STC4161-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4161-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2023-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona el 22 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Teresa Berm\u00fadez Ospina contra los Juzgados Primero Civil del Circuito con funciones laborales y Primero Civil Municipal, ambos de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto rad. n.\u00b0 2017-00531. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que adelant\u00f3 proceso de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio contra los \u00abherederos desconocidos del Se\u00f1or JULIO EDUARDO y\/o JULIO EDUARDO BERMUDEZ BAUTISTA, igualmente en contra de todas las personas desconocidas e indeterminadas que se creyeran con derecho a intervenir\u00bb, precisando desde la presentaci\u00f3n de la demanda, que \u00abimposible le result\u00f3, (\u2026) acreditar el presunto deceso del demandado principal (\u2026); por contera, desconocerse sobre la existencia de legitimarios que pudiesen ser vinculados a la actuaci\u00f3n procesal, en tal condici\u00f3n\u00bb y que la nominaci\u00f3n del extremo demandado deriv\u00f3 \u00abconsiderando que documentalmente aparec\u00eda con ambos nombres\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que habi\u00e9ndose adelantado el tr\u00e1mite de rigor, \u00abla primera instancia y bajo el argumento que a\u00fan para el a\u00f1o 2015 la posesi\u00f3n de la demandante era compartida; termin\u00f3 despachando de manera negativa las pretensiones de demanda. Frente a tal determinaci\u00f3n, se interpuso y oportunamente sustent\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n; concedido, fue remitido y asignado en reparto para ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, (\u2026) [quien] en fecha 19 de febrero de 2020 y bajo el equivocado argumento que \u201c(\u2026) de todo lo anterior se concluye con toda certeza que conforme a los art\u00edculos 87 y 375 numerales 5 y 6 CGP, el proceso se debi\u00f3 adelantar (\u2026) tambi\u00e9n en contra de sus herederos determinados, que ante la posible ausencia de hijos o nietos, ser\u00edan indudablemente sus hermanos, y si a su vez estos fallecieron sus sobrinos (\u2026.)\u201d Concluy\u00f3 resolviendo: (\u2026) PRIMERO: Decretar la nulidad de la sentencia apelada y se ordena que se integre debidamente el contradictorio vinculando a los se\u00f1ores JOS\u00c9 H\u00c9CTOR, ANTONIO JOS\u00c9, DOMINGO ANTONIO, PEDRO EDUARDO, CARMEN JULIA, CECILIA y MAR\u00cdA HELENA BERM\u00daDEZ BAUTISTA, o de ser el caso a sus herederos (\u2026)\u201d. Tal determinaci\u00f3n, en nuestro respetuoso sentir, es un yerro, por cuanto (\u2026) en el caso de JULIO EDUARDO o JULIO EUDORO, en primer lugar, no se conoc\u00eda, como finalmente tampoco al interior del tr\u00e1mite procesal se conoci\u00f3 sobre su fallecimiento o s\u00faper vivencia (sic). (\u2026) Con respeto se insiste, deb\u00eda en contrario la segunda instancia resolver el fondo y fundamento de impugnaci\u00f3n, no ponerse decretar nulidades cuyas causales de bulto afloraban y afloran como inexistentes\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que tras reanudarse el tr\u00e1mite ante el a quo, se orden\u00f3 \u00abla vinculaci\u00f3n como extremo pasivo JOS\u00c9 H\u00c9CTOR, ANTONIO JOS\u00c9, DOMINGO ANTONIO, PEDRO EDUARDO, CARMEN JULIA, CECILIA y MAR\u00cdA HELENA BERM\u00daDEZ BAUTISTA; y por sobre todo, llamativamente requiri\u00f3 a la parte demandante lo que imposible le resultaba y resulta; se aportara el registro civil de defunci\u00f3n de JULIO EUDORO o JULIO EDUARDO BERM\u00daDEZ BAUTISTA; constituyendo ello una carga de imposible acatamiento por la demandante\u00bb, y a continuaci\u00f3n \u00abso pena de aplicar desistimiento t\u00e1cito (\u2026) requiri\u00f3 a la parte demandante, para que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas siguientes manifestara el inter\u00e9s de continuar con el proceso y se notificara auto admisorio\u00bb, t\u00e9rmino que, seg\u00fan afirm\u00f3, venc\u00eda el siguiente 16 de junio. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abConvencido entonces como siempre y como ahora, que esa orden de vinculaci\u00f3n de personas que por ley no era legal, que se correspond\u00eda a un equ\u00edvoco en la decisi\u00f3n por la Segunda instancia; mediante escrito del 27 de mayo de 2021, puse de presente ante la primera instancia dicha irregularidad, explicando frente a cada una de las personas que por la Segunda Instancia se ordenara su vinculaci\u00f3n procesal; del por qu\u00e9 no proced\u00eda acatar una orden a todas luces ilegal, todo con base en el contenido documental anexo al libelo, t\u00edtulos 6 escriturarios, folios de matr\u00edcula inmobiliaria ordinarios, entre otras; aspirando, v\u00eda control de legalidad, el Despacho reconsiderara tal orden ilegal de vinculaci\u00f3n