STC4160-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4160-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00363-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de marzo de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Marco Fidel Hurtado Huertas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogot\u00e1 COMEB La Picota, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y a las partes e intervinientes en el proceso censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en el proceso penal 2002-02562-01. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en sentencia del 5 de noviembre de 2002, conden\u00f3 al accionante como coautor responsable, a t\u00edtulo de dolo, de los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, y le impuso la pena de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 110 SMLMV, entre otras. <\/p>\n
2.2. El accionante solicit\u00f3 al Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 la libertad condicional1 y requiri\u00f3 que se le aplicara, por favorabilidad, el art\u00edculo 64A original de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
2.3. Por auto del 23 de junio de 20222, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n neg\u00f3 la libertad, en virtud de las prohibiciones del art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal y teniendo en cuenta que para el delito de secuestro extorsivo se hab\u00eda contemplado prohibici\u00f3n taxativa por la Ley 40 de 1993, reiterada en las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006. El interesado interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n3. En auto del 18 de agosto de 2022, el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia el 1\u00ba de diciembre de 2022. <\/p>\n
2.5. El actor present\u00f3 una solicitud de nulidad contra el auto anterior, argumentando que se hab\u00eda estudiado la conducta durante el tiempo de reclusi\u00f3n, pese a que tal aspecto no hab\u00eda sido objeto de apelaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue negada el 18 de enero de 2023. <\/p>\n
3. El tutelante sostiene que el Tribunal no ten\u00eda libertad absoluta al resolver el recurso de apelaci\u00f3n y, por tanto, \u00abdesbord\u00f3 su estudio y se sali\u00f3 del contexto puesto a consideraci\u00f3n, ya que, como es evidente confirm\u00f3 el auto recurrido, empero por consideraciones diferentes al objeto de apelaci\u00f3n\u00bb. Afirm\u00f3 que, si bien su conducta hab\u00eda sido calificada en forma negativa, ya hab\u00eda sido sancionado por ese motivo en Resoluci\u00f3n 1828 de 24 de abril del 2012, pero, posteriormente, el INPEC emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n favorable para otorgar su libertad, al calificar su comportamiento como ejemplar, con lo cual cumpl\u00eda con los requisitos necesarios para ordenar su libertad. Destac\u00f3 que estaba acreditada su insolvencia econ\u00f3mica, lo cual le imped\u00eda pagar la multa y reparar a la v\u00edctima. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo narrado, que se ordene a los accionados otorgarle la libertad condicional. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 sus actuaciones, resaltando que el actor pretende que se le otorgue el beneficio de libertad condicional \u00fanicamente por el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena, lo cual es improcedente, dado que se deben observar todos los requisitos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Cundinamarca se\u00f1al\u00f3 que lo pedido en tutela era competencia del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y de la Sala Penal accionada. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n, y COBOG La Picota inform\u00f3 que remiti\u00f3 al Juzgado de Ejecuci\u00f3n la resoluci\u00f3n favorable, la cartilla biogr\u00e1fica y el certificado general de calificaci\u00f3n de conducta, y pidi\u00f3 desestimar las pretensiones invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que lo pretendido no era de su competencia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n del 1 de diciembre de 2022 no fue el resultado de la arbitrariedad ni del capricho de la Sala accionada, pues se sustent\u00f3 en el marco legal aplicable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien insisti\u00f3 en que la calificaci\u00f3n de mala conducta conllev\u00f3 a la sanci\u00f3n de la p\u00e9rdida de redenci\u00f3n de pena y de hasta diez visitas sucesivas, lo que significa que tal comportamiento ya fue \u00abdebidamente castigado\u00bb hace m\u00e1s de once a\u00f1os, de modo que, al negarle su libertad por el mismo motivo, se vulneraba el principio de non bis in idem. