STC4152-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4152-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00297-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Giraldo Giraldo contra el fallo proferido el 28 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que aquel promovi\u00f3 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto As\u00eds, Putumayo; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas, dentro del proceso penal que se sigui\u00f3 en su contra bajo el radicado \u00ab2019-00224\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 ordenar \u00abal se\u00f1or Juez Penal Especializado de Puerto Asis Putumayo proceda de manera inmediata a revisar u modificar la sentencia del 12 de mayo de 2020 proferida dentro del proceso [antes se\u00f1alado], en el sentido de redosificar la pena dando aplicaci\u00f3n a la rebaja de pena contenida en el art\u00edculo 352 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Narra el gestor que el 12 de mayo de 2020 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto As\u00eds dict\u00f3 sentencia con que lo condeno a la pena principal de 78 meses de prisi\u00f3n y el pago de una multa por 1.350 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como c\u00f3mplice del delito de hurto calificado y agravado, en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir. <\/p>\n
2.2. Sostiene que apel\u00f3 la decisi\u00f3n y fue confirmada \u00edntegramente el 23 de julio de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa, sin reparar en que la sanci\u00f3n en su contra debi\u00f3 ser disminuida en una tercera parte, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 352 de la Ley 906 de 2004, por virtud del preacuerdo que suscribi\u00f3 con la Fiscal\u00eda, en el cual acept\u00f3 los cargos, porque no fue determinador del il\u00edcito, ya que era un empleado bajo subordinaci\u00f3n, lo que trajo como consecuencia que la dosificaci\u00f3n de la pena no se encuentre ajustada a derecho. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Agreg\u00f3 que mediante prove\u00eddo CSJSTP343 de 22 de febrero de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema neg\u00f3 el amparo invocado por el gestor con sustento en los mismos hechos y pretensiones. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Puerto As\u00eds corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso criticado, dentro del cual el gestor y los dem\u00e1s procesados llegaron a un preacuerdo, por el cual aceptaban cargos y se degradaba su modalidad de participaci\u00f3n en el delito de autor a c\u00f3mplice, lo que entonces le acarre\u00f3 la condena finalmente impuesta, actuaci\u00f3n que se verific\u00f3 en audiencia de 13 de abril de 2020 y el 12 de mayo siguiente se dict\u00f3 sentencia, contra la cual aquel no interpuso la alzada. <\/p>\n
3. Ecopetrol, v\u00edctima en el decurso cuestionado, pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n, porque la sanci\u00f3n privativa de la libertad result\u00f3 del preacuerdo a que lleg\u00f3 el accionante, para cuya obtenci\u00f3n no se vulneraron sus derechos fundamentales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, tras constatar que lo pretendido por el actor es obtener un nuevo pronunciamiento sobre quejas ya analizadas en sede constitucional, en el fallo CSJSTP3434-2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, insistiendo en los mismos argumentos que expuso en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que resolvi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte con sentencia de 12 de octubre de 2021 (STP16258-2021), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 como reclamo constitucional que: <\/p>\n
al momento de proferir la respectiva sentencia, los falladores de primera y segunda instancia no tuvieron en cuenta que deb\u00edan hacer una rebaja de la pena a imponer atendiendo la aceptaci\u00f3n de cargos bajo la modalidad del preacuerdo, desconociendo el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, lo que trajo como consecuencia que la dosificaci\u00f3n de la pena no se encuentre ajustada a derecho. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras destacar que: <\/p>\n
En el presente caso, es claro que el principio de subsidiariedad no se cumple, toda vez que la informaci\u00f3n aportada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n pone de presente que ni la defensa ni el condenado impugnaron la decisi\u00f3n objeto de cr\u00edtica, no obstante que en su contra proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n y eventualmente el de casaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 176 y 181 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
5. Aunque la inobservancia frente al presupuesto general mencionado determina de suyo la improcedencia de la acci\u00f3n y releva al juez constitucional de pronunciarse de fondo en el presente asunto, se agregar\u00e1 que ninguna irregularidad advierte la Sala en la dosificaci\u00f3n punitiva que se aplic\u00f3 en la sentencia proferida en contra del actor con base en el preacuerdo celebrado con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n tiene establecido que los preacuerdos son una modalidad de terminaci\u00f3n abreviada del proceso, su naturaleza obedece a actos consensuados entre los extremos en contienda, Fiscal\u00eda y procesado, que implica la aceptaci\u00f3n de responsabilidad en la comisi\u00f3n de los delitos atribuidos a cambio de obtener un beneficio, que puede consistir en la rebaja de la pena a imponer, entre otros aspectos (CSJ AP4315-2018, 26 de septiembre de 2018, Rad. 53106). <\/p>\n
Los preacuerdos, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 348 de la Ley 906 de 2004, tienen por prop\u00f3sito humanizar la actuaci\u00f3n procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la soluci\u00f3n de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participaci\u00f3n del imputado en la definici\u00f3n de su caso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, comportan efectos vinculantes, no solo para las partes, quienes no podr\u00e1n retractarse de lo convenido, sino para el juez que lo controla y aprueba. El art\u00edculo 351 ejusdem establece que \u201clos preacuerdos celebrados entre Fiscal\u00eda y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garant\u00edas fundamentales\u201d. Frente a esta tem\u00e1tica, esta Corte tiene dicho que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] que la aceptaci\u00f3n de responsabilidad por parte del acusado mediante el allanamiento o cargos, o el acuerdo celebrado con la fiscal\u00eda con miras al proferimiento de un fallo anticipado, no s\u00f3lo son vinculantes para la fiscal\u00eda y el implicado. Tambi\u00e9n lo son para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garant\u00edas fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario\u00bb. (CSJ SP, 3 de febrero de 2016, Rad. 43356). <\/p>\n
6. La actuaci\u00f3n informa que el 16 de marzo de 2019, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el acusado celebraron un preacuerdo consistente en aceptar su responsabilidad por la comisi\u00f3n de los il\u00edcitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y uso de documento p\u00fablico falso, a cambio que obtener, como \u00fanico beneficio, la degradaci\u00f3n de la participaci\u00f3n criminal de autor a c\u00f3mplice, se\u00f1alando como pena definitiva 78 meses de prisi\u00f3n. Estos t\u00e9rminos fueron aceptados de forma libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorado por un profesional en la materia. <\/p>\n
La sentencia condenatoria, por consiguiente, se profiri\u00f3 en consonancia con lo convenido o pactado finalmente por las partes, raz\u00f3n por la que \u00c1LVARO DE JES\u00daS GIRALDO GIRALDO fue condenado a la pena de prisi\u00f3n de 78 meses, por la comisi\u00f3n de los delitos mencionados. <\/p>\n
En las anotadas condiciones, la Sala no advierte que la dosificaci\u00f3n punitiva contenida en la referida sentencia comprometa el debido proceso (legalidad de la pena), como erradamente lo sostiene el accionante, pues, el juez accionado actu\u00f3 ajustado al procedimiento establecido, puesto que, (i) verific\u00f3 que estuviera refrendado por la anuencia de los partes, (ii) evalu\u00f3 que el acto negocial no estuviera afectado por vicios del consentimiento o desconociera garant\u00edas fundamentales y, (iii) la sentencia proferida respet\u00f3 la fuerza vinculante del consenso, pues, la condena se profiri\u00f3 en estricta sujeci\u00f3n a lo pactado. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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