procesal\u00bb, sin embargo, se decret\u00f3 la aludida terminaci\u00f3n \u00abbajo el fundamento de que no pod\u00eda actuar en contra de lo decidido por el superior\u00bb, decisi\u00f3n que fue finalmente confirmada por el superior, quien \u00abevit\u00f3 abordar el tema de lo que siempre consideramos il\u00edcito decreto nulitativo (sic). (\u2026) Planeamiento este que as\u00ed no fue definido en aquella inicial providencia del 19 de febrero de 2020; que desde luego se tornaba y torna ilegal, por cuanto para nada en el libelo se arguy\u00f3 ni por la demandante, ni por quien concurriera como potencial opositor -JORGE ERASMO BERM\u00daDEZ VILLAMIZAR- que estos (\u2026) ciudadanos fueran hermanos y por contera herederos de JULIO EUDORO o JULIO EDUARDO; pero y por sobre manera -insisto hasta m\u00e1s no poder- que no pudo la parte actora deducir con certeza el deceso del mencionado, como el Juzgado tampoco lo dispuso desde lo probatorio, contando con plena facultad para ello; omisi\u00f3n para nada imputable a la demandante; s\u00ed a la judicatura\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, para justificar la oportunidad de la presente acci\u00f3n constitucional, indic\u00f3 que \u00abEn los t\u00e9rminos de las circulares CSNSC22-401, CSNSC22-406 y CSNSC22-412 del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander se tiene que descontando los d\u00edas de vacancia judicial (corridos entre el 20 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023), a la fecha de radicaci\u00f3n de presente demanda, no se ha vencido el t\u00e9rmino razonable jurisprudencialmente establecido en el tope de los seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, \u00abdejar sin efectos sus decisiones de fechas 19 de febrero de 2020 y 16 de agosto de 2022, (\u2026). Por el mismo trasegar, ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, emitir fallo de segunda instancia, frente a la impugnaci\u00f3n formalizada el 27 de noviembre de 2019, en que exclusivamente se aborde el an\u00e1lisis de la prueba, la decisi\u00f3n en primera instancia adoptada y la fundamentaci\u00f3n de alzada, por la demandante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona se limit\u00f3 a remitir el link del expediente objeto de queja. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que lo cuestionado es \u00abel acierto del auto de nulidad proferido el 19 de febrero de 2020 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO. As\u00ed, (\u2026) [a] pesar de que la providencia fue notificada por estado el 20 de febrero de 2020, contra ella la demandante no formul\u00f3 el procedente recurso de reposici\u00f3n seg\u00fan el art\u00edculo 318 del CGP19, dando v\u00eda a su ejecutoria, y por ende, a su inmutabilidad. (\u2026). Por otra parte, tampoco la parte Accionante interpuso el tr\u00e1mite constitucional como un mecanismo transitorio ni plante\u00f3, como era su deber, la inminencia del acaecimiento de un perjuicio irremediable, que la Sala tampoco avizora. Para abundar en argumentaciones y frente al requisito de inmediatez, (\u2026) considerando que la acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 el 7 de marzo de 2023, es claro que ninguna de las providencias del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, ni la del 19 de febrero de 2020 (que decret\u00f3 la nulidad), ni la del 16 de agosto de 2022 (que confirm\u00f3 la declaratoria del desistimiento t\u00e1ctico), fueron cuestionadas oportunamente, puesto que han transcurrido m\u00e1s de seis meses desde ambos hitos, siendo improcedente descontar el lapso de vacancia judicial ya que es un hecho notorio que \u00e9sta no aplica para las acciones constitucionales al permanecer despachos habilitados para conocerlas, y que \u201ctampoco se puede tener como v\u00e1lido el argumento de la vacancia judicial para justificar la tardanza, pues, de conformidad con el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, no puede aplicarse cuando el t\u00e9rmino sea de meses o a\u00f1os como sucede en este caso\u201d. Sumado a lo anterior, del estudio del escrito de tutela no encuentra la Sala manifestaci\u00f3n de la parte Accionante ni planteamiento adicional que justifique el porqu\u00e9 la acci\u00f3n de marras fue interpuesta excediendo el antedicho t\u00e9rmino de seis meses\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de la reclamante para insistir en que \u00abteniendo en cuenta las circulares emitidas por el mismo Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca en las C I R C U LA R CSJNSC22-400 y C I R C U LA R CSJNSC22-401 (\u2026), en C\u00facuta, Pamplona, Oca\u00f1a, Arauca y Saravena no estar\u00edan laborando los tribunales, por encontrarse en vacaciones colectivas, por lo tanto a donde se radicar\u00eda dicha acci\u00f3n constitucional, si por competencia le corresponde al Tribunal Superior, descontado dicho termino que inicia el 20 de diciembre de 2022 y termina el 10 de enero del presente a\u00f1o, dar\u00eda perfectamente el termino para la interposici\u00f3n de dicha acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos generales de procedibilidad que pasan a examinarse, y de superarse lo anterior, si la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal convocado, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la querellante, al interior del asunto rad. n.