STC4159-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4159-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01550-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliva G\u00f3mez Bautista contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Yesenia Vargas Manrique, Comercializadora Isalejo S.A.S., Gloria Manrique Estrada, Tulio Alexander Bautista Rodr\u00edguez, H\u00e9ctor Mar\u00edn Garc\u00eda, Claudia Meza Rodr\u00edguez, Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de San Gil, Primero y Tercero Promiscuos Municipales de esa misma localidad, y Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, as\u00ed como los intervinientes en la causa radicado n.\u00ba 2019-00112. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, a no ser discriminada y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que \u00absolo fu[e] a firmar, (\u2026) en calidad de PROMITENTE VENDEDORA y, YESENIA VARGAS MANRIQUE, en calidad de PROMITENTE COMPRADORA, celebramos promesa de compraventa el d\u00eda 17 de noviembre de 2010, sobre el bien inmueble ubicado en la calle 22 # 8 \u2013 56\/60 y carrera 9 # 22 \u2013 04 del municipio de San Gil (\u2026). Yo ya v\u00ed, cuando se firm\u00f3 la promesa, que la se\u00f1ora YESENIA VARGAS MANRIQUE qued\u00f3 adeudando la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000,oo) m\/cte, con respaldo en letras de cambio, y que hab\u00eda que firmar una escritura p\u00fablica de compraventa, que hab\u00eda que entregar la casa y que no se hizo hipoteca sobre la casa misma. Efectivamente yo entregu\u00e9 la casa y firm\u00e9 la escritura de venta de la casa por \u00f3rdenes de mi esposo\u00bb y a continuaci\u00f3n constituyeron \u00aba mi favor para garant\u00eda del saldo del precio de mi casa, con una se\u00f1ora de nombre GLORIA MANRIQUE ESTRADA, (\u2026) mam\u00e1 de la se\u00f1ora YESENIA VARGAS MANRIQUE\u00bb; sin embargo, se enter\u00f3 que se \u00abtraspas\u00f3 el derecho de propiedad [del bien] a una sociedad (\u2026) con el fin de burlar el pago\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, se\u00f1ala que adem\u00e1s de otras acciones judiciales, \u00abfirm\u00f3 una TRANSACCI\u00d3N JUDICIAL, en donde recib\u00ed los $40.000.000,oo y empec\u00e9 a recibir los $2.000.000,oo mensuales, pero al final dejaron de pagar, quedando a mi favor un saldo insoluto\u00bb, por lo que tras adelantar interrogatorio de parte, como prueba anticipada, para \u00abhacer uso de la escritura de hipoteca a mi favor que me hizo la se\u00f1ora GLORIA MANRQIUE ESTRADA\u00bb -quien no asisti\u00f3, aplic\u00e1ndose la sanci\u00f3n de confesi\u00f3n ficta- instaur\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en su contra ante el juzgado convocado, aportando \u00abel titulo ejecutivo complejo: escritura p\u00fablica de compraventa junto con la providencia judicial que declar\u00f3 la CONFESION FICTA o PRESUNTA\u00bb. <\/p>\n
Relata que al llevarse a cabo las audiencias de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del estatuto procesal, la funcionaria judicial encartada pasando por alto su poco grado de escolaridad \u00abme hizo sentir discriminada\u00bb, frente al trato otorgado a su contraparte, y \u00abal dictar sentencia resolvi\u00f3 declarar de oficio una supuesta excepci\u00f3n denominada \u201cINEXISTENCIA DE TITULO EJECUTIVO\u201d, no invocada por la parte ejecutada, en donde dijo apoyarse en una sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUJSTICIA SALA CIVIL con respecto a la REVISION OFICIOSA DEL TITULO EJECUTIVO. Y dijo que con respecto a la CONFESION FICTA o PRESUNTA declarado por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO, no hab\u00eda claridad sobre la suma adeudada y sobre la fecha de exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, se\u00f1ala que formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, siendo desatado por el tribunal cuestionado, quien mediante sentencia de 20 de octubre de 2022 mantuvo la decisi\u00f3n de primera instancia incurriendo \u00aben DEFECTO SUSTANTIVO por falta de aplicaci\u00f3n de las siguientes normas: a.-\/ Con respecto a los art\u00edculos 42, 281 y 328 del CPG\u00bb pues \u00abdesbord\u00f3 su competencia funcional y asume resolver la sentencia sin limitaciones, al concluir (\u2026) la ausencia (…) exigibilidad de la misma, porque media en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica un acuerdo transaccional, que tiene efectos de cosa juzgada y presta m\u00e9rito ejecutivo; de ah\u00ed que, ser\u00eda ese el t\u00edtulo con el que GLORIA MANRIQUE ESTRADA (sic) debiera perseguir el cobro de lo que se le adeuda por Yesenia Vargas Manrique y Julio Alexander Vargas Bautista, con origen en el tan mencionado contrato de promesa de compraventa del 17 de noviembre de 2010.\u201d. Basta con entender que la parte DEMANDADA no apel\u00f3 la sentencia, en donde la Juez de \u00fanica instancia no neg\u00f3 las pretensiones del MANDAMIENTO DE PAGO por que exist\u00eda un ACUERDO TRANSACCIONAL sino sobre la supuesta falta de claridad y\/o exigibilidad para determinar el monto de lo adeudado: esa no fue la excepci\u00f3n de fondo aceptada\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, critica la valoraci\u00f3n probatoria desempe\u00f1ada y afirma que \u00abla TRANSACCI\u00d3N EXTRAJUDICIAL (\u2026), en nada tuvo que ver la se\u00f1ora GLORIA MANRIQUE ESTRADA, la deudora hipotecaria en el proceso objeto de esta tutela. (\u2026) a su vez, dicha TRANSACCI\u00d3N (\u2026) vers\u00f3 sobre [otros] PROCESOS JUDICIALES EN CURSO\u00bb y destaca que \u00abdesde el punto de vista del DERECHO SUSTANCIAL, no hab\u00eda necesidad de determinar en el cuestionario ni los saldos adeudados ni la fecha de vencimiento de las obligaciones, dado que ello meramente accesorio en cuanto a la obligaci\u00f3n afianzada, tal como as\u00ed lo defini\u00f3 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL (\u2026)\u00bb, por cuanto \u00abla claridad de la obligaci\u00f3n no se puede encontrar en el interrogatorio de parte, sino en todos los documentos aportados al proceso: CONTRATO DE PROMESA, el mismo DOCUMENTO DE TRANSACCION y la prueba de los pagos hechos a la obligaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precisa que \u00abTodas las circunstancias que rodearon la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la PROMESA DE VENTA ameritaban de los operadores judiciales ordinarias una valoraci\u00f3n hol\u00edstica bajo la PERSPECTIVA DE GENERO, que no quiso ver el TRIBUNAL, cuando la jurisprudencia es clara en argumentos para identificar esa necesidad\u00bb. <\/p>\n
3. A partir de lo anterior, pretende que se ordene \u00abdejar sin efectos la sentencia de segunda instancia notificada en estados del d\u00eda 20 de octubre de 2022 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA \u2013 SALA CIVIL (\u2026), [y] Como consecuencia (\u2026) proceda a proferir la providencia que en derecho corresponda, haciendo uso de la jurisprudencia rese\u00f1ada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n criticada, manifest\u00f3 que ratific\u00f3 lo resuelto por el a-quo \u00abluego del an\u00e1lisis detenido de las circunstancias f\u00e1cticas del caso y los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables al asunto en discusi\u00f3n; tal y como con mayor detalle se indic\u00f3 en la providencia cuestionada\u00bb y as\u00ed, \u00aben modo alguno incurri\u00f3 en afectaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas por la ahora tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. El juzgado involucrado dijo que \u00abrevisado el escrito de tutela se advierte que (\u2026) se realizan los mismos cuestionamientos que se expusieron ante el superior Jer\u00e1rquico y frente a los cuales ya \u00e9ste se pronunci\u00f3. Con todo, se precisa que en este Juzgado se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite procesal con apego a la ley y al respectivo precedente jurisprudencial, adem\u00e1s que (\u2026) adopt\u00f3 la decisi\u00f3n que el caso le mereci\u00f3 dentro del margen de autonom\u00eda que \u00e9stos le conceden, sin violentar con ello derecho fundamental alguno de la ahora accionante\u00bb, pidiendo por tanto se niegue el amparo deprecado. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil solicit\u00f3 se \u00abniegue o declare improcedente la presente acci\u00f3n de tutela, como quiera que (\u2026) no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante\u00bb, remiti\u00f3 el link del expediente digital a su cargo (rad. n.\u00b0 2013-00102), e inform\u00f3 que adem\u00e1s de la entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, \u00abse neg\u00f3 la terminaci\u00f3n por transacci\u00f3n del proceso ejecutivo (\u2026), atendiendo que no cumpl\u00eda los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 312 del CGP\u00bb. <\/p>\n
4. El juzgado tercero hom\u00f3logo, a trav\u00e9s de su titular, indic\u00f3 que \u00aba la fecha este despacho no conoce de acciones relacionadas con [las partes aqu\u00ed involucradas]\u00bb, pidiendo ser desvinculado del presente asunto. <\/p>\n
5. Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga aclar\u00f3 que \u00abel proceso que aqu\u00ed se ventil\u00f3 y que es relevante para los hechos referidos en la acci\u00f3n de tutela, es un tr\u00e1mite extraprocesal radicado 68001-31-03-003-2017-00238-00 consistente en el interrogatorio solicitado por OLIVIA G\u00d3MEZ BAUTISTA para ser rendido por GLORIA MANRIQUE ESTRADA\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la querellante en el proceso ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real -rad. n.\u00ba 2019-00112-, al negar las pretensiones de la demanda, tras \u00abDECLARAR PROBADA, DE OFICIO, la excepci\u00f3n de \u201cINEXISTENCIA DE T\u00cdTULO EJECUTIVO\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los pronunciamientos de primera y segunda instancia, proferidos al interior del ejecutivo bajo estudio, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 19 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que les sirvieron a las autoridades convocadas para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9llas no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
4.1. En efecto, el tribunal accionado retom\u00f3 la conclusi\u00f3n de primera instancia acerca del incumplimiento del requisito de claridad del t\u00edtulo ejecutivo \u00aben lo que al monto de la obligaci\u00f3n y a la fecha de exigibilidad se refiere\u00bb, y la ratific\u00f3 \u00abcomoquiera que, en realidad, con los soportes documentales aportados por la parte ejecutante (\u2026), no es posible determinar si la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n es la del contrato de promesa de compraventa que, de acuerdo a lo manifestado por el extremo actor, le dio origen: 17 de noviembre de 2010, o el d\u00eda de otorgamiento del referido documento notarial, que data del 15 de diciembre de 2010 o la fecha se\u00f1alada en el cuestionario objeto del tr\u00e1mite extraproceso: 1 de octubre de 2012\u00bb, aunado que \u00abcon relaci\u00f3n a la \u00faltima fecha acotada se desconoce por entero su raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, frente al valor que se pretende cobrar, resalt\u00f3 que \u00abla pregunta n\u00famero 5 del cuestionario de la prueba anticipada se\u00f1ala que la obligaci\u00f3n a cargo de Yesenia Vargas Manrique derivada del contrato de promesa de compraventa asciende a ciento veintiocho millones de pesos ($128.000.000), luego en el interrogante n\u00famero 6 se indica que GLORIA MANRIQUE ESTRADA se oblig\u00f3 como codeudora solidaria a pagar a la aqu\u00ed ejecutante la misma suma, pero en la pregunta n\u00famero 7 se acota que el pago de intereses en el monto acordado se hizo sobre el monto de ($180.000.000). Al punto, huelga rese\u00f1ar que, la parte demandada aport\u00f3 con la r\u00e9plica de la demanda copia del tan mencionado acto preparatorio donde aparece que el valor de la negociaci\u00f3n era doscientos millones de pesos ($200.000.000), cifra