STC4157-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4157-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00165-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Silvio Andr\u00e9s Ocampo Salcedo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n accionada y a las partes e intervinientes en el proceso censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en el proceso penal de radicado 66001600003520130208900. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado accionado emiti\u00f3 sentencia el 18 de marzo de 20151, en la que conden\u00f3 al tutelante como part\u00edcipe de la conducta punible de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, de conformidad con el preacuerdo por \u00e9l celebrado con la Fiscal\u00eda, imponi\u00e9ndole, entre otras, una pena de prisi\u00f3n de 224 meses y 12 d\u00edas y una multa de 22.917.5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el 2013. En la misma providencia conden\u00f3, por el mismo delito, a Carlos Alberto Londo\u00f1o Castrill\u00f3n y se abstuvo de conceder la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena para ambos condenados. Frente a esa decisi\u00f3n, la defensa interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante autos del 8 de noviembre de 2021 y del 2 de agosto de 20222 se concedi\u00f3 redenci\u00f3n de pena al actor y se neg\u00f3 su libertad condicional. El 23 de noviembre de 20223, el Juzgado accionado se abstuvo de resolver una nueva solicitud de libertad condicional presentada por el gestor, pues el certificado de c\u00f3mputos de trabajo, estudio y ense\u00f1anza del INPEC ya hab\u00eda sido reconocido en el auto del pasado 2 de agosto, aunado a que no encontr\u00f3 acreditado el arraigo familiar. <\/p>\n
3. La parte actora censura que el Tribunal convocado \u00abNO ha Resuelto mi Recurso de Apelaci\u00f3n Radicado en esa Colegiatura desde Hace Mas de (8) Ocho A\u00f1os\u00bb y no se le ha otorgado la libertad condicional, pese a que el INPEC emiti\u00f3 resoluci\u00f3n favorable, mediante oficio del 22 de julio de 2022 remitido al Juzgado de conocimiento, adem\u00e1s de que ha demostrado su arraigo familiar en Bogot\u00e1 y ha superado los presupuestos de ley para el efecto. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo narrado, que \u00abSe Generen Respuestas con la Celeridad del Caso y se me Otorgue La Libertad Condicional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira puso de presente las ocasiones en las que ha negado la solicitud de libertad condicional al promotor y se\u00f1al\u00f3 que fueron soportadas en las normas y la jurisprudencia, m\u00e1xime que no es suficiente el cumplimiento de los requisitos objetivos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira inform\u00f3 que, el 10 de febrero de 2023, profiri\u00f3 sentencia que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Doce Seccional de Pereira adujo que el actor no cumple con el factor objetivo para que le sea concedida la libertad condicional y aqu\u00e9lla no cuenta con elementos para determinar si confluye el requisito subjetivo. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Tribunal accionado resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la libertad condicional del accionante, repartido a ese Colegiado el 2 de agosto de 2022, al considerar que se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas consagrado en el art\u00edculo 178 de la ley 906 de 2004, sin que el convocado manifestara justificaci\u00f3n alguna. De otro lado, declar\u00f3 la carencia actual de objeto frente a la mora para desatar el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, al haberse surtido durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el Tribunal accionado, argumentando que la orden impuesta era imposible de cumplir, pues a ese Despacho \u00abno le ha correspondido por reparto ninguna actuaci\u00f3n en la cual el accionante haya presentado recurso de apelaci\u00f3n contra negativa de solicitud de libertad condicional\u00bb. Afirm\u00f3 que el recurso pendiente de resoluci\u00f3n y a ellos repartido el 2 de agosto de 2022, con el radicado 2013-02089-06, correspond\u00eda al presentado por Carlos Alberto Londo\u00f1o Castrill\u00f3n, compa\u00f1ero de causa del accionante, frente al auto del 25 de julio de 2022, que le neg\u00f3 la libertad condicional, el cual resolvi\u00f3 el 23 de febrero de 2023, decretando la libertad por pena cumplida. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la mora de los accionados en desatar el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria y porque no se le ha otorgado la libertad condicional, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos. <\/p>\n
2. Como lo advirti\u00f3 el a quo, durante el tr\u00e1mite de este amparo el Tribunal convocado emiti\u00f3 sentencia el 10 de febrero de 2023, confirmando parcialmente el fallo del a quo, pues conden\u00f3 a Silvio Andr\u00e9s Ocampo Salcedo como autor del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes (con 170,5062 meses de prisi\u00f3n y multa) y a Carlos Alberto Londo\u00f1o Castrill\u00f3n como c\u00f3mplice del mismo punible (con 123 meses de prisi\u00f3n y multa), de manera que, frente a ese aspecto, se configur\u00f3 un hecho superado. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, en relaci\u00f3n con lo argumentado en el escrito de impugnaci\u00f3n, observa la Sala que, en efecto, de acuerdo con la documental aportada por el Tribunal, el recurso repartido a ese Colegiado el 2 de agosto de 2022, para surtir apelaci\u00f3n, fue el instaurado por Carlos Alberto Londo\u00f1o Castrill\u00f3n, condenado bajo la misma causa y, en tal medida, ning\u00fan reproche puede endilg\u00e1rsele al Colegiado convocado en relaci\u00f3n con las prerrogativas fundamentales del tutelante. <\/p>\n
2.2. De otro lado, en vista de las relevantes actuaciones surtidas en el transcurso de la tutela, esto es, la emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, que disminuy\u00f3 la pena de prisi\u00f3n, y la consecuente remisi\u00f3n del expediente al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, para la vigilancia de la condena4, encuentra esta Sala que carece de objeto realizar pronunciamiento adicional alguno sobre las actuaciones surtidas al momento de impetrarse este ruego, pues, ante el nuevo escenario, corresponder\u00e1 al interesado elevar su petici\u00f3n de libertad al Juzgado de ejecuci\u00f3n competente, para que decida lo pertinente de cara a los presupuestos actuales, dado que \u00abning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb. (Ver cita, entre otras, en CSJ STC265-2021. <\/p>\n
2.3. A lo anterior se suma que, si el actor considera que se encuentra privado de la libertad con violaci\u00f3n de sus garant\u00edas o que esta se ha prolongado ilegalmente, lo procedente es formular la acci\u00f3n de habeas corpus, pues el juez de tutela no puede resolver ese aspecto, dado que para ello se estableci\u00f3 el referido instrumento constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, se declara IMPROCEDENTE el amparo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 10, expediente 2013-02089-00. <\/p>\n
2\u0002 Documentos 11 y 22, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento 29, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Seg\u00fan anotaci\u00f3n del 31 de marzo de 2023 en Consulta de Procesos. <\/p>\n
<\/p>\n
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