\u00b0 2017-00531. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado, entre otros, en STC11374-2016, 17 ago. rad. 01250-01) Resaltado y negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del a quo constitucional, comoquiera que se supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses considerado como razonable por la jurisprudencia para acudir a este mecanismo excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n refutada por la gestora, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito con conocimiento en Asuntos Laborales, con la cual defini\u00f3 desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra del prove\u00eddo que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del asunto objeto de reproche constitucional, data del 16 de agosto de 2022, mientras que el resguardo se intent\u00f3 el 7 de marzo del a\u00f1o en curso, resultando di\u00e1fano que se incumple ese requisito de procedibilidad, sin que se adujera justificaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al prenotado criterio. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien la querellante es insistente en sostener que \u00ab[e]n los t\u00e9rminos de las circulares CSNSC22-401, CSNSC22-406 y CSNSC22-412 del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander se tiene que descontando los d\u00edas de vacancia judicial (corridos entre el 20 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023), a la fecha de radicaci\u00f3n de presente demanda, no se ha vencido el t\u00e9rmino razonable jurisprudencialmente establecido en el tope de los seis (6) meses\u00bb, dicho argumento es improcedente, teniendo en cuenta que, frente a la vacancia judicial, esta Sala ha sido reiterativa al indicar que: <\/p>\n
\u00abFrente dichas circunstancias, la Sala pone de presente que la vacancia judicial no tiene incidencia respecto del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. Si bien es cierto que, como se advirti\u00f3, este mecanismo constitucional no admite la caducidad, habr\u00e1 de reconocerse que el t\u00e9rmino jurisprudencialmente alcanzado fue dispuesto en 6 meses. En cuanto tiene que ver con los efectos de la emergencia sanitaria en los t\u00e9rminos judiciales, advierte la Sala que, mediante el Acuerdo PCSJA11517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso su suspensi\u00f3n desde el 16 de marzo de 2020. Dicha disposici\u00f3n fue modificada mediante el Acuerdo PCSJA11518 del mismo 16 de marzo, en el sentido de exceptuar de la dicha medida a las acciones de tutela y al habeas corpus. Entonces, toda vez que la tutela estuvo exceptuada de la aludida medida, la situaci\u00f3n excepcional no tuvo efecto alguno respecto del requisito de inmediatez\u00bb (CSJ, STC6753-2020, 3 sep., rad. 2020-01903-00- Resaltado fuera de texto). <\/p>\n
3.2. De este modo, la presunta afectada con la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la promotora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
3.3. Ahora, como la accionante extiende sus reclamos a la providencia emitida, en segunda instancia, el 19 de febrero de 2020, mediante la cual se resolvi\u00f3 \u00abDECRETAR la nulidad de la sentencia apelada y se ordena que se integre debidamente el contradictorio,, vinculando a los se\u00f1ores JOS\u00c9 H\u00c9CTOR, ANTONIO JOS\u00c9, DOMINGO ANTONIO, PEDRO EDUARDO, CARMEN JULIA, CECILIA y MAR\u00cdA HELENA BERMUDEZ BAUTISTA, o de ser el caso sus herederos\u00bb, es preciso agregar que adem\u00e1s del evidente incumplimiento del ya aludido presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n, tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad, en tanto contra aquella decisi\u00f3n, a pesar de las inconformidades que ahora expone, la accionante no ejerci\u00f3 los recursos ordinarios a su alcance para debatirla. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La interesada tard\u00f3 en promover este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de inmediatez, y no se advirti\u00f3 una explicaci\u00f3n v\u00e1lida que justificara esa tardanza, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la negativa del tribunal a quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4161-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4161-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2023-00006-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73047","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73047\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}