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el auto del 1 de diciembre de 2022, mediante el cual el Tribunal accionado confirm\u00f3 la negaci\u00f3n de la libertad condicional, pues, en su criterio, cumple con los requisitos para ese fin. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas adosadas al plenario, se advierte que, en la providencia proferida por el Tribunal accionado el 1 de diciembre de 2022, se determin\u00f3, en primer lugar, que la versi\u00f3n original del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 resultaba m\u00e1s favorable a las pretensiones del sentenciado, en tanto s\u00f3lo exig\u00eda para conceder la libertad (i) el cumplimiento de las 3\/5 partes, que es una proporci\u00f3n menor a las 2\/3 partes de la pena, y (ii) la buena conducta en el establecimiento carcelario, que permita deducir la falta de necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena, en cambio, con la variaci\u00f3n de la Ley 890 de 2004, deb\u00eda realizarse una valoraci\u00f3n previa de la gravedad de la conducta, el pago de la multa y la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, estableci\u00f3 que, en efecto, Marco Fidel Hurtado Huertas cumpl\u00eda con el requisito objetivo de descontar las 3\/5 partes de la condena. En cuanto al segundo requisito -asunto cuestionado en el escrito de tutela- advirti\u00f3 que, aunque en la Resoluci\u00f3n 2872 del 19 de mayo de 2022 se otorg\u00f3 concepto favorable para el subrogado pretendido, por contar con calificaci\u00f3n de conducta ejemplar, revisada la cartilla biogr\u00e1fica y el certificado de calificaciones de conducta generado el 20 de mayo de 2022 se registraron bajas en las calificaciones en actas del 17 de noviembre de 2007, del 1 de junio de 2009, del 27 de junio y del 27 septiembre de 2012, todas con calificaci\u00f3n regular y, adem\u00e1s, se le hab\u00eda impuesto una sanci\u00f3n disciplinaria de suspensi\u00f3n de hasta por 10 visitas sucesivas, mediante Resoluci\u00f3n 1828 del 24 de abril de 2012. <\/p>\n
Con base en ello, el Tribunal accionado consider\u00f3 que el tratamiento penitenciario no hab\u00eda sido del todo efectivo para el actor, \u00aben el sentido que acatara en su integridad una buena conducta\u00bb y, por tanto, \u00absigue existiendo la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario dentro del establecimiento carcelario\u00bb, de manera que, si bien el a quo \u00abrealiz\u00f3 un an\u00e1lisis puramente superficial de la favorabilidad que en ese caso aplicaba\u00bb, que conllev\u00f3 incorrectamente a analizar el subrogado conforme a los requisitos de la modificaci\u00f3n de la Ley 1709 de 2014, de todas formas, al aplicar, con sustento en el mencionado principio, el art\u00edculo 64 original de la Ley 599 de 2000, \u00abno se cumplen a cabalidad los requisitos para su procedencia\u00bb, por lo que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, pero por las consideraciones expuestas en esa instancia. <\/p>\n
3. Como se observa, la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas, a la luz de la normatividad aplicable y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no luce irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala accionada determin\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n al apelante, en cuanto a la normatividad que reg\u00eda el asunto, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad; no obstante, de cara a los requisitos exigidos en la norma a emplear (texto original del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000), adem\u00e1s del cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena, se deb\u00eda analizar la conducta en el establecimiento carcelario durante el tiempo de la condena, lo cual fue objeto de valoraci\u00f3n por el ad quem, para determinar que el condenado no cumpl\u00eda con ese presupuesto y, en consecuencia, era improcedente conceder el subrogado pedido. <\/p>\n
3.2. Como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. <\/p>\n
Asimismo, esta Corte4 tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 53, documento \u00ab23Continuaci\u00f3nCuadernoEPMSBTA.pdf\u00bb, Cuaderno de primera instancia, expediente 2022-02562-06. <\/p>\n
2\u0002 Folio 92, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 136, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 25 de enero de 2012, rad. 2011-02659-00, reiterado en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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