con la que coincidi\u00f3 la demandante en su interrogatorio de parte; pero la ejecutada en su interrogatorio, despu\u00e9s de expresar que desconoc\u00eda el dato, termin\u00f3 por decir que hab\u00edan sido ochenta millones de pesos ($80.000.000)\u00bb, situaciones las anteriores que \u00abdesdice[n] de la claridad que debe tener un documento para ser calificado con plena suficiencia como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que se advierte irrefutable la ausencia de certeza sobre la obligaci\u00f3n, pues adem\u00e1s de que \u00abtras cruce de cuentas entre OLIVA G\u00d3MEZ BAUTISTA y Yesenia Vargas Manrique, llegaron al acuerdo de que la \u00faltima adeuda a la primera el monto de ochenta y cinco millones de pesos ($85.000.000), sobre el que se firmaron dos letras de cambio por treinta y cinco y cincuenta millones de pesos, respectivamente, con las que se iniciaron sendos procesos judiciales en juzgados del municipio de San Gil (\u2026), se tiene . Y, estando en curso tales procesos, las mismas partes celebraron un acuerdo transaccional extrajudicial para darlos por terminados, comprometi\u00e9ndose los obligados -Yesenia Vargas Manrique y Julio Alexander Vargas Bautista- a cancelar la deuda pendiente por medio de diversos instalamentos, en los que se incluy\u00f3 una cantidad mensual de dos millones de pesos ($2.000.000) durante cuarenta y dos meses \u2013hasta agosto de 2018-\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, en atenci\u00f3n a otro de los reparos propuestos, defini\u00f3 que \u00abla situaci\u00f3n planteada en este proceso dista mucho de aquellos eventos en que la jurisprudencia ha reconocido la necesidad de aplicar un enfoque de g\u00e9nero en las decisiones judiciales, dado que, la ejecutante no es v\u00edctima de violencia, abuso, discriminaci\u00f3n o cualquier otro comportamiento negativo derivado de su condici\u00f3n de mujer, ni los hechos de la demanda tienen origen en tales circunstancias; nada sobre el particular se comprob\u00f3\u00bb, adicional a que el nivel de escolaridad de la all\u00e1 ejecutante no ha tenido injerencia alguna en el asunto, comoquiera que \u00abha estado representada judicial y extrajudicialmente por abogados, [y] la realidad probatoria del asunto sometido a definici\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia no surge [como] una secuela que responda a tal alegaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, precis\u00f3 tambi\u00e9n que \u00absi bien la etapa procesal de fijaci\u00f3n del litigio se hizo en dos oportunidades, ese proceder en su momento ning\u00fan reproche le mereci\u00f3 al apoderado de la parte ac\u00e1 censora, quien no solo permiti\u00f3 con su silencio que el proceso avanzara, sino que convino en esa segunda actuaci\u00f3n al fijarse los hechos de la demanda probados y sometidos a prueba\u00bb, e insisti\u00f3 en que \u00abno se trata de establecer si GLORIA MANRIQUE ESTRADA otorg\u00f3 o no la garant\u00eda real, sino de que no hay claridad en la obligaci\u00f3n que se pretende cobrar\u00bb. <\/p>\n
4.2. De esta manera, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las determinaciones reprochadas, como aquellas se basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, puntualizando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, \u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador. <\/p>\n
Adicionalmente, en ese mismo sentido, se ha resaltado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
Ahora, el que la parte actora disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las decisiones recriminadas no constituyen arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de las autoridades cuestionadas en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4159-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4159-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01550-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliva G\u00f3mez Bautista […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}