes no estuvieron presentes en la diligencia el legislador prev\u00e9 un t\u00e9rmino adicional al tercero poseedor para oponerse a la misma\u00bb; por lo dem\u00e1s, dijo que \u00abse encuentra legitimado para hacer exigibles las obligaciones que se demandan en el proceso de ejecuci\u00f3n y que est\u00e1n respaldadas con el contrato de hipoteca\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Adolfo Le\u00f3n Vargas Guzm\u00e1n, Isabel Pardo Chavarro y Promotora Aiki S.A.S., manifestaron que \u00abla actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se derivan del contrato de compraventa, que est\u00e1n relacionadas con las fechas de escrituraci\u00f3n y saneamiento del inmueble\u00bb, por lo que \u00abno existe una afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales (\u2026), pues lo que realmente persigue es que se solucione un negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 la salvaguarda despu\u00e9s de establecer que \u00abse pretende que sea este juez constitucional el que defina sobre el levantamiento de las cautelas decretadas sobre los inmuebles que los accionantes consideran propios, cuando el mecanismo ordinario de defensa que la ley prev\u00e9 para ello es la solicitud ante el Juez de conocimiento u oposici\u00f3n al secuestro, actuaci\u00f3n que los accionantes efectivamente presentaron al Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n que conoce del proceso ejecutivo sin que aqu\u00e9l haya tenido oportunidad de impartirle tr\u00e1mite y menos a\u00fan resolverlo, siendo \u00e9l quien tiene la competencia para ello. Por lo tanto, no es admisible la pretensi\u00f3n de los accionantes de que sea el juez constitucional el que resuelva de forma anticipada cuestionamientos que debieron y en efecto se presentaron al juez ordinario para que \u00e9l resuelva\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte actora insistiendo en sus alegaciones primigenias y discutiendo que \u00abno [se] le da ning\u00fan valor a las pruebas aportadas en el escrito de la Tutela\u00bb y con las que acredita que \u00abadquir\u00ed mi derecho a la Escrituraci\u00f3n de mi vivienda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abaunque existen medios judiciales a los cuales podr\u00eda acudir, en estos momentos no son id\u00f3neos, cuando estamos hablando de un proceso que ya tiene liquidado el Juzgado, del que pretende el se\u00f1or Adolfo Le\u00f3n Guzm\u00e1n quedemos insertos para resolver sus obligaciones financieras, gener\u00e1ndonos un perjuicio irremediable como podr\u00eda ser la p\u00e9rdida de nuestra vivienda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la autoridad encartada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al conservar las medidas de embargo y secuestro decretadas al interior del ejecutivo n.\u00b0 2021-00155 que recaen sobre bienes que, seg\u00fan aducen los accionantes, no pertenecen al extremo ejecutado. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad del amparo. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que la censura de los promotores se circunscribe a evidenciar las supuestas irregularidades que se habr\u00edan suscitado al mantener las medidas de embargo y secuestro que recaen sobre diferentes bienes inmuebles, ya que, a su juicio, esa determinaci\u00f3n desconoce los derechos adquiridos que detentan sobre los mismos y a partir de los cuales se refuta el derecho de dominio de los demandados sobre aquellos. <\/p>\n
Sin embargo, de acuerdo con la consulta realizada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, y seg\u00fan se desprende de la revisi\u00f3n del expediente digital remitido para inspecci\u00f3n, logra advertirse que los aqu\u00ed accionantes, recientemente, al interior del asunto ejecutivo objeto de queja, presentaron diferentes peticiones de levantamiento de medida cautelar, que se encuentran pendientes de decidir; as\u00ed, en esas condiciones, cualquier pronunciamiento en relaci\u00f3n con la controversia planteada resultar\u00eda anticipado. <\/p>\n
De manera que esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, porque se desconocen las medidas que puedan adoptarse en el curso del mismo, lo que impone declarar la inviabilidad del auxilio; ya que, se itera, en el sub-examine se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que la hagan posible en tales condiciones, toda vez que, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial (\u2026) que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, por tornarse prematuro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Junto con la tutela citada, se radicaron las acciones constitucionales rad. n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00076-00, 76001-22-03-000-2023-00077-00, 76001-22-03-000-2023-00078-00, 76001-22-03-000-2023-00079-00 y 76001-22-03-000-2023-00080-00, las cuales se admitieron de forma independiente, pero se acumularon en virtud de la identidad de partes, objeto y pretensiones, especialmente, porque en todas se censuran actuaciones surtidas en el curso del proceso supra. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4150-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4150-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00